Digeig señala obligación de las instituciones públicas de cumplir la Ley Libre Acceso a la Información
Al hacer entrega del ranking de cumplimiento del gobierno a Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la directora General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, expresó que el seguimiento a la transparencia fortalece el derecho a saber que proclama la Constitución en sus artículos 49, 138 y 147.
Explicó que, las evaluaciones que realiza la DIGEIG a los Portales de Transparencia de las instituciones públicas, tienen por finalidad comprobar la publicación de las informaciones que se defienden la Ley 200-04, y que, obligan a los entes a informar y sustenta el derecho a saber ciudadano.
Asimismo especificó que, los criterios de evaluación se realizan bajo la Resolución No. 002-2021 que crea el Portal Único de Transparencia y establece las Políticas de Estandarización de los Portales de Transparencia, que mide 72 ítems de información referentes a Base legal, Planificación Estratégica, Estructura Orgánica, Declaraciones Juradas de Patrimonio, Nómina, Presupuesto, Compras y contrataciones, Finanzas, Programas asistenciales y estadísticas.
La funcionaria pública manifestó que, el caso de Compras y Contrataciones permite establecer el ámbito de esa Dirección General que es el organismo rector y el de la DIGEIG que es medir y verificar el tiempo de respuesta a las consultas ciudadanas.
“El ranking de Transparencia que se publica permite de forma periódica, la entrega de información pública en formatos estandarizados en una escala de 0 a 100 puntos. Las informaciones publicadas permiten a la ciudadanía, a los medios de comunicación, entidades fiscalizadoras y de control realizar juicios, análisis e investigaciones que fortalecen el sistema de transparencia”, dijo Ortiz Bosch.
Finalmente, Ortiz Bosch reiteró que seguirán desde la DIGEIG monitoreando la entrega obligatoria de información de los entes públicos a los ciudadanos, como también las publicación permanente y oportuna de las informaciones pública en los portales de transparencia, propugnando por formatos abiertos y reutilizables, para garantizar a la sociedad su derecho de acceso a la información y con ello amparar el tan necesario control del ejercicio del poder.
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