Funcionarios le cuestan menos al erario que los legisladores
Las exenciones de las que gozan diversos funcionarios en el país, entre los que se incluyen los del cuerpo diplomático, representan una carga menor para el erario que lo que registran los legisladores, a pesar de que ese grupo ha importado al país hasta tres veces más vehículos.
Diario Libre recibió documentos del Ministerio de Hacienda que sostienen esa tesis, en momentos en que los legisladores consideran que, de eliminarse las exoneraciones de vehículos de las que gozan, debería hacerse con todos los funcionarios que están autorizados a usar ese polémico privilegio.
Por 4,288 vehículos importados desde 2010 hasta 2021 por miembros del Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público, y delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, el Ministerio de Hacienda calcula que el Estado tuvo que pautar un sacrificio fiscal estimado en RD$2,495.1 millones por la exoneración de sus impuestos.
Aunque son más vehículos, el sacrificio fiscal estimado es inferior a los RD$2,649.8 millones que dejó de recibir el Estado en impuestos por 1,148 vehículos que diputados y senadores importaron en ese mismo periodo de tiempo, de acuerdo con la exoneración efectiva que aplicó la Dirección General de Aduanas para despachar cada unidad.
De acuerdo con la Ley 327-98 de carrera judicial, todos los jueces del Poder Judicial tendrán derecho cada cinco años a la importación libre de gravamen de un vehículo de motor no suntuario, que será intransferible durante ese período. Ese derecho se adquirirá a partir del segundo año en el servicio.
La Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público consigna que, una vez que ingresan a la carrera, los integrantes del Ministerio Público tienen derecho a importar libre de gravamen un vehículo de motor no suntuario cada cinco años para el desempeño de sus funciones. Este derecho también se adquiere a partir de los dos años de su designación y es intransferible. “Cualquier acto violatorio a esta disposición será nulo de pleno derecho y se sancionará con las penas que la ley determina”, dice.
Asimismo, con base en la Ley 97-65, el cuerpo diplomático y consular asignado en el país puede importar libre de derechos e impuestos los vehículos que requiera para el uso exclusivo de sus actividades. Esa autorización a los diplomáticos es estándar en casi todo el mundo.
De acuerdo con un reporte dado por el Ministerio de Hacienda a Diario Libre, se les autorizó a los miembros del Consejo del Poder Judicial importar 610 vehículos entre 2010 y el 2021, con un valor FOB de US$13,491,318.15. El sacrificio fiscal que estimó Hacienda fue de RD$360,977,084.86.
A los miembros del Ministerio Público se les autorizó a importar 1,275 unidades, por un valor FOB total de US$31,139,757.00, y un sacrificio fiscal estimado en RD$857,495,978.11.
Al cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual carga con la mayor cantidad de exenciones, Hacienda le autorizó importar 2,403 unidades, con un valor FOB de US$49,248,854.54 y un sacrificio fiscal estimado en RD$1,276,639,179.72.
Salvo pocas excepciones (como varios Chevrolet Camaro años 2011-2017 y un Maserati Ghibli 2016), en los vehículos identificados en la lista que suministró el Ministerio de Hacienda no abundan unidades consideradas de lujo o de “alta gama”, como Diario Libre encontró en los importados por los legisladores, entre los que se hallaban Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari y McLaren.
Los mismos legisladores entrevistados por Diario Libre, para un reportaje publicado en septiembre pasado, reconocieron que entre los diputados y sena- dores es común vender a concesionarios y a particulares las exoneraciones que les corresponden por ley durante un periodo congresual. El precio por cada exoneración se aproxima a US$20,000 o RD$1 millón.
El tema de las exoneraciones enfrenta a senadores y diputados, a raíz de un proyecto de ley que plantea su eliminación junto a otras exenciones e incentivos para todos los sectores.
Ayer, mientras los diputados cuestionaron a sus pares en el Senado, por actuar con “chantaje” y “rabieta”, los senadores insistieron en defender su criterio de que la solución para evitar una reforma fiscal era aprobar una ley a fin de eliminar todos esos privilegios consignados en 39 leyes. El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, consideró como un “chantaje” el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores, en su mayoría miembros del partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM).
Argumentó: “Me llama poderosamente la atención que senadores, en su mayoría del PRM, están pretendiendo poner como excusa la eliminación de todas las exenciones, de todos los sectores a cambio de discutir los supuestos privilegios del Congreso”.
“Nos pone en una situación de chantaje. Quitamos esto pero a cambio de esto”, agregó.
Consideró que una decisión de esa envergadura debe ser analizada minuciosamente y no de forma abrupta ante los cuestionamientos que han recibido los legisladores.
En tanto que el diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, consideró una “rabieta” la respuesta de los senadores en el día de ayer, antes de que un programa de investigación periodística de El Informe de Alicia Ortega diera a conocer los malos manejos que realizan los senadores del Fondo de Asistencia Social o “Barrilito”.
“Si ustedes se fijan los 29 senadores que ellos ponen firmando, aunque no firman todos, son los que reciben el ‘Barrilito’”, indicó.
Dijo que los tres senadores que de forma responsable renunciaron a ese beneficio no figuran entre los proponentes ni tampoco fueron invitados ni informados sobre esa iniciativa. Se refirió a los senadores Eduardo Estrella, Antonio Taveras y Faride Raful.
Rodríguez cuestionó ese privilegio irritante que considera que toda la población rechaza porque se trata de un privilegio.
“Me parece irresponsable porque un estadista no actúa de esa forma. Aquí se está planteando la derogación de muchísimas leyes sin la debida ponderación. Leyes que fueron el resultado de amplios procesos de consenso y que significan un avance en muchos aspectos distintos. La reacción no debe ser esa. Eso me parece una rabieta que no es sincera”, analizó el legislador.
Al respecto, Dionis Sánchez, vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo e Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del PLD, insistieron en destacar la importancia de que el Estado pueda percibir RD$217 mil 487 millones anuales y que así no se tenga que aprobar una reforma fiscal, sacrificando a los que menos pueden.
Ante las críticas de los diputados de que esa iniciativa es producto del chantaje y una rabieta, Sánchez dijo que no tenía ningún comentario.
También expresó que esperaba que el presidente Luis Abinader durante el discurso que tiene previsto pronunciar este miércoles, anuncie a la población que no habrá una reforma fiscal debido a que las circunstancias no son favorables.
En tanto que Yván Lorenzo aseguró que el tema de la reforma fiscal está resuelto con la propuesta de ley que han presentado.
Precisó que han invitado al empresariado nacional a que todos los sectores hagan un sacrificio para enfrentar el momento difícil que enfrenta el país.
“Hemos dado el primer paso de avance, con la iniciativa que hemos presentando el día, esperemos que se apruebe en dos lecturas consecutivas y que sea declarada de urgencia”, expresó.
El legislador también aseguró después que “más adelante” cuando se apruebe esa iniciativa que presentaran estarían sometiendo una resolución para eliminar el denominado “barrilito”.
Los senadores Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo (FP), y Antonio Taveras Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), protagonizaron esta tarde fuertes intercambios de palabras.
El impasse comenzó cuando el senador oficialista Alexis Victoria Yeb, proponente del proyecto de ley que deroga leyes y artículos sobre exenciones impositivas, solicitó la modificación de la orden del día, para que esta iniciativa fuera dejada sobre la mesa.
Luego de eso, Taveras Guzmán tomó un turno y dijo que él renunció a las exoneraciones desde el pasado año y que estos beneficios son injustificados.
Fue entonces cuando el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, tomó la palabra y leyó en el hemiciclo un tuit del lunes de Taveras Guzmán, en el cual decía que no firmaría el documento de eliminación de las exoneraciones.
En ese instante, Rojas Gómez fue interrumpido por Taveras, a quién le expresó con voz enérgica: “Cállese, que estoy hablando”.