Participación Ciudadana condena «uso abusivo» de recursos públicos con fines electorales
Participación Ciudadana criticó la práctica arraigada del uso irregular de recursos públicos a favor del partido o bloque dominante, que asegura ha alcanzado niveles cada vez más escandalosos a lo largo de la historia política dominicana, tanto en los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como en el actual.
«Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado, se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones», precisa en un comunicado de prensa.
A manera de ejemplo, señala que en la partida destinada a «publicidad, impresión y encuadernación» en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado en dicho año, el 74 % tuvo lugar en la segunda mitad. Advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Indica que para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones a este renglón, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.
«De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior. La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos logros gubernamentales que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas», agrega el documento.
Insistió en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad.
Otra práctica «histórica» que menciona es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales.
Particularmente destaca la partida destinada a «ayudas y donaciones a personas», que asegura, si bien se refiere a programas legítimos que ayudan a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno.
Según los datos que ofrece Participación Ciudadaba, en las ayudas se gastaron 52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y 11,594 millones en los primeros dos meses de este año, registrándose un incremento de 20 % respecto a enero-febrero del 2023.
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