Gobierno levanta suspensión de vuelos a Haití

El Gobierno, a través de la Junta de Aviación Civil, dispuso ayer lunes el levantamiento de las operaciones aéreas de pasajeros y carga provenientes desde y hacia la República de Haití.

La resolución se emitió luego de una sesión extraordinaria celebrada también este lunes y tiene efecto inmediato. En LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader confirmó la medida.

La resolución de la JAC es la 234-2023, firmada por  su presidente José Ernesto Marte Piantini, consigna el punto único de la sesión extraordinaria: “Revisión de la medida dispuesta mediante la Resolución 191-2023 de fecha 14 de septiembre de 2023, emitida por la Junta de Aviación Civil, relativa a las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia la República de Haití”.

El documento indica que la JAC recibió instrucciones del presidente y del Consejo de Seguridad Nacional de la República Dominicana, tras la celebración de una reunión donde se decidió flexibilizar las medidas tomadas en septiembre pasado.

En otro paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, en el marco de la crisis provocada por la construcción de un canal en el Río Masacre, la JAC dispuso el envío de la comunicación a todas las instituciones que intervienen en el sistema aeroportuario dominicano, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, al Ministerio de Turismo, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración, el Instituto Dominicano de Aviación Civil y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la de la Aviación Civil.

También, al Departamento Aeroportuario, la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana  y a la Dirección de Inteligencia de Estado Mayor, así como a las demás instituciones encargadas de la ciberseguridad y Control de Comunicaciones, entre otros.

Comisión de la OEA

Sobre la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitará a Haití a fin de mediar en el impasse con el desvío del río Masacre, el mandatario expresó que, en caso de no hacerlo este lunes, en el transcurso de esta semana se hará la visita a Puerto Príncipe, Haití.

La misma delegación de la OEA estuvo el 17 de octubre en Santo Domingo, donde se reunió con el canciller Roberto Álvarez y otros funcionarios, quienes les explicaron la posición de República Dominicana respecto al canal en el río Masacre.

Luego se informó que Haití no recibió a la comisión porque primero visitó a la República Dominicana, y porque no estaban autorizados a aterrizar en vuelos provenientes desde Santo Domingo. En ese sentido, la representación regresó a Washington. Luego de la visita pautada a Haití emitirá un informe, a fin de buscar una salida amigable al dilema entre ambos países.

Sobre el pedido de Haití para abrir su lado de la frontera para el comercio binacional, el jefe de Estado reiteró que las autoridades no retirarán el registro de datos biométricos a esos ciudadanos.

Lamentó que sectores políticos soliciten al Gobierno el retiro del registro biométrico a los haitianos, ya que es “parte de la seguridad nacional y ciudadana”. “La política no puede llegar a ese nivel”, dijo el presidente en el Palacio Nacional.

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Suspenden la instalación de semáforos inteligentes

El anunciado cambio de semáforos tradicionales por inteligentes que realiza el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) fue suspendido ayer por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La institución tomó la decisión tras conocer las denuncias llevadas a esa instancia sobre la empresa Transcore Latam, SRL. Contrataciones Públicas emitió la Resolución RIC-156-2023 en la que emite la suspensión como medida cautelar luego de constatar tres irregularidades de las tantas que presentaron un grupo de empresas en contra de la adjudicación y posterior contrato del Intrant con la razón social.

La DGCP consignó que Transcore Latam alegó tener 19 años de experiencia, sin embargo, esa empresa se constituyó en el 2022, según el Registro Mercantil.

Además dijo que presentó documentos en inglés sin las debidas traducciones durante el concurso y que, en cuanto a las certificaciones presentadas en su oferta técnica, concretamente las expedidas por Transcore LP y Sictranscore, no es posible determinar de la simple lectura que se refieran a Transcore Latam, S.R.L.

Contrato

El pasado 19 de junio Intrant firmó un contrato para “la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo” con la empresa Transcore Latam por un monto de 1,317,350,997.00 pesos, cuya vigencia es de cinco años.

Esta empresa participó en el proceso de licitación nacional, que abarcó el periodo desde su lanzamiento, el 11 de abril hasta la firma junio de 2023, junto a empresas ESC Group, S.R.L., Sistemas Integrados de Control, S.A. (Sictranscore) y el señor Ricardo Echandi Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, las cuales interpusieron un recurso jerárquico y tres denuncias por irregularidades en su adjudicación.

Irregularidades denunciadas

Las compañías mencionadas denunciaron que Trasncore Latam fue constituida solo siete meses antes del proceso de licitación “logrando posicionarse por encima de empresas con más de 30 años de experiencia en el mundo, como es el caso, por ejemplo, de Kapsch Trafficcom.”

Además, alegan que sometió documentos de otras empresas y que la garantía de fiel cumplimiento no cumplía con los pliegos de condiciones y dejó de aportar documentaciones no subsanables.

A su vez, indicaron que “el Intrant evadió responder más del 78 % de las preguntas que fueron formuladas y cuya respuesta resultaba oportuna y vital para que otros oferentes estructurarán sus ofertas; en total se hicieron 168 preguntas y la institución no respondió o respondió con evasivas así como las que por otro lado ocultó, lo cual demuestra una actitud escurridiza y maliciosa que sería motivo suficiente para anular el procedimiento”.

Intrant puede recurrir decisión

Contrataciones Públicas justificó la media cautelar adoptatada hasta tando se determine si las irregularidades señaladas tienen mérito o no.

Sin embargo, su reciente decisión administrativa no es definitiva.

El Intrant tiene vías legales para solicitar la variación de la medida cautelar ante el órgano rector o mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, dentro de un plazo de 30 días.

La red contempla la instalación de 1,200 cámaras de tráfico, dos mil semáforos y 400 sensores en 335 intersecciones del DistritoNacional y la provincia Santo Domingo.

Intrant pide decisión definitiva

Tras conocer la suspensión del contrato, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre dijo que acepta la decisión tomada por Contrataciones Públicas, sin embargo, dado el carácter administrativo y provisional de la resolución, solicitó que se tome la decisión definitiva a la brevedad posible. “Esperamos que el órgano rector pueda tomar una decisión definitiva en la mayor brevedad en aras de continuar con un proyecto tan necesario para la mejora y beneficio del tránsito y la movilidad de nuestra ciudad”, reza un comunicado del Intrant difundido en las redes sociales. Semanas atrás, el Intrant compartió videos donde confirma que Transcore Latam comenzó el proceso de instalación de los semáforos.

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TC determina inconstitucional actual licencia de paternidad

El Tribunal Constitucional (TC) declaró no conforme a la Carta Magna los dos días de licencia paterna que establece el artículo 54 de la Ley 11-92 del Código de Trabajo “por vulnerar el derecho a la igualdad” entre géneros y “el principio de razonabilidad”.

El dispositivo de la sentencia del TC establece que la parte final del artículo 54 del Código de Trabajo viola también los derechos de familia y el principio de interés superior del niño, establecidos en los artículos 39, 40, 15, 55 y 56 de la Constitución.

La alta corte exhorta al Congreso Nacional a revisar en un plazo “no mayor de dos años” la legislación “en lo concerniente al período de licencia de paternidad reconocido a todo trabajador, estableciendo un nuevo plazo de duración que resulte más acorde a los principios de igualdad y razonabilidad, plazo que deberá ser ajustado progresivamente, según las circunstancias socioeconómicas” hasta que alcance el permiso que se le otorga a la madre a fin de “que garantice real y efectivamente el ejercicio de una paternidad responsable en condiciones de igualdad de género”.

La decisión acoge un recurso interpuesto por la fundación sin fines de lucro Espacio de Reflexión para el Empoderamiento Social en la República Dominicana (ERES-RD) y por su director Ejecutivo Alberto Fiallo-Billini Scanlon y también por el abogado Reny de Jesús Mazara.

«Congreso deberá establecer ‘un nuevo plazo de duración (de la paternidad’ que resulte más acorde a los principios de igualdad» Tribunal Constitucional

Billini Scalón explicó que la acción que interpusieron obedeció, primero, a la violación al principio de igualdad, en el sentido de que a la mujer el Código Laboral le otorga 12 semanas por un tema de lactancia, del desarrollo psicosocial del niño, lo que es importante, “pero también por el interés superior del niño” en el que se debe garantizar, igualmente, que el padre esté presente y que se integre a la labor de la crianza del niño o niña.

La acción de inconstitucionalidad que sometieron alega que países de la región “superan por mucho” el período de licencia que se otorga al trabajador y padre dominicano, por ejemplo, cita a Venezuela, “que otorga 14 días de licencia de paternidad pagada; Colombia, 8 días; Ecuador, 10 días; Bahamas, una semana”. Cuando se hace la comparación con países desarrollados es mucho mayor la diferencia.

“En virtud de la evolución normativa internacional en materia de licencias de paternidad, y los estudios que demuestran el impacto de estas en el desarrollo del niño o niña, de la mano con el involucramiento de los padres en los quehaceres domésticos, eliminando la concepción de la mujer cuidadora y el padre trabajador que se ha tenido por mucho tiempo” fue lo que motivó la acción directa en inconstitucionalidad, dice el documento sometido al tribunal extrapoder.

En el 2017 se amplió a 14 semanas la materna

Las doce semanas que establece el Código de Trabajo se amplió a 14 en el 2017, con la entrada en vigencia del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Protección a la Maternidad”, el cual precisa que la trabajadora disfrutará un período de catorce (14) semanas de descanso pre y post-natal remunerado.

“Discriminación y estereotipos”

Los abogados Alberto Fiallo-Billini Scalon y Reny de Jesús Moya afirman que el tiempo pagado que se le otorga a las madres ha sido concebido con el objetivo de permitir a la mujer cuidar de sí y del menor de edad durante el período de vulnerabilidad en que se encuentran como consecuencia del parto, “mientras que el del padre ha sido limitado a un simple acompañamiento de dos días, dejándolo sin responsabilidad de cuidado del menor o asistencia directa a la madre en los días posteriores”.

Afirman que “dicha disposición trae consigo la creación de estereotipos y discriminación, excluyendo al padre de las labores del hogar y cuidado del menor, e imposibilitándole aprovechar los primeros días con su hijo/a”.

En el recurso que fue acogido, sostienen que la situación “es todavía más grave” en cuanto a la “desprotección en la que queda el menor de edad, pues no recibe el apoyo y afecto de su padre, los cuales garantizan su desarrollo según ha sido comprobado, lo que se traduce en una afectación directa al interés superior del niño”, contemplado en el artículo 56 de la Constitución y el que se tomó en cuenta para declarar no conforme con la ley de leyes la última parte del artículo 54 del Código de Trabajo.

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Infografía

El diputado José Horacio Rodríguez.

Proyecto de ley está avanzado en Congreso

El diputado José Horacio Rodríguez sostuvo que el proyecto de ley que amplía la licencia por paternidad tiene “la mitad del camino recorrido” porque ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y está “en manos del Senado”. Explicó que la última vez que se conoció en ese hemiciclo se aprobaron diez días de licencia. “Yo espero ahora, con más razón, que el Tribunal (Constitucional) nos ha dado ese mandato al Congreso, que el Senado haga su parte y apruebe este proyecto de ley porque va a venir a fortalecer a la familia”, dijo el legislador. El proyecto es autoría de Rodríguez, del partido Opción Democrática, el mismo por el que aspira a senador por el Distrito Nacional Alberto Fiallo-Billini, uno de los dos abogados que interpuso la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 54 de la Ley 11-92.

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Messi- “Gane mucho porque estuve en el mejor club de la historia»

El argentino Lionel Messi no quiso pronunciarse sobre si es el mejor jugador de la historia y achacó sus ocho Balones de Oro a que jugó “en el mejor club de la historia”, en referencia al Barcelona y los dos últimos a los éxitos con la selección. “No sé si soy el mejor de la […]

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Luis Abinader: ¿Qué dominicanos le pidan al gobierno que se quite el registro biométrico?

Por Franchesca Ureña Presidente de la República Dominicana Luis Abinade, expresó este lunes que es una pena algunos de sectores políticos estén utilizando y que hasta desfilaron hoy tras los conflictos en el mercado binacional con el registro biométrico. “Y cómo es posible pedirle al gobierno que no hagan el registro biométrico cuando eso es […]

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Kirk Cousins sufrió una rotura del tendón de Aquiles; se perderá resto de temporada

El mariscal de campo, Kirk Cousins sufrió en una ruptura del tendón de Aquiles derecho que pondrá fin a su temporada, anunciaron el lunes los Minnesota Vikings después de que la primera lesión de su carrera pusiera un tono sombrío a su racha de tres victorias consecutivas. Los Vikings anunciaron que el examen de resonancia […]

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Abinader viajará a Washington para reunión con el presidente Biden

El presidente de la República, Luis Abinader, viajará este próximo miércoles a la capital de Estados Unidos, Washington, para cumplir con una invitación de su homólogo Joe Biden, en el marco de la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en Las Américas. La información se dio a conocer durante “La Semanal” con la prensa, celebrada como […]

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Denuncian mafia organizada en los embargos inmobiliarios en Sosúa, Puerto Plata

Piden investigar juez que ha estado involucrado en supuestos desalojos ilegales En Puerto Plata, específicamente en el municipio Sosúa, hay una mafia organizada entre abogados, alguaciles y jueces en los embargos inmobiliarios que se le realizan a varias propiedades en la demarcación. Así lo denuncia el jurista Luis Rosario, quien es el abogado defensor de […]

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Cuántos dispositivos dados por el Minerd tiene desperfectos?

Un 76.6% de los dispositivos entregados a los estudiantes de los centros educativos públicos en la República Dominicana presentan desperfectos, de acuerdo a datos suministrados por los maestros del sistema educativo público, en una encuesta realizada para un estudio “sobre competencias digitales de los docentes del sector público”.

De este porcentaje, un 43.5% corresponde a dispositivos entregados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) en comunidades rurales, y un 33.1% en zonas urbanas.

Los maestros afirman que dos de cada tres estudiantes han recibido tabletas y/o laptops por el Minerd; un 52.1% corresponde estudiantes ubicados en áreas rurales y un 49.7% en  urbanas.

“Pese a los esfuerzos del Minerd por dotar a docentes, alumnos y centros educativos de recursos como tabletas, computadoras y pizarras interactivas, entre otros dispositivos, los docentes valoraron que existen brechas relacionadas con el estado técnico actual de algunos de los recursos disponibles, lo que atenta contra su uso en el proceso de enseñanza- aprendizaje”, se explica en el informe.

La indagación realizada por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Acción Empresarial por Acción Empresarial para la Educación (Educa), arrojó también, que más del 80% de los encuestados indicó la persistencia de dificultades para el acceso a Internet en sus centros educativos con velocidad adecuada.

Estos son los resultados preliminares y de carácter exploratorio, obtenidos de una muestra de 385 docentes, de los cuales el 75.6 % correspondió al sexo femenino y el 24.4 % al masculino.

El objetivo de la investigación fue evaluar el nivel de competencias digitales de los docentes del sector público del sistema educativo preuniversitario dominicano, con el fin de ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia para el fortalecimiento de políticas públicas asociadas al uso de las TIC en los entornos escolares.

El Estado, a través del Minerd, ha dotado a la mayoría de los docentes y estudiantes de portátiles y tabletas, con una inversión millonaria desde los inicios de la llamada República Digital.

Desde el 2012 hasta el 2020, el Minerd ha destinado 17,068,746,452 millones de pesos en dispositivos electrónicos (portátiles, notebook y tabletas), las cuales han sido distribuidas a estudiantes del sistema educativo público de todos los niveles. Con  1,463,260,127 millones de pesos se han pagado programas informáticos.

Maestros reprueban en uso de tecnologías

Los maestros no están capacitados adecuadamente en las nuevas tecnologías como una herramienta para potenciar el aprendizaje en las aulas, de acuerdo a la investigación.

Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa explicó que este factor se da a pesar de que los docentes han recibido múltiples capacitaciones que les han llevado a poseer un porcentaje de destreza mayor al que ellos mismos consideran, aunado a los aparatos tecnológicos entregados por el Minerd.

Agregó que la mayoría de los educadores no se da a la tarea de aplicar las TIC en el proceso enseñanza del aprendizaje.

“Lo que podemos ver en este estudio es que todavía esa inversión tan importante en dispositivos, en aplicaciones y plataformas, en conectividad, no obtiene todo el rendimiento y potencial que podría tener”, explicó.

Conectividad y electricidad

La investigación da cuenta de que el 80% de los maestros tiene dificultades para el acceso a Internet en sus centros educativos con velocidad adecuada.

A pesar de que dos de cada tres docentes afirmó que utiliza las portátiles entregadas por el Minerd, la mayoría sigue utilizando el celular y 9 de cada 10 docentes aseguran que el equipo directivo de los centros educativos, de alguna manera, han motivado la integración de las TIC a la práctica docente.

Un 23.6% de los encuestados reportó que el centro educativo no tiene energía eléctrica estable, y un 73.2 % dijo que su escuela no cuenta con energía de respaldo.

El estudio reveló también la existencia de una brecha territorial en materia de accesibilidad, con un 36.7% de centros educativos en zonas rurales sin conectividad a internet, frente a solo un 18.1%, en las zonas urbanas.

Más de la mitad de los docentes aseguran no contar con pizarras digitales. De los que cuentan con ellas, más de dos de cada tres docentes las utiliza diariamente.

Según los datos obtenidos, el 87 % de los maestros asegura haber participado en procesos de formación en TIC en los últimos dos años, mientras que el 64.9% asegura haber recibido formación en TIC aplicada a su área de especialidad.

Uso de herramientas digitales

En torno a las aplicaciones de ofimática, los procesadores de texto y las aplicaciones para presentaciones son las de mayor uso, con un 78% y 54% de docentes- respectivamente- que las utiliza diariamente o algunas veces a la semana. En el caso de las hojas de cálculo, estas son de menor uso, con un 26% de educadores que lo utiliza algunas veces al mes; 21%, rara vez en el año; y 17% aseguran nunca utilizarla.

Por su parte, en cuanto a la utilización de las plataformas digitales, las nacionales Educando, Aprendiendo en Casa y Eduplan, son utilizadas con una frecuencia razonable, a diferencia de las plataformas internacionales (como Khan Academy, Aprende-Fundación Carlos Slim y otras plataformas interactivas disponibles en la web), las cuales, según indica el estudio, hasta un 47% de los docentes nunca las ha empleado emplea y hasta un 40 % no las conoce.

De las nacionales, el 38% de los docentes aseguran hacer un uso diario de los contenidos de “Aprendiendo en Casa”; por su parte, el 24% de los docentes indica utilizar el portal de EDUPLAN algunas veces a la semana. Mientras tanto, el portal EDUCANDO es de menor uso, el cual es utilizado algunas veces al mes por el 30% de los encuestados.

Las redes sociales

En el estudio se identificó que el 85% de los docentes han creado grupos en redes sociales con estudiantes y/o familias. Estos grupos son creados esencialmente para el envío de avisos e informaciones, envíos de recursos y materiales didácticos y asignaciones de tareas.

“Pero, su uso como plataformas de debates e intercambio de conocimientos es limitada, con menos del 15% de docentes que aseguran utilizarlas para estos fines”, afirma la investigación.

Además, nueve de cada 10 docentes aseguran haber tenido la oportunidad de orientar a sus estudiantes en torno al uso y manejo de las redes sociales.

De estos, cerca del 80% indica haberles hablado a los estudiantes sobre evitar compartir informaciones personales, incentivando la seguridad.

De igual forma, cerca de un 65% afirman haber orientado a los estudiantes en torno a las informaciones falsas en las redes sociales y evitar compartir informaciones privadas de otras personas, promoviendo así el combate a la desinformación y el respeto a la privacidad.

Recomendaciones

El Ministerio de Educación debe implementar programas de alfabetización digital, mediática e informacional del profesorado para utilizar de forma más creativa, eficaz y ética las tecnologías de la información y la comunicación en función del trabajo docente y educativo, de acuerdo a las recomendaciones presentadas por las instituciones que realizaron el levantamiento.

Igualmente, el estudio propone fortalecer el seguimiento de las políticas de entrega de dispositivos a estudiantes, para articular una respuesta más eficaz ante situaciones de deterioro del equipamiento.

“Asegurar suministro eléctrico en los Centros Educativos como punto de partida; revisar estrategia de adquisición, entrega y mantenimiento de dispositivos; crear un plan de mantenimiento y reparación de equipos estimulando el fomento de MIPYMES, en coordinación con Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep)”, agrega el estudio.

Finalmente propone formar a los docentes en el uso de los recursos disponibles; el desarrollo de programas de certificación del nivel de dominio de las aplicaciones de ofimática; y profundizar los orígenes de las brechas que definen los dos grupos de sobreestimados y subestimados.

Pertinencia del estudio

Con el objetivo de destacar la pertinencia del estudio, María Waleska Álvarez, presidente de Educa, apuntó que ahora más que nunca resulta necesario conocer las competencias digitales de los docentes.

«Entre los resultados de la presente investigación nos ha sorprendido que más de 1 de cada 4 docentes piensa que tiene un nivel mínimo de competencias, pero superan la prueba de destreza con niveles avanzados; y esta subestimación de las competencias de esta proporción de docentes, tiene múltiples implicaciones e interpretaciones que será necesario explorar y profundizar para que mejore la autoestima, y también la seguridad de los educadores» subrayó.

Lo resultados del estudio fueron analizados por un panel de especialistas en el área, moderado por Ruth Fernández, coordinadora del Portafolio de Educación del PNUD, e integrado por Lorena Ramírez, consultora-investigadora, y Elena Nápoles, oficial del Programa de Comunicación e Información de la Unesco. También Oscar Amargos y Víctor Hernández, viceministro de Supervisión y Control de la Calidad, y director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Minerd, respectivamente; y Wendy Medina, directora E-learning y Centro de Excelencia Blackboard de UNICARIBE.

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DGCP anuncia suspensión de contrato con Transcore Latam

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) decidió, a través de una resolución, la suspensión del contrato suscrito con la empresa Transcore Latam, S.R.L para la “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo,” un proyecto con un valor de alrededor de RD$1,317,350,997.00.

La suspensión se produjo hasta tanto se dé respuesta a las denuncias presentadas por las empresas Icontrolt Kapsch, Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE) y Trafficcom, por supuestas irregularidades en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intrant.

El documento DGCP, dependencia del Ministerio de Hacienda, declara que, con la suspensión de oficio, las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del Contrato Núm. DJ-CBS-009-2023, como medida provisional hasta tanto se decida sobre el recurso jerárquico y las solicitudes de investigación presentadas con dicha licitación.

Asimismo, piden remitir de manera formal el documento a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para su conocimiento y fines de lugar.

Denuncia

Las empresas anteriormente mencionadas presentaron una denuncia ante la DGCP, alegando que se cometieron supuestas irregularidades en el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Intrant, cuando se realizó la Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

Los denunciantes argumentaron que la empresa Transcore Latam, S.R.L. es una entidad de responsabilidad limitada, constituida solo siete meses antes de publicado el proceso de licitación, «logrando posicionarse por encima de empresas con más de 30 años de experiencia en el mundo, como es el caso, por ejemplo, de Kapsch Trafficcom.»

Irregularidades

De acuerdo con la resolución de Contrataciones Públicas, los denunciantes afirman que en cuanto a la adjudicación del procedimiento,  el perfil de la empresa contratada se estructuró con características que se asimilan a las oscuras prácticas ejecutadas en el pasado para favorecer intereses particulares. Señalan que esta empresa fue constituida hace solo siete meses de publicado el proceso y que aun así logró posicionarse por encima de otras empresas que tiene más de 30 años de experiencia en el mundo, como lo es Kaspch Trafficcom.

Señalan que les llama la atención que la adjudicataria presente varios traspasos de accionistas, incluyendo a un supervisor que laboraba hasta hace pocos meses en la institución contratante, así como la creación de la empresa en uno de los denominados paraísos fiscales un día después de la publicación de la licitación; se indica que el 21 de febrero de 2023 se traspasó el 90% de las acciones de la compañía Transcore LPC, LLC al señor Pedro Padovani, exsupervisor de la institución contratante.

También dicen que es extraño que el 7 de marzo de 2023 el Registro Mercantil depositado en la oferta de la adjudicataria pertenezca ahora a la empresa Transcore, LTE, LLC y Sictranscore, LLC, con el 80% y el 20% de las acciones, respectivamente, como consecuencia de una maniobra más para esconder los verdaderos socios integrantes de la compañía adjudicada. Agregan «Nótese que estas nuevas compañías también siguen usando el nombre de Transcore con algunas variantes».

Indican que ninguna empresa de renombre internacional y con grandísima experiencia se presentó a la licitación de referencia debido a los absurdos requisitos técnicos.

Resaltaron que no se tomara en cuenta la reciente creación de dicha empresa,  lo cual fue ignorado por la institución contratante al asignarle y reconocerle vasta experiencia en el manejo de la materia, experiencia que no corresponde a la adjudicataria. Asimismo, que a la adjudicataria se le otorgó puntos sobre documentos que ni siquiera fueron presentados, por lo que no debió ser abierta su oferta económica.

Todas estas violaciones, manifestaron, alteran el principio de igualdad y libre competencia que deben de regir en los procedimientos de contratación, pues en el actual proceso la adjudicataria utilizó el nombre de la compañía Transcore para hacer creer que se trata de una gran empresa, apropiándose implícitamente de las experiencias y prestigios de otra que sí tiene esos atributos. Se permitió presentarse a la licitación como una empresa con experiencia de proyectos de hasta 11 años de antigüedad, en una clara evidencia que dichas experiencias no le pertenecen, señalaron.

Alegaron, además, las empresas denunciantes que la institución contratante presentó información financiera que no se corresponde con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Que en la declaración financiera la empresa adjudicataria casi no declaró gastos al cierre del ejercicio fiscal 2022, pero que sí registró tres ventas que suman 2.1 millones de dólares y que curiosamente esas ventas se corresponden a unas facturas presentadas por la adjudicataria en su oferta y que fueron emitidas por una empresa, Glove-UAV GMBH, que es propiedad del señor Jorg Brinkmeyer, quien es accionista de Transcore Latam, lo cual pudiera significar que se trata de una maniobra para aparentar transacciones entre partes independientes; sin embargo, sobre estos puntos la institución contratante no solicitó ninguna subsanación, subrayaron, y agregaron que tampoco fue objeto de observación correcta la línea de crédito presentada por la adjudicataria, la cual contiene diversas irregularidades que no cumplen con el pliego de condiciones.

Otra cuestión a considerar, según los denunciantes, es que el Intrant evadió responder más del 78% de las preguntas que fueron formuladas, y cuyas respuestas resultaban oportunas y vitales para que otros oferentes estructurarán sus ofertas. En total, se hicieron 168 preguntas y la institución no respondió o lo hizo con evasivas, así como las que por otro lado ocultó, lo cual demuestra una actitud escurridiza y maliciosa que sería motivo suficiente para anular el procedimiento. Asimismo, que la institución pide una experiencia que no resulta razonable a la cantidad de intersecciones que se van a intervenir en este proyecto y que levanta más sospechas el hecho de que la adjudicataria haya cumplido con este criterio cuando es una empresa que no posee experiencia y fue constituida recientemente.

Entre otras de las supuestas irregularidades planteadas por los denunciantes es que: la empresa adjudicataria presentó un sinnúmero de documentos que no fueron traducidos del inglés al español como lo exigen las normativas nacionales;  que en el pliego de condiciones se establecieron documentos como no subsanables pero resulta que el adjudicatario no entregó en su oferta ninguna documentación técnica relativa a los equipos propuestos para la solución como reguladores semafóricos, cámaras de detección de tráficos, cuerpos semafóricos vehiculares peatonales y de bicicleta señales audibles para peatones plataforma de hardware para la data Center del centro de control y solo se limitaron a depositar fotocopias de otros proyectos de otra compañía que no le corresponden y que solo fueron puestas ahí en la oferta porque tienen las mismas necesidades. Indican que si se verifica bien, se verán elementos que no son propios de este tipo de proyectos.

De igual forma exponen que existen otros elementos que no fueron aportados por la adjudicataria y que no son subsanables, acorde con el pliego de condiciones, como lo es el enfoque y metodología y el cronograma de ejecución de proyectos, catálogo de los equipos ofertados y sus fichas técnicas. También, el plan de mantenimiento preventivo y soporte 24/7, entre otros documentos indispensables, que no fueron presentados por la adjudicataria pero que sí fueron establecidos en el pliego de condiciones.

Por otro lado, también denunciaron que la garantía de fiel cumplimiento de contrato que presentó la adjudicataria no cumple con la vigencia establecida en el pliego de condiciones y posterior enmienda realizada en marzo de 2023, que indica que la garantía debe cubrir 60 meses. Es decir, cinco años, más seis meses adicionales al cumplimiento del contrato; es decir, que la garantía debió presentarse por 66 meses, pero la adjudicataria aportó una garantía que cuenta solo con una vigencia de 12 meses, del 19 de mayo de 2023 hasta el 19 de mayo de 2024, que es contrario a lo exigido por el pliego de condiciones.

Finalmente, en cuanto al contrato, los denunciantes indican que: contiene una serie de irregularidades que se basa desde un pliego de condiciones que buscaba beneficiar a un solo proveedor y descalificar a todos los demás interesados;  que contiene irregularidades en cuanto al alcance del proyecto, aprovechando incluso el escenario para darle más alcance de forma ilimitada, lo cual atenta contra el presupuesto, al tiempo que incorpora la modalidad de pagos mensuales para servicios extras, con fondos provenientes de otras partidas de financiación no expresadas en los pliegos de condiciones, como son las infracciones de tránsito, lo cual resulta en una maniobra  gravísima.

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