Categoría: actualidades

República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho con un sistema estructurado para que las autoridades de gobierno administren sus instituciones por un período de cuatro años.

Para la candidata a la Presidencia del partido Frente Amplio (FA), María Teresa Cabrera, el país ha degenerado el espíritu de ese contrato social y se requiere crear una reforma que salvaguarde la supremacía del Estado frente a los incumbentes de turno.

“Esas reformas integrales que estamos planteando deben dejar clara la supremacía del Estado sobre el gobierno, ya que lo que ocurre ahora es lo contrario, el gobierno se traga el Estado”, manifestó.

La docente cree que se debe garantizar que las autoridades gubernamentales respeten la institucionalidad y los lineamientos de la organización política de República Dominicana.

Por otro lado, Cabrera consideró que hay que fortalecer la capacidad de gestión en los gobiernos municipales para afianzar su dominio sobre el territorio y aumentar el bienestar de la ciudadanía que depende de estas estructuras.

“El poder municipal debe colocarse en la perspectiva en que lo concibió el patricio (Juan Pablo Duarte), el fundador de la nación, como el primer poder del Estado convertido en un factor de construcción de la democracia y de desarrollo local”, puntualizó.

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La candidata de FA es una reconocida docente y activista dominicana que compite por la primera magistratura del Estado. Es una de las dos mujeres que están en la boleta presidencial de las próximas elecciones.

Nació en la provincia de La Vega y se ha destacado en importantes luchas sociales como la demanda del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y el movimiento Marcha Verde que perseguía el fin de la impunidad.

Víctima del sistema político

Al hablar de María Teresa Cabrera no se puede dejar de mencionar el tema de la educación, ya que se trata de una de los principales referentes del área. En el análisis de la dirigente del partido de oposición, este sector ha pagado el precio de la corrupción y el clientelismo de los gobiernos que han dirigido el país en los últimos años.

“En este país la educación ha sido una víctima del sistema político y estos rasgos han condenado a la educación a ser lo que es hoy”, dijo.

Otro reflejo de la falta de dirección estatal en materia educativa, según la maestra, es que la inversión en la escuela no se ha traducido en el mejoramiento de la calidad educativa.

• “Si no hemos logrado avanzar todo lo necesario con la inversión que conquistó el pueblo dominicano en la lucha por el 4 %, se debe precisamente a que quienes dirigen las políticas públicas no tienen esa mirada”, manifestó.

La candidata reiteró la necesidad de una reforma integral que responda a las deficiencias actuales del sector y que priorice el contenido que se imparte en las aulas.

Entre los puntos que debe contemplar una reforma educativa se mencionó el fortalecimiento de la formación docente, la inclusión de la filosofía, artes y educación sexual en el currículo educativo e incrementar la partida que se destina para investigación.

Desigualdad política

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En la perspectiva de esta progresista, el sistema electoral dominicano presenta una serie de desigualdades que limitan la participación equitativa de los actores. La cantidad de recursos que se requieren para hacer campañas y desarrollar un proyecto político son de las grandes barreras que impiden que la competencia se dé en el mismo terreno.

“El sistema electoral nuestro es muy inequitativo y ha tendido a ser muy cara o muy costosa la participación en la actividad política; eso es un problema porque de entrada lo hace muy desigual”, dijo.

A su juicio, las leyes electorales deben ser más garantistas para asegurar la equidad en la participación en los procesos y que se consolide una cultura política menos clientelar. Asimismo, añade que se deben fortalecer las competencias de la Junta Central Electoral (JCE) en materia de persecución de los crímenes electorales y de la corrupción administrativa de los partidos.

Propuestas

La pedagoga plantea diversas reivindicaciones en aras de mejorar la calidad de vida de la gente y los distintos problemas sociales que experimenta la nación.

Los principales ejes de su programa de gobierno incluyen la educación, el costo de la canasta básica, la calidad sindical, la justicia electoral, la seguridad social y el fortalecimiento institucional, entre otras.

Una de las iniciativas que promovería su gobierno sería la creación de reformas democráticas que deriven en una separación de los poderes públicos más eficiente y que le otorguen más poder a la ciudadanía a partir del establecimiento de mecanismos que permitan mejor control social y de la cosa pública.

 Otro punto de interés para el proyecto político que encabeza Cabrera es redefinir la política salarial atendiendo a los altos niveles de productividad y el costo de la canasta básica familiar. La idea sería crear un marco regulatorio con más beneficios para los y las trabajadores.

“Tenemos una política salarial con un carácter restrictivo adrede, porque los bajos salarios se colocan como incentivo para la inversión extranjera”, agregó.

Los esfuerzos para modernizar el Código de Trabajo continúan avanzando, de acuerdo al ministro, Luis Miguel De Camps, quien reveló a Diario Libre que en las próximas semanas podrían estar ofreciendo algunos detalles al respecto.

“Podemos hablar de más de un 90 % en este periodo de año. Hemos avanzado aún más de lo que habíamos avanzado hasta el 2023, con una serie de elementos pendientes”, indicó.

Y añadió: “Esperamos en algunas semanas poder, junto con los actores del tripartidismo, dar resultados detallados”.

Reiteró que no es posible dar una fecha de cuándo se depositaría el anteproyecto de ley que busca modernizar el código. “Tenemos plena confianza en la madurez demostrada por los actores del tripartidismo, tanto trabajadores, empleadores y Gobierno, con estos avances que se han ido produciendo, y no queremos que esto se salpique del proceso electoral”.

Señaló que están confiados en que las iniciativas de mejoras transformacionales que el Gobierno ha iniciado van a llegar a una conclusión.

Norma laboral

El Código de Trabajo de la República Dominicana tiene 32 años; data de 1992. En varias ocasiones se han iniciado los debates para su modernización. El último año en que se reactivó fue el 2022. Desde esa fecha los empresarios, sindicatos y gobierno, que forman el diálogo tripartito, buscan un consenso para modificar la norma laboral.

Hay puntos como la cesantía que han paralizado de manera agria los debates. Pero, de acuerdo al titular del Ministerio de Trabajo, este beneficio no será tocado. “En esta etapa ninguno de los actores plantea la eliminación (de la cesantía)”, aseguró.

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Jornada reducida

De Camps también se refirió a la implementación del plan piloto voluntario de la semana laboral reducida que se lleva a cabo en varias empresas del país desde el 1 de febrero de este año.

“No solamente el piloto es voluntario, sino que, en caso hipotético que los resultados del mismo arrojen una viabilidad…, como quiera, deberá seguir siendo voluntario. Es decir, este elemento no lo planteamos como un elemento de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque entendemos que, para que sea conveniente, debe beneficiar al trabajador y debe beneficiar también a la empresa”, señaló De Camps. El 15 de enero de 2024, el Ministerio de Trabajo lanzó un plan piloto, el cual propone la reducción de la jornada laboral de 44 a 36 horas por semana.

El presidente Luis Abinader depositó en el Senado un nuevo proyecto que busca modificar la actual ley de aviación civil para modernizarla e incluirle decenas de nuevas consecuencias para quienes cometan faltas en el ejercicio de la operación aérea.

La pieza legislativa incluye una regulación para los drones y sus manejadores, que, a partir de la promulgación de la ley, deberán contar con una licencia o certificado para utilizar estos dispositivos. Hasta la fecha, la regulación de los drones estaba dispuesta en normas del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), pero sin ninguna ley que regulara el tema.

El proyecto, que busca modificar la Ley 491-06 sobre Aviación Civil, establece que los operadores de drones deberán pagar desde RD$25,000 hasta RD$500,000 si cometen infracciones leves como no reportar por escrito una emergencia en pleno vuelo o no asegurarse de que haya energía suficiente para que el dron se mantenga en vuelo.

Mientras que, en otros tipos de infracciones, los operadores de drones podrían pagar una multa de hasta un millón de pesos si el dron obstruye o desvía el objetivo de cualquier inspección o investigación. También deberá pagar la millonaria multa si no cumple con cualquier requisito de mantenimiento de aeronavegabilidad declarado como obligatorio por el fabricante del equipo.

Asimismo, serán consideradas como infracciones la manipulación del dron con mando a distancia de dos personas a la vez; iniciar un vuelo sin designar previamente a un piloto; no asegurarse de que el dron no represente algún peligro para otras personas o aeronaves cercanas; operar un dron desde un vehículo en movimiento o manejarlo durante la noche sin previo permiso del IDAC.

Otras infracciones que podrían acarrear multas millonarias y hasta la cancelación del permiso para volar, según el proyecto de ley, son operar una nave con una visión que no sea ayudada por otro dispositivo, manejar un dron sobre una persona, conducirlo a más de 100 millas por hora y no ceder el paso a otras aeronaves.

Otro artículo de la pieza incluye multas por hasta tres millones de pesos si se cometen al menos 23 irregularidades contenidas en el proyecto y que incluyen manejar un dron en una zona prohibida, presentar un registro falso o fraudulento para demostrar el cumplimiento de los requisitos, falsificación de la tarjeta del dron, no poseer una licencia o certificado que habilite al operador como piloto y controlar el dron sin la supervisión directa de un piloto de mando a distancia.

Más reglamentaciones

El nuevo régimen de multas y consecuencias no solo se limita a los drones y sus manejadores, sino que abarca otras áreas como los operadores aéreos, el personal de la Dirección de Navegación Aérea, la meteorología aeronáutica, operadores de aeródromos y los programas de entrenamiento o los instructores de vuelo.

Nueva ley

De acuerdo con las motivaciones que sustentan el proyecto, la República Dominicana tiene la necesidad de mantener actualizada la Ley de Aviación Civil a la par con las normas internacionales y con los métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

“Hay aspectos de la ley 491-06 que, dado el tiempo transcurrido de su vigencia, ameritan su adecuación por los cambios acontecidos en el régimen legal para que así se puedan realizar bien las funciones de aviación atendiendo a criterios de racionalidad, coherencia, planificación y debido proceso”, sostiene el proyecto.

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En nuestro sistema electoral regido por las normas de la democracia occidental, los debates presidenciales deberían ser una costumbre de un intercambio público de ideas y propuestas en un marco de respeto y civilidad entre los participantes.

Son espacio donde los candidatos tienen la oportunidad de exponer sus ideas, defender sus posiciones y confrontar de manera directa sus visiones y planes de acción ante un público amplio y diverso.

Ahora, el 24 de este mes de abril, después de más de sesenta años de vida democrática, esta se vestirá de gala con el primer debate electoral o presidencial que registra la actividad política en nuestro país. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán.

Debatir y confrontar ideas es una práctica democrática desde los tiempos de la Grecia clásica. En Europa funciona en casi todos los países donde predomina el sistema democrático.

El primer debate presidencial de que se tenga registro en Latinoamérica ocurrió en Brasil en 1960, teniendo como figura principal a Janio Quadros, quien ganó las elecciones. Duró menos de un año. Cuatro más tarde, Brasil cayó bajo un régimen militar de diez años. Los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia cayeron en la militarización, y obviamente, no se podía debatir ninguna idea ni propuesta política sin arriesgarse a perder la libertad.

En la década de los noventa, Latinoamérica retomó el camino de la democracia y entonces surgieron de nuevo los debates. Se inició esa nueva era con Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori.

Tanto en Paraguay como en México, la ley electoral exige a los candidatos debatir sus propuestas ante la nación. A pesar de esa exigencia, candidatos como Lula da Silva en Brasil, 1989, y López Obrador en México en el 2006, se negaron a participar.

En Argentina, los debates volvieron establecerse en el 2015. En las recientes elecciones ganadas por Milei, los debates electorales jugaron un papel crucial para que los electores se decidieran mayoritariamente por el actual presidente.

Aquí se han hecho esfuerzos, pero en vano. Se logró con otras instancias, candidatos a alcaldes, en 1910 y congresistas en días recientes.

Uno de los pretextos más socorridos para que los candidatos presidenciales no asistan a debates, proviene de los asesores del puntero en las encuestas. Argumentan que el que está arriba no debate porque nada tiene que ganar.

El presidente Abinader al parecer no escuchó o no le aconsejaron dejar de asistir y fue el primero en confirmar a pesar de que todas las encuestas le dan amplia ventaja.

En Santiago, en el recinto de la Universidad Católica Madre y Maestra y en coordinación con el sector empresarial, estrenaron el pasado viernes 12 de este mes la modalidad de escuchar por media hora las propuestas programáticas de los candidatos mayoritarios, Abel Martínez, Leonel Fernández y Luis Abinader. Al final, tres estudiantes universitarios hicieron preguntas a cada expositor. No hubo debate. Solo exposición.

Hay que resaltar que los debates contribuyen a enriquecer el dialogo político, fortalecen la transparencia y fomentan la participación ciudadana en los temas de interés público. Los votantes pueden evaluar la claridad de las ideas expuestas y la capacidad de los exponentes para responder preguntas difíciles de manera constructiva y respetuosa.

¿Quién ganará el debate del 24 de abril? La respuesta corresponde a cada uno de los electores inscritos en el padrón electoral.

Con la entrega el pasado viernes de la remozada y ampliada Emergencia del Hospital Municipal Bohechío, en San Juan; del renovado Centro de Primer Nivel Villa Liberación y de un mamógrafo que, por primera vez en 19 años, funcionará en el Hospital Traumatológico Taiwán 19 de Marzo, en Azua, el Servicio Nacional de Salud (SNS) amplía la lista de unos 50 centros sanitarios y 580 Unidades de Atención Primaria que han sido transformados durante esta  gestión,  según afirma  el director ejecutivo del SNS, Mario Lama.

El funcionario aseguró que trabajan enfocados en “que la salud no sea un privilegio, que todo aquel que va a un hospital encuentre servicio de calidad y digno y que el gasto de bolsillo se reduzca”.

“Se ha invertido casi dos mil millones de pesos en ciento cincuenta hospitales más, fortaleciendo todas las redes de servicio”, comentó.

Esta transformación del sector Salud incluye la creación de una nueva red de imágenes, la entrega de siete Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal nuevas, la remodelación de otras cinco, así como la modernización de hospitales tan reconocidos como el Marcelino Vélez, Hospital de la Mujer y el José Manuel Rodríguez (antiguo Santo Socorro).

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A futuro, se trabaja en la entrega de diez nuevas unidades de hemodiálisis y de pie diabético, ocho unidades oncológicas en distintos puntos del país, nuevos hospitales traumatológicos en Azua, Sosúa e Higüey, además, el primer hospital materno infantil de Barahona y la nueva unidad de quemados en el Robert Reid Cabral, con miras a entregarse para el primer semestre de 2025.

Lama indicó que el pasado año 2023 fue el de mayor producción de toda la historia del SNS desde su creación en 2015, contabilizándose más de 320 mil cirugías; 3.4 millones de estudios de imágenes y 28 millones de pruebas de laboratorio.

“Esto significa que hay más servicios en los hospitales. Ahora, esto no significa que nuestros hospitales son una maravilla, hay cantidad de problemas todavía. Tenemos muchos hospitales en situaciones de deterioro que están en proceso de intervención. En cada rincón del país se está haciendo intervención de mejora en el sector salud”, reconoció.

El galeno admitió que “la mayoría de los problemas son el deterioro de la estructura física, edificios que son viejos, problemas en el sistema eléctrico, problemas de sistema de drenaje de las tuberías, de los plafones y equipos viejos que necesitan ser reemplazados”.

Del mismo modo, evidenció que hay un déficit de Unidades de Intervención en crisis para tratar los problemas de salud mental y de Unidades para pacientes quemados, tanto en el caso de adultos, como en pacientes pediátricos.

El fin de estas intervenciones es lograr que la población reciba atenciones en la misma localidad donde reside, sin necesidad de desplazarse a grandes urbes.

Atención Primaria

Otro de los desafíos enumerados por el doctor Lama es el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria.

“Aunque tenemos que seguir avanzando fuertemente porque la Atención Primaria todavía no se ha articulado con todas las condiciones que se necesitan, ya en Atención Primaria estamos viendo 400 mil consultas al mes, unas 40 mil visitas domiciliarias y unos 15 mil procedimientos odontológicos”, afirmó.

Asimismo, dijo que todo el proceso de transformación va acompañado de capacitaciones para que el personal médico se entrene en el uso de las renovaciones y nuevos equipos.

“Nosotros hemos tratado de que todo lo que llegue tenga por lo menos dos años de garantía, para poder darle la continuidad. Los equipos médicos en los hospitales se prestan a deterioro, sobre todo por el uso frecuente o incorrecto”, agregó.

Faltan especialistas

Lama admitió que luego de inaugurar un hospital, especialmente en las provincias lejanas, al SNS se le dificulta encontrar al cuerpo médico que brindará servicio las 24 horas.

“Se han adicionado más de 2,200 enfermeras en esta gestión del presidente Abinader a los hospitales, se han adicionado más de 600 médicos, más de 400 bioanalistas y más de 600 odontólogos, sin embargo, en muchos hospitales que hemos hecho importantes planes de mejora, todavía tenemos limitaciones de los especialistas, no de los médicos generales ni de los ni de las enfermeras porque hay bastantes disponibles en el mercado”, comentó.

Algunas de las especialidades más escasas son anestesiólogos, ortopedas, intensivistas, perinatólogos, cirujanos, otorrinolaringólogos y psiquiatras.

“Se están tratando de buscar adicionar incentivos porque hay incentivos por distancia, pero todavía no son lo suficientemente atractivos para que muchos especialistas se queden en esas comunidades”, afirmó el ginecobstetra.

“Hay que hacer un reenfoque también en las residencias médicas que son las formadoras de especialistas. Hay especialidades que ya tenemos suficiente en un área, sin embargo, tenemos otro tipo de especialistas que hay que dar apertura a nuevas plazas en las residencias médicas para poder captarlos, por ejemplo, no tenemos 300 psiquiatras en el país”, destacó.

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este domingo que, en menos de cuatro años, aumentó de RD$66,498 millones a RD$93,449 millones los recursos que dedica al pago de sueldos fijos del personal que imparte enseñanza en los centros educativos del sector público.

Mediante un comunicado, el Minerd indicó que este monto comprende el incremento sostenido de los salarios, la inclusión de nuevo personal, el pago de los incentivos salariales que se derivan de la evaluación del desempeño y la igualación de los sueldos de primaria al nivel de los docentes de secundaria.

La suma de los RD$93 mil millones no incluye, sin embargo, el gasto que el Minerd realiza en el renglón de pensiones y jubilaciones, que el año pasado, fue de RD$28,271 millones, lo que representó un 11.19 % del presupuesto ejecutado del año 2023.

«Eso significa que de los RD$252,700 millones presupuestados en el año 2023, más de RD$121,720 millones se gastaron en remuneraciones y contribuciones al personal docente», manifestó.

Los datos están contenidos en un análisis que el Minerd, a través de su Viceministerio de Planificación, presentó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en el marco del diálogo que llevan a cabo para consensuar un incremento salarial a los docentes del sistema educativo preuniversitario este año 2024, en cumplimiento del Acuerdo por la Defensa y el Derecho a la Educación.

Tanto el porcentaje como la aplicación del aumento salarial deben ser discutidos en el presente mes de abril, conforme lo indica el pacto suscrito por ambas entidades el 24 de julio de 2023.

• Además de plantear un incremento de salario para los maestros, el acuerdo establece que el gremio magisterial debe garantizar de manera efectiva el cumplimiento del calendario y el horario escolar en todos los centros educativos públicos del país.

• El Minerd agregó que de los recursos que destinó a gastos en personal el año pasado, el 83 % correspondió a los maestros. Ese porcentaje, en el año 2018, solo representaba 72% de la nómina.

Dijo que el sueldo de los maestros ocupa un lugar privilegiado en la escala salarial más alta de los trabajadores dominicanos.

¿Cuánto gana un maestro?

«De hecho, los docentes tienen, en promedio, sueldos más altos que los demás profesionales e intelectuales que trabajan para el Estado y que tienen categoría de científicos y profesionales, de acuerdo con la clasificación nacional de ocupaciones», manifestó.

Mientras el empleado profesional que recibe mayor salario del Estado gana RD$58,880, los docentes del nivel primario perciben un sueldo de RD$63,399 y los del nivel secundario RD$63,092.