La República Dominicana negó este viernes haber autorizado la instalación en su territorio de una oficina canadiense para atender las necesidades de la Policía Nacional de Haití (PNH).
Esas declaraciones fueron ofrecidas en Twitter por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvares, quien, además, sostuvo que el Gobierno no ha discutido el tema.
«El Gobierno dominicano confirma que no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, como indica una información de un medio canadiense»Roberto AlvaresMinistro de Relaciones Exteriores“
Lo que dice el gobierno canadiense
La cadena radial Radio-Canadá, empresa de comunicaciones financiada a través de aportaciones del Estado, anunció ayer jueves que «el gobierno canadiense abrirá una oficina en la República Dominicana, cuyo mandato principal será atender las necesidades de la Policía Nacional de Haití (PNH), la única fuerza policial llamada a intervenir para restablecer la paz en el país».
De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá afirmó que la República Dominicana estuvo presente en la reunión ministerial con socios claves donde se discutió la situación de seguridad en Haití y se decidió abrir una oficina en Quisqueya para atender las necesidades de la Policía del vecino país.
En un comunicado emitido por la Cancillería de Canadá, no se identifica a la persona que representó al país en esa reunión.
El juez José Rafael de Asís Burgos, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, aplazó para el próximo martes, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción contra tres hombres apresados en la Operación Halcón IV, que fue desplegada el pasado martes.
El magistrado Burgos adoptó la decisión al acoger un pedimento de la defensa técnica de uno de los imputados, quien argumentó que necesita tiempo para conocer el expediente y preparar los presupuestos.
Los imputados son Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly), a quienes el Ministerio Público investiga por asesinato, narcotráfico, soborno, secuestro, lavado de activos y otras actividades criminales ocurridas en varias provincias del Cibao.
Según la acusación, a Paulino Cáceres fue que se le ocupó, en su residencia la cantidad de 14 paquetes de cocaína con un peso de 16.1 kilos, los $994,000 pesos y $2,727 dólares en efectivo.
En la instancia de solicitud de medidas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la fiscalía de Santiago presentaron cargos contra Paulino Cáceres por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por porte ilegal de arma de fuego y municiones; así también le atribuye la violación a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; también por transgresión a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad y asociación de malhechores y por violentar las disposiciones de los artículos 4, letra D; 6, letra A; 75, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
En los allanamientos que se ejecutaron, se incluye el de la orden número 04126-2023 en el domicilio de Paulino Cáceres, donde los organismos se incautaron de 16.1 kilos de cocaína, distribuida en paquetes, numerosos relojes y otras prendas de marcas reconocidas como Giorgio Milano, Rolex, Versage, entre otros.
Contra Cruz Valerio pesan cargos por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el porte ilegal de armas de fuego y municiones; también se le atribuye violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y transgredir los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican la complicidad y la asociación de malhechores.
Mediante las labores de inteligencia se ha podido comprobar que el imputado Cruz Valerio mantiene una estrecha relación con el patrocinador de la organización criminal, el investigado Joel Ambioris Pimentel García (La J y/o el Grande) dedicada a la venta y distribución de drogas, reuniéndose con varios de sus colaboradores para la coordinación de actividades ilícitas propias del narcotráfico.
Contra Charle Wilson Mosquea Ovalle, pesan cargos por violación a los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados, por el porte ilegal de armas de fuego, armas blancas y municiones.
El Ministerio Público solicita que se imponga la prisión preventiva durante 18 meses y se declare de tramitación compleja el proceso contra el grupo.
El juez José Rafael de Asís Burgos, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, aplazó para el próximo martes, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción contra tres hombres apresados en la Operación Halcón IV, que fue desplegada el pasado martes.
El magistrado Burgos adoptó la decisión al acoger un pedimento de la defensa técnica de uno de los imputados, quien argumentó que necesita tiempo para conocer el expediente y preparar los presupuestos.
Los imputados son Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly), a quienes el Ministerio Público investiga por asesinato, narcotráfico, soborno, secuestro, lavado de activos y otras actividades criminales ocurridas en varias provincias del Cibao.
Según la acusación, a Paulino Cáceres fue que se le ocupó, en su residencia la cantidad de 14 paquetes de cocaína con un peso de 16.1 kilos, los $994,000 pesos y $2,727 dólares en efectivo.
En la instancia de solicitud de medidas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la fiscalía de Santiago presentaron cargos contra Paulino Cáceres por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por porte ilegal de arma de fuego y municiones; así también le atribuye la violación a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; también por transgresión a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad y asociación de malhechores y por violentar las disposiciones de los artículos 4, letra D; 6, letra A; 75, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
En los allanamientos que se ejecutaron, se incluye el de la orden número 04126-2023 en el domicilio de Paulino Cáceres, donde los organismos se incautaron de 16.1 kilos de cocaína, distribuida en paquetes, numerosos relojes y otras prendas de marcas reconocidas como Giorgio Milano, Rolex, Versage, entre otros.
Contra Cruz Valerio pesan cargos por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el porte ilegal de armas de fuego y municiones; también se le atribuye violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y transgredir los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican la complicidad y la asociación de malhechores.
Mediante las labores de inteligencia se ha podido comprobar que el imputado Cruz Valerio mantiene una estrecha relación con el patrocinador de la organización criminal, el investigado Joel Ambioris Pimentel García (La J y/o el Grande) dedicada a la venta y distribución de drogas, reuniéndose con varios de sus colaboradores para la coordinación de actividades ilícitas propias del narcotráfico.
Contra Charle Wilson Mosquea Ovalle, pesan cargos por violación a los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados, por el porte ilegal de armas de fuego, armas blancas y municiones.
El Ministerio Público solicita que se imponga la prisión preventiva durante 18 meses y se declare de tramitación compleja el proceso contra el grupo.
Bajo fuertes medidas de seguridad son desarrolladas este viernes las actividades comerciales entre haitianos y dominicanos en el mercado binacional de la provincia Dajabón.
Las medidas de reforzar la zona donde se realiza el intercambio comercial fue adoptada luego de los disturbios en las cercanías de la empresa Compagnie Development Industriel (Codevi), ubicada en la ciudad haitiana Juana Méndez, donde fallecieron dos ciudadanos de ese país.
Desde las 8:17 de la mañana, hora que el personal de la Dirección General de Migración y Aduanas abrió el portón que divide ambos países, en el puente sobre el río Masacre, se ha observado a cientos de ciudadanos haitianos cruzar a territorio dominicano para abastecerse de productos comestibles.
Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas del Mercado de Dajabón, aseguró a Diario Libre que el intercambio comercial de este viernes se desarrolla con normalidad.
Sin embargo, dijo estar consciente de que tendrán una baja significativa de compradores tras los disturbios del jueves.
“Históricamente los problemas ocurridos en Haití han afectado a los comerciantes dominicanos que participan en los mercados binacionales, debido a que muchos haitianos se quedan en sus localidades por temor a las protestas”, comentó.
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, tras lamentar lo ocurrido con empleados de Codevi pidió al pueblo haitiano respetar el mercado.
Disturbios
Ayer se escenificaron protestas violentas en Juana Méndez luego de que agentes policiales de Haití mataron dos empleados de Codevi mientras protestaban en las afueras del parque industrial.
El conflicto provocó que el parque industrial cerrara de manera temporal las operaciones «hasta tanto se esclarezca la situación presentada».
Bajo fuertes medidas de seguridad son desarrolladas este viernes las actividades comerciales entre haitianos y dominicanos en el mercado binacional de la provincia Dajabón.
Las medidas de reforzar la zona donde se realiza el intercambio comercial fue adoptada luego de los disturbios en las cercanías de la empresa Compagnie Development Industriel (Codevi), ubicada en la ciudad haitiana Juana Méndez, donde fallecieron dos ciudadanos de ese país.
Desde las 8:17 de la mañana, hora que el personal de la Dirección General de Migración y Aduanas abrió el portón que divide ambos países, en el puente sobre el río Masacre, se ha observado a cientos de ciudadanos haitianos cruzar a territorio dominicano para abastecerse de productos comestibles.
Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas del Mercado de Dajabón, aseguró a Diario Libre que el intercambio comercial de este viernes se desarrolla con normalidad.
Sin embargo, dijo estar consciente de que tendrán una baja significativa de compradores tras los disturbios del jueves.
“Históricamente los problemas ocurridos en Haití han afectado a los comerciantes dominicanos que participan en los mercados binacionales, debido a que muchos haitianos se quedan en sus localidades por temor a las protestas”, comentó.
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, tras lamentar lo ocurrido con empleados de Codevi pidió al pueblo haitiano respetar el mercado.
Disturbios
Ayer se escenificaron protestas violentas en Juana Méndez luego de que agentes policiales de Haití mataron dos empleados de Codevi mientras protestaban en las afueras del parque industrial.
El conflicto provocó que el parque industrial cerrara de manera temporal las operaciones «hasta tanto se esclarezca la situación presentada».
En los últimos días el nombre de Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, ha salido a relucir tras supuestamente estar vinculado con las amenazas realizadas a la procuradora general de la República, Miriam Germán.
Joel Pimentel, el dominicano que, según las autoridades, reside en España y se les vincula a decenas de muertes en varias provincias de la región norte del país, asegura desconocer sobre una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el 18 de abril de 2022.
La orden de arresto es por su supuesta participación, junto a otras dos personas, en la muerte a tiros del joven Diego Pichardo Ventura, quien fue hallado dentro de una finca con un disparo en la cabeza y esposado.
Según indicó “La J”, a través del programa Somos Pueblo Media, nunca tuvo inconvenientes con esa persona, por lo que desmiente estar involucrado en el asesinato.
“No yo no tengo conocimiento, no sé quién es esa persona, si hay una querella y hay una orden de arresto en mi contra no lo sabía. Lo que hay es que enfrentar la justicia y que me busquen prueba”, manifestó durante la entrevista, donde estuvo presente el abogado Tomás Castro, quien lo representa en el país.
Además, manifestó que también desconoce sobre un caso en el que también lo menciona, ocurrido en enero de este año. Joel Pimentel figura en el expediente formulado por el Ministerio Público como uno de los autores de participar en la muerte de Alcides María Espinal González, quien fue identificado como el principal narcotraficante de la línea noroeste.
“No me interesa nada de esa vida que yo viví en el pasado”
En el pasado Joel Ambioris Pimentel enfrentó varias acusaciones en la justicia por narcotráfico. Al admitir que también fue deportado de Estados Unidos por ese delito en 2016, manifestó que no le interesa nada de su vida pasada.
“No, yo no tengo nada que aportar. Yo he tenido mis procesos penales y hecho mi proceso legalmente. Hoy en día siguen juzgando un pasado que yo tuve, eso no está bien”, precisó mediante la llamada telefónica.
Joel sostuvo que está dispuesto a colaborar con la justicia para que su nombre quede limpio, al reiterar que es inocente de las acusaciones que se les imputan.
Afirma que no tuvo nada que ver con las amenazas realizadas a Miriam Germán y a otros miembros de su familia, por lo que indicó que es el más interesado en que las cosas se solucionen.
“A mí me crucificaron sin que las autoridades investiguen bien la situación”, agregó.
En los últimos días el nombre de Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, ha salido a relucir tras supuestamente estar vinculado con las amenazas realizadas a la procuradora general de la República, Miriam Germán.
Joel Pimentel, el dominicano que, según las autoridades, reside en España y se les vincula a decenas de muertes en varias provincias de la región norte del país, asegura desconocer sobre una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el 18 de abril de 2022.
La orden de arresto es por su supuesta participación, junto a otras dos personas, en la muerte a tiros del joven Diego Pichardo Ventura, quien fue hallado dentro de una finca con un disparo en la cabeza y esposado.
Según indicó “La J”, a través del programa Somos Pueblo Media, nunca tuvo inconvenientes con esa persona, por lo que desmiente estar involucrado en el asesinato.
“No yo no tengo conocimiento, no sé quién es esa persona, si hay una querella y hay una orden de arresto en mi contra no lo sabía. Lo que hay es que enfrentar la justicia y que me busquen prueba”, manifestó durante la entrevista, donde estuvo presente el abogado Tomás Castro, quien lo representa en el país.
Además, manifestó que también desconoce sobre un caso en el que también lo menciona, ocurrido en enero de este año. Joel Pimentel figura en el expediente formulado por el Ministerio Público como uno de los autores de participar en la muerte de Alcides María Espinal González, quien fue identificado como el principal narcotraficante de la línea noroeste.
“No me interesa nada de esa vida que yo viví en el pasado”
En el pasado Joel Ambioris Pimentel enfrentó varias acusaciones en la justicia por narcotráfico. Al admitir que también fue deportado de Estados Unidos por ese delito en 2016, manifestó que no le interesa nada de su vida pasada.
“No, yo no tengo nada que aportar. Yo he tenido mis procesos penales y hecho mi proceso legalmente. Hoy en día siguen juzgando un pasado que yo tuve, eso no está bien”, precisó mediante la llamada telefónica.
Joel sostuvo que está dispuesto a colaborar con la justicia para que su nombre quede limpio, al reiterar que es inocente de las acusaciones que se les imputan.
Afirma que no tuvo nada que ver con las amenazas realizadas a Miriam Germán y a otros miembros de su familia, por lo que indicó que es el más interesado en que las cosas se solucionen.
“A mí me crucificaron sin que las autoridades investiguen bien la situación”, agregó.
Entre las casi 40,000 bancas de lotería que han declarado al Ministerio de Hacienda que no están reguladas, miles de ellas corresponden a legisladores de distintos partidos políticos.
De nueve legisladores que se conocen tienen bancas, por lo menos ocho figuran con parte de sus negocios sin el registro y pago de obligaciones ante los órganos estatales correspondientes, conforme los listados que cuelga la Lotería Nacional en su página web y que es resultado del plan de regularización que hizo el Ministerio de Hacienda en 2022.
Uno de ellos es el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Manuel Miguel Florián Terrero, quien figura en la lista con un total de 803 establecimientos, a través del Consorcio de Bancas Los Mellizos. De esas, 384 no están reguladas.
36,557
Bancas de lotería fueron declaradas en el Ministerio de Hacienda como no reguladas.
La ilegalidad en que operan sus bancas, van más allá del registro ante el Ministerio de Hacienda y pago de impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pues el diputado fue objeto de una demanda que en 2020 le interpuso la Junta Distrital de Villa Central, en Barahona, una demarcación donde operaban, en ese momento, 35 bancas Los Mellizos, pero no pagaban los arbitrios municipales, según se indicó entonces.
Domingo Eusebio de León Mascaro, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es otro de los legisladores que tiene registradas 829 bancas, a través del Consorcio de Bancas La Solución, todas bajo el consorcio de Loteka. Unas 495 de éstas no están reguladas, según reporte que tiene la Lotería Nacional.
Uno de los más llamativos es el del diputado de la provincia Monseñor Nouel por el PRM, Orlando Antonio Martínez Peña, quien dice en su declaración jurada de Patrimonio que tiene capital invertido en Lotedom y en Banca OM SRL.
Lotedom es concesionaria de 6,704 bancas y 1,381 de ellas no están reguladas. Bajo su sombrilla se encuentran las de Bancas OM con un total de 2,222 establecimientos, de los que 685 dicen no estar regulados.
La regularización
Durante el proceso de regularización que realizó Hacienda, basado en la Resolución 061-2022, se registraron unas 73,000 bancas de lotería que operaban en el país. Dicha resolución otorgó una dispensa y plazo de 120 días a todas las bancas de lotería que comercializan sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional para que regularizaran sus permisos.
Como parte de los resultados del proceso, la Lotería Nacional publicó tres listados según el estatus en que se encuentran las bancas, actualizados al mes de abril de este 2023.
En uno de esos listados se agrupan las que se acogieron a la regularización y que no tienen actos de oposición y en él se inscriben 62,606 bancas de lotería. De esas, 36,557 dicen que no están reguladas.
Los otros
Además de los ya citados, otro diputado que también está en ilegalidad con sus negocios es Juan Carlos Echavarría Milané, del PLD y propietario del consorcio de Bancas Joselito, que tiene un total de 450 registradas, aunque concesionadas con Loteka. De esas, 310 están sin regular.
Carlos José Gil Rodríguez, también diputado del PLD por Santo Domingo Este, es propietario del consorcio de bancas La Dinámica. En el listado aparece la Dinámica con 19 bancas, ninguna regulada. Los negocios aparecen con los nombres de Banca La Dinámica, La Dinámica Castillo y Banca M-B La Dinámica.
Condena
En 2018, medios de prensa recogieron la condena que emitió un juez contra Gil Rodríguez, consistente en el pago de una multa de 900,000 pesos por la instalación ilegal de una banca en el sector de Maquiteria, en Santo Domingo Este.
Otro caso es el del diputado por La Romana por la Fuerza del Pueblo (FP), Eduard Espiritusanto Castillo, quien es propietario del Consorcio de Bancas Eduard. En el registro, el consorcio figura con un total de 817 bancas de loterías, todas concesionadas a Loteka. De ellas, 515 no están reguladas.
Alexander Javier Cuevas es propietario de las bancas de Lotería Alex Sport y diputado por Santo Domingo en el oficialista PRM. En el listado de la Lotería figura con 22 bancas a nombre de De Alex Reinoso Sport, 19 de ellas no reguladas.
En una publicación anterior de Diario Libre, se informa que el aspirante alcalde por el municipio Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda Pimentel, tiene 2,622 bancas a nombre de su empresa Inversiones Pradera Azul y que de esas hay 2,015 que dicen que no están reguladas.
Las bancas de Pradera Azul están bajo concesión de Loteka, que en el registro de la Lotería figura como concesionaria de 16,779 bancas, 8,267 sin regular.
Al tratar el tema de la ilegalidad de las bancas, el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo (Quico) Tabar, recordó que la misma se da tanto por la violación a las disposiciones que establecen la distancia entre una y otra, como por el no cumplimiento de los deberes tributarios.
Tabar hizo referencia, sin identificar nombres, a sectores que denomina como los insaciables, pues “aun teniendo cientos o miles de bancas, quieren ocupar todo el espacio de ese negocio”.
En tal sentido, dijo estar a favor de que, al sector independiente, aquellos que operan bancas sin consorcios, se les dé la oportunidad de crear una empresa, incluso más de una si fuese necesario, para que se conviertan en concesionarias y puedan participar del mercado del juego en las misas condiciones que los demás.
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, manifestó que esa entidad no contempla el desalojo de residentes en comunidades aledañas al Parque Nacional Los Haitises, a propósito de la intervención que desde mayo pasado se desarrolla en esa área protegida.
El funcionario fue consultado sobre el tema luego de que comunitarios de Los Limones, en Monte Plata, señalaran que serían desalojados por las autoridades en el marco del operativo.
“Si están fuera del parque no. Pero nada puede haber dentro del área protegida, en ninguna podemos tener ni agricultura ni ganadería”, sostuvo el funcionario.
El ministro indicó que el operativo continúa, al tiempo que reiteró que buscan la forma de lograr una salida global para las personas que residen próximo al parque nacional.
“Hay mucha gente que se le pagó previamente, que salió y volvió, entonces hay un problema social que tenemos que resolver”, sostuvo.
Un mes después, el operativo ha dejado como resultado el apresamiento de cerca de 200 personas, la mayoría nacionales haitianos, además del decomiso de animales, herramientas para uso agrícola y desmantelamiento de conucos instalados en esa área protegida.
Personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) informó a Diario Libre durante un recorrido por el parque que hasta el momento no se han registrado más incendios en la zona y que no habían hallado más haitianos “porque se recogen y se van a otro lugar”.
Los Haitises fue elevada a Reserva Forestal en 1968 y posteriormente a Parque Nacional en 1976.
El presidente del Comité de Sanciones para Haití, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), terminó ayer una visita oficial de tres días a ese país para hablar con las autoridades como parte de su investigación para sugerir una lista de personas que serán sancionadas por su apoyo a las bandas criminales.
Michel Xavier Biang estaba justamente en el Compagnie Development Industriel (Codevi) cuando ocurrió un altercado entre la policía haitiana y empleados de zona franca que originó disturbios y la muerte de dos personas.
Este hecho formó parte de las experiencias que el diplomático se llevó acerca de la situación social de Haití, antes de volar en helicóptero a la República Dominicana para realizar otra visita oficial.
Como presidente del Comité, Biang recibirá el 15 de septiembre del 2023 el informe final del Panel de Expertos que realizan las investigaciones, del cual saldrá una lista de personas y entidades que serán penalizadas.
Michel Xavier Biang se reunirá este viernes con autoridades dominicanas y, posiblemente, con el presidente Abinader. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
A partir de septiembre, la fecha para concluir la lista no se puede asegurar todavía. “Por la seriedad y profesionalismo que espero de los miembros del Comité no puedo dar un tiempo, pero el factor principal es la evidencia que están tomando en el proceso.
“Tendré un reporte con los expertos que nos asisten en septiembre de este año y espero tener para esos días toda la información necesaria del Panel de Expertos y luego tomaré el tiempo necesario para verificar toda la evidencia. Algo seguro es que la lista de sanciones vendrá pronto”, sentencia.
Para llegar a ese punto, Michel Xavier Biang insiste en que su equipo lleva a cabo un proceso serio y meticuloso, y que se tomará el tiempo para verificar toda la evidencia necesaria.
“Lo que queremos evitar es un camino expedito que pueda insertar gente a la lista sin verificar todo lo necesario. Queremos que el proceso sea profesional, serio y estar seguro de que todas esas personas o entidades que amenazan la paz y seguridad en Haití sean incluidos en la lista”, señaló.
También los países miembros de la ONU pueden enviar informaciones y solicitar la inclusión de algunas personas.
Autoridades haitianas
Biang, quien es embajador de Gabón en la ONU, ha querido viajar a Haití para palpar en primera persona la realidad de Haití.
Allá se reunió con los ministros de Justicia, de Economía y el director de Aduanas de ese país caribeño. Encabezó encuentros con el jefe de la policía y su equipo y con la sociedad civil. No pudo hablar con el primer ministro, Ariel Henry, porque se encontraba fuera del país.
También conversó con sus colegas en la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, por sus siglas en francés).
«Lo que vinimos a hacer fue ver el impacto de las sanciones tomadas por UN y ver cómo podemos mejorar la eficiencia de estas sanciones en el campo»Michel Xavier Biangpresidente del Comité de Sanciones para Haití de la ONU“
Afirmó que su objetivo es “experimentar el impacto de la crisis en Haití para tocar con nuestras manos y ver con nuestros ojos el contexto original de lo que hemos visto, pero, por supuesto, la crisis en Haití tiene serios impactos en las naciones vecinas”.
La ONU no ha logrado que los países se pongan de acuerdo en el envío de una intervención armada que pacifique a Haití. Biang prefiere no opinar sobre el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad, al que él pertenece, pero está consciente de que, “de acuerdo con la escala de la crisis en Haití, será importante ir más allá de las sanciones”.
“El Consejo de Seguridad está trabajando seriamente para conducir el reto político, de seguridad y humanitario que es Haití. Muchos reclamos tienen que ser atendidos”, manifestó.
África quiere ayudar
Es sabido que algunos países africanos han manifestado interés en formar parte de una misión armada, algo que confirmó Biang.
“Es muy claro que las autoridades de Haití han pedido la ayuda de una fuerza militar, y esta ayuda es un tema de consulta actualmente en el Consejo de Seguridad. Yo no quiero anticipar la consulta que se está realizando, pero les puedo decir que hay interés en muchos países, incluyendo países africanos, y todos deseamos que este proceso vaya rápido para resolver los retos que tenemos en Haití”, refirió.
Agenda en RD
Michel Xavier Biang espera reunirse hoy con el presidente Luis Abinader y con varios miembros del gobierno dominicano.
¿Cuáles serán las sanciones?
A las personas y entidades sancionadas por la ONU se les castigará con la prohibición de viajar a los países miembros por un período inicial de un año. También se les congelará sus fondos, activos financieros y recursos económicos que se encuentren en sus territorios.
Los estados miembros también deben adoptar, de inmediato, las medidas necesarias para impedir el suministro, la venta o la transferencia de forma directa o indirecta desde sus territorios o a través de ellos de armamentos y materiales conexos de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehículos, pertrechos militares, pertrechos paramilitares.
La ONU exhortó a todos los estados, en particular los países de la región, a que inspeccionen toda la carga destinada a Haití que se encuentre en su territorio, incluidos los puertos marítimos y aeropuertos, si el Estado tiene motivos fundados para creer que esa carga contiene artículos prohibidos.
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