El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medida de coerción contra los 12 implicados en la presunta red que borró fichas a 16,958 personas con antecedentes penales consistente en prisión preventiva, arresto domiciliario impedimento de salida del país y garantías económicas.
De los doce, cinco no colaboraron con el Ministerio Público para los que se pidió prisión preventiva de 18 meses y fue concedida por el juez a Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana.
Todos serán recluidos entre los Centros de Corrección y Rehabilitación San Pedro de Macorís y Najayo.
También el caso fue declarado complejo.
Los que colaboraron
Los que llegaron a un acuerdo y tendrán impedimento de salida del país y garantía económica son: Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Pilar Yrenes Medina Trinidad tendrá arresto domiciliario.
«Habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, sino también para el sistema de justicia y la sociedad y el juez así lo acogió», expresó la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso.
De acuerdo con Reynoso, el juez estableció que la investigación contenida en más de 330 páginas es fuerte.
La procuradora adjunta aseguró que el Ministerio Público seguirá profundizando en las indagatorias de este caso, no sólo con los procesados, sino también con algunos fiscales que todavía no han sido presentados.
Lamentó que estos imputados a los que la Procuraduría General de la República les otorgó la confianza para hacer un trabajo efectivo por la sociedad dominicana hoy tengan que estar implicados por sobornos.
Fiscal de Independencia
Con relación al fiscal de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, que fue suspendido, Yeni Berenice Reynoso manifestó que contra él la Dirección de Persecución lleva a cabo una investigación.
«También hay varios fiscales que están bajo investigación. Ustedes saben que el Ministerio Público no acostumbra a dar nombres hasta que no hace la imputación preliminar de cargos», dijo.
«Sea de adentro o sea de afuera, nuestra obligación es solamente con la Constitución de la República y con las leyes», finalizó la magistrada.
Madre de imputado se desmaya
Cuando los abogados de los imputados comenzaron a salir de la sala de audiencia, la madre de Mártires Reyes, a quien se le dictó prisión preventiva cayó al piso llorando.
La dama fue socorrida por algunos miembros de la prensa y de la seguridad actuante en el edificio del Palacio de Justicia.
En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
Los delitos están tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
