Acogen amparo a familia de caso de estafa contra el Estado
La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió un recurso de amparo de los Mota, familia que demanda el pago de RD$197 millones que el Gobierno dejó de ejecutar por supuestas irregularidades en la compra de terrenos en la pasada gestión y cuyo caso encabeza el exministro Donald Guerrero.
La sentencia del recurso de amparo fue emitida el 6 de abril de este año y es objeto de una demanda en suspensión en el TSA por otros alegados herederos del señor Jorge Mota, fallecido y dueño de la propiedad de más de 3,000 tareas de terrenos, en Higüey, de los que el Ministerio de Hacienda ya había pagado RD$505 millones . Quienes buscan se anule el fallo dicen fueron dejados fuera de repartición.
Entre los miembros de la familia que interpusieron la acción, se citan Rómulo Mota, Rafael Alvanis Mota Jiménez, Benita Mota Pérez, Luis Alberkys Mota, Téofilo Mota Máximo Mota, Eusebia Paulino Valdez Mota, Juana Lidia Cedano, Ramón Jiménez Mota, entre otros.
La acción de amparo se interpuso contra el ministerio de Hacienda, José M. Vicente, a quien se le impuso un astreinte o penalidad de RD$5,000 por “cada día que transcurra sin ejecutar” el dicamen.
Ayer, el titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reveló que han “recabado enorme cantidad de pruebas” en la estafa por más de RD$17,000 millones contra el Estado y cuyo principal señalado es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Wilson Camacho dio la información al salir de la audiencia del TSA, que aplazó una demanda del abogado Ángel Lockward contra técnicos de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
Según el Pepca, los pagos se hicieron los meses más catastróficos de la pandemia del COVID-19, en el 2020 y por las anomalías se paró el pago a los supuestos propietarios de los terrenos. Por el alegado fraude se investiga a más de 200 personas, entre ellos
Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo son Román Berroa Hiciano, juez presidente, y los miembros Úrsula Carrasco Márquez y William Encarnación Mejía.