Se investiga en España el cobro de comisiones para construir el Merca SD
El Merca Santo Domingo vuelve a mencionarse en la justicia española a raíz del caso abierto contra el empresario José Herrero de Egaña, acusado de cobrar en Angola más de 600,000 euros en comisiones ilegales de la empresa pública Mercasa, parte del consorcio que construyó la obra de abastecimiento de alimentos en la República Dominicana.
De acuerdo con una publicación del 6 de junio en el periódico El Español, Herrero de Egaña (60 años) habría actuado como intermediario del comisionista Daniel Aquino Méndez, quien la pasada semana fue favorecido con un auto de no ha lugar en el caso de los US$3.5 millones que habría distribuido en sobornos la empresa brasileña Embraer para suplir al país de ocho aviones Supertucano.
El periódico destaca que la empresa Mercasa constituyó en 2002 el Consorcio Mercasa Incatema Consulting, para impulsar la construcción de mercados mayoristas en varios países. La empresa se reservó el 51 % de las acciones del consorcio y el otro 49 % se dividió entre sus dos socios privados, uno de estos Ibadesa, de Herrero de Egaña.
Según la publicación de El Español, las empresas de Herrero de Egaña (Ibadesa, Global Advising y Port Trading) se embolsaron al menos 4.7 millones de euros por el proyecto del centro logístico de Luanda, Angola. Pero, 16 años después de la adjudicación del contrato, ese gran mercado mayorista no ha comenzado a funcionar.
El Consorcio Mercasa Incatema Consulting también tuvo a su cargo la construcción del Mercado Central de Mayoristas (Merca Santo Domingo).
Fue en diciembre del año 2000, durante la presidencia de Hipólito Mejía, cuando Mercasa presentó al Gobierno dominicano el proyecto acabado para levantar la obra, formalmente se inició la construcción el 20 de marzo de 2003. Tras muchos retrasos, se inauguró oficialmente 11 años después, en la gestión de Danilo Medina, por RD$5,000 millones.
El convenio para la ejecución del proyecto fue firmado por los entonces director general de Mercasa, Miguel Ramírez, y el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez. El consorcio se adjudicó un contrato por US$65 millones. El proyecto luego se amplió en 2006 con una segunda fase de US$16.1 millones y en 2009 en otros US$23.3 millones.
El periódico El Español destaca que la abogada del Estado y entonces presidenta del consorcio español, María Jesús Prieto, firmó en representación del consorcio contratos por los que asignaba a la empresa de Herrero de Egaña, Global Advising Services, una comisión del 3 % sobre la primera ampliación del proyecto y otra del 1 % sobre la segunda.
“De acuerdo con la documentación que ya está en poder del juez, el sobrino de Ignacio López del Hierro habría actuado en este caso como intermediario del comisionista Daniel Aquino Méndez, que reclamó una mordida del 5 % sobre el importe total del proyecto: el 3 % fue abonado a través de Ibadesa y el otro 2 % lo asumió el propio consorcio, según se desprende de los correos electrónicos intercambiados entre Javier Pardo de Santayana, Daniel Aquino y Herrero de Egaña”, dice el medio español.