El dime y diretes del caso 8-M en España.
El caso 8-M, abierto por la juez Carmen Rodríguez-Medel para investigar la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la expansión del coronavirus, ha puesto en el foco la marcha feminista del 8 de marzo y todas las concentraciones celebradas en aquellas fechas. El polémico informe de la Guardia Civil elaborado para la causa, que contiene algunos errores y especulaciones, mantiene como principal conclusión que ninguna manifestación “se debería haber realizado” desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los “riesgos”. Pero la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno de la Comunidad y único imputado, José Manuel Franco, rechaza esa tesis: “Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”.