La acusación a un empresario estadounidense imputado de soborno para obtener el contrato de la instalación del sistema seguridad de varias cárceles durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, será conocida en audiencias separadas de los demás involucrados en el caso de corrupción.
Así lo decidió el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, quien acogió la petición de la defensa de Sean Hudson Dwiggins, gerente de la empresa Smart Logistics Internacional, S.R.L, quien presentó certificado médico sobre la salud del acusado que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica con “grado de celeridad”.
El magistrado también separó hoy el caso de la señalada Rosanna Vianela Pimentel, quien igualmente presentó constancia médica sobre su condición.
A Hudson Dwiggins se le atribuye haber pagado US$650 mil dólares para ser favorecido en la licitación irregular para contratar los sistemas de seguridad de los recintos penitenciarios La Nueva Victoria, San Juan de la Maguana y San Luis.
A Rossanna Vianela Pimentel de Martínez se le sindica representar como testaferra de la Comercial Viaros, SRL, propiedad de su hijo y también acusado César Nicolás Rizik Pimentel y cuya empresa se contrató para suplir alimentos a los centros penitenciarios, los que “nunca fueron entregados”.
Dos de esos contratos ascendían a “ciento sesenta y seis millones doce mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con sesenta y dos centavos (RD$166,012,536,62)”, según refiere la acusación de Operación Medusa.
En relación con Hudson Dwiggins el juez fijó para el 7 de diciembre del año en curso, a las 9:00 de la mañana, para continuar con el juicio en contra de este encartado.
Mientras que para la señora Vianela Pimentel el juzgado ordenó que sea el 29 de noviembre a las 9:00 am cuando se prosiga su audiencia.
Suman cuatro los separados por motivo de salud
Con la separación de la acusación de Hudson Dwiggins y Pimentel de Martínez suman cuatro los imputados en la alegada red de estafa al Estado que encabeza el exprocurador Jean Alain Rodríguez, que se han apartado del proceso que se le sigue a los demás señalados.
Los otros dos son Felipe Armando Fernández e Hilda Cristina Jackson Mallol.
Armando Fernández es gerente de Abastesa SAS y a quien se le acusa también de asociación de malhechores y pago de sobornos, mientras que a Jackson Mallol es accionistas de la empresa Getrant del Caribe, S.R.L., beneficiada irregularmente con contratos para suplir almuerzo a los reclusos, servicio que llegaban defectuoso a los recintos penitenciarios.
El total de acusados en Operación Medusa sobrepasa los 60 imputados, entre empresas y personas físicas, a los cuales se les atribuye haber estafado el Estado con más de 6,000 millones de pesos a través de sobrevaloración de obras, sobornos, contrata de servicios que nunca fueron entregados, a pesar de ser pagados, o cuyos productos se sirvieron dañados.
