Los investigadores del FBI que catearon una propiedad de Harold Martin en Maryland en el otoño de 2016 hallaron documentos confidenciales —incluso material marcado con nivel de secreto máximo— esparcidos por su casa, su coche y un cobertizo de almacenamiento.
A diferencia del expresidente Donald Trump, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) no cuestionó las acusaciones en su contra y al final se declaró culpable en 2019, al admitir que sus acciones fueron “incorrectas, ilegales y altamente cuestionables”. Sus expresiones de contrición y su admisión de culpabilidad por un solo cargo de retención deliberada de información de defensa nacional no lo salvaron de un castigo duro: nueve años de prisión.
La resolución de ese caso se cierne como una guía ominosa para el castigo legal que Trump podría enfrentar por los 37 cargos por delitos graves, 31 de ellos bajo el mismo estatuto de la Ley de Espionaje de un siglo de antigüedad que se usó para enjuiciar a Martin y a otros acusados que presuntamente retuvieron documentos clasificados de manera ilegal. Sin embargo, muchos como Martin, que se declararon culpables y aceptaron su responsabilidad, han sido sancionados con penas de prisión de varios años.
“Cuando deciden iniciar un caso de manejo intencional e inadecuado (de documentos), es para enviar un mensaje: que nos tomamos estos casos muy en serio”, comenta Michael Zweiback, abogado defensor y exfiscal del Departamento de Justicia. “Casi siempre buscan penas de cárcel”.
Es imposible pronosticar cuánto tiempo de prisión podría enfrentar el expresidente en caso de una condena, y tal decisión dependerá finalmente del juez de primera instancia, que en este caso es uno que fue designado por el propio Trump y que ya ha demostrado su voluntad de fallar a su favor. También es difícil saber hasta qué punto podrían pesar otros factores, incluidas las complicaciones logísticas y políticas de encarcelar a un expresidente.
La infracción de la Ley de Espionaje se castiga con hasta 10 años de prisión, aunque es raro que los delincuentes federales que delinquen por primera vez se acerquen a la pena máxima. Pero más allá de la retención de documentos, los fiscales también han identificado numerosos agravantes en la supuesta actuación impropia de Trump, a quien acusan de tratar de reclutar a otras personas —incluidos un abogado y ayudantes— para ocultar los expedientes a los investigadores y de mostrar algunos a visitantes. Algunos de los otros cargos en la acusación, incluida la de obstrucción a la justicia, se castigan con hasta 20 años de prisión.
En los últimos años, los fiscales del Departamento de Justicia han utilizado la Ley de Espionaje contra varios acusados, incluida una mujer de Virginia Occidental que retuvo un documento de la NSA relacionado con asuntos militares y políticos de un gobierno extranjero. Elizabeth Jo Shirley se declaró culpable en 2020 de un cargo de retención intencional y fue sentenciada a ocho años de prisión.
Este mes, un oficial de inteligencia retirado de la Fuerza Aérea, Robert Birchum, fue sentenciado a tres años de cárcel luego de declararse culpable de mantener archivos clasificados en su casa, en habitaciones oficiales en el extranjero y un pequeño almacén a la entrada de su casa.
Muchos acusados se han declarado culpables en lugar de enfrentarse a un juicio, aunque no todos han ido a prisión. Trump —quien también enfrenta cargos relacionados con pagos de sobornos en una corte del estado de Nueva York— no ha mostrado indicios de que busque un acuerdo de culpabilidad, insistiendo enérgicamente en que es inocente y atacando personalmente al fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, horas después de comparecer el martes en una corte federal en Miami.
A pesar de los detalles de la acusación, Trump tiene algunas vías para tratar de impugnar los cargos.
Por un lado, atrajo a la jueza Aileen Cannon, quien se puso del lado de Trump el año pasado en el intento del expresidente de nombrar a un auditor especial para que realizara una revisión independiente de los documentos clasificados incautados.
La jueza, citando el “estigma” que dijo que está asociado con un cateo del FBI a la casa de Trump, aseguró que una “acusación futura” con base en artículos que deberían haber sido devueltos a Trump “daría como resultado un daño a la reputación de un orden de magnitud decididamente diferente”.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones federal del 11mo circuito anuló por unanimidad el fallo de la jueza, quien fue criticado ampliamente por expertos judiciales como extraordinaria e inusualmente amplio.
Durante los próximos meses, la jueza Cannon tomará decisiones que darán forma al juicio, incluida la rapidez con que se llevará a cabo y si se excluirá alguna evidencia.
Los fiscales también enfrentan un desafío en Florida, donde los republicanos han logrado avances constantes en los últimos años, de un grupo de jurados que probablemente sea más favorable a Trump que si el juicio se realizara en Washington, D.C., una ciudad abrumadoramente demócrata.
De todos modos, “creo que podría muy bien ser que Jack Smith le dé la bienvenida a un jurado de Florida, porque si hay una condena, será mucho más difícil decir: ‘Bueno, ese jurado era de alguna manera anti-Trump’”, comentó Stephen Saltzburg, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y exfuncionario del Departamento de Justicia.
Los expertos anticipan que los abogados de Trump se harán eco de los comentarios públicos del expresidente y que tratarán de que se desestime el caso, argumentando que Trump tenía derecho a tener los documentos y que es víctima de una extralimitación de la fiscalía. Trump también podría intentar impedir que los fiscales puedan usar evidencia clave, como notas de su abogado que detallan conversaciones con el expresidente.
Si el caso llega a juicio, los expertos creen que los abogados de Trump intenten lo que se llama “anulación del jurado” al tratar de convencer a los miembros del jurado de que su cliente debe ser absuelto, incluso si creen que Trump violó la ley porque la infracción no fue lo suficientemente grave como para justificar cargos y de que él está siendo discriminado.
“El tema de la defensa puede estar plagado de sugerencias de injusticia y enjuiciamiento selectivo, básicamente tratando de convencer a un jurado de que incluso si el expresidente hizo lo que el gobierno dice que hizo, nada de esto debería haber terminado en un proceso penal”, advierte Robert Mintz, abogado defensor y exfiscal del Departamento de Justicia.
Robert Kelner, un abogado defensor de lo penal con sede en Washington, manifestó que aunque parece poco probable una absolución total dado el volumen de evidencia, existe una vía para declarar un juicio nulo si los abogados de Trump pueden persuadir a un solo miembro del jurado para que lo absuelva, con el argumento de que el mandatario disfrutaba de la autoridad absoluta para desclasificar información.
Esa autoridad terminó en el momento en que Trump dejó la presidencia, pero incluso así “algunos miembros del jurado probablemente encontrarán difícil racionalizar el condenarlo por algo para lo que anteriormente tenía autoridad absoluta, simplemente porque no presentó los formularios correctos ni lo hizo en el momento adecuado”, agregó Kelner.
Al final, frente a una montaña de evidencia y la perspectiva de pasar años en prisión, la mejor esperanza de Trump puede ser una táctica que emplea a menudo: demorar, demorar y demorar, comentó Cheryl Bader, exfiscal federal y directora del Departamento de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham.
“Su mejor defensa puede ser intentar capear el ciclo electoral, ser elegido presidente y, por tanto, estar al frente del Departamento de Justicia antes de que el caso llegue a juicio”, añadió.
