El periodista Diego Pesqueira asumió como nuevo director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), tras ser designado por el ministro Ángel Hernández. La designación de Pesqueira está contenida en la Orden Departamental 51/2023, y mediante la misma el periodista Rafael Alonso Rijo, quien se desempeñaba como director de […]
Alaska Airlines dijo este lunes que sus técnicos vieron “algunos componentes sueltos” en sus aviones Boeing 737 Max 9 sometidos a inspección, después de que el pasado sábado una de sus aeronaves perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo.
La compañía, basada en el estado de Washington explicó en un comunicado la noche de este lunes, que su equipo de mantenimiento encontró componentes sueltos en algunas de sus aeronaves cuando comenzó a preparar su flota de 737-9 MAX para una inspección.
La aerolínea no detalló sobre los hallazgos esperando los resultados de la «inspección minuciosa» que se realizará de acuerdo a los requisitos de la empresa Boeing y la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés).
Este lunes United Airlines también reportó que ha encontrado tornillos sueltos en sus aviones Boeing 737 Max 9.
«Desde que empezamos las inspecciones preliminares el sábado, hemos encontrado casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el panel de la puerta: por ejemplo, tornillos que necesitaban ajuste adicional», indicó United en un comunicado.
United Airlines es el mayor operador de Boeing 737 Max 9, con 79 de estos aviones en su flota, mientras que Alaska Airlines tiene 65 de esta clase de aeronaves.
El aparato de Alaska Airlines que sufrió el incidente el sábado perdió a casi 5,000 metros de altura el panel con el que se había sellado un hueco diseñado para alojar una puerta adicional de emergencia, una medida habitual en aviones que realizan trayectos con poca densidad de pasaje.
El avión se vio obligado a volver a la ciudad de Portland (Oregón), de donde había despegado, pocos minutos después de alzar el vuelo, sin que se produjeran heridos graves.
En una conferencia de prensa en Portland (Oregon), Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NSTB, por su sigla en inglés) dijo que hasta ahora están en la fase de investigación.
El panel fue encontrado el domingo por un maestro de escuela en el patio trasero de su casa en Portland.
Homendy dijo que el panel ayudará a avanzar la investigación para hallar la causa de la emergencia.
Tras el incidente, la FAA ordenó inmovilizar de inmediato todos los 737 Max 9 con la misma configuración que la del avión de Alaska Airlines para realizar inspecciones.
La medida, adoptada también por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), no afecta a ninguno de los aviones de la compañía en Europa, ya que los Boeing 737 Max 9 que operan en el espacio comunitario cuentan con una configuración distinta.
En total hay 215 de estos aviones en servicio en todo el mundo, y además de United y Alaska Airlines, los tienen en sus flotas la panameña Copa Airlines, la mexicana Aeroméxico, Iceland Air, Turkish Airlines y FlyDubai.
El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, y la madre de la menor abusada, quienes cumplen medidas de coerción fuera de prisión, están acusados por delitos que conllevan penas máximas de cinco a 30 años de cárcel, según la gravedad del delito.
Tras la desestimación de algunos cargos que el hizo el juez Romaldi Marcelino Henríquez, del Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata, el torpedero podría ser enjuiciado por una pena menor que la madre de la adolescente, a quien recayeron las acusaciones más graves, que incluso conllevaría una condena de hasta 30 años de cárcel.
Franco, pasa a tener la acusación de abuso sexual, un delito que es castigado con pena de dos a cinco años de reclusión y multa de 20 salarios mínimos. Además, sustracción y seducción de menores, penado con una reclusión no mayor de seis años, de acuerdo artículo 403 del Código del Menor o Ley 136-03.
Acusación más grave
La acusación más grave es la de comercialización infantil tipificado en el Código de Menor en su artículo 25 y solo se mantiene en la madre de la menor. La ley sanciona ofrecer, entregar o aceptar por cualquier medio un niño o adolescente con el objetivo de explotación sexual a la pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 100 a 150 salarios mínimos.
Seguido, la explotación sexual de un menor recibe penas de tres a 10 años de reclusión y multa de 10 a 30 salario mínimo.
El lavado de activos es otra acusación grave que en este caso solo recae en la progenitora de la adolescente.
En la legislación dominicana se considera lavado de activos el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados de manera específica en la Ley 155-17.
El Ministerio Público entiende que la señora cometió este delito al recibir y movilizar cuantiosas sumas de dinero que adquirió de la explotación sexual de su hija. El lavado de activos se sanciona con penas de 10 a 20 años de prisión, multas de 200 a 400 salarios mínimos y el decomiso de los bienes obtenidos del ilícito.
Caso de Wander Franco
Franco está acusado de sostener relaciones sexuales con una menor cuando tenía 14 años. De acuerdo al relato del Ministerio Público la madre de la adolescente favoreció explotación sexual para sacar provecho económico.
El pasado viernes el Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata acogió la solicitud de medidas de coerción del organismo de persecución, imponiendo el pago de dos millones de pesos en efectivo y presentación periódica al pelotero Wander Franco y el arresto domiciliario e impedimento de salida del país a la madre de la menor.
Si el Estado dominicano sufragara el alto costo de los localizadores electrónicos disminuiría su precio y aumentaría su uso por parte de los procesados, cuyo número, desde que la empresa suplidora empezó a instalarlos en el 2017, no supera los 122 beneficiarios.
El Ministerio Público (MP) no corre con ningún gasto, todo es cubierto por el imputado, pero tampoco “recibe contribuciones o aportaciones económicas”.
“La prestadora del servicio, privada, es la que recibe de manera directa la remuneración económica”, afirma la Procuraduría General de la República (PGR), en un documento enviado a Diario Libre.
Según el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en cuya gestión se firmó el contrato con la empresa que los vende a los procesados, y el excomisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, lo “ideal” es que el Estado asuma el costo de los dispositivos.
Entienden que, de ser asumido por las autoridades, el número de beneficiarios aumentarían y por ende su precio descendería.
Chey Rodríguez, fundador de Fennix Global Technologies, empresa a la que pertenece MonitoReos Dominicana, que suple los dispositivos electrónicos, corrobora lo declarado por Domínguez Brito y Moscoso Segarra.
Rodríguez dice que existen modelos de negocios donde si el Estado paga el gasto mensual por las tobilleras, su precio disminuye a la mitad. “Obviamente con un volumen significativo como otros de nuestros clientes”, explica.
Presos preventivos
Uno de los beneficios que se atribuyó en un principio a los grilletes era que descendería el número de preventivos en las cárceles, el cual el pasado mes de diciembre, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios, ascendía al 58.2 por ciento del total de reclusos, es decir 14,811, del total de 25,436 internos. Los sentenciados son 10,625.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, dice que la población carcelaria incluye 500 enajenados mentales.
El localizador electrónico regularmente se impone en el país junto con el arresto domiciliario para asegurar que el imputado se mantenga en la dirección que aporta a las autoridades judiciales, pero sigue siendo una prisión, aclara el penalista Robinson Reyes y quien representa a imputados de varios casos de corrupción.
El costo incluye 18 por ciento de impuesto
En la actualidad, la División Nacional de Localizadores Electrónicos, utiliza un contrato tripartito en el cual figuran “el representante de la compañía prestadora del servicio y el representante del Ministerio Público”, informó a Diario Libre la Procuraduría General de la República.
Explica que el contrato establece que la compañía se compromete a colocar el brazalete electrónico al monitoreado por un costo “no mayor de quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 (US$15.00) diarios, lo que suma cuatrocientos cincuentas dólares mensuales”.
El precio mensual con impuestos aumenta a 531 dólares, de los que US$81 corresponden a impuestos.El imputado debe hacer un depósito al firmar el convenio de US$500 que “serán devueltos al concluir la medida de coerción. También debe saldar tres meses, de US$531 por cada mes por adelantado que requiere la compañía. El precio aumenta si es fuera de la ciudad.“El registro cuesta 500 dólares en el área metro (metropolitana), 650 en el interior”, señaló Rodríguez a Diario Libre en una anterior entrevista.
Moscoso Segarra afirma que mantener un recluso en la cárcel es mucho más costoso. Según Domínguez Brito, el uso de los grilletes y el arresto domiciliario debe ser un proceso que sustituya en gran medida la prisión en una cárcel, no solo de manera preventiva sino también en algunos casos de sentencia irrevocable, en casos que los condenados no representen un peligro. Recomienda que se destine el dinero de la multa para financiar los equipos, así como un porcentaje de los bienes decomisados por lavado de activos.
El costo de los 531 dólares mensuales de los grilletes electrónicos que debe pagar el imputado incluye US$81 de impuestos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)
Cualquier imputado
Moscoso Segarra, quien también fue fiscal del Distrito Nacional y juez de la Suprema Corte de Justicia, explica que la finalidad de los grilletes, contemplados en el Código Procesal Penal, “es que se pueda imponer a cualquier persona como en otros países”.
Mayoría se ha impuesto en Santiago
Según la Procuraduría General de la República (PGR), del total de las 122 tobilleras que se han instalado desde el 2017, 64 corresponden a Santiago, es decir, más del 52 %. De esa cantidad, 38 se colocaron a procesados del Distrito Nacional (DN).
El documento facilitado cita que en el 2018 los jueces solo dispusieron cuatro localizadores y fue en el DN. En el 2019 fue uno e igualmente en esa jurisdicción.
Después del 2020, la mayoría se instalan en la provincia de Santiago, con seis de los siete que se utilizaron en los procesados; en el 2021, diez de los veinte que se impusieron; en el 2022, 26 de los 39 y en el 2023, 21 de los 50. En ese último año, en el DN se colocaron 18. La empresa informó la semana pasada que 104 imputados tienen actualmente esa tecnología puesta en sus pies para que no violen el perímetro al que deben circunscribirse.
El 2023 no fue un año esperanzador para las mujeres. Sesenta y dos de ellas, con edad promedio de 27 años, murieron a manos de sus parejas o exparejas. También promediando, cinco cada mes. Drama social y humano el del feminicidio que, visto desde la estadística, pierde intensidad y densidad.
De esas sesenta y dos mujeres, nueve tenían entre un año y seis mes y dieciséis años. De estas, dos fueron el vehículo de los feminicidas para castigar a la mujer-madre que decidió romper el círculo de violencia que la sometía. Femicidio vicario que termina por destrozar la vida de quien ya estaba rota.
A Ross Angeli Peña Padilla no la protegió de la violencia sexual la ternura de su tiempo, apenas un año y medio. Cuando apenas gorgeaba, murió violada y asfixiada, como violadas antes de morir lo fueron Aisla Channel Marte Paniagua (13 años), Esmeralda Richiez (16 años), Aisla Channel Marte Paniagua (13 años), Willenni Dorivel Lorenzo Herrera (11 años) y Carolin Franyelis Báez Ramírez (9 años). A excepción de Esmeralda, todas ellas hijas de la más absoluta pobreza y abandono social. Notas efímeras en los medios de comunicación. Desventuras que no crean tendencia en las redes, y menos aún hacen reaccionar a los voceros y voceras de los grupúsculos ultra que no pierden oportunidad de vociferar la consigna de sus pares internacionales: “Con mis hijos no te metas”.
Como casi invariablemente ocurre, la nota policial es reproducida en bucle por los medios, desinteresados de la víctima. A lo sumo, periodistas buscadores y repetidores intencionales de opiniones vecinales que, también casi invariablemente, expresan “extrañeza” ante la reacción de un hombre, el feminicida, conocido y reconocido por ser “amable”, “trabajador”, “buen vecino” y, sobre todo, libre de toda sospecha de violencia.
Más que un tópico, la frase “se llevaban bien” es la muletilla que oculta la raíz del feminicidio y termina por justificarlo. Revictimización a la carta de un abordaje acrítico. Nunca la opinión experta sobre la violencia de género. Nunca un dato que no sea el policial sobre la víctima. Nada que la humanice, que refleje la verdadera dimensión del drama. Un nombre en el tercer o cuarto párrafo de la nota, una edad y un método criminal. Es todo, y para siempre.
Tenía 23 años. La hirió mortalmente en la cabeza con un cuchillo su pareja. La herida la mantuvo durante varios días en estado agónico. Se habían conocido a través de las redes sociales y tenían menos de un año de relación. El feminicidio ocurrió delante de la hija de siete años de la víctima, quien alertó a la abuela sobre lo sucedido. Otra niña de tres años quedó huérfana. Antes de consumar el feminicidio, el hombre golpeó y mordió a la mujer en varias partes del cuerpo. Detenido, alegó que actúo en defensa propia. Ocurrió el 1 de octubre en La Sabana, Yamasá, provincia de Monte Plata.
Tenía 38 años. La mató de un puñetazo en la cara su pareja, con quien llevaba catorce años de relación y había procreado tres hijos, uno de ellos una niña de tres años testigo de la agresión. El golpe provocó el desnucamiento de la mujer, quien llegó muerta al hospital a donde la trasladó un vecino. Una hermana describió a la víctima como “el alma de la familia, una persona alegre y dedicada a sus hijos”. Ocurrió el 23 de octubre en la calle Hollywood, en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez, en Santo Domingo Oeste.
Tenía nueve años. La violó sexualmente y luego la ahorcó un hombre que vivía en el barrio. La niña había salido a las cinco de la tarde al colmado por un encargo de su abuela, quien trabaja en la recogida de café. Al ver que su nietecita no regresaba, dio la voz de alarma y los comunatarios la acompañaron a buscarla. Su cuerpecito apareció en unos matorrales, a donde la habría conducido el feminida. La multitud trató de lincharlo. Ocurrió el 23 de octubre en la comunidad Santana Abajo, del municipio Los Cacaos, San Cristóbal.
Tenía 47 años. La mató su pareja golpeándola con un block en la cabeza. Su cadáver fue encontrado dentro de un panteón en el cementerio local. Ocurrió el 24 de octubre en el Cementerio Santa Fe, en la carretera Hugo Chávez, San Pedro de Macorís.
Tenía 22 años. Trabajaba en el sector de la hotelería. Había dedicidido romper la relación con su pareja, y recibió diez puñaladas por respuesta. En el expediente acusatorio contra el feminicida, el Ministerio Público afirma que este cometió el hecho “en un arranque de ira”, según recogen varios medios. Ocurrió el 14 de noviembre en la sección Pérez, Imbert, Puerto Plata.
Tenía 24 años. La mató de un disparo su pareja en el local de expendio de bebidas qué él administraba. El feminicida se suicidó. Antes de quitarse la vida, envió una nota de voz a un familiar diciéndole que habia matado a la joven. Ocurrió el 24 de noviembre en la comunidad de Ojeda, municipio de Paraíso, Barahona.
Tenía 32 años. La mató de un balazo fue pareja, quien se suicidó. Ambos habían llegado a la casa común alrededor de las ocho de la noche, procedentes de la capital. Dos horas después, ambos estaban muertos. Madre de dos hijos de nueve y catorce años procreados en una relación anterior, la víctima fue descrita por su entorno como una mujer “trabajadora y alegre”. Ocurrió el 24 de noviembre el distrito municipal de Los Botados, en el municipio de Yamasá, Monte Plata.
Tenía 52 años. Murió a consecuencia de la paliza que le había propinado su pareja tres días antes, durante los cuales permaneció ingresada en el hospital. De acuerdo con el expediente acusatorio, el feminicida reaccionó golpeando mortalmente a su víctima cuando esta se negó a abandonar la casa que compartían, lo que él le exigía. Dos hijas de la víctima afirmaron que las palizas del feminicida a su madre eran reurrentes. Su patrón de conducta fue definido como “violento” por el Ministerio Público. Ocurrió el 24 de noviembre en Salcedo, Hermanas Mirabal.
ELLA SE LLAMABA DORALBA DEL CARMEN MARIÑEZ PERALTA
Tenía 20 años. Trabajaba en una banca de lotería y había terminado sus estudios de bachillerato recientemente. La estranguló su pareja, de quien se había separado una semana antes. Esa noche, ella participó en una fiesta navideña de su empresa, y él espero que llegara a la casa para matarla. Ambos iniciaron la relación siendo apenas unos niños. De acuerdo con información de familiares, tenían diez años viviendo juntos, pero la relación era problemática por el carácter controlador del feminicida, quien se suicidó. Una niña de cinco años queda en la orfandad. Ocurrió el 17 de diciembre en distrito municipal La Canela, Santiago.
Tenía 27 años. La mató de un disparo y luego la desmembró un hombre que algunos medios señalan como su expareja. Partes del cuerpo de la joven, de nacionalidad venezolana, fueron encontrados en una nevera y en una maleta. Según el confeso feminicida, mató a su víctima en medio de una discusión. Al parecer, contó con la complicidad de otras tres personas, dos hombres y una mujer, para su macabra carnecería. Ocurrió el 22 de diciembre en el Ensanche Piantini, Distrito Nacional.
64 niños y/o adolescentes quedaron en la orfandad, según las estadísticas de feminicidios que cifra en 68 las mujeres que muerieron durante el año 2023 a mano de sus parejas o exparejas, evidenciando el aumento en estos casos respecto al año anterior, cuando 63 mujeres fueron asesinadas.
De estas muertes, 58 mujeres tenían menos de 35 años. No obstante, 48 de estos casos ocurrieron en sus hogares, “un lugar que se supone es el más seguro” y 28 de estos fueron con arma de fuego, de las cuales se desconoce si existía una licencia de porte y tenencia, según estableció Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia.
En la rueda de prensa de esta organización sin fines de lucro, Fondeur exhortó también a los candidatos presidenciales de los partidos políticos presentar propuestas de gobierno que garanticen soluciones a la violencia contra las mujeres en el país.
“La población femenina representa el 51 % del electorado, y en vista de que constituye una calamidad y urgencia nacional la problemática de la violencia contra las mujeres, consideramos que es preciso que los candidatos a la presidencia expongan las políticas públicas puntuales y eficaces que implementarán para disminuir estas tragedias”, manifestó.
Además, explicó que a pesar de que considera que el Ministerio de la Mujer y otras organizaciones gubernamentales han implementado medidas para mejorar esta situación, las estadísticas revelan que el esfuerzo es “insuficiente”.
En lo que va del 2024 se han registrado cinco feminicidios, especificó la Fundación.
De acuerdo con la organización, la provincia Santo Domingo es donde más ocurren feminicidios, siendo 16 la cantidad de casos ocurrido en el 2023, mientras que en San Pedro de Macorís fueron 6; Puerto Plata y Santiago, 4, y en San Cristóbal 3 feminicidios.
En relación a los suicidios de los victimarios, la Fundación Vida Sin Violencia registró 19, dos más que en el 2022.
Revictimización de las víctimas
“Hay que sensibilizar a todos los sectores de la sociedad, para entender que el único responsable de una agresión es quien las ejerce”, manifestó la presidenta de la Fundación.
Refirmó que se visualiza con frecuencia que la sociedad revictimiza a la persona agredida, cuando la responsabilidad sólo es del agresor.
También exhortó que, en casos de conflictos, las personas intervengan pacíficamente para apaciguar la situación, en vez de simplemente grabar el hecho.
Seis ligas deportivas de Nizao, Paya, Cruce de Ocoa, Boca Canasta, Mata Gorda y del centro de Baní pasaron a las semifinales en el torneo de Béisbol Niños De Vuelta al Barrio, iniciado en Diciembre pasado con el lanzamiento del programa del Ministerio de Interior y Policía allí. En el campeonato se disputa el trofeo […]
La FederaciónDominicana de Porcicultores (Fedoporc) solicitó este martes que se excluya la carne de cerdo del proyecto de ley que busca permitir la importación de alimentos sin el pago de aranceles en casos de emergencia o desastres naturales.
En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, Fedoporc advierte que abrir el mercado de la carne de cerdo a otros países, como Brasil, perjudicaría únicamente a la producción nacional. Además, señalan que esto representa un riesgo sanitario para los cerdos y otras especies como el ganado vacuno, caprino y ovino.
Según el documento dado a conocer por el presidente de la agrupación, Miguel Ángel Olivo, «está demostrado que el no pago de aranceles de la carne de cerdo no se refleja en el precio que la adquiere el consumidor, sino que solo se benefician los intermediarios que no pertenecen a la cadena de comercialización».
Olivo destaca que la carne de cerdo ya ingresa al país libre de aranceles desde los países firmantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
Por lo tanto, los productores no se oponen a la importación de alimentos necesarios para garantizar la disponibilidad en el mercado nacional, siempre y cuando provengan de los países firmantes del DR-Cafta.
El líder del sector también alerta que el proyecto de ley de tasa cero para la importación de alimentos se está discutiendo en un momento en que el sector se encuentra en proceso de recuperación después de verse afectado por la fiebre porcina, lo que ha disminuido la producción nacional en más del 50 %.
La FederaciónDominicana de Porcicultores sugiere que la carne de cerdo sea excluida del proyecto de ley libre de aranceles, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados. Además, solicitan acelerar el proceso de repoblación de las granjas afectadas por la PPA y la eliminación de sus cerdos.
El 29 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, con 104 votos a favor, el proyecto de ley que busca eliminar el pago de aranceles durante seis meses para la importación de alimentos en situaciones de emergencia.
La iniciativa propone gravar con tasa cero únicamente la importación de alimentos en casos de desastres naturales, emergencias o escasez de productos básicos.
Ahora, el Senado deberá estudiar los cambios realizados por los diputados al proyecto original.
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Un sencillo de Edwin Espinal en el noveno episodio dejó en el terreno del Estadio Julián Javier a los Leones del Escogido para un triunfo 8-7 lo que representa la segunda victoria de los Gigantes del Cibao en esta semifinal round robin, no sin antes reponerse reponerse cuatro veces a una ventaja de su rivales […]
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