Gobierno busca limitar inmigración irregular

El Gobierno dominicano busca limitar la inmigración irregular en el país, sobre todo de haitianos, con más operativos en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Dirección Nacional de Migración (DGM).

Ayer lunes la institución realizó un «amplio operativo» en puntos estratégicos de la capital dominicana para contrarrestar el «trasiego de extranjeros» indocumentados y los resultados se darán a conocer este martes, informó en un comunicado la institución.

La Dirección General de Migración confirmó que el operativo es parte de la disposición del presidente de la República, Luis Abinader, quien anunció que las deportaciones de inmigrantes haitianos irregulares seguirán y se incrementarán. 

Estos operativos de interdicción seguirán todos los días en todo el territorio dominicano, pero ayer se inició con el reforzamiento de las labores en el Distrito Nacional que concluye con el traslado de los detenidos al Centro Vacacional de Haina, provincia San Cristóbal.

Las acciones son como respuesta al llamamiento que hizo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió a República Dominicana detener las deportaciones de haitianos.

Türk argumentó que la «incesante» violencia armada y las «sistemáticas» violaciones de los derechos humanos en Haití no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a su país.

Invasión de terrenos

Luis Abinader instruyó, además,  a las autoridades encargadas del orden interno del país a perseguir y someter a la justicia a los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o del Estado.

La Dirección General de Migración será la encargada de expulsar a esos extranjeros y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), a través de los consulados fuera del país, propiciará que estas personas jamás puedan entrar a territorio dominicano.

William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), dijo estar preocupado porque esta medida perjudique, especialmente, a los inmigrantes de origen haitiano con más de dos o tres décadas en el país, que contribuyeron al crecimiento económico a través de sus trabajos en los ingenios azucareros.

«Lamentamos esa situación. A veces, en ocasiones, las leyes no son justas. Creemos que esa política que tiene el gobierno no contribuye a proteger a los más débiles, a los más vulnerables», expresó Charpentier.

El activista consideró que las políticas migratorias «castigan» principalmente a los inmigrantes más pobres que huyen del caos de su país, mientras que «los grandes responsables» de la situación de Haití «viven andando en el mundo, disfrutando su dinero».

Sobre el operativo de ayer lunes, William Charpentier aseguró que se trató de una «persecución» en contra de los negros y contra quienes los agentes de Migración asumen que son haitianos. «Yo creo que se pueden hacer las cosas y hacerlas bien, sin atropellar a nadie», expresó.

Preocupa situación

Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile, dijo que le preocupa la situación creada en la República Dominicana tras el llamado de la ONU a los países considerados grandes receptores de migrantes haitianos, incluido Estados Unidos.

«Desde el punto de vista de justicia social y en reconocimiento a los aportes de los trabajadores migrantes haitianos a la economía dominicana, había mucha expectativa con relación a la actual administración. En este contexto el anuncio de la intensificación de las repatriaciones en momentos que Haití esta afectada por una crisis sin precedente a todos los niveles ha sorprendido a las organizaciones solidarias de la isla», aseguró Paraison.

El excónsul haitiano en la República Dominicana comparó que el país es quien recibe a los inmigrantes venezolanos por su situación sociopolítica, pero a la vez envía «una señal de rechazo hacia los inmigrantes haitianos muchos más afectados por la violencia y la inseguridad en un territorio donde las gangas desafían la autoridad del Estado».

Paraison señaló que, sin menoscabo al derecho de la Republica Dominicana de aplicar la ley de migración, entiende en la Fundación Zile que se debería tomar en cuenta los diversos grupos que forman actualmente la comunidad haitiana para una consideración especial de su situación siempre y cuando aportan las pruebas adecuadas.

Entre los grupos mencionados están los estudiantes inscritos en algún centro académico o universidad que todavía no tiene, el estatus migratorio correspondiente, los antiguos trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) o cualquier otra empresa publica o privada que recibe una pensión del Estado o esta en el proceso para recibir su pensión.

De igual forma, los haitianos de más de 65 años cuya mitad de su vida la tiene en la Republica Dominicana, emprendedores, comerciantes y inversionistas haitianos con la documentación oficial de operación que todavía no están al día con la Dirección General de Migración, artistas, músicos y deportistas que pueden probar persecución política en su país, religiosos y misioneros activos en congregaciones formalmente registradas.

Otro grupo sería los haitianos que estén en tránsito en el país que puedan probar un proceso migratorio en curso hacia un tercer país, obreros formalmente contratados en la producción agroindustrial y la construcción sin un estatus migratorio.

«Por último, en la actual coyuntura donde existe cierta efervescencia con relación al tema migratorio se recomienda la creación de un grupo de trabajo intersectorial incluyendo a las ONG y representantes de la comunidad haitiana que vigile la aplicación estricta de la ley en el marco de los compromisos internacionales de la RD», recomendó.