Categoría: actualidades

Ni la firma de acuerdos, como el Pacto por la Reforma Educativa del 2014, ni la sentencia del Tribunal Constitucional que reconfirma la decisión de un tribunal, que prohíbe a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizar las clases en días laborables, han impedido que el sindicato realice sus actividades de lunes a viernes, afectando a los estudiantes.

El pasado viernes el gremio anunció la suspensión de las clases para realizar “asambleas” en las 155 seccionales en todo el país, dejando sin docencia a más de dos millones de estudiantes.

Para los días 26 de mayo y el 7 de junio los maestros abandonarán de nuevo los centros educativos para protestar frente al Ministerio de Educación y al Palacio Nacional en demanda de aumento salarial para los pensionados y jubilados y los docentes activos. Estas acciones se realizan a semanas de que concluya el año escolar 2022-2023.

El viernes pasado se cumplió a cabalidad la celebración de las asambleas con la participación masiva de los profesores, lo que agradeció el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

El presidente de la ADP, recordó que además de las reivindicaciones de los jubilados y pensionados, se suma la lucha por el aumento salarial de los docentes activos, la situación que atraviesan las maestras del Nivel Inicial para que se humanice su trabajo en las aulas.

Igualmente, la aplicación de la Evaluación del Desempeño, la ratificación de los coordinadores pedagógicos, así como la mejora en las plantas físicas de los centros educativos.

Son excusas, dice el ministro

El ministro Ángel Hernández considera que la decisión de la ADP de convocar “Asambleas” en los diferentes territorios del país no es más que una estrategia para no dar clases, afectando el interés social de mejorar la calidad de la educación pública en el país.

El funcionario explicó que, tanto en el Pacto para la Reforma Educativa como en lo referente al Acuerdo firmado en el 2021 con el Ministerio de Educación, la ADP se comprometió a respetar los horarios de docencia.

“El gremio incumple con este paro disfrazado lo acordado y para colmo pide nuevas demandas salariales que exceden por mucho las posibilidades del presupuesto destinado a la cartera”, expresó Hernández.

Agregó que los docentes son el sector profesional mejor pagado en la administración pública, tienen amplios beneficios y los logros del sistema educativo no reflejan lo que la sociedad invierte en los docentes.

Incumplen acuerdos

Para Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) los paros de la ADP y las asambleas en horario escolar incumplen, por enésima vez, el único compromiso del Pacto Nacional para la Reforma Educativa que tiene carácter irrenunciable.

“Una vez más vale la pena recordar que la sociedad dominicana hace un enorme esfuerzo por financiar la educación pública de niños, niñas y adolescentes. Este año 2023 el presupuesto asignado al Minerd supera los RD$ 275,300 millones. Estos recursos no surgen de la nada”, recordó el director Ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo.

Actitud de confrontación

Por tradición la ADP ha mantenido una actitud de confrontación con las autoridades educativas, y a pesar de que su presidente aseguró en meses pasados que prevalecería el diálogo antes que la confrontación para resolver conflictos, han vuelto a las movilizaciones y paros afectando la docencia.

Pedro (nombre ficticio) estaba trabajando cuando en 2001 entró en vigencia la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y que instituye en el país el sistema de pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia.

Tras 22 años de trabajo ininterrumpidos y con un salario a la fecha de poco más de 60,000 pesos al mes, el acumulado de Pedro no llega a los dos millones de pesos. Al hacer el cálculo en su administradora de fondos de pensiones sobre la pensión que le tocaría, los resultados le resultaron poco alentadores. “Si sigo cotizando por otros 15 años, tendría una pensión de unos 32,000 mensual”, dice con cara de desilusión ante un monto que se le antoja demasiado bajo.

Lo bajo que serían las pensiones para la mayoría de los cotizantes ha sido una queja de años de diversos sectores y es uno de los puntos que se propone modificar el Congreso, con una propuesta que presentó una comisión bicameral.

En ella se plantea, entre otras cosas, porcentajes que van desde un 60 a un 100 por ciento de pensión por vejez en función de los últimos 12 meses de salarios del cotizante.

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Patrimonio de fondos de pensiones ascendió a noviembre pasado a RD$1.044,452 millones

Este esquema generaría un déficit en el sistema que amenazaría su sostenibilidad financiera a largo plazo, a decir del especialista en seguridad social, Arismendi Díaz Santana.

Esto -explica- porque el cálculo se haría con base al salario de los últimos 12 meses, sin tomar en cuenta la cantidad de fondos acumulados del cotizante, contrario a lo que plantea la legislación actual que establece que el porcentaje de la pensión se calcula en función del aporte acumulado que tenga cada persona.

 “Se adquiere derecho a una pensión por vejez, cuando el afiliado acredite: a) tener la edad de sesenta (60) años y haber cotizado durante un mínimo de trescientos sesenta (360) meses; o b) haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima”, dice la Ley 87-01 (vigente).

Sin embargo, de aprobarse el nuevo esquema propuesto por los congresistas, basado en el promedio del salario del último año trabajado, el sistema tendría que financiar parte del monto mensual que pague a cada cotizante, con el riesgo de quedar descapitalizado, a decir de Díaz Santana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/22/imagen-ahorro-capitalizacion-53beca66.png

Cálculo hipotético

Para evidenciarlo, hace un cálculo hipotético en el que un trabajador, con un salario real (salario promedio y libre de inflación) de 30,000 pesos mensuales, decide pensionarse a los 55 años de edad y tras 20 años de cotización.

Bajo el esquema que propone la comisión bicameral, el monto de la pensión de este trabajador sería igual al 70 % del promedio de los últimos 12 salarios.

“Aportando el 10.01% mensual de su salario (que propone la comisión), al cabo de 20 años sumaría 720,720.00 pesos (30,000 salario x 10.01% de aporte x 12 meses x 20 años). En adición, obtendría unos 677,336 de intereses al 5% real anual, durante los 20 años, incluyendo los intereses ganados por el saldo disponible durante el retiro. En esas condiciones, el gran total acumulado de por vida de este trabajador promedio ascendería a 1,398,056.00 pesos reales, sin inflación”, proyecta Díaz Santana.

Luego calcula los beneficios que recibiría ese trabajador. “Asumiendo una esperanza de vida promedio de 75 años, disfrutaría de 20 años de pensión por un monto total de 6,033,300.00 pesos reales (21,000 mensual x 13 meses al año x 20 años promedio), más tres años de pensión de su sobreviviente (70%)”.

En ese caso, explica, el afiliado típico aportaría al sistema de pensión, según la propuesta de la comisión bicameral, 1,398,056.00 y recibiría como pensión total 6,033,300.00,

“En ambos casos hablamos de pesos reales, arrojando un déficit por afiliado de 4,635,244.00 reales, monto que la comisión bicameral deberá explicar cómo será financiado y cuál será el grado de sostenibilidad financiera de esa propuesta en el mediano y largo plazo”, cuestiona Díaz Santana.

Sus proyecciones se basan en un escenario en el que los aportes no son tocados para pagar otras pensiones, son invertidos y capitalizados y logran mantener una tasa de un 5 % anual de rentabilidad por los 20 años, lo que ve difícil de asegurar. El especialista en seguridad social expone sus reservas al sistema de reparto propuesto, igual que lo hizo la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp) que, entre varias fallas en la propuesta, advierte que el esquema planteado tendría una alta carga fiscal para el presupuesto nacional.

“Ese esquema de reparto lo defienden los que están arriba (en posiciones de poder y altos salarios) porque son los que se autoasignan… porque el costo sale del presupuesto del Estado”, dice

En una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se detectaron varios fallos en la gestión de los recursos financieros y contables durante el periodo 2017-2020, cuando estuvo al frente de esa entidad Yokasta Guzmán.

Las conclusiones de la investigación que publicó la Cámara de Cuentas este 20 de mayo de 2023, dicen que se evidenció “debilidades importantes en la operatividad de la gestión Contable Financiera, la ausencia del diseño e implementación de medidas que sirvan para la prevención de riesgos, la falta de cumplimiento legal de las normativas vigentes por parte de los funcionarios de la institución.

El organismo auditor encontró que en la DGCP se aplicó de manera incorrecta la Ley 11-92 que aprueba el Código Tributario de RD, al dejar de retener o hacer retenciones por montos inferiores o superiores a los empleados.

“Comprobamos que la entidad, para los años 2017-2020 dejó de retener un monto de RD$2,116,687, por concepto de impuesto sobre la renta a empleados”, dice el informe de auditoría.

También encontró que durante dicho periodo a los empleados se les retuvo el impuesto sobre la renta por un monto de RD$12,707,079 por encima del valor correspondiente. Así mismo, hubo una retención inferior por RD$3,210,877.

Cuestionada al respecto, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, indicó que las retenciones no realizadas en su momento fueron rectificadas posteriormente, recomendando solicitar los soportes de las mismas al Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, la actual gestión de dicha dirección, que encabeza Carlos Pimentel, atribuye a no retención a saldos a favor que tenían los empleados. En ningún de los casos, hubo soportes que justificaron las explicaciones, por lo que la Cámara de Cuentas mantuvo la observación.

Los auditores también encontraron que durante la gestión de Guzmán hubo retenciones por encima o por de bajado del valor real del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (Itbis) en procesos de compras por RD$205,359 y por RD$117,902.

En su investigación, la Cámara de Cuentas encontró que funcionarios de la DGCP, incluida la propia directora, tuvieron asignaciones de combustible por encima del 10% del salario mensual que establece la reglamentación interna de la entidad. El monto de dicha asignación alcanzó  RD$1,117,000.

Combustible

Pero Guzmán lo justificó en que su asignación de combustible estaba amparada en el Decreto 499-12, que establecía medidas de austeridad para las instituciones gubernamentales. “Este Decreto establecía en su artículo 10, lo siguiente: “Los cargos de altos niveles contemplados en la Ley de Función Pública, tendrán asignado un monto correspondiente al quince por ciento (15%) del salario o sueldo base, destinado para combustible”.

También explicó que, a su llegada a la entidad, tenía un salario mensual de 274,000 pesos, que luego fue reajustado a la baja para llevarlo al monto que 245,000 que debía recibir ese cargo. Dice que por error no se aplicó el reajuste al monto del combustible, pero la Cámara de Cuentas decidió mantener la observación, alegando que no se suministró el soporte que apoye la justificación de Guzmán.

Otro de los hallazgos de la auditoria fue la carencia de estados financieros correspondientes a los períodos 2017-2020 que revelen la situación patrimonial y resultado económico de la gestión, pues solo se elaboraron los estados de ejecuciones presupuestarias. Esa situación fue justificada en el hecho de que la DGCP no maneja recursos propios. “Este tipo de institución no emite Estados Financieros, por lo cual la Dirección General de Contabilidad Gubernamental inició un proyecto para la implementación de los Estados Financieros en las instituciones que aún no contaban con los mismos.”, justificó Guzmán.

Pedro (nombre ficticio) estaba trabajando cuando en 2001 entró en vigencia la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y que instituye en el país el sistema de pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia.

Tras 22 años de trabajo ininterrumpidos y con un salario a la fecha de poco más de 60,000 pesos al mes, el acumulado de Pedro no llega a los dos millones de pesos. Al hacer el cálculo en su administradora de fondos de pensiones sobre la pensión que le tocaría, los resultados le resultaron poco alentadores. “Si sigo cotizando por otros 15 años, tendría una pensión de unos 32,000 mensual”, dice con cara de desilusión ante un monto que se le antoja demasiado bajo.

Lo bajo que serían las pensiones para la mayoría de los cotizantes ha sido una queja de años de diversos sectores y es uno de los puntos que se propone modificar el Congreso, con una propuesta que presentó una comisión bicameral.

En ella se plantea, entre otras cosas, porcentajes que van desde un 60 a un 100 por ciento de pensión por vejez en función de los últimos 12 meses de salarios del cotizante.

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Esto -explica- porque el cálculo se haría con base al salario de los últimos 12 meses, sin tomar en cuenta la cantidad de fondos acumulados del cotizante, contrario a lo que plantea la legislación actual que establece que el porcentaje de la pensión se calcula en función del aporte acumulado que tenga cada persona.

 “Se adquiere derecho a una pensión por vejez, cuando el afiliado acredite: a) tener la edad de sesenta (60) años y haber cotizado durante un mínimo de trescientos sesenta (360) meses; o b) haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima”, dice la Ley 87-01 (vigente).

Sin embargo, de aprobarse el nuevo esquema propuesto por los congresistas, basado en el promedio del salario del último año trabajado, el sistema tendría que financiar parte del monto mensual que pague a cada cotizante, con el riesgo de quedar descapitalizado, a decir de Díaz Santana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/22/imagen-ahorro-capitalizacion-53beca66.png

Cálculo hipotético

Para evidenciarlo, hace un cálculo hipotético en el que un trabajador, con un salario real (salario promedio y libre de inflación) de 30,000 pesos mensuales, decide pensionarse a los 55 años de edad y tras 20 años de cotización.

Bajo el esquema que propone la comisión bicameral, el monto de la pensión de este trabajador sería igual al 70 % del promedio de los últimos 12 salarios.

“Aportando el 10.01% mensual de su salario (que propone la comisión), al cabo de 20 años sumaría 720,720.00 pesos (30,000 salario x 10.01% de aporte x 12 meses x 20 años). En adición, obtendría unos 677,336 de intereses al 5% real anual, durante los 20 años, incluyendo los intereses ganados por el saldo disponible durante el retiro. En esas condiciones, el gran total acumulado de por vida de este trabajador promedio ascendería a 1,398,056.00 pesos reales, sin inflación”, proyecta Díaz Santana.

Luego calcula los beneficios que recibiría ese trabajador. “Asumiendo una esperanza de vida promedio de 75 años, disfrutaría de 20 años de pensión por un monto total de 6,033,300.00 pesos reales (21,000 mensual x 13 meses al año x 20 años promedio), más tres años de pensión de su sobreviviente (70%)”.

En ese caso, explica, el afiliado típico aportaría al sistema de pensión, según la propuesta de la comisión bicameral, 1,398,056.00 y recibiría como pensión total 6,033,300.00,

“En ambos casos hablamos de pesos reales, arrojando un déficit por afiliado de 4,635,244.00 reales, monto que la comisión bicameral deberá explicar cómo será financiado y cuál será el grado de sostenibilidad financiera de esa propuesta en el mediano y largo plazo”, cuestiona Díaz Santana.

Sus proyecciones se basan en un escenario en el que los aportes no son tocados para pagar otras pensiones, son invertidos y capitalizados y logran mantener una tasa de un 5 % anual de rentabilidad por los 20 años, lo que ve difícil de asegurar. El especialista en seguridad social expone sus reservas al sistema de reparto propuesto, igual que lo hizo la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp) que, entre varias fallas en la propuesta, advierte que el esquema planteado tendría una alta carga fiscal para el presupuesto nacional.

“Ese esquema de reparto lo defienden los que están arriba (en posiciones de poder y altos salarios) porque son los que se autoasignan… porque el costo sale del presupuesto del Estado”, dice

Que no sean 44 sino 40 las horas máximas de la jornada laboral semanal en República Dominicana y que se reduzca a las 7 de la noche el inicio del horario nocturno es a lo que aspiran los sindicatos en un Código de Trabajo reformado.

Concretamente, la representación sindical propone que el artículo 147 del Código de Trabajo vigente se modifique para que diga: “La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder de ocho horas por día ni de cuarenta horas por semana”.

“No obstante –prosigue–, a requerimiento del empleador, el ministro de Trabajo puede disponer que la jornada diaria se extienda hasta diez horas, siempre que no se exceda su límite semanal”. 

Lo vigente en el país es que la jornada laboral no exceda de ocho horas por día ni de 44 horas por semana. Y que la jornada semanal de trabajo termine a las 12 horas meridiano del sábado.

También, el descanso semanal ininterrumpido al que tiene derecho el trabajador es actualmente de 36 horas. Pero, los sindicatos proponen que se aumente a 48 horas, a partir del sábado a las 8 de la mañana, si no hay otro día convenido.

Está definido, además, que la jornada laboral diurna esté comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche, y la nocturna entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Pero los sindicatos proponen que la diurna termine a las 7 de la noche para que, a partir de esa hora, comience la nocturna hasta las 7 de la mañana. 

El Código de Trabajo de la República Dominicana data de 1992. Desde el año pasado se reactivaron las discusiones tripartitas (empresarios, sindicatos y gobierno) con el objetivo de finalmente modernizarlo y, según ha reiterado el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, se ha llegado a un consenso en el 87 % de su contenido. 

Sin embargo, el diálogo se ha estancado al llegar a temas neurálgicos. Y la clase sindical ha indicado a Diario Libre que la jornada laboral aún no se ha discutido.

Países con 40 horas

De aprobarse la propuesta sindical, la República Dominicana se uniría a países como Chile, donde recién se aprobó por ley en abril de este 2023 la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. 

La nueva ley chilena se aplicará progresivamente durante los próximos cinco años: al año de su aplicación se reducirá a 44 horas, a los tres años el límite será de 42 y al cabo de los cinco años se llegará a las 40 horas. Entre el empresariado de ese país se observó que esto tendrá un efecto en los costos laborales y requerirá rearmar estructuras. 

En los últimos años se han hecho pruebas en países para reducir la jornada semanal a cuatro días. En el Reino Unido, por ejemplo, durante junio y diciembre del 2022, unas 61 empresas con unos 2,900 empleados trabajaron en ese horario. 

Los resultados difundidos indican que el 39 % de los empleados estaba menos estresado y el 71 % había reducido su nivel de agotamiento al final del periodo. En tanto que los ingresos de las empresas se mantuvieron prácticamente iguales durante el período de prueba, aumentando 1.4 % en promedio. 

__________

*Esta nota es parte de una serie de publicaciones del equipo de Economía de Diario Libre sobre las propuestas de reforma al Código de Trabajo.

Luis Inácio Lula da Silva no se olvidó de Haití durante la Cumbre del G7 realizada en Hiroshima, Japón, este fin de semana. El presidente brasileño habló de la necesidad de que la comunidad internacional actúe con rapidez para aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano.

En un discurso leído este domingo 21 de mayo durante la sesión de trabajo del G7 y los países invitados en Hiroshima, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, subrayó la necesidad de que los líderes del mundo libre lleven rápidamente ayuda a la gente haitiana.

“En Haití, debemos actuar rápidamente para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia”, dijo.

“El flagelo que enfrenta el pueblo haitiano es el resultado de décadas de indiferencia ante las necesidades reales del país. Hace años que Brasil viene diciendo que el problema de Haití no es solo un problema de seguridad, sino sobre todo un problema de desarrollo”, continuó.

Más de seis meses después de la solicitud del gobierno encabezado por Ariel Henry, transmitida por la ONU, de enviar una fuerza internacional para combatir a las pandillas, la comunidad internacional está buscando nuevas estrategias ya que ningún país se presenta para liderar tal misión.

Después de Canadá, Estados Unidos apuntaría ahora a Brasil para asumir este papel. La embajadora de EE. UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, incluso viajó a Brasil a principios de mayo para poner las cosas en marcha en esta dirección. El diplomático dijo que este país sudamericano “se siente preocupado por Haití” y que está comprometido a trabajar con el Consejo de Seguridad para encontrar una salida.

Durante esta cumbre en Hiroshima, el presidente Lula Da Silva aprovechó para criticar la incapacidad de las potencias para enfrentar las crisis internacionales, su ceguera ante los reclamos de los países emergentes, entre otros. Para él, “los paradigmas se han derrumbado” y es hora de que una “nueva mentalidad” reine en el mundo.

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Además de los miembros del G7 – Japón, EE. UU., Alemania, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido – países como Brasil, Australia, India, Indonesia, República de Corea, Vietnam, entre otros, fueron invitados a esta cumbre celebrada el 20 y 21 de mayo. 2023.

Espera no surja guerra

Luiz Inácio Lula da Silva, dijo además, desde Hiroshima que espera que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos, sino que la economía mundial sea “libre”.

En una rueda de prensa en la que hizo balance sobre su participación en la cumbre del G7, donde fue el único invitado latinoamericano, Lula defendió la creación de monedas diferentes al dólar para intercambios comerciales.

“Espero que no haya gente que acepte otra vez la guerra fría. No quiero que suceda otra guerra así entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a esos países. Quiero una economía libre en el mundo comercial”, señaló.

El uso del dólar en el mercado mundial ha sido criticado en varias ocasiones por el mandatario brasileño, quien recordó que la idea de crear una moneda propia ya se está discutiendo en el BRICS -organismo que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica- para que los países miembros puedan comerciar con ella.

Ni la firma de acuerdos, como el Pacto por la Reforma Educativa del 2014, ni la sentencia del Tribunal Constitucional que reconfirma la decisión de un tribunal, que prohíbe a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizar las clases en días laborables, han impedido que el sindicato realice sus actividades de lunes a viernes, afectando a los estudiantes.

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Para los días 26 de mayo y el 7 de junio los maestros abandonarán de nuevo los centros educativos para protestar frente al Ministerio de Educación y al Palacio Nacional en demanda de aumento salarial para los pensionados y jubilados y los docentes activos. Estas acciones se realizan a semanas de que concluya el año escolar 2022-2023.

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