Estas son las acusaciones que el Ministerio Público hace al general Juan Carlos Torres Robiou
Por presunta corrupción administrativa, varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, fueron apresados como parte de la operación denominada “Coral 5G”.
Uno de los detenidos es el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, a quien desde el caso Coral el Ministerio Público tenía en la mira.
El pasado mes de abril, el general Torres Robiou había sido señalado en el expediente por el alquiler de un inmueble a un costo mensual de 3 mil dólares, ubicado en el condominio Balcones del Atlántico, en la provincia de Samaná. El Ministerio Público consideró el caso “en extremo sospechoso”.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el apartamento figura a nombre de Único Real State e Inversiones SRL, el cual está a nombre de la pastora Rossy Guzmán y de su hijo Tanner Flete Guzmán.
Único Real State “blanqueaba” las supuestas actividades ilegales de los involucrados en instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
A la red se le acusa de sustraer del Estado un total de RD$3,000,000,000 desde agosto del 2012, recursos que debieron ser destinados a gastos de operaciones de inteligencia del Cestur. ¿Cómo lo hacían? Las indagatorias señalan que el grupo de “asociación de malhechores” nombraba a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep con sueldos de entre 20 y 70 mil pesos, montos de los que los designados “solo recibían un porcentaje” y el restante debía ser depositado a la red.
El general Juan Carlos Torres Robiou, quien fungió como director de Cestur por siete años y separado del cargo cuando fue salpicado por la Operación Coral.
Ante el escándalo que generó el caso, el general piloto puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, mediante una misiva dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.
Tras ser mencionado en la Operación Coral, en mayo pasado fue destituido por el Poder Ejecutivo y se designó en el cargo como director interino al coronel Roberto Acevedo Tejada. En solo días el Gobierno nombró en el cargo al general Minoru Matsunaga, actual director de la institución.
El general Juan Carlos Torres Robiou alega ignorar que la institución que dirigía era permeada por el supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos a la entidad, como asegura el órgano acusador.
Aclaro que, como director del Cestur, solo firmaba los nombramientos individuales de oficiales de alto rango, como los directores regionales. Del resto del personal de menor rango el encargado de nómina del Cestur era Raúl Girón Jiménez, otro implicado del caso.
Girón en ese proceso admitió su participación señalando al coronel Núñez de Aza a quien en pleno juicio le indicó que no habría borrado los mensajes de WhatsApp que ambos sostenían permanentemente.
Según el relato de Girón Jiménez, el hoy apresado general Juan Carlos Torres Robiou era parte de los que recibían el dinero en transferencias obtenido de diversas maneras dentro de la red y que se llegó a falsificar un documento de su empresa RG&S Soluciones Financieras con el objetivo de justificar la compra de un apartamento en la zona turística de Las Terrenas, el mismo que el Ministerio Público consideró como sospechoso el alquiler con el inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.
Además de Torres Robiou fueron apresados ayer el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerzas Áreas, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
El operativo alcanza también al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
La Procuraduría General de la República informó que Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción que llega el Ministerio Público, encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito.
Explicó que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).