En el marco del Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP), los 21 países miembros presentes en la República Dominicana, país electo como anfitrión, los titulares de las aduanas de dichos países replantearon sus operaciones dentro de los retos de la sostenibilidad ambiental y la equidad de género. Con el abordaje […]
La prestigiosa calificadora internacional otorga a la empresa clasificación AA-af motivada por el buen nivel de estructura para la gestión y control de los recursos manejados y el respaldo de sus propietarios de los que destaca su amplia experiencia y conocimiento del sector financiero e inmobiliario. Santo Domingo, RD.- Excel, grupo líder de banca de […]
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anunció la celebración de su XXXVIII Convención Nacional Ordinaria José Francisco Peña Gómez, este domingo 21 de mayo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, con el propósito de elegir a sus autoridades. La Comisión de Elecciones Internas del PRD, presidida por Janet Camilo, precisó […]
El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el próximo miércoles 24 de mayo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia sobre la “impugnación contra la Resolución de la Junta Central Electoral No. 07-23, la cual decidió la solicitud de nueva resolución sobre el posicionamiento de los partidos políticos en la boleta electoral”, y que fue interpuesta por el Partido de Unidad Nacional (PUN).
Los jueces, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente; Rosa Pérez de García y Pedro P. Yermenos Forastieri, aplazaron la audiencia para que el interviniente voluntario regularice su intervención en el proceso notificándose a las demás partes.
Según un comunicado, los magistrados acogieron el pedimento del interviniente voluntario, Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), al que no se opusieron los abogados de la JCE, ni los demandantes. La acción de impugnación fue depositada el miércoles 26 de abril 2023, y el expediente es el número TSE 01-0006-2023.
El TSE ordenó, además, una comunicación recíproca de documentos entre las partes, para que las mismas depositen y tomen conocimiento de los documentos que pretendan depositar.
Los demandantes, el PUN; Pedro Leónidas Corporán Cabrera; Pedro Emilio Ramírez Brito y Sunelba Gonell Jiménez, están representados por los abogados, licenciados Manuel de Regla Soto Lara y Pedro Corporán.
Mientras que Denny Díaz Mordán y Juan Emilio Ulloa Mieses Ovalle, actúan en nombre y representación de la demandada, la JCE.
Mientras que los juristas Manuel Oviedo Estrada; Félix Damián Olivares Grullón y Rafael Ortega Grullón, actúan en nombre y representación del interviniente voluntario, DxC.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el próximo miércoles 24 de mayo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia sobre la “impugnación contra la Resolución de la Junta Central Electoral No. 07-23, la cual decidió la solicitud de nueva resolución sobre el posicionamiento de los partidos políticos en la boleta electoral”, y que fue interpuesta por el Partido de Unidad Nacional (PUN).
Los jueces, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente; Rosa Pérez de García y Pedro P. Yermenos Forastieri, aplazaron la audiencia para que el interviniente voluntario regularice su intervención en el proceso notificándose a las demás partes.
Según un comunicado, los magistrados acogieron el pedimento del interviniente voluntario, Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), al que no se opusieron los abogados de la JCE, ni los demandantes. La acción de impugnación fue depositada el miércoles 26 de abril 2023, y el expediente es el número TSE 01-0006-2023.
El TSE ordenó, además, una comunicación recíproca de documentos entre las partes, para que las mismas depositen y tomen conocimiento de los documentos que pretendan depositar.
Los demandantes, el PUN; Pedro Leónidas Corporán Cabrera; Pedro Emilio Ramírez Brito y Sunelba Gonell Jiménez, están representados por los abogados, licenciados Manuel de Regla Soto Lara y Pedro Corporán.
Mientras que Denny Díaz Mordán y Juan Emilio Ulloa Mieses Ovalle, actúan en nombre y representación de la demandada, la JCE.
Mientras que los juristas Manuel Oviedo Estrada; Félix Damián Olivares Grullón y Rafael Ortega Grullón, actúan en nombre y representación del interviniente voluntario, DxC.
La Corte de Trabajo del Departamento Judicial de la provincia de La Vega ordenó el reintegro a las labores del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema) que mantiene una huelga contra la Corporación Minera Dominicana (Cormidom). La decisión del tribunal laboral fue tomada por el juez presidente, Miguel Mijigón, acogiendo la […]
El Ministerio Público sometió a la justicia al padre y la madrastra por la muerte a golpes de una niña de tres años de edad en el municipio Gaspar Hernández, de la provincia Espaillat.
El órgano acusa de actos de tortura y barbarie a Richarson Nina y a Yaniris Martínez, padre y madrastra, respectivamente.
Según la acusación, la menor Amberly Alejandrina Nina murió a causa de una hemorragia y un edema pulmonar que le habrían provocado los imputados durante meses de maltrato físico.
Su deceso se produjo el lunes 8 de mayo.
Se espera que la pareja sea presentada en las próximas horas ante el juez de la Oficina de los Servicios Judiciales de Atención Permanente de Espaillat para que le conozcan medida de coerción.
El Ministerio Público pide al tribunal la imposición de prisión preventiva por un año para el hombre y arresto domiciliario a la mujer.
Un hombre fue hallado muerto la tarde de este martes, en unos matorrales en la entrada del batey Higuamo del municipio Quisqueya, provincia de San Pedro de Macorís.
Se trata de Edwin Alexander Benítez, mejor conocido como “Alex Pesadilla”, quien, según el diagnóstico del médico legista, presenta herida de arma de fuego.
Según versiones, Alex se desplazaba en una motocicleta, la cual fue encontrada al lado del cadáver, junto con una pistola y casquillos de balas.
También, se informó que, supuestamente, Alex había estado en prisión en varias ocasiones acusado de cometer algunos actos delictivos.
Al lugar del hecho se presentaron la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y un médico legista. Mientras que las autoridades investigan el caso.
La comisión bicameral encargada de estudiar la modificación a la ley de Seguridad Social entregó un informe final de proyecto de ley en el que propone la creación de un sistema de pensiones público y uno privado. En el sistema de pensiones público de prestaciones definidas, las pensiones por vejez serían entregadas desde los 55 años y no a los 60, como lo dispone de manera general la normativa actual.
La vigente Ley 87-01 sobre Seguridad Social que pretende ser modificada en el Congreso, ordena a modo total que las pensiones serán entregadas cuando el afiliado cumpla la edad de 60 años y haya cotizado durante un mínimo de 360 meses. En el artículo 45 de esa ley se da la opción al derecho a una pensión por vejez al haber cumplido los 55 años y acumulado un fondo que permita disfrutar una jubilación superior al 50 % de la pensión mínima.
55
años es la edad mínima que proponen los legisladores para otorgar pensiones por vejez en sistema público.
El informe elaborado por los congresistas iguala esta posibilidad en el sistema público si el afiliado ha cotizado por 20 años y ha cumplido 55 años, correspondiéndole así una tasa de reemplazo del 70 % del promedio de los últimos 12 salarios.
¿Quiénes entrarían en el sistema público?
De acuerdo con la propuesta de modificación un sistema de pensiones público, basado en la modalidad de prestaciones definidas, afiliará de forma obligatoria a los trabajadores con bajos ingresos económicos; así como a aquellos con derechos adquiridos por haber cotizado con anterioridad a modelos de beneficios definido y aquellos que sus salarios aumenten estando ya afiliados a dicho sistema.
Otras propuestas
A los que cumplieron 60 años y han cotizado durante 20, 25 y 30 años, les tocaría un 75, 80 y 90 % del promedio de sus últimos salarios, respectivamente.
El párrafo dos del artículo 45 de la reforma establece que “en ningún caso” la tasa de retorno por pensión será menor del 60 % del por ciento de salarios acumulados y dispone que para el cálculo de pensiones se tomará en cuenta el tope de 20 salarios mínimos del sector público.
Otra modificación que introduce la propuesta de proyecto, que debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, es el aumento de un 60 % a un 75 % del salario base a la pensión por discapacidad total, mientras que para las discapacidades parciales se incrementa de un 30 % a un 50 %, siempre que no afecte la capacidad económica de producción del afiliado.
Como lo establece el proyecto que estudiaron los legisladores, la pensión por discapacidad será pagada de forma vitalicia y sus beneficios serán actualizados y revisados cada dos años, además, la certificación de discapacidad será determinada individualmente tomando en cuenta la profesión o especialidad del trabajo de la persona afectada.
En un nuevo artículo 51 de la pieza, la comisión bicameral acordó que, en caso del fallecimiento del afiliado activo, sus beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia no menor al 70 % del salario cotizable de los últimos tres años, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.
“La pensión de sobrevivencia será financiada mediante una póliza que contratarán tanto la entidad que administre el pilar público del fondo de pensiones, así como por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) del pilar privado de aportaciones definidas”, reza la pieza que será sometida en la Cámara Baja.
La comisión bicameral de reforma a la ley, que presidió Agustín Burgos, entregó el informe la semana pasada y espera que sea agregado en las próximas sesiones.
Salud mental
El artículo 129 de la iniciativa asegura que el sistema garantizará de forma gradual y progresiva que cada dominicano pertenezca a un plan básico de salud de carácter integral. Este plan incluirá prestación de servicios de las enfermedades de salud mental de la conducta humana, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, obesidad mórbida, hipoacusia y espectro autista.
El informe que entregó el equipo bicameral también contempla la creación de una Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social, rama especializada de la Procuraduría General de la República, que será encargada de formular, investigar y perseguir las infracciones cometidas al Sistema de la Seguridad Social.
Las acciones judiciales derivadas de los delitos previstos en la reforma serán de orden público y se ejercerán mediante oficio, querella o denuncia.
Esta nueva Procuraduría será dirigida por un procurador adjunto o uno general de la Corte de Apelación que será designado por el Consejo Superior del Ministerio Público.
Entre las infracciones que podrá perseguir la nueva Procuraduría está no brindar información adecuada a los afiliados, establecer procedimientos burocráticos excesivos y retrasar la autorización de servicios.
Decenas de militares y policías han cercado la Asamblea Nacional de Ecuador, institución disuelta este miércoles por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, al aplicar la llamada «muerte cruzada», por «grave conmoción interna y política».
Los militares y policías, ataviados con equipo antimotines, rodean el edificio de la Asamblea, que también tiene el paso restringido a varias cuadras.
El conservador Lasso aplicó la «muerte cruzada» en medio del juicio político en su contra y ha pedido al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
El general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que la decisión de Lasso está fundamentada legalmente por lo que debe «ser respetada» por todos los ciudadanos.
«Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución», dijo en un mensaje difundido este miércoles.
Al mismo tiempo, añadió que están «seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia».
«En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos», agregó.
Proaño formuló un llamamiento a la unidad del ecuatoriano para «mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz y un país con libertad y dignidad.
