Veto azucarero de EE. UU. aceleró caída de Trujillo
Durante más de un siglo de fuertes vínculos políticos, comerciales, diplomáticos y militares con la República Dominicana, Estados Unidos ha asestado dos golpes demoledores, encajados en el marco de sus políticas de sanciones, a la economía del país, en ambos casos dirigidos contra la industria azucarera, un renglón clave para el ingreso de divisas.
Estos eventos, ocurridos en un lapso de poco más de seis décadas, han desencadenado disgustos y encontronazos, hasta llegar a poner en aprietos las relaciones bilaterales entre la primera potencia económica y militar del mundo y la geoestratégica nación insular dominicana.
El primer porrazo a la industria azucarera dominicana tiene su origen en el frustrado atentado criminal perpetrado el 24 de junio de 1960 en Caracas, Venezuela, contra el presidente Rómulo Bethancourt, ejecutado por sicarios a la orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Betancourt sobrevivió al ataque, ocurrido cuando el mandatario se disponía a participar de un desfile militar en Caracas. Solo sufrió quemaduras en su cuerpo.
Como consecuencia de esto, los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con Santo Domingo, mientras que el gobierno de Venezuela presentó, el 4 de julio de 1960, ante la OEA, una acusación formal contra el régimen trujillista.
El 8 de agosto, un comité del organismo hemisférico concluyó que Trujillo había financiado el atentado contra Betancourt y, como resultado, por primera vez en su historia, la OEA estableció sanciones contra un estado miembro.
Se determinó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Santo Domingo por parte de todos los estados miembros y la interrupción parcial de las relaciones económicas, en particular los embarques de armas y material de guerra.
Llega el turno a EE.UU
Seguido a esto llegó el turno de los Estados Unidos, cuando el presidente republicano Dwight David “Ike” Eisenhower empezó a ejercer presión, siendo la industria azucarera nacional el blanco directo de sus amenazas.
El negocio del azúcar había sido, históricamente, un asunto muy crucial en las relaciones domínico-estadounidenses.
Pero esta amenaza solo encontró a un Trujillo desafiante, al dejar “flotar” la sospecha de abortar el permiso de continuidad de la base estadounidense acantonada en Sabana del Mar, y fue peligrosamente más lejos, al advertir de que podría acercarse al bloque comunista soviético.
El “arancel especial”
Con Trujillo expulsado de la OEA y destrozadas las relaciones diplomáticas con República Dominicana, Estados Unidos estableció un arancel especial a las compras de azúcar dominicana, ahondando así la crisis económica del país, que contaba con una cuota preferencial de acceso al poderoso mercado estadounidense.
Estados Unidos tenía un enorme dominio sobre el negocio del azúcar dominicana, y para el año 1916, los capitales de ese país tenían control de más del 60 por ciento de la industria azucarera, según registros referentes al desarrollo de esa industria.
Aun así, Trujillo siempre ejerció presión sobre las compañías estadounidenses para que éstas le vendieran sus plantaciones de azúcar y, en efecto, el dictador llegó a convertirse en el mayor productor azucarero del país.
El segundo golpe.
Transcurridos 62 años de las sanciones aplicadas en 1960 por el presidente Eisenhower contra la industria azucarera doméstica, esta semana, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos retuvieron los embarques de azúcar sin refinar y productos terminados, a base de esta, producidos aquí por el Central Romana Corporation, bajo el pretexto de prácticas de “trabajo infantil o forzoso” en los campos cañeros.
El ente estadounidense afirma que emitió una orden de detención de descargo contra Central Romana, “basándose en información que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra sus trabajadores”.
Asimismo, alega haber identificado, al menos, “cinco de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación, en particular, abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y exceso de horas extras”.
Esta es la acción más reciente que ha tomado Estados Unidos para abordar el trabajo forzoso y otros abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, expone el organismo.
En septiembre de 2022, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos identificó la caña de azúcar de la República Dominicana en su lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso, y el Departamento de Estado de Estados Unidos colocó a la República Dominicana en su lista de nivel 2 en su informe Traffiking In Persons Report, emitido en julio de 2022.
“Esta orden de detención demuestra el compromiso de CBP de proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo”, dijo Troy Miller, comisionado interino de CBP, citado por el referido comunicado de prensa.
“La agencia continuará estableciendo un alto estándar global investigando agresivamente las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de Estados Unidos y manteniendo la mercancía implicada fuera del país”, advirtió.
En un comunicado publicado por el ente se establece que en el informe de septiembre de 2022, titulado “Estimaciones globales de la esclavitud moderna: trabajo y matrimonio forzados”, la Organización Internacional del Trabajo estima que casi 28 millones de trabajadores sufren condiciones de trabajo forzado en todo el mundo.
Las empresas extranjeras explotan el trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado.
También perjudica, agrega, “a las empresas respetuosas de la ley, amenaza los empleos estadounidenses y expone a los consumidores a apoyan inadvertidamente prácticas comerciales poco éticas”.
El flagelo de la trata de personas expone a las poblaciones vulnerables a condiciones de trabajo inhumanas como violencia física y sexual, aislamiento, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extras excesivas y más”, dice.
“CBP continúa reforzando el estándar internacional para garantizar que los bienes fabricados con trabajo forzado no ingresen al comercio de los Estados Unidos”, dijo AnnMarie R. Highsmith, Comisionada Asistente Ejecutiva de la Oficina de Comercio de CBP.
“Los fabricantes como Central Romana, que no cumplen con nuestras leyes, enfrentarán consecuencias a medida que eliminemos esta práctica inhumana de las cadenas de suministro de Estados Unidos”.
Bajo el titulo19, sección 1307, de las leyes federales (19 U.S.C. 1307), se prohíbe la importación de mercancías producidas, total o parcialmente, por trabajo de convictos, trabajo forzado y / o trabajo contratado, incluido el trabajo infantil forzado o contratado.
Menores de edad
Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detienen los embarques de mercancías sospechosas de ser importadas en violación de este estatuto.
Los importadores de embarques en detención tendrán la oportunidad de exportar la mercancía o demostrar que la mercadería no fue producida con trabajo forzoso.