La Primea Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación denegó este lunes variar la prisión preventiva a cuarto imputado en la Operación Gavilán que recurrieron la medida impuesta por sus presuntos vínculos con la supuesta red a la que se acusa de eliminar antecedentes penales a delincuentes y presos.
Al último que se le rechazó el recurso de apelación fue a Domingo Julio Santana Sánchez, quien era empleado de la Procuraduría General de la República.
La pasada semana, la Segunda Sala Penal de la Corte desestimó la impugnación a la prisión que hizo el encargado de la Base de Datos de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General, Alfredo Mirambeaux Villalona. A principio de septiembre ese mismo tribunal se la ratificó a Mártires Rosario Reyes y a Luis Alfredo Astacio.
De los cinco a los que se les impuso en agosto 18 meses de cárcel preventiva, el único que no ha impugnado es Rubén Darío Morbán. Los cinco fueron los que no colaboran con el Ministerio Público en la investigación.
A la presunta red completa, que incluye otros siete empleados del Ministerio Público y “al menos siete fiscales”, cuyos nombres no se han dado a conocer, se les ha acusado de haber borrado casi 17,000 antecedentes penales a narcotraficantes, violadores sexuales, secuestradores, entre otros criminales, algunos incluso cumpliendo condenas de hasta 30 años.
Entre los supuestos beneficiados con el borrado de las “fichas” se incluyen Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV.
A Pimentel García se señala como la persona que amenazó a la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Para los que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso impedimento de salida del país y garantía económica y son: Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
A otra imputada, Pilar Yrenes Medina Trinidad, se le dictó arresto domiciliario.
