El salario de los trabajadores debería reflejar su contribución a la sociedad, según un informe de la ONU, que pide aumentos salariales para aquellos que se desempeñan en áreas esenciales y topes para los de sectores destructivos como el comercio financiero, los combustibles fósiles o la industria del tabaco.
Uno de cada cinco trabajadores en el mundo vive en situación de pobreza, indica el informe que presenta este viernes el relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, en la Asamblea General de la organización, en Nueva York.
El informe, titulado «Los trabajadores pobres: un enfoque de derechos humanos en material salarial», recuerda que por primera vez en lo que va del siglo los salarios cayeron en 2022 un promedio de 0.90 % en el mundo, sin poder seguir el ritmo de la inflación, mientras los beneficios empresariales aumentaron.
«Es absurdo que los trabajos más valiosos para los demás, especialmente para las personas en situación de pobreza, como los cuidados, la educación o la atención sanitaria, estén entre los peor pagados, mientras que otros cobran tan generosamente por el daño social y medioambiental que generan», indica el relator de la ONU.
La globalización y la automatización han precarizado la situación de los trabajadores menos cualificados en los países ricos, y para crear empleo, el trabajo se ha flexibilizado, mientras que en los países en desarrollo, los salarios se reprimen para conseguir costos competitivos, sostiene el estudio.
A ello se suma la denominada economía gig -formato laboral en que empresas encargan trabajos puntuales a falsos autónomos – y el debilitamiento de los derechos sindicales en los últimos 30 años.
«Los gobiernos están tan obsesionados con la creación de puestos de trabajo que se olvidan de que éstos deben ser decentes y proteger a los trabajadores de la pobreza«, lamentó De Schutter en conversación telefónica con la AFP.
Por ello propugnó que se «elaboren listas de las profesiones más valiosas desde el punto de vista social y retribuirlas en consecuencia, a la vez que determinen las profesiones en las que debería limitarse la retribución para mitigar sus efectos secundarios nocivos». En este último apartado citó al comercio financiero, la explotación de combustibles fósiles, los pesticidas, los plásticos o la publicidad.
«En el mercado laboral actual, cuidar de los demás y del planeta no retribuye», indicó De Schutter, que «sueña con una sociedad donde una enfermera, una persona que cuida de los mayores, o un profesor ganen tanto como un banquero o como gente que construye grandes mansiones para los ricos».
Precarización
La precarización del trabajo es una de las principales causas de la pobreza de las personas con empleo en los países industrializados. En Estados Unidos, en 2020 el 10.2% de los ocupados a tiempo parcial eran considerados trabajadores pobres, frente a tan solo el 2.6 % de los empleados a tiempo completo.
Pero esto también ocurre en el mundo en desarrollo. En países como Bangladesh e India, casi dos tercios del empleo asalariado es ocasional.
El informe dedica especial atención a los trabajadores de plataformas digitales que conectan al trabajador con el cliente, generando una «economía de ocupaciones transitorias», que pagan por servicio prestado.
Aunque el 70 % de los ingresos generados por estos nuevos empleadores se concentran en Estados Unidos y China, en la Unión Europea se multiplicaron por seis entre 2015 y 2020, dando empleo a más de 28 millones de personas, cifra que se prevé que alcance los 43 millones en 2025.
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En esta nueva economía de la precarización, las mujeres son las más perjudicadas, pues están sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial, manteniendo la brecha salarial en todos los sectores, lamentó De Schutter.
«Para unos 712 millones de personas contar con un empleo no garantizaba una vida digna para ellas ni para sus familias», indica también el informe.
Se subraya que no se puede desarrollar un país ni mantener la competitividad «manteniendo a la población en la pobreza» por lo que insta a los gobiernos a «fijar salarios mínimos que protejan a los trabajadores de caer en la pobreza y la exclusión social«, incluidos los del sector informal y los inmigrantes, a menudo víctimas de abusos.
Un salario digno debe corresponderse con al menos el 60 % del sueldo promedio del país, concluye el trabajo.
