Tres meses después de la cuarentena, Argentina se enfrenta a una tormenta perfecta
Tres meses después del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el presidente argentino, Alberto Fernández, se enfrenta a un agravamiento de la crisis sanitaria, económica y social, y al cansancio de una buena parte de la sociedad por el extenso confinamiento.
A punto de cumplir 100 días de confinamiento el próximo domingo y con un aumento exponencial de los casos de COVID-19 en los últimos días, el Gobierno argentino decidió endurecer la cuarentena a partir del próximo lunes y hasta el 17 de julio en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, donde viven 15 millones de habitantes y que se ha convertido en el epicentro de la pandemia con el 90% de los contagios.
Estas medidas más restrictivas están encaminadas a reducir el movimiento de personas en las calles y la circulación de pasajeros en el transporte público para evitar la propagación del virus, que se ha incrementado ante un relajamiento social por el hartazgo por la cuarentena y cierta falta de controles que permitieron una reactivación de la economía informal.
Una de las principales preocupaciones ahora es el aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva, actualmente están ocupadas el 48.3 % de las 11,500 disponibles en todo el país, aunque solo 472 por pacientes de coronavirus, pero el problema, según las autoridades sanitarias, está en la evolución de los contagios en las próximas semanas que podría llevar a un colapso del sistema sanitario.
Pese al incremento de contagios, las cifras de Argentina- 52,457 positivos, de los cuales 1,167 fallecieron- están muy lejos de las registradas en países vecinos como Chile y Brasil.
Para el Gobierno argentino la clave de esta diferencia que ha permitido salvar miles de vidas está en la temprana cuarentena que adoptó el pasado 20 de marzo.
Además, el Gobierno defiende que el deterioro económico se da por igual tanto en los países en cuarentena como en los que han sido más flexibles.
“El problema económico no es la cuarentena, es la pandemia, y afecta a todos igual”, aseguró Fernández al anunciar la extensión de la cuarentena en la capital y su área metropolitana.
El cansancio de la sociedad argentina por la larga cuarentena y su impacto económico en un país que arrastra más de dos años de recesión comienzan a hacer mella en la popularidad de Fernández, quien, aunque aún mantiene un índice elevado, muestra una tendencia a la baja, según las últimas encuestas.
El malestar social se ha reflejado en varias manifestaciones en contra de la cuarentena en diferentes puntos del país y también se han vuelto a escuchar las cacerolas en señal de protesta en algunos barrios de la capital.
Pero las protestas más multitudinarias se registraron el pasado sábado en contra de la decisión del gobierno de Fernández de intervenir y de enviar un proyecto de ley al Parlamento para expropiar la compañía Vicentin, una de las mayores agroexportadoras del país.
A la crisis por el coronavirus, la recesión económica, y la compleja negociación de una deuda de 66,238 millones de dólares, el gobierno de Fernández sumó con Vicentin otro nuevo frente que ha generado una fuerte polémica en el país.
Para algunos analistas el momento elegido por Fernández no fue el mejor y detrás de este anuncio ven la mano de la exvicepresidenta Cristina Fernández, quien mantiene un perfil bajo en estos momentos de crisis.
Para el analista Esteban Regueira, de la consultora Clivajes, el Gobierno no comunicó bien la situación con Vicentin y esto fue aprovechado por las corporaciones económicas, que en su opinión constituyen la principal oposición, para lanzar el mensaje de que el Gobierno pretende expropiar empresas que ha calado en un sector de la clase media cansada del encierro y del impacto en sus bolsillos.
“Se creó una argamasa que generó un escenario de crisis que hasta ahora no se había visto”, añadió en declaraciones a Efe.
Después de las protestas en contra de una eventual expropiación de la firma, el Gobierno de Fernández apuesta ahora por una intervención mixta de la empresa y dejar de lado la expropiación.
La paralización de la economía está profundizando la crisis de la economía argentina que se encuentra desde hace dos años en recesión, con altos niveles de inflación y más de un tercio de la población en la pobreza.
Aunque la cuarentena se ha flexibilizado en una gran parte del país, se ha mantenido de manera más estricta en la capital y en su área metropolitana, que genera el 40 % del PIB nacional.
En la capital, la situación de los comercios es crítica y se cuentan por miles los negocios que han cerrado sus puertas desde el inicio de la cuarentena en marzo.
Para la correduría Portfolio, “preocupa la nueva extensión de la cuarentena -y endurecimiento – donde terminaría con la vida de varias empresas -más que nada PYMES- que ya estaban en la cuerda floja. Es una mala señal para los mercados, que muestra que el Gobierno está muy abstraído de la realidad económica”.
No hay un solo indicador económico que dé respiro y la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó el pasado martes un informe en el que alerta de una caída en la economía argentina de entre el 8.2 % y el 10 %, y un aumento en la tasa de pobreza, que podría llegar al 40 % a final de año.
Algunos analistas advierten que el país se encamina a una crisis peor que la de 2001, cuando Argentina declaró el cese de pagos por más de 100,000 millones de dólares, entonces el mayor de la historia, en medio de una profunda crisis social, económica y política.
La negociación de la deuda es también ahora el otro frente de batalla en el que está inmersa Argentina y que dispara la incertidumbre sobre la economía.
El gobierno de Argentina lanzó formalmente hace dos meses una oferta de canje, masivamente rechazada por los acreedores, tras lo cual entabló un diálogo con los principales tenedores de bonos, que incluyó el intercambio de propuestas.
Las arduas negociaciones continúan aunque todavía hay” trabajo por hacer y distancia para cubrir en términos económicos y legales también”, dijo el jueves el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Argentina prorrogó hasta el 24 de julio el plazo límite para llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar un nuevo cese de pagos.