A la mesa con Daniel Ortega: los leales con él
Daniel Ortega es un mandatario que poco aparece en público. Ha sido protagonista de ausencias prolongadas de hasta cuatro meses, tal como sucedió en plena pandemia de Covid-19 en 2020. Rosario Murillo, su vicepresidenta y esposa, es quien lleva la voz cantante del gobierno, a través de sus interlocuciones telefónicas diarias en los medios de comunicación oficialistas.
Sin embargo, cuando decide comparecer, Ortega siempre está rodeado por los representantes de las instituciones armadas que le han ayudado a permanecer en el poder y a reprimir cualquier tipo de disidencia. Asimismo, se hace acompañar por los líderes del Poder Legislativo y del Judicial, ambos manejados a su antojo. Sin olvidar que también el Canciller tiene su lugar reservado en ese círculo íntimo.
Este reportaje de 100% Noticias, Nicaragua Actual y CONNECTAS presenta un perfil de las personas que se sientan a la mesa con Daniel Ortega, a quien los unen vínculos de lealtad comprobada, años de trayectoria sandinista y sobre todo, obediencia para incluso transgredir la propia Constitución Política Nacional, con tal de complacer los antojos del mandatario y de su esposa.
Según las reglas protocolarias, el lugar que se le asigne a una persona en una mesa de presídium es el que le concede jerarquía e importancia. En el caso de la mesa de Ortega, él siempre es el anfitrión y siguiendo el protocolo, a su derecha debe sentarse el invitado de más categoría, que en este caso siempre es Rosario Murillo.
“La derecha de los anfitriones será el sitio de mayor importancia en la mesa. El de la izquierda que se sienta próximo al anfitrión también es importante”, comparte una nicaragüense experta en etiqueta y protocolo que habla desde el anonimato por temor a represalias.
En el caso de la mesa que se instala cuando Ortega va a hablar, al lado de Murillo —a la derecha— es invariable Francisco Díaz, el jefe de la Policía Nacional, mientras que el flanco izquierdo de Ortega está cubierto por Julio César Avilés, la máxima autoridad del Ejército de Nicaragua.
Ellos, y los demás funcionarios que se sientan en la máxima mesa sandinista, fueron incluidos en el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU que concluyó que en Nicaragua, desde 2018, el presidente, la vicepresidenta y los representantes de todos los poderes del Estado han cometido crímenes de lesa humanidad.
Las sillas más importantes de la mesa
Rosario Murillo es la primera “copresidenta” del país. Así ha pedido Daniel Ortega que la llamen. Más que la vicepresidenta, es la mujer que controla los hilos de cuanto su esposo hace y dice en sus comparecencias. Su cercanía a Ortega no es solo por su vínculo marital, sino también porque es la que le tira de la chaqueta cuando comete errores.
Ortega ya no es el mismo orador nato de antaño, aquel hombre que manejaba los discursos improvisados; ahora erra mucho. Esto fue evidente en su última comparecencia pública, el 9 de febrero pasado, cuando dudó acerca de cuál era la izquierda y cuál la derecha en su mesa de presídium. Pero ella estaba ahí para aclararle y siempre que se confunde le hace señas, ya sea con los ojos o con las manos, para indicarle que se equivocó.
En otras ocasiones lo interrumpe para corregirlo, pues Murillo es muy exigente sobre la imagen y el discurso que Ortega proyecta. En esa última comparecencia, el caudillo sandinista incluso anunció que está dispuesto a cambiar la Constitución Política de Nicaragua, con el propósito de nombrar “copresidenta” a Murillo, pues “ella manda”, dijo.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son pareja desde 1977. Ellos aseguran que se casaron en Costa Rica y que en Managua en 2005, cuando celebraron su boda, renovaron sus votos matrimoniales. Desde que Ortega volvió al poder, ella es la primera dama y ocupa el cargo de consejera de Comunicación y Ciudadanía, desde el que controla todo el aparato de comunicación del régimen.
Como tal, es la única que emite comunicados ante desastres naturales, por ejemplo. Además, a diario habla para los medios del “poder ciudadano”, es decir los oficialistas que controla el gobierno. En 2017, Murillo se convirtió en vicepresidenta y desde entonces, nada se publica en el país si no tiene su autorización.
“Rosario Murillo es una persona de carácter flemático. A veces está muy contenta, otras veces muy enojada. Por temporada tiene algunos funcionarios favoritos, pero si cometen algún desliz o la contradicen, caen en desgracia. Le gusta la poesía de Rubén Darío, le gustan las cosas claras, cualquier cosa que es complicada la estresa. Se enoja con facilidad, le gusta que se hable con ella lo puntual, aunque a veces le gustan los reportes un tanto irreales de las cosas”. Así la describe un ex funcionario público que pidió anonimato.
Luego de Murillo, siempre a su derecha se sienta Francisco Díaz, quien desde el año 2010, cuando su hija se casó con uno de los hijos de la pareja presidencial, comenzó a buscar los reflectores.
El 1 de octubre de aquel año, cuando Díaz era jefe de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, declaró que Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, era el único facultado para nombrar jefes policiales. En ese momento, sus palabras pasaron inadvertidas. Pero un año después ya era subdirector de la Policía, bajo la sombra de la comisionada Aminta Granera, quien según las encuestas de entonces (como la de CID Gallup de 2015), era el segundo personaje con mayor aceptación popular en Nicaragua, solo detrás de Daniel Ortega.
Sin embargo, poco a poco se fue conociendo que, a lo interno de la institución, desde el año 2014 Granera perdió el mando y fue Díaz quien tomó las riendas. Así lo aseguran algunas personas que trabajaron por esa época con Díaz, quien ya entonces se caracterizaba por sus ansias de protagonismo.
En aquellos años, en su aniversario, la Policía publicaba un suplemento en los dos diarios más importantes del país: el extinto El Nuevo Diario y La Prensa. Una editora de uno de estos medios contó, bajo condición de anonimato, que en ese entonces pudo comprobar que Díaz era el hombre del poder en la Policía. “Mientras Aminta Granera estaba realmente mandando, nunca tuvimos inconvenientes con los suplementos. Ella confiaba en su equipo de comunicación y la aprobación era diligente. Sin embargo, cuando Díaz tomó las riendas sin ser nombrado, siempre estaba haciendo cambios y poniendo su nombre en cuanta nota podía. Quería figurar en todo, mientras poco o nada se hablaba de la supuesta jefa policial”, dijo la periodista que trabajó en dichos suplementos.
La figura de Granera se fue desvaneciendo y muchos se empezaron a preguntar dónde estaba. Cuando se produjo la rebelión popular de 2018, la institución policial comandada por Díaz reprimió a los manifestantes en cuantas marchas hubo en Managua y hasta fue responsable de masacres en las denominadas operaciones de limpieza en Masaya y Carazo, según documentó Amnistía Internacional.
Díaz fue nombrado jefe policial de manera oficial el 5 de julio de 2018. Desde entonces, siempre está a la derecha de Daniel Ortega en las mesas sandinistas, solo detrás de Rosario Murillo. Ocupa ese privilegiado sitio no solo como alto funcionario del régimen, sino también como consuegro de la pareja gobernante: su hija Blanca Díaz Flores está casada con Maurice Ortega Murillo. Además, ella es asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Díaz ha sido obediente a Daniel Ortega, quien también lo ha premiado con cargos para sus otras hijas. Tania Díaz Flores fue nombrada viceministra de Transporte e Infraestructura y Nahima Díaz Flores dirige Telecomunicaciones y Correos, Telcor. Fue esta última quien se encargó de cerrar los medios de comunicación de la iglesia católica y otros programas independientes durante 2022.
El círculo de confianza más estrecho en la mesa de Ortega se completa con el general Julio César Avilés, que es el primero a la izquierda. Nacido en Jinotepe, Carazo, departamento donde se enroló en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, a pesar de que su padre era de ideología conservadora, entró al Ejército Popular Sandinista como un soldado más. Poco a poco fue escalando puestos, hasta que en el año 2010 Daniel Ortega lo nombró Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y desde entonces siempre se sienta a su izquierda.
Hoy, la confianza de Ortega en Avilés es tal que hasta reformó las leyes para que él pudiese permanecer en su cargo, en el que lleva ya 13 años. Avilés dirige la institución pública más poderosa en el plano económico. El Ejército, con el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), posee una solidez de inversiones envidiable en Nicaragua.
El IPSM está en manos del coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien entrega cuentas ante la Junta Directiva, cuya cabeza es Avilés Castillo. Las cuentas que debe rendir son amplias, pues el Ejército tiene empresas de múltiples rubros y es socio en entidades bancarias.
Los militares en Nicaragua tienen empresas constructoras, ferreterías, urbanizadoras, bienes raíces, seguros, turismo, supermercados, universidades y son dueños del mejor hospital del país, con el cual apuestan, también, al turismo médico.
Julio César Avilés nunca ha admitido abiertamente su participación en la represión en el contexto de la represión de 2018, pero en el departamento de Carazo es vox populi que una de sus fincas sirvió como cuartel para militares que vinieron a apoyar la operación limpieza, que el 8 de julio de 2018 mató a 38 jóvenes caraceños.
El segundo círculo: un redimido y un eterno diputado
Horacio Rocha era en su momento, junto a Juan Ramón Grádiz, uno de los posibles sucesores de Aminta Granera al frente de la Policía de Nicaragua. Después de 6 años de haber sido enviado a retiro, Ortega lo incorporó nuevamente a la fuerza policial y ahora lo sienta a su derecha, después de Francisco Díaz.
Hombre de mando en la institución policial, siempre se vinculó con el fútbol, apoyando y formando parte de las directivas del equipo Cacique Diriangén, de la primera división nicaragüense, a pesar de que la Policía tenía su propio equipo.
Bastaba con una llamada de Rocha para que los patrocinadores dijeran que sí para apoyar al club diriambino. No obstante, para sorpresa de muchos, Ortega lo mandó a retiro en 2014, cortando así la posibilidad de que llegara al puesto máximo de la Policía.
¿Qué pasó? Su hermano, Julio Rocha, estaba envuelto en uno de los escándalos más grandes de corrupción en la FIFA. Julio fue el presidente de la Federación Nicaragüense de Futbol durante 26 años y cometió varios delitos que en el país se dejaron pasar, pero en el extranjero fue vinculado a amaños que le costaron la libertad.
Así, el comisionado Horacio Rocha fue mandado a retiro y al año siguiente, cuando en 2015 su hermano cayó preso en Estados Unidos, lo nombraron cónsul general de Nicaragua en Corea del Sur, país en el que la embajadora sería su esposa, Ana Isabel Argüello Yrigoyen.
Un año después, ambos quedaron sin cargo y Rocha se recluyó en su finca ubicada en Carazo. Su vida pública desapareció por completo, hasta que recientemente, en diciembre de 2022, como por arte de magia, volvió a vestir el uniforme policial. Ortega lo redimió nombrándolo ministro asesor en Asuntos de Seguridad del presidente; es decir, es uno de los hombres más cercanos al mandatario.
Según versiones extraoficiales, Rocha fue redimido, porque su lealtad al partido de gobierno nunca estuvo en duda y fue reincorporado luego de que en la Policía hicieran una “barrida” y sacaran al subdirector y jefe de Inteligencia Política, comisionado Adolfo Marenco, por supuesta traición al régimen. Marenco, encarcelado en El Chipote desde el 16 de enero de este año, es el único mando policial que nunca fue sancionado por Estados Unidos y de ahí nace la suposición sandinista de que era informante de Washington.
Siguiendo la línea del flanco derecho en la mesa de Ortega suele ubicarse Gustavo Porras, que está a la par de los jefes policiales. Es el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y quizás el hombre más parecido a Daniel Ortega en la obsesión de aferrarse al poder. Desde hace 21 años es diputado nacional; de ellos, lleva seis como presidente de la Asamblea. Además, desde 1984 preside el sindicato de los trabajadores de la salud, Fetsalud. Médico de profesión, es más político que galeno.
Como si estos cargos fueran poco, lleva 27 años como presidente del Frente Nacional de Trabajadores, siendo el sindicalista fiel por excelencia del sandinismo. En los 16 años en los que el Frente Sandinista estuvo como oposición en el país, Porras fue uno de sus operarios más incendiarios.
Siempre estaba exigiendo a los gobiernos de turno mejoras salariales que muchas veces no se correspondían con la realidad económica del país, pero desde que Daniel Ortega recuperó el poder, sus sindicatos se volvieron apagados y aceptan obedientemente los lineamientos del régimen, sobre todo cuando se discute el salario mínimo.
Bajo el liderazgo de Porras, la Asamblea Nacional se ha encargado de despojar de su personería jurídica a más de 3 mil ONG, al igual que a universidades privadas y a cámaras empresariales. Su última jugada, en un acto que la oposición juzgó de obediencia enfermiza, fue la reforma exprés que la Asamblea hizo a la Constitución Política para dejar apátridas a 317 nicaragüenses.
Al otro lado de la mesa, a la izquierda y junto a Avilés, se sientan el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Bayardo Rodríguez; y el inspector general, Marvin Corrales. Ellos forman el trío del poder militar en Nicaragua.
Rodríguez no solo ha sido obediente en el Ejército, sino que sin tapujos manifestó su respaldo a Julio César Avilés cuando Estados Unidos lo sancionó, en junio del 2020.
Ortega también sabe que cuenta con la fidelidad del general Rodríguez, así que nombró a su esposa, Martha Elena Ruiz Sevilla, como ministra asesora para política y asuntos internacionales. En 2014, ella marcó un hito en la historia del país, pues fue nombrada como la primera mujer en encabezar el Ministerio de Defensa.
Mientras tanto, desde su espaciosa oficina, el general Corrales se encarga de supervisar la información que tenga que ver con la proyección de la imagen de la institución militar. Corrales también ha sido fiel a Avilés, al punto que, en 2019, cuando su jefe fue ratificado en el cargo, aseguró que era por «un reconocimiento a las cualidades de mando, humanas y profesionales que tiene”.
El tercer círculo: el canciller, la jueza y la fiscal
Después de los mandos militares, a la derecha de Ortega aparece Denis Moncada Colindres, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua que anteriormente fue representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el ya lejano primer gobierno de Daniel Ortega, Moncada fue durante dos años (de 1985 a 1987) ayudante ejecutivo del viceministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General. Además de ser un sandinista de larga trayectoria, ha defendido a capa y espada al régimen ante la OEA, donde en las sesiones extraordinarias celebradas en 2018 aseguró que en el país no había dictadura y que no hubo represión al pueblo.
Por otro lado, a la izquierda de Denis Moncada se sienta la mujer que conoce a la perfección cómo funciona la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua. Ella es Alba Luz Ramos, quien lleva 13 años en la presidencia del máximo órgano de justicia y es magistrada desde hace 35 años.
“Ella viene de las bases del sandinismo. En los 80 anduvo metida en todo el sistema operativo, ya era abogada pero no andaba con delicadezas. Era muy activa por la causa sandinista. Su carácter fuerte la hizo destacar y cuando vimos, era magistrada de la Suprema de Justicia”, cuenta una exsandinista que ahora vive en el exilio.
Ramos es una ficha clave para Daniel Ortega, pues es la que “fabricó” la Ley de Ciberdelitos con la que condenaron a la mayoría de los ex presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, a quien le adjudicaron el delito de propagación de noticias falsas, por el cual debe pagar cinco años de cárcel de los casi 26 a los que lo sentenciaron.
Alba Luz Ramos siempre ha sido de personalidad fuerte. A mediados de 2022 se especuló que había caído en desgracia y que podría haber estado presa, sin embargo los rumores se esfumaron cuando reapareció en la mesa de Ortega el 28 de octubre, como si nada hubiera pasado.
Desde la CSJ de Ramos se hicieron las reformas constitucionales que permitieron que Ortega se entronizara en la presidencia, así que el líder sandinista tiene una gran deuda con ella. Asimismo, son los jueces de la CSJ los que han estado al frente de las condenas de los presos políticos, tanto de los ahora desterrados como de los que aún permanecen en las cárceles orteguistas.
Una de las últimas aberraciones de estos jueces fue despojar de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, además de que fue el sistema de justicia el que ordenó que se les confisquen sus bienes.
Otra mujer que siempre aparece en el lado izquierdo de la mesa de Ortega es la fiscal general de la República, Ana Julia Guido. De presencia imponente y trato distante, es una militante sandinista de vieja data, pues desde en la adolescencia se convirtió en guerrillera.
No continuó sus estudios secundarios, sino que se dedicó al entrenamiento de tropas. Sin embargo, tardíamente se bachilleró para luego estudiar derecho. Su experiencia como guerrillera la marcó para siempre, así que estuvo en cargos relacionados con la seguridad nacional.
“Cuando vimos, Ana Julia era policía pero de rango. Su cercanía con Daniel Ortega era grande y por eso fue jefa de seguridad nacional y luego subdirectora. Pensábamos que iba a llegar a primera comisionada, pero en su camino apareció Aminta Granera, una mujer más carismática y con don de gente que la opacó por completo. Después le dieron el premio de ser la fiscal de la república”, señala un oficial retirado de la policía que por motivos de seguridad omite su identidad.
“Cuando la comisionada Granera fue elegida, la Ana Julia parecía que la iba a matar. En el fondo, todos estábamos felices, porque sabíamos que ella era un guardia completo”, prosiguió.
Ana Julia Guido no solo es cercana a Ortega, por sus dotes de guerrillera de antaño, sino que su lealtad ha sido de vital importancia para que el régimen encarcelara a decenas de opositores. Solo en 2018 la Fiscalía dictó 700 acusaciones a manifestantes que protestaron en contra del régimen sandinista, entre ellos el caso contra la Fundación Violeta Barrios.
La lealtad de Guido a Daniel Ortega le generó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidiera sancionarla en el año 2020. Los informes alegan que ella formó un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía para fabricar casos contra presos políticos y sus familias.
Varios excarcelados políticos y ahora desterrados han declarado que los fiscales actuaron de forma vergonzosa, inventándoles delitos e incluso orientando a los jueces qué decisiones debían tomar. “Era lindo ver la defensa de todos los abogados de cada uno de nosotros con argumentos legales frente a tanta ignominia de ese ministerio público, los fiscales decían lo que tenía que hacer el juez. Tocaba escuchar a la fiscal, escuchar tanta sandez”, indicó Tamara Dávila, la excarcelada que vio cómo el Ministerio Público cumplía el rol de representar a una víctima inexistente.
Otra exguerrillera en la mesa de Ortega es Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral y a quien el medio oficialista El 19 Digital describe como “guerrillera invicta, heroica y victoriosa”. Esta mujer, de un perfil muy bajo a pesar del cargo que ostenta, se sienta del lado derecho después de Gustavo Porras.
Es oriunda de una comunidad minera y se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando apenas tenía 12 años. Participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización y se involucró directamente en los cuadros de organización y defensa. Perdió su brazo derecho en un ataque de la Contra a los campamentos sandinistas en los ochenta, lo cual Daniel Ortega ha elogiado y por lo que siempre la designa como “mujer heroica”.
Rocha no ha sido mediática como otras de las mujeres que se sientan en las mesas de Daniel Ortega. Sin embargo, sorprendió cuando de concejal de la Alcaldía de Managua pasó a convertirse en la presidenta del Consejo Supremo Electoral.
Al ser la cabeza de la institución que ha avalado los fraudes electorales denunciados por múltiples organismos, como la ONU, tiene sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.
Rocha cierra esta lista de los personajes que se sientan con mayor frecuencia en la mesa de Daniel Ortega cuando comparece públicamente. Sin embargo, no son los únicos, pues según la ocasión el líder sandinista puede llamar a otros funcionarios, tal como sucedió en su última aparición en televisión, el 9 de febrero de 2023.
Aquel día, como Ortega estaba anunciando la despatriación de los 222 presos políticos liberados a los que despojó de su nacionalidad nicaragüense, el mandatario citó a su mesa a María Amelia Coronel, titular del Ministerio de Gobernación, a Luis Cañas y a Carla Salinas, de la misma institución, porque colaboraron en la elaboración de los pasaportes de los ciudadanos expulsados.
En esa ocasión también estuvieron Gloria Dixon, secretaria de la Asamblea Nacional, y la legisladora Arlen Alonso, pues fue en ese poder del Estado donde se despojó de la nacionalidad a los 222 ex presos políticos.