Categoría: actualidades

La sede del Senado de la República se trasladó este martes hacia la localidad de El Seibo para la celebración de una sesión ordinaria en honor a la conmemoración del 523 aniversario de la fundación de esta localidad.

Durante la sesión que se realizó en el ayuntamiento municipal de El Seibo fue aprobada la resolución 02603, que rinde homenaje a Juan Sánchez Ramírez, por su entrega en favor de la preservación de los elementos culturales de la dominicanidad. De igual modo, a Manuela Diez Jiménez, por sus valores y amor patrio junto a sus hijos, principalmente Juan Pablo Duarte, padre de la Patria.

Asimismo, fue sometida la iniciativa 02153, que solita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, para la instalación de una unidad de hemodiálisis en el hospital provincial Teófilo Hernández de El Seibo.

Estas iniciativas que fueron propuestas por el senador de El Seibo, Santiago José Zorrilla.

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Los legisladores aprobaron en única lectura la resolución que solicita al presidente Luis Abinader  instruir a las autoridades del SNS para llevar acabo la reconstrucción del hospital del municipio de El Valle, provincia Hato Mayor.

También, aprobaron la resolución que solicita al presidente Abinader que instruya al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Omar Méndez Lluberes, para la instalación de una extensión en la provincia Espaillat.

Durante la jornada, el pleno realizó varios reconocimientos a destacas personalidades de la provincia de El Seibo.

Con quema de neumáticos protestaron esta tarde ciudadanos haitianos exigiendo la salida de los soldados dominicanos de las proximidades del muro fronterizo por la comunidad de La Vigía, en Dajabón, en territorio dominicano.

Los ciudadanos del país vecino alegan que los predios contiguos al muro fronterizo dominicano son propiedad de su nación.

Momentos de tensión se vivieron entre los manifestantes haitianos y los militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) que resguardan la franja norte de la frontera con Haití.

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Los soldados que custodian el lado dominicano permanecieron con fusiles en manos y en posición de combate mientras duró la manifestación.

En varios videos que circulan se observa a los militares mantener la postura mientras eran provocados por un grupo de extranjeros.

Además de la presencia terrestre de los miembros del organismo castrense, en el área sobrevolaron varios helicópteros de la Fuerza Aérea.

Al lugar también se presentaron miembros de la Policía de Haití, quienes observaron la situación y a dispersaron a los ciudadanos de su país. 

Nueva zona en conflicto

El área que reclaman los haitianos es uno de los dos caminos de doble vía que construye el gobierno dominicano en Dajabón. Por su centro se levanta la verja que protegerá el lado dominicano.

La acción de los haitianos ocurre a pesar de que el Gobierno dominicano ha dejado claro reiteradamente que no renuncia a ningún territorio y que la verja no delimita la frontera, que sí lo hacen las pirámides negociadas a esos fines por ambos países hace décadas, por lo que el camino de patrullaje dominicano está en territorio nacional y no es de Haití.

La jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió este martes la medida de coerción a José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, de prisión preventiva a presentación periódica, una fianza de 4.5 millones de pesos e impedimento de salida del país.

Peralta logró salir de Najayo Hombres en el cuarto intento de revisión de medida obligatoria y luego de siete meses de reclusión preventiva por el caso Calamar.

El exfuncionario era el único que quedaba en la cárcel de los imputados en la Operación Calamar, ya que el exministro de Hacienda Donald Guerrero logró la semana pasada que se le cambiara la medida de coerción por fianza y prisión domiciliaria.

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Otros 17 acusados también están fuera de la cárcel con diferentes medidas de coerción. 

Los 4.5 millones de pesos deberá pagarlos a través de una compañía aseguradora.

Peralta, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro Administrativo de la Presidencia, guadaba 18 meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombre como medida de coerción por su presunta vinculación a este caso de supuesta corrupción administrativa. 

Abogados de Peralta

«Esta medida es la correcta a la luz de las circunstancias. Hace mucho tiempo que José Ramón Peralta debió estar en libertad, pues es una persona que no representa peligro de fuga», expresó Santiago Rodríguez, uno de los representantes legales del exfuncionario.

Además, dijo que las evidencias existentes no sirven ni para promover un proceso penal.

Rodríguez consideró que, esta decisión, aunque necesaria, es insuficiente.

«A donde debió llegar este proceso es a su cierre definitivo, por causa de ausencia de méritos y por causa de ausencia de evidencias», puntualizó el jurista.

Ministerio Público 

Arolin Lemos, fiscal litigante del Ministerio Público defendió que en la imposición de impedimento de salida y presentación periódica, como medidas de coerción, la jueza valoró la peligrosidad y la obstaculización de la prueba.

Manifestó que, aunque menos gravosa, las medidas de coerción se mantienen.

«El Ministerio Público va a mantener sus preceptos de imputación respecto a José Ramón Peralta y los demás implicados en Operación Calamar. El Ministerio Público está haciendo el trabajo que debe, y ya es parte del Poder Judicial hacer el trabajo que le corresponde», indicó Lemos.

Lo que argumentó la jueza

La jueza Florimón tomó la decisión al considerar que el imputado aportó los presupuestos de arraigo que garantizan su presencia durante el proceso, hasta tanto se conozca un juicio donde se dirima su culpabilidad o no. 

En una información compartida por el Poder Judicial, la jueza puntualizó que la variación de la medida de coerción no representa en modo alguno que el imputado ha sido absuelto o liberado del proceso, que se detendrá la investigación o que el caso culmina. 

“Todo lo contrario, el Estado acusador, en virtud de la separación de funciones, más que nunca tiene el deber de demostrar a la sociedad en las etapas correspondientes, que su teoría está blindada y que el tiempo establecido para la investigación ha sido más que acorde a la aplicación de las normas del debido proceso y que las garantías constitucionales, mientras que al Poder Judicial del corresponde ser un ente imparcial, como lo es”, sostuvo.

En sus motivaciones la jueza resaltó: “Al referimos al caso que nos ocupa entendemos que observar la norma de los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal así como a resolución N0. 1731 emanada de la Suprema Corte de Justicia el ciudadano puede ser beneficiado por otra de las medidas de las ya establecidas por el articulo 226 (CPP)”. 

La sede del Senado de la República se trasladó este martes hacia la localidad de El Seibo para la celebración de una sesión ordinaria en honor a la conmemoración del 523 aniversario de la fundación de esta localidad.

Durante la sesión que se realizó en el ayuntamiento municipal de El Seibo fue aprobada la resolución 02603, que rinde homenaje a Juan Sánchez Ramírez, por su entrega en favor de la preservación de los elementos culturales de la dominicanidad. De igual modo, a Manuela Diez Jiménez, por sus valores y amor patrio junto a sus hijos, principalmente Juan Pablo Duarte, padre de la Patria.

Asimismo, fue sometida la iniciativa 02153, que solita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, para la instalación de una unidad de hemodiálisis en el hospital provincial Teófilo Hernández de El Seibo.

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Los legisladores aprobaron en única lectura la resolución que solicita al presidente Luis Abinader  instruir a las autoridades del SNS para llevar acabo la reconstrucción del hospital del municipio de El Valle, provincia Hato Mayor.

También, aprobaron la resolución que solicita al presidente Abinader que instruya al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Omar Méndez Lluberes, para la instalación de una extensión en la provincia Espaillat.

Durante la jornada, el pleno realizó varios reconocimientos a destacas personalidades de la provincia de El Seibo.

El presidente Luis Abinader destituyó a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipymes), además de colocar en una suspensión provisional a la directora general del Acuario Nacional, Wanda García. 

Con el decreto 555-23 dado a conocer por la Presidencia la tarde de este martes 7 de noviembre, el mandatario derogó el decreto con el que había nombrado a Peralta en el puesto el 31 de agosto de 2020.

Este funcionario ha sido el centro de una controversia luego de denuncias de irregularidades en un programa de investigación periodística y por supuestamente obligar a los empleados de la institución que dirigía a comprar los boletos de una rifa para su movimiento político denominado Crece RD. 

El programa «Luz y Sombra» de Priena Almonte encontró un incremento de la nómina de la entidad que pasó de costar 33 millones de pesos a unos 45 millones de pesos. La directora de Recursos Humanos realizó un incremento de la escala salarial, para lo cual contrató una empresa de ese sector.

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En la nómina de Promipymes también se encontraron varias personas ligadas al movimiento Crece RD.

Irregularidades en el Acuario

Una investigación de la periodista Nuria Piera reveló que la directora del Acuario, Wanda García, cometió nepotismo al nombrar a su yerno, Vladimir Stalin Lugo Reyes, como asesor en tecnología de la institución, quien luego dejó el cargo.

Un mes después de su desvinculación, el Acuario realizó una licitación para contratar asesoría y soporte técnico, proceso que gana la empresa Mallol It Consulting, registrada por Carlos Andrés Gómez Mallol. 

La investigación de Piera agrega que Lugo Reyes se desempeñaba como gerente de infraestructura de la Mallol It Consulting, la cual había sido la única oferente. El contrato fue adjudicado por valor de RD$1,033,680. 

Él mismo había sido beneficiado con tickets de combustibles, incluso después que no trabajaba en el Acuario, que en seis meses sumaron 499,100 pesos. Pero la entidad lo excluyó de los reportes que entregó a la Fundación Justicia y Transparencia, marcando una diferencia con los documentos que consiguió el programa en la Contraloría General de la República. 

Dos conserjes que reportaron no tener vehículos supuestamente recibieron tickets de combustibles de 160,500 y 113,500 pesos, respectivamente. 

Otra licitación para la recuperación de datos institucionales la ganó la empresa Aydee Catering y Eventos, SRL, que, como lo indica su nombre, se dedica a suplir alimentos a actividades. Su titular es Jhon Delfin Ortiz Cáceres, quien también es empleado del Instituto Técnico Superior Comunitario, con un salario de 25,800 pesos. 

Otro proceso de compras lo ganó la empresa Altamarfresh, SRL para la adquisición de 742 especímenes vivos, entre ellos seis tiburones, por 997,500 pesos. Altamarfresh resultó ser un food truck propiedad de Antonia Altagracia Jaime, conocida como Wendy, quien sería amiga de Lugo Reyes.

Ella desmintió que hubiera participado en esa licitación. En cambio, habría vendido alimentos para peces al Acuario por cerca de 500 mil pesos. 

La supuesta empresa no realizó el trabajo y medio año después un buzo recibió la encomienda del mismo esposo de la hija de la directora de capturar esos peces. 

Suplidora LH ganó una licitación para el brillado de pisos por 165,000, pero el trabajo fue hecho por un particular por un monto inferior. 

Suplidora LH tiene 103 actividades de servicio que van desde animales vivos hasta construcción de edificios. La misma ha sido suplidora de juegos infantiles, que no se han colocado, y asesoría financiera. Su dirección lleva a un local abandonado y cerrado. 

El reportaje de Nuria también descubrió indicios de compras de productos a compañías por el doble de su valor de mercado. 

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