En los últimos 20 años, el sistema carcelario de República Dominicana ha experimentado varias iniciativas con miras a mejorar las condiciones de sobrepoblación, inseguridad, violencia y corrupción que lo ha caracterizado.
Sin embargo, a la fecha no logra superar esos lastres, que lo convierten en una bomba de tiempo que explota de vez en vez, como lo ocurrido a mediados de marzo pasado, cuando un incendio en el penal La Victoria, la más hacinada del país, acabó con la vida de al menos 13 personas.
Los mismos exfuncionarios que tuvieron a su cargo la implementación de los proyectos de mejoras, afirman que, en la actualidad, ha habido un retroceso, si no, un estancamiento, en los avances alcanzados.
Una de las iniciativas de mayor incidencia en la gestión de la población carcelaria nacional es la reforma del sistema penitenciario implementada a partir del 2003.
Roberto Santana, que lideró dicha reforma, califica de grave el “retroceso” que entiende ha habido en las metas que se consiguieron durante ese proceso.
Por ejemplo, como parte de la reforma, se planteó la creación de una escuela penitenciaria, lo que ocurrió en julio de 2003.
La Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) tenía la misión de formar al personal que daría servicio en las cárceles nacionales, las que quedaron divididas bajo dos modelos de gestión, popularmente conocidos como Nuevo y Viejo Modelo. Dicho personal sería totalmente civil, para sacar las prisiones del nuevo modelo de la influencia de las fuerzas policiales y militares.
La primera promoción de graduados de la escuela surgió menos de un año después, en abril de 2004, con el personal que trabajaría en la cárcel de San Felipe, Puerto Plata, que estrenó el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Desde entonces, y hasta julio de 2022, se cuentan 27 promociones de graduados, con un total de 3,695 agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), y unos 14,192 servidores penitenciarios beneficiados, según cifras que para la fecha ofreció la Procuraduría General de la República.
La reforma alcanzó a unas 23 cárceles que entraron al esquema de Centros de Corrección y Rehabilitación, en los que a los privados de libertad se les enseñaba un oficio y algunos centros llegaron a suplir parte de su sustento con producción interna.
Las otras, de un total de 46 para entonces (a la fecha suman 50), quedaron bajo la Dirección General de Prisiones, pero con la meta inicial de que todos los recintos entraran al nuevo modelo.
Colapsó el nuevo modelo
“El nuevo modelo, desde el 2004 hasta el 2020, tuvo avances extraordinarios. Los éxitos nos hicieron referencia a nivel de la región del Caribe y América Latina… Nosotros llegamos, y digo nosotros, porque la Comisión era parte del nuevo modelo. No había hacinamiento, no había analfabetismo, se les ponía un oficio a desarrollar… pero eso colapsó”, sostiene Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pone como referencia el hecho de que en las cárceles del nuevo modelo no había hacinamiento hasta el 2020 y existía una cama para cada interno, pero que, a la fecha, varios de esos recintos están tan hacinados como otros del viejo modelo.
Un ejemplo puntual que se cita es la cárcel de Najayo Hombre, que entró al nuevo modelo en 2013. A la fecha, el recinto tiene una población de 2,165, pero su capacidad es para unos 1,300.
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Otro aspecto que se pone de ejemplo es la reincidencia de los excarcelados. Afirma que en el nuevo modelo se redujo a un 10 %, frente al 80 % que se manejaba en el viejo modelo.
¿Qué pasó?
En abril de 2021, se aprobó la Ley número 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana. La legislación crea la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (antigua Dirección de Prisiones), como el órgano, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, responsable de aplicar y hacer valer las políticas públicas en materia correccional.
Bajo su subordinación quedaron la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, y la Dirección del Medio Libre.
“Al unificar los dos modelos, sin crear las condiciones para que lo nuevo superara lo viejo, tomaron la decisión de llevar jóvenes preparados para el nuevo modelo, sobre la base de un nuevo esquema y condiciones, a dirigir los centros de privación de libertad restantes y, entonces, empezó a dañarse el sistema”, sostiene Mercedes.
Dice que, desde entonces, empezaron a verse denuncias de corrupción, motines en los centros del nuevo modelo, hacinamiento o consumo de droga, lo que provocó que muchos de los agentes, que no podían desarrollar sus capacidades, renunciaran.
Mercedes también cuestiona la “incapacidad” que advierte en la Procuraduría General de la República, bajo la gestión de Miriam Germán Brito, y de la Dirección del Sistema Penitenciario, a cargo de Roberto Hernández, para elaborar el reglamento que haga funcional la Ley 113-21.
En vía contraria
Con una visión contraria, Hernández destacaba en enero pasado, mientras rendía cuentas de su gestión, “mejoras implementadas en materia de educación y salud para los privados de libertad, así como en las infraestructuras de los centros y en los salarios de los colaboradores”.
Dijo que en los más de 3 años al frente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, 2,356 privados de libertad adultos fueron alfabetizados; 11,048 cursaron la educación básica; 7,990 la media a través de Prepara y 1,222 la educación superior. También indicaba que, para este año culminarían la capacitación de 650 nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, con los que disminuirían el déficit de personal en los centros, y que concluirían el Reglamento de Aplicación de la Ley 113-21.
La infraestructura está parada, pero sigue en planes
En 2018, la Procuraduría General de la República, bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez, inició un Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, con dos ejes: primero, la solución al hacinamiento mediante la creación de nuevas cárceles, y segundo, la rehabilitación de los privados de libertad. Como parte de su primer eje, se dispuso intervenir 53 centros, incluida La Victoria, que serían transferida a Las Parras, en Guerra. Aunque el nuevo centro se levantó y llegó incluso a inaugurarse, con la llegada del nuevo gobierno en 2020, y de nuevas autoridades en la Procuraduría General, se inició una investigación que llevó a la detención del exprocurador Rodríguez y varios de sus colaboradores. También de muchos de los contratistas que tuvieron a cargo varias de las obras del Plan de Humanización, que quedaron suspendidas. Tal fue el caso Las Parras o nueva Victoria, que hoy luce abandonada.En junio de 2022 también se creó la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional que, conformada por el Poder Judicial y representantes del Sistema de Justicia Penal, buscaría soluciones a la problemática de los privados de libertad en condiciones de vulnerabilidad, para garantizar su dignidad y derechos fundamentales.En su rendición de cuentas, Hernández resalta la inversión superior a los 37 millones de pesos para la ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, que habría contribuido a reducir el hacinamiento de los recintos de Pedernales y San Juan de la Maguana. También que tienen en proyecto la terminación de los Centros de Las Parras, San Juan de la Maguana, Barahona (Adolescentes), CCR-11 San Pedro de Macorís y la construcción del Caplip Anamuya, en Higüey.Destaca también la inauguración del Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip-IV)”, en el Complejo Correccional Batey Bienvenido.
