Categoría: actualidades

La comisión bicameral a cargo de revisar la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social recomendó reformar 45 artículos en los que plantea importantes cambios a la legislación, con la inclusión de penalidades, diferentes opciones para la jubilación y del retiro de los fondos de pensiones.

El informe, que fue aprobado por la comisión integrada por diputados y senadores, está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados.

La propuesta establece que serían reducidos a penas de 3 a 5 años de cárcel, sin menoscabo de demandas civiles en contra de sus patrimonios, las autoridades que no acaten las disposiciones al cambiar, limitar o denegar la ley.

Igualmente serían reducidos a esa misma penalidad, los funcionarios que teniendo conflictos de intereses se juramenten y se mantengan desempeñando cargos públicos de la seguridad social.

Además, aquellos que cabildeen decisiones y promuevan negocios al momento de la toma de decisiones al interior del sistema de seguridad social, así como contra los funcionarios cuyas decisiones afecten los derechos consagrados en la legislación.

Pensión por vejez

La propuesta de los legisladores contempla la pensión por vejez, a fin de otorgar protección del pensionado y de sus sobrevivientes, se aplicaría en atención a la siguiente escala:

•  Haber cotizado 20 años y cumplido 55 años de edad, correspondiéndole una tasa de reemplazo de 70% del promedio de los últimos 12 salarios.
•  Haber cotizado 20 años y cumplido 60 años de edad, correspondiéndole una tasa de reemplazo de 75% del promedio de los últimos 12 salarios.
•  Haber cotizado durante 25 años y cumplido 60 de edad, correspondiéndole una tasa de reemplazo de 80% del promedio de los últimos 12 salarios.
•  Haber cotizado durante 30 años y 60 años de edad, con un noventa por ciento (90%) del promedio de los últimos 12 salarios;
•  Haber cotizado al sistema durante 35 años, sin importar la edad, en cuyo caso la tasa de reemplazo será de un cien por ciento (100%) del promedio de los últimos 12 salarios.

No obstante, hace hincapié en que los afiliados que hayan cotizados 20 años en servicio, sin importar la edad podrán optar por una jubilación con el 60% de promedio de los últimos 12 salarios devengados. Precisa que, en ningún caso, la tasa de retorno de la pensión por vejez será menor del 60% del salario promedio de los últimos 12 salarios.

Asimismo, la moción fija en veinte salarios mínimos nacionales del sector público el tope para el cálculo de las pensiones y  el pago del beneficio de pensión.

Discapacidad y sobrevivencia

En los casos de afiliados con discapacidad total permanente, los congresistas recomendaron que la pensión debe ser de carácter vitalicio.

“Estas personas, deberán demostrar que no están laborando en empresa alguna y certificar, en el caso de estar afectados de alguna enfermedad o discapacidad que les impida trabajar”, refiere la propuesta.

La pensión por discapacidad total equivaldrá al 75 % del salario base y en los casos de discapacidad parcial corresponderá al 50 %, siempre que no afecte la capacidad económica de producción del afiliado.

Tanto en los casos de total y parcial, la pensión será calculada en base al promedio del salario cotizable indexado de los últimos tres años.

Si se produce el fallecimiento del afiliado, los beneficios de la pensión serán otorgados a los sobrevivientes, en un porcentaje no menor al 70 % del salario cotizable de los últimos tres años o fracción, ajustado por el índice de Precios al Consumidor (IPC). El cónyuge sobreviviente menor de 50 años recibirá una pensión durante sesenta meses, o, en su defecto, el hijo menor hasta los 18 años.

“La pensión de sobrevivencia será financiada mediante una póliza que contratarán tanto la entidad que administre el Pilar Público del fondo de pensiones de carácter obligatorio bajo la modalidad de prestaciones definidas, así como la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) del Pilar Privado de aportaciones definidas, en el caso de que el afiliado sea afiliado a dicho pilar”, precisa la propuesta de la comisión bicameral.

Contributivo  subsidiado

Entraría en acción, este régimen llamado a proteger a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, el cual nunca se aplicó, aunque está contemplado  en la legislación vigente.

Para tales fines, los congresistas instruyen en la propuesta al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) a reglamentar y dar inicio inmediato al Régimen Contributivo Subsidiado. Para su puesta en marcha se iniciaría, en un plazo de no mayor de 90 días a partir de la promulgación de la ley, mediante planes pilotos.

 “El Consejo Nacional de Seguridad Social utilizará los fondos acumulados correspondientes al Régimen Contributivo Subsidiado que han sido dispersados y se continuarán dispersando por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)”, expresa.

Planes Básicos

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) sería el encargado de aprobar los precios y tarifas de los servicios y procedimientos contemplados en el Plan Básico de Salud, con base en la propuesta que le someta la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, las que deberán considerar las tarifas y honorarios mínimos acordados por el Comité Nacional de Honorarios Profesionales.

Incluirían progresivamente la cobertura integral, continua y garantizada para los problemas de salud de alta prioridad en el perfil epidemiológico definido por el Ministerio de Salud. Los planes se revisarían cada dos años para mantener actualizado el catálogo de servicios y prestaciones, las reglas de acceso, y ajustar las tarifas y honorarios.

Planes Complementarios

En adición a las coberturas del Plan Básico de Salud, los afiliados podrán optar de forma voluntaria por planes complementarios sin discriminación por edad o condición de salud.

También los afiliados, pensionados, envejecientes o dependiente de este, podrán optar de forma voluntaria por planes complementarios en condiciones de salud, cuyo costo será asumido por este, el empleador y el Estado.

Comisiones de las AFP

De acuerdo a la propuesta, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán cobrar o recibir ingresos de los afiliados y los empleados conforme a los siguientes conceptos:

•  Una comisión aplicada a las ganancias generadas mensualmente de cada cuenta de capitalización individual administrada, que será calculada entre cero y cero punto setenta por ciento (0.70%). Las AFP solo podrán cobrar esta comisión a las cuentas que tengan cotizaciones registradas en el mes anterior. El Congreso Nacional revisará esta comisión cada cuatro años para el cálculo de las comisiones máximas de acuerdo a las condiciones del mercado y otras variables que considere pertinente.
•  Cobros por servicios opcionales, expresamente solicitados por los afiliados; 
• Intereses cobrados al empleador por retrasos en la entrega de la comisión por administración.

Algunos puntos de interés

La propuesta legislativa establece que una vez tramitada la pensión o jubilación, el servidor público podrá retirarse de la institución donde presta su servicio, quedando obligada a seguir pagando su salario al trabajador, hasta que se haga efectiva la pensión o jubilación.

 “Toda persona en cuyo favor se haya generado derechos a pensión o jubilación y se encuentre fuera del área laboral pública, podrá solicitarla directamente mediante comunicación dirigida a la institución responsable de administrar el sistema de pensiones y jubilaciones; anexando las certificaciones que avalen los años acumulados y copia de la cédula de identidad y electoral que demuestre haber alcanzado la edad requerida. En un plazo no mayor de tres (3) meses a partir del depósito o recibo de la solicitud, la institución le comunicará la aprobación de la pensión o jubilación, disponiendo su disfrute de inmediato”, refiere el proyecto.

Plantea que  los afiliados no protegidos mediante leyes específicas podrán elegir una Administradora de Fondos de Pensiones que administre su cuenta individual.

Asimismo, que el Ministerio de Educación (MINER) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), tendrán la responsabilidad de incluir en los planes de estudios para educar en torno a la seguridad social en aspectos de los derechos y deberes de los afiliados. Serían sobre las características del Sistema Dominicano de Seguridad Social y los derechos humanos y constitucionales.

De igual modo, podrían afiliarse al Seguro Familiar de Salud (SFS) los dominicanos residentes en el exterior y su núcleo familiar, siempre que el titular asuma el pago de la cápita correspondiente que será definida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

“En la eventualidad de una contingencia extraordinaria o pandemia determinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se contemplará la devolución de hasta un 20% de las ganancias acumuladas en los últimos 10 años en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, a los afiliados que de manera voluntaria así lo quisieran, en la forma que sea determinada por el CNSS, velando siempre por la viabilidad y sostenibilidad de las futuras pensiones”, aduce la propuesta.

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El Código de Ética elaborado por el Ministerio de Educación prohíbe a docentes y administrativos, acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes: psicológica, verbal, física y sexual y tampoco se admitirá el uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el estudiante, por su inteligencia, su origen, su físico, religión, sexo, forma de expresarse, condición social o por ser persona con discapacidad.

También el acoso y cualquier otra situación que pueda convertirse en un abuso de poder contra el estudiante debido a conocimientos, edad, posición social y experiencia por parte de docentes y personal administrativo.

El Código regulará las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del sistema de educación preuniversitario, en sus distintos niveles, modalidades y subsistemas tanto en el sector educativo público, como privado.

De acuerdo a la Orden Departamental número 22/2023, firmada por el ministro Ángel Hernández, los docentes y el personal administrativo no podrán sobornar a los estudiantes e impide que los maestros y cuerpo de la escuela utilice los horarios de clases o el centro educativo para desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes.

Uso de  redes sociales

El uso de los medios sociales, el uso de las redes y de toda herramienta tecnológica con una finalidad diferente a la formación académica está prohibida para el docente y personal administrativo en su interacción con los estudiantes.

El código establece, en ese sentido, que ningún docente o personal administrativo puede relacionarse con los escolares en horario de recreo para tratar temas personales, salvo que se requiera alguna intervención o acompañamiento concreto, en beneficio de la salud integral del educando.

Los lineamientos éticos del código apuntan también algunas obligaciones para el personal de la escuela. Entre ellas, que en el uso de las herramientas digitales con fines formativos el docente no puede relacionarse de forma individual; en los encuentros virtuales, los docentes y cuerpo administrativo deben vestir formalmente; y la Policía Escolar y el personal de seguridad han de mantener un comportamiento coherente con los lineamientos éticos que rigen el funcionamiento de los centros educativos.  

Amonestación

El Régimen Disciplinario del Código procura que las faltas disciplinarias sean juzgadas sobre la base de criterios de objetividad e imparcialidad, así como contribuir a que el docente cumpla sus funciones con eficacia, lealtad y honestidad, sin quebrantar los deberes propios de su cargo y observando los lineamientos éticos establecidos.

Como primera acción, ante una denuncia, se producirá la amonestación oral.  Entre las causas que provocan esta amonestación, están referirse a un estudiante o compañero de trabajo con apodos que pueda generar burlas e irrespeto; hacer uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el estudiante; no rendir cuentas de sus acciones dentro del espacio escolar; así como respetar el código de vestimenta del centro.

Luego, le sigue una amonestación escrita donde se le indica al docente o personal docente las consecuencias disciplinarias más severas con relación a la sanción anterior. Estas  sanciones aplican por trato inadecuado a los alumnos, a los padres de familia y a la comunidad educativa en general; hacer uso de las redes sociales y otras herramientas tecnológicas diferente a la orientación formativa y académica en su relación con los estudiantes.

Además, someter a los estudiantes a violencia psicológica, verbal y física; establecer relaciones con los estudiantes de propósitos distinto al fin académico y formativo; incurrir en actos de soborno hacia el estudiante; ejercer acoso a uno o varios estudiantes; incitar a la violencia entre estudiantes; así como ser negligente en sus obligaciones e indiferentes ante situaciones de violencia entre estudiante y otro personal.

Suspensión sin disfrute de sueldo

Le sigue la suspensión de hasta 30 días sin disfrute de sueldo, cuando se evidencia de forma reiterada conductas que encuadran en la falta de consideración o respeto a sus autoridades, pares y compañeros en el desempeño de sus funciones.

Igualmente, puede ser suspendido por sospecha de abuso sexual hacia un estudiante, así como por  incumplir de forma reiterada  alguna de las obligaciones impuestas por la Ley General de Educación 66-97, el Reglamento del Estatuto Docente, la Ley de Función Pública y el Código de Ética.

Finalmente, este código indica que se recurrirá a la desvinculación cuando el docente o personal administrativo es imputado por delitos contra la dignidad de las personas, su honor y su propiedad, tales como acoso sexual, violaciones, abuso deshonesto y violencia intrafamiliar.

También, el docente será desvinculado del servicio público tras haber embarazado a una alumna o haber sido embarazada por un alumno; hacer uso de provecho propio de las instalaciones, muebles y demás objetos del centro sin autorización; así como resultar condenado por la comisión de un delito.

Fuera de los centros

Si el personal docente realiza actividades fuera del centro educativo con estudiantes, estas deben tener una finalidad formativa y con previa autorización escrita por el Equipo de Gestión y por las madres, padres o tutores, a partir del conocimiento del programa de dicha actividad.

 La propuesta de actividad ha de especificar los objetivos, el lugar, el tiempo que se demandará e indicar la cantidad de participantes. Deberá incluir al menos otro docente del centro educativo y representantes de las familias de la comunidad educativa. Finalizada la actividad se entregará una evaluación de esta al Equipo de Gestión y a los padres, madres o tutores.

Abusos no serán ventilados en la prensa

Para proteger la integridad de los estudiantes, los docentes, directores, técnicos y personal administrativo han de abstenerse de ofrecer declaraciones a la prensa, digital, programas radiales ante situaciones vinculadas a acoso, abuso, violaciones sexuales e incesto.

“Las informaciones sobre estos casos serán ofrecidas por el Departamento de Comunicación de la Dirección Regional de Educación correspondiente o del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación de la República Dominicana”, se dispone en el Código de Ética.

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Al menos en lo que respecta a la parte estrictamente de salud, la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, no requiere de modificaciones sino de aplicación.

En esto está más que convencido el que fuera uno de los creadores de esta ley, Arismendi Díaz Santana, quien también tiene claro el juego de intereses que ha impedido una aplicación íntegra de la legislación que se aprobó el 9 de mayo de 2001, tras largos años de debates intersectoriales.

Más allá de sus análisis que con regularidad hace sobre el funcionamiento de la seguridad social, Díaz Santana conversa con Diario Libre sobre los aspectos que todavía siguen pendientes 22 años después de esa aprobación.

 “Los problemas en salud, la gran mayoría, no tienen nada que ver con la Ley, tienen que ver con la aplicación de la Ley, con reglamentos que ha establecido el Consejo (Consejo Nacional de la Seguridad Social), con trabas de los procedimientos que hay que seguir”, plantea previo a citar los puntos que, advierte, se deben atender en la seguridad social dominicana.

Que haya una buena cobertura en salud, que el servicio público responda a la demanda que tiene la población, que se haga realidad, de una vez y por todas, la atención primaria y la necesidad de una receta única y por principio activo, no por marcas de producto, serían el motor de cambio ante un cuestionado servicio que los usuarios sienten que no les “cubre nada”.

Díaz Santana recuerda que, cuando Ligia Leroux, que para el año 2000 dirigía lo que era entonces el Seguro Social, le llamó para presentar una propuesta de ley, la hizo no solo basado en su experiencia como consultor internacional para la Organización Panamericana de la Salud, que se desempeñó por varios años, sino que compiló los planteamientos principales de cuatro propuestas que ya cursaban en el Congreso Nacional en procura de beneficios para la clase trabajadora nacional.

-¿Qué cosas se plantean en la Ley 87-01 que a la fecha no están funcionando?

Lo primero es que, en ninguna parte del mundo, cuando se habla de servicio universal, se pueden ofrecer los servicios que tiene la clase alta, aunque tampoco los de la clase más baja. Hay que poner una media.

Para que la Seguridad Social funcione, lo importante es asegurar tu derecho a la salud. Pero ¿qué salud? No se puede garantizar a la población todo lo que necesita en nada, menos en salud. Un país pobre no puede garantizar un sistema de salud rico. La idea es que el tema crezca según crece el ingreso.

Tu puedes ofrecer todo, pero sin garantía de nada y aquí los hospitales eso es lo que hacen. Que ofrecen de todo, pero al final no tienen nada.

La gente va a buscar el servicio y no pueden dárselo, pues no tienen los reactivos, no pueden hacer imágenes, se daña el equipo … ¿y por qué? Porque hay un presupuesto determinado, pero de ese presupuesto, lo más importante es pagarles a los médicos todo lo que ellos quieran. Entonces, cada vez que piden un aumento, le dan el aumento, con el mismo presupuesto y se reduce la partida para todo. Por eso hay abundancia de médicos y carencia de medicinas y reactivos.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) tuvo un presupuesto el año pasado de 58,000 millones de pesos. Cuando se analiza, el 83 % de esos recursos son solo para pagar salario. Pero hay 4,000 millones, un 7 % que es para compra de materiales y suministro, que uno se imagina es para los gastos de los hospitales y la administración.

Aún más. El SNS tiene 88,000 empleados. 54,000 no son ni médicos ni enfermeras.  Ese mal servicio alimenta la privatización. Y entonces, la clínica gana, el médico que recibe honorario, gana.  Pierde el Estado y pierde el ciudadano que incrementa su gasto de bolsillo.

-Se dice que no se invierte en la Salud Pública, para favorecer a la privada

Es una forma de poner un impuesto. La privatización es un impuesto.

-¿Qué es lo que hace tan difícil la implementación de la atención primaria?

Se contempló un primer nivel de atención para que te hagan un chequeo anual, por ejemplo, y te evalúen y decidan si hay que darle seguimiento y crear un club para seguir el tema.  Pero cuando se hace eso, no se paga copago.

Eso debe hacerlo el médico de familia. Esos centros deben ser cerca de la gente, en el barrio. Los bancos están llevando sus servicios a los barrios y Salud Pública no (pone tono de reproche).

 Hablamos de un chequeo anual gratis para todos los miembros de la familia. Si  eso es gratis, no va a la clínica y si no va a la clínica, no se gana por eso. Ahí la oposición.

-¿Cómo se sustenta la atención primaria?

La atención primaria no tenía un esquema rígido. Si a un médico se le asignan 2,000 personas con una cápita, mientras más saludable estén (los pacientes), mejores los beneficios.  Pero en los hospitales, lo que se da ahora es que mientras más se enferma la gente, más ganan las clínicas.

Lo que ha impedido ese servicio es que hay grupos que saben que van a perder negocios con eso.

Hay estudios que dicen que  una de cada cuatro personas que esperan en un consultorio, hay tres que no deben estar ahí porque pueden ser atendidas en la atención primaria. El primer impacto que tendría la atención primaria es que va a descongestionar a todos los hospitales y clínicas del país, pues solo irá allí, quien necesita la atención.

-La cobertura de los seguros,  ¿se puede mejorar?

Claro que hay que mejorarla. El objetivo de la atención primaria no es economizar recursos a la Seguridad Social, sino asignar mejor esos recursos.

Pero nosotros nos damos el lujo de recetar medicamentos de alto costo.  Eso es un fallo de la Seguridad Social  y de Salud Pública.

Cuando hice los cálculos para la Ley, se asumió en todo momento que los medicamentos iban a ser genéricos.  Nunca se habló de tope (en medicamento), ni de 3,000 ni de 8,000 que es ahora. Lo que se estableció es el 30 % que ibas a pagar.

Pero el tope de 8,000 no sería gran problema, si las indicaciones fueran por principio activo, pues son mucho más baratos y te alcanzaría mucho más ese dinero.

Pero si la atención primaria se aplicara, todos los medicamentos de ese nivel no tendrías que hacer copago y tampoco se computan dentro de los 8,000. Y, si además fuera por principio activo, serían casi 16,000 pesos (en rendimiento).

Hay un catálogo que se realiza con medicamentos aprobados por Salud Pública y por tanto es válido, pero, veamos, el catálogo no incluye el medicamento patentado que el médico quiere imponer para ganarse una comisión del laboratorio.  Pero yo como médico quiero prescribirte a ti un medicamento específico, porque  genera beneficio.   En un país como este, ese médico no es sancionado cuando se prescribe un medicamento que no está en el catálogo y que es seguro que la ARS no lo pagará, pero entonces, lo que sale es a decir que la ARS te están negando tus derechos. No dice que es que ese medicamento no está incluido en el catálogo.

República Dominicana instó ayer ante el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a que se unifiquen esfuerzos para encontrar una solución conjunta al sargazo, una problemática que impacta directamente a uno de los principales atractivos del sector turístico: las playas.

“Expresamos públicamente (ante los ministros de Turismo de la región) que esto no se quede solo en una conceptualización y que lleguemos a algún entendimiento sobre este tema”, enfatizó el ministro de Turismo, David Collado.

Durante su intervención en la 118 edición de este encuentro, uno de los más importantes para la OMT, Collado puntualizó que la solución al sargazo no puede ser individual.

“Organismos como este deben ayudar a los países pequeños a buscar soluciones cuando no las tenemos”, recalcó ante 19 ministros de Turismo de los países miembros de la entidad multilateral y más de 200 delegados.

Al respecto, el secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó que las Naciones Unidas se encuentra a la disposición para analizar, junto con el sector privado, cuáles respuestas se le pueden dar a la problemática, tanto a nivel de inversión como de planes de acción.

Una crisis climática

Se estima que en este 2023 llegarán más de 30 toneladas de sargazo a las costas del Caribe, lo que amerita de una solución “técnica y científica” para las macroalgas, cuyo crecimiento se ha salido de control, refirió el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

En un encuentro con periodistas, explicó que la magnitud de la problemática hizo que la Organización de los Estados del Caribe declarara al sargazo “como una emergencia” climática y, pese a que aún no hay soluciones concretas para ello, afirmó que sí se puede articular una respuesta con la ayuda de otros países.

“La única manera en que se va a encontrar una solución es si todos los países que están siendo afectados y, aún más allá, los que tienen las capacidades y las tecnologías para encontrar una solución, colaboran solidariamente con nosotros”, sostuvo.

Explicó que combatir el sargazo requiere “de muchos recursos”, pero hay países que han estado dispuestos a realizar “inversiones importantes”, aunque no especificó los montos.

El financiamiento

Para combatir el sargazo el financiamiento es la parte más importante y, para el vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana, Jake Kheel, República Dominicana sí puede crear una estrategia de mitigación y convertirse en el “epicentro de soluciones para el sargazo”.

“Tenemos más de una década hablando de los sargazos como si fuera un tema. Eso no es un tema, eso es una amenaza existencial a nuestra industria (…), tan fuerte, tan peligroso y tan serio como el COVID-19”, remarcó durante una disertación sobre el futuro del turismo en el Foro Internacional de Turismo Sostenible, evento que antecedió al encuentro de la OMT.

El ejecutivo explicó que se requiere de una mayor inversión pública, que permita traer a compañías con experiencia en la transformación del sargazo en biomasa, y así convertir “una gran amenaza” en una oportunidad de negocios.

Fondo no prosperó

De lo que se ha hecho en el país para responder al sargazo, Collado recordó que el gobierno dio seis millones de dólares bajo un acuerdo público-privado.

Se trata del Fondo de Mitigación y Manejo del Sargazo, una iniciativa en la que el sector privado -representado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores)- colocaría otros seis millones de dólares para colocar barreras antisargazo en las playas de la zona este del país.

“En mis primeros 100 días como ministro pusimos tres millones de dólares en una cuenta. Y luego, en seis meses pusimos (los restantes para) los seis millones, y ahí está nuestro compromiso”, enfatizó Collado al cierre del Foro Internacional de Turismo Sostenible.

Sin embargo, precisó que esta solución no se pudo concretar porque, al momento de abrir el proceso de licitación, las propuestas costaban entre 25 y 30 millones de dólares “y ninguno tenía una solución final a esta problemática”, razón por la cual presentó la situación ante la OMT para solicitar ayuda. 

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La muerte de Joshua Omar Fernández ha dejado un dolor irreparable entre sus familiares, quienes veían en él todo un futuro por delante ante su afán incesante de ser alguien en el mañana, y de cumplir su sueño de graduarse como ingeniero industrial.

El joven de 19 años murió de un disparo en la cabeza en medio de un atraco, tras salir de un centro de diversión donde compartía junto a sus compañeros de clases del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

Su madre guardaba todas las esperanzas en él. Según expresó Bertina Decena, Joshua para ella lo era todo. Lo definió como alguien trabajador, entregado, amoroso y con ganas de superarse a sí mismo.

Hablar de Joshua es pensar en cariño, en respeto y amor al prójimo, ya que era lo transmitía a sus familiares y a aquellos que compartieron valiosos momentos con él.

“Mi hijo siempre fue el más cariñoso, de todos mis hijos siempre era mami, mami. Por eso me ha chocado tanto, porque él era muy cariñoso conmigo y más después que murió su papá. Al morir el papá él se apega más a mí”, agregó.

La familia lleva dos pérdidas en menos de un año, debido a que el padre de Joshua falleció hace ocho meses, situación que lo tenía desorientado. A raíz de la muerte de su padre le había prometido a su madre que sería el hombre de bien que tanto ella anhelaba.

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Hace un mes del hecho, sin embargo, para su madre es como si pasó ayer. Aún conserva en su habitación todas sus pertenencias, al entender que su hijo para ella jamás morirá.

Su ropa, lentes, perfumes y cada artículo que utilizaba día a día todavía están intactos en su habitación, detalles que su madre conservará como una forma de sentirlo cerca.

“Le arrebataron la vida a mi hijo”, al expresar estas palabras entre lágrimas y mirando la ropita que utilizó Joshua en su primer año, la señora Bertina Decena manifestó que no hay dolor más grande que el perder a un hijo y más en las circunstancias que falleció el suyo.

El día del velatorio de Joshua, los profesores del Infotep entregaron a su madre los diplomas que él se había ganado tras concluir dos cursos: uno como técnico en mecánica industrial y el otro como tornero.

Joshua trabajaba para una empresa familiar como encargado de una de las máquinas realizando envases plásticos y se estaba preparando académicamente, porque se haría cargo de la compañía en general.

“El a veces tenía que salir a las 6:00 de la tarde y quería irse a las 4:00 porque nunca quería llegar tarde a los lugares. Siempre fue un niño disciplinado en todo y todo el tiempo fue así desde chiquito que él estudiaba en la escuela de la monja hasta terminar su bachillerato, lo estudió ahí donde la monja en Fe y Alegría”, expresó la madre.

Bertina Decena narró que al momento que sucedió el hecho no estaba en Santo Domingo. Se encontraba en Punta Cana, provincia La Altagracia, donde labora. Le habían informado que su hijo había presentado una situación de salud, aunque su corazón de madre le decía que algo más pasaba.

Al llegar a su casa, el movimiento de las personas y los gritos de sus parientes y las palabras en silencio que le afirmaron la muerte de su hijo.

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El profesor Leónidas Neftalí Morel, del Instituto Politécnico Fe y Alegría del sector Pantoja, distrito municipal Los Alcarrizos, donde residía la víctima, manifestó que Joshua era el tipo de joven que se preocupaba por todo y que siempre tenía una interrogante en sus estudios.

“Era el típico joven que siempre estaba atento a sus tareas, siempre estaba atento a lo que él maestro decía, siempre estaba atento a lo iba a suceder, siempre venía con interrogantes, que es lo que les importa a los maestros”, indicó el docente.

Agregó que, pese a que el joven salió desde hace dos años del centro, se mantenía visitando la escuela con la intención de que sus maestros pasados supieran que seguía la línea de enseñanza que tanto le inculcaron.

Los restos de Joshua reposan desde el 18 de abril en el cementerio Cristo Redentor.

Hijo del Dotol Nastra involucrado

Por el caso figura entre los acusados el hijo del influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como El Dotol Nastra, quien está detenido en la denominada Carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Según el Ministerio Público, Wesly y/o Wesley Vicent Carmona Corcino, alias ‘El Dotolcito’, se encontraba compartiendo en la discoteca «Bar Kiss» y contactó al taxista Danil Ramírez Santana, quien se desempeña como Indrive, desde su número, ya que son conocidos del sector Villa Juana y le solicitó que buscara a Allyson de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, quien también es un conocido de éstos, para que lo llevara a dicho bar. Chiquito se entregó este miércoles a la Policía Nacional. 

Una vez al taxista lo recoge a Chiquito, éste le informa que busquen al también investigado y prófugo Luis, por lo que el taxista Danil Ramírez Santana, lo recoge, dejando a ambos investigados en el Bar Kiss en compañía de «el Dotolcito«.

Pasado un rato, el Dotolcito vuelve a contactar al taxista Danil Ramírez Santana manifestándole que los vaya a buscar, por lo que el taxista se traslada a dicha discoteca, establece el órgano acusador.

«Acto seguido los nombrados Chiquito, Luis y Wesly Vicent Carmona (a) El Dotolcito abordan el vehículo marca Hyundai, modelo Sonta N20, color blanco, conducido por Danil Ramírez Santana y éste procede a dar la vuelta para irse, siendo en ese momento que los investigados le dicen que se pare, desmontándose Chiquito y Luis, quienes proceden a encañonar a las víctimas Isanel Morel Encamación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, quienes se encontraban saliendo también de la discoteca, manifestándole que era un atraco».

Tras esto, de acuerdo con la orden judicial de arresto No. 0051-2023, despojaron de sus pertenencias a los jóvenes.

Familiares de la víctima piden justicia y que las autoridades den con los demás responsables del hecho.

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Los cibaeños fueron sacudidos la madrugada de este jueves 18 de mayo por un sismo de magnitud 5.2 de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología.

El temblor ocurrió a las 4:35 de la mañana en la provincia de Puerto Plata, a 17 kilómetros de la región de Altamira con una profundidad de 10.2 kilometros.

Ciudadanos de la región norte y de Santo Domingo reportaron haber sentido el temblor.

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