Ante los efectos de la sequía en República Dominicana, las autoridades han dispuesto medidas como el cierre del despacho de agua para fines de riego en las presas de Rincón, Sabaneta y Valdesia.
Así lo indicó el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, quien agregó que en el resto de las presas se ha reducido el agua para fines agrícolas.
“En el caso de la presa de Hatillo nosotros ayer (lunes) decidimos disminuir el despacho de agua para riego de 24 metros cúbicos a 14”, sostuvo el funcionario a Diario Libre.
Sobre la presa de Rincón, Caba señaló que el embalse despacha al sistema de agua potable en las zonas de San Francisco, Salcedo, Tenares y Fantino 2.10 metros cúbicos por segundo.
El titular del Indhri añadió que las presas de Sabana Yegua y Tavera son los embalses que se encuentran “en las peores condiciones” actualmente. En el caso de la primera, ubicada en la región sur, se encuentra en una situación de crisis “porque la cuenca no está aportando nada a la entrada y estamos sacando mucha agua”.
Agregó que en Sabana Yegua hay demanda de agua del sistema de acueducto de la región suroeste, que le da el líquido a la provincia de Barahona, Bahoruco y parte de la provincia Independencia.
“Estamos reduciendo para darle mayor garantía de agua con el tiempo, si la sequía se prolonga”, señaló el funcionario.
En ese sentido, informó que del embalse sacaban 18 metros cúbicos de agua. “bajamos el despacho de agua a 12 metros cúbicos, de ahí el 60 % de esos 12 metros cúbicos va a Barahona, Bahoruco e Independencia y el 40 % va a la provincia de Azua”.
En un encuentro entre varias entidades, incluyendo el Indhri y el Ministerio de Medio Ambiente, se convino intensificar la labor de monitoreo de los aportes de las cuencas que suplen los embalses, con el objetivo de proyectar la evolución de los caudales para las próximas semanas.
Las autoridades ratificaron el llamado que hizo el presidente Luis Abinader para que se mantenga un uso eficiente y racional del agua
La comisión bicameral encargada de estudiar la modificación a la ley de Seguridad Social entregó un informe final de proyecto de ley en el que propone la creación de un sistema de pensiones público y uno privado. En el sistema de pensiones público de prestaciones definidas, las pensiones por vejez serían entregadas desde los 55 años y no a los 60, como lo dispone de manera general la normativa actual.
La vigente Ley 87-01 sobre Seguridad Social que pretende ser modificada en el Congreso, ordena a modo total que las pensiones serán entregadas cuando el afiliado cumpla la edad de 60 años y haya cotizado durante un mínimo de 360 meses. En el artículo 45 de esa ley se da la opción al derecho a una pensión por vejez al haber cumplido los 55 años y acumulado un fondo que permita disfrutar una jubilación superior al 50 % de la pensión mínima.
55
años es la edad mínima que proponen los legisladores para otorgar pensiones por vejez en sistema público.
El informe elaborado por los congresistas iguala esta posibilidad en el sistema público si el afiliado ha cotizado por 20 años y ha cumplido 55 años, correspondiéndole así una tasa de reemplazo del 70 % del promedio de los últimos 12 salarios.
¿Quiénes entrarían en el sistema público?
De acuerdo con la propuesta de modificación un sistema de pensiones público, basado en la modalidad de prestaciones definidas, afiliará de forma obligatoria a los trabajadores con bajos ingresos económicos; así como a aquellos con derechos adquiridos por haber cotizado con anterioridad a modelos de beneficios definido y aquellos que sus salarios aumenten estando ya afiliados a dicho sistema.
Otras propuestas
A los que cumplieron 60 años y han cotizado durante 20, 25 y 30 años, les tocaría un 75, 80 y 90 % del promedio de sus últimos salarios, respectivamente.
El párrafo dos del artículo 45 de la reforma establece que “en ningún caso” la tasa de retorno por pensión será menor del 60 % del por ciento de salarios acumulados y dispone que para el cálculo de pensiones se tomará en cuenta el tope de 20 salarios mínimos del sector público.
Otra modificación que introduce la propuesta de proyecto, que debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, es el aumento de un 60 % a un 75 % del salario base a la pensión por discapacidad total, mientras que para las discapacidades parciales se incrementa de un 30 % a un 50 %, siempre que no afecte la capacidad económica de producción del afiliado.
Como lo establece el proyecto que estudiaron los legisladores, la pensión por discapacidad será pagada de forma vitalicia y sus beneficios serán actualizados y revisados cada dos años, además, la certificación de discapacidad será determinada individualmente tomando en cuenta la profesión o especialidad del trabajo de la persona afectada.
En un nuevo artículo 51 de la pieza, la comisión bicameral acordó que, en caso del fallecimiento del afiliado activo, sus beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia no menor al 70 % del salario cotizable de los últimos tres años, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.
“La pensión de sobrevivencia será financiada mediante una póliza que contratarán tanto la entidad que administre el pilar público del fondo de pensiones, así como por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) del pilar privado de aportaciones definidas”, reza la pieza que será sometida en la Cámara Baja.
La comisión bicameral de reforma a la ley, que presidió Agustín Burgos, entregó el informe la semana pasada y espera que sea agregado en las próximas sesiones.
Salud mental
El artículo 129 de la iniciativa asegura que el sistema garantizará de forma gradual y progresiva que cada dominicano pertenezca a un plan básico de salud de carácter integral. Este plan incluirá prestación de servicios de las enfermedades de salud mental de la conducta humana, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, obesidad mórbida, hipoacusia y espectro autista.
El informe que entregó el equipo bicameral también contempla la creación de una Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social, rama especializada de la Procuraduría General de la República, que será encargada de formular, investigar y perseguir las infracciones cometidas al Sistema de la Seguridad Social.
Las acciones judiciales derivadas de los delitos previstos en la reforma serán de orden público y se ejercerán mediante oficio, querella o denuncia.
Esta nueva Procuraduría será dirigida por un procurador adjunto o uno general de la Corte de Apelación que será designado por el Consejo Superior del Ministerio Público.
Entre las infracciones que podrá perseguir la nueva Procuraduría está no brindar información adecuada a los afiliados, establecer procedimientos burocráticos excesivos y retrasar la autorización de servicios.
El lente del reportero gráfico Aneudy Tavárez captó el momento en que varias familias haitianas comparten de manera amena en el interior de un albergue que usan como vivienda. Se trata del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), de la calle José Martí, en el sector El Hatico, en La Vega.
Con una construcción avanzada en más de un 90 por ciento, la obra está en aparente estado de abandono. La maleza cubre gran parte de la edificación que se encuentra a nivel de pintura de base desde hace ya varios años.
La situación de este centro no es particular, se extiende a cientos de ellos, aunque en niveles distintos de construcción.
38,656
Niños y niñas de 0 a 5 años reciben atención en los centros Caipi que opera el Inaipi. La meta inicial eran asistir a toda la población en esa edad y en condiciones vulnerables.
Ideados para proteger a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, los Caipi no logran avanzar en el propósito de dar cobertura a la mayoría de la población infantil dominicana. Detenidos en procesos burocráticos, falta de pagos a contratistas, dificultades en la propiedad de los terrenos donde serían levantados o constructores que, con presupuesto asignado, no honran sus compromisos, esos centros se han quedado en menos de un 30 % de la meta planteada hace ya casi diez años. Su demora obliga al Estado dominicano a una erogación de recursos adicionales que puede superar el 30 % del monto contratado originalmente, y deja sin atención a miles de niños que demandan sus servicios.
“En el presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y habilitaremos 100 centros comunitarios y sus redes familiares. Y al concluir el actual periodo de gobierno, contaremos con 330 estancias infantiles y 1,100 centros comunitarios y sus redes familiares en que atenderán a 426,000 familias y 528,000 niños menores de 5 años”.
205
Centros Caipi están en operación en la actualidad en el país. La disponibilidad de centros, sin embargo, no resiste la demanda. Se necesitarían otros 332.
La cita corresponde al primer discurso de rendición de cuentas del expresidente Danilo Medina en febrero de 2013 (sí), cuando recién se estrenaba el presupuesto del 4 % del producto interno bruto (PIB) que se empezó a destinar ese año a la educación preuniversitaria dominicana y que supuso un incremento en el presupuesto del Ministerio de Educación.
Diez años y dos meses después, el número de estancias infantiles construidas no llega a 100, y la cantidad de niños y niñas que en ellas reciben sus servicios solo alcanzan los 38,656.
Pese a que muchas de esas obras se encuentran en niveles de avance que superan el 50 %, otras todavía están en la fase de planificación y en los lugares donde serían levantadas, la maleza, pensiones y hasta vertederos se han improvisado. A otras les falta, incluso, el solar en donde serían levantadas.
Esa situación se da pese a que Medina gobernó siete años y seis meses desde aquel discurso, y de que ya se suman dos años y ocho meses de la gestión del presidente Luis Abinader, en la que se cuentan solo once centros inaugurados, incluido uno entregado el pasado domingo.
La mayoría sin construir
Informes oficiales muestran que la construcción de la mayoría de los 251 Caipi licitados mediante procesos de sorteos de obras que datan de entre 2012 y 2014 está detenida o no han iniciado siguiera los trabajos.
Un informe de seguimiento sobre el avance de la construcción de esos centros que hace la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), actualizado al mes de marzo de este 2023, indica que, del total sorteado, 88 centros fueron inaugurados, de 120 inició la construcción y de 43 no inician los trabajos.
No obstante, de los 120 cuya construcción ya inició, hay 106 que tienen los trabajos paralizados por falta de pago de las cubicaciones, en muchos de los casos.
Actualizado el reporte con los datos que maneja la Dirección de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (Minerd), entidad que tiene a su cargo la construcción de esos centros, el renglón de los Caipi terminados se suman otros 11 del gobierno actual, para un total de 99.
Dicho ministerio tiene activas, además, la construcción de otras 33 estancias para las que, como en las ya terminadas, tuvo que agotar un proceso de renegociación de los contratos originales para poder ajustar sus montos a los precios de mercado actuales de los materiales de construcción, según explicó a este medio el director de Edificaciones,Fernando Taveras.
Diez de las 11 obras inauguradas requirieron un monto de terminación de 99.7 millones de pesos, un 30.3 % adicional de a los 328.2 millones del presupuesto original de contratación, conforme datos que aporta el Minerd.
En el caso de las activas, la terminación de esos 33 centros demanda una partida de 194.6 millones, un 18 % más que los RD$ 1,083,256,167.41 que abarcaba el presupuesto original.
Según el balance que muestra el ministerio, hay detenidos otros 80 centros en distintos niveles de avance de los trabajos. Éstos tienen un presupuesto de contratación de 2,626 millones de pesos, de los que ya se hizo avance de inicial de RD$525.2 millones.
También hay otras 32 estancias en las que no han iniciado los trabajos debido a que no tienen siquiera el terreno asignado para la construcción, pese a que en algunas de ellas se ha evidenciado que los contratistas tienen ya un avance del presupuesto.
Al explicar las razones del poco avance en la ejecución de esas obras, Taveras hace referencia a los “nudos” que tuvieron que desatar para poder continuarlas. El primero que cita es el legal.
«Todas esas obras violentaban la Ley 340-06 (de Contrataciones Públicas) y por eso se creó la Ley 118-21 para que fueran objeto de un presupuesto reformulado o actualizado»Fernando Taveras,director de Edificaciones del Minerd“
Taveras se refiere a la legislación que se aprobó en el Congreso Nacional en mayo de 2021 con el objetivo de “permitir y garantizar que las obras de construcción de escuelas, hospitales y obras viales que se encuentran suspendidas por falta de partidas presupuestarias que permitan la cubicación, con carácter transitorio, debido a que las mismas superan el veinticinco por ciento del monto inicial contratado o aquellas que no han iniciado, puedan ser concluidas por el ente contratante previo informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)”.
La ley permite que esas entidades puedan modificar, sea para disminuir o aumentar, el contrato original de las obras cuando se presenten situaciones “que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación”.
A la fecha, el Minerd ha completa la adecuación y reformulación de presupuesto de las más de 40 estancias en las que actualmente trabajan.
Pero fuera del tema legal, Taveras dice que, con las estancias, igual que ocurrió con muchos planteles escolares, han tenido que solucionar el aspecto de ubicación de los centros, pues muchos fueron licitados y pagado el avance inicial, sin tener siquiera el lugar identificado.
“Muchas de ellas carecen de solar, no tienen ubicación”, dice el funcionario, que asegura ha tenido que recurrir a mover de un lugar a otro, obras que fueron asignadas hace años, para poder aprovechar el dinero adelantado al contratista.
El director de Edificaciones Escolares también explica que algunos problemas de cubicación se generaban porque había terrenos que, adecuarlos era tan costoso como la obra misma y que muchos contratistas agotaban en eso el inicial y luego no tenían la ejecución necesaria para una nueva cubicación.
Miles esperan por un espacio
Mientras los Caipi siguen detenidos, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) debe dejar de atender a cientos de miles de niños y niñas a los que está llamado a asistir.
“Actualmente contamos con una lista de espera de aproximadamente 11,000, a través de solicitudes de servicios en línea y, en cada centro, tenemos entre 400 a 1,000 solicitudes en lista de espera para un total de, aproximadamente, 124,000 solicitudes en lista de espera”, informa la entidad a solicitud de este diario.
Agrega que, independiente a esas listas de espera existe una población identificada a través del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) a la cual están llamados a dar respuesta y que se calcula en base a las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). “Para el 2021 se identificaron 766,347 niños y niñas de 0 a 5 años que no recibían servicios”, dice.
El Inaipi está llamado a ofrecer atención y cuidado, incluyendo servicios de salud y nutrición, estimulación temprana y educación inicial, a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad extrema como abandono, negligencia en el cuidado, que estén a cargo de menores o adolescentes, de personas con enfermedad crónica o que sus padres, madres y tutores estén en situación de adicción.
También para aquellos infantes cuyos padres o tutores tengan trabajo a tiempo completo, y cuyo salario esté por debajo del mínimo.Para atenderlos a todos, el Inaipi cuenta con 205 Caipi, pero estima que necesitará más de 300 nuevos centros adicionales. “Para este año tenemos un plan de ampliación con unos 164 nuevos centros Caipi con los que pretendemos responder a gran parte de nuestra demanda. Para cubrir con la demanda detallada anteriormente se necesitan aproximadamente 332 centros adicionales a la proyección 2023”, dice el documento enviado a Diario Libre.
Entre basura, maleza y abandono se encuentran muchos de los Caipi en el país
Era un vertederoCAIPI detenido. Aún en espera desde agosto del 2019, los resultados de una licitación que se haría para la adecuación del terreno debido al elevado costo del mismo… Como se puede observar en las fotos, el terreno se está tomando como vertedero del barrio”, dice el informe del Propeep en relación con un centro que se construye en Cristo Rey, Distrito Nacional.“Cuando reporteros de Diario Libre visitaron el lugar hace dos semanas, ya una empresa se encontraba trabajando en la compactación del terreno y la colocación de muros de retención. Los desechos lo habían retirado, aunque una de las personas cercanas a la obra confirmó que eso era todo un vertedero y sitio elegido por algunos para el consumo de drogas. Los trabajos habrían reiniciado hace unos tres meses, según dijeron los vecinos del sector, quienes señalan que se trata de un nuevo arranque entre muchos que se han hecho.
Problemas entre socios“CAIPI detenido desde el 25/08/2019. Se encuentra a nivel de primera mano de pintura final. La sociedad entre el contratista y el ingeniero fue disuelta. La misma se había llevado a cabo para solucionar el problema de liquidez de la obra.”, dice el documento del Propeep respecto a un centro que levantan en el Ensanche La Fe, Monte Rico, Santiago. Consultado el contratista, asegura que el tema ya se resolvió, que pudo llegar a un nuevo acuerdo con el Minerd y que en la actualidad siguen los trabajos, en fase de terminación de detalles y con planes de entregar en un mes la obra que le fue asignada en 2015. Sin embargo, los moradores de la zona se quejan de lo lento que van los trabajos. El futuro albergue está a pocos metros del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, que opera la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), la principal fuente de empleos de los lugareños. “La mayoría de gente de ese sector trabaja en la zona franca, lo que le daría un gran alivio a los bolsillos de todas esas madres que deben dejar a sus hijos para ir a trabajar”, declaró el pastor evangélico Pablo Ureña.
Construyendo desde 2015Las dificultades para el pago de cubicación es lo que ha alargado a casi ocho años la construcción de una estancia infantil en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. Según el reporte del Propeep la obra estuvo detenida desde 2020 por falta de pago de cubicación, y desde entonces tenía un avance en los trabajos de casi un 80 %.Durante un recorrido por el lugar se observó que los trabajos reiniciaron, enfocados en detalles de terminación. Los contratistas a cargo, que tienen la esperanza de poder entregar el centro terminado en no más de un mes, si el dinero sigue fluyendo, confirman que, aunque tienen la obra desde 2015, en varias ocasiones tuvieron que paralizar porque no les pagaban las cubicaciones.
Arropado por la malezaAbandonado y arropado por la maleza también se encuentra un Caipi en Verón Punta Cana, provincia La Altagracia. La estructura tiene toda la obra gris concluida y se le instaló parte de la electricidad y de la plomería.Pero lleva más de seis años paralizada, según los residentes del lugar. “La última vez el ingeniero paralizó la obra, tengo entendido, fue por falta de pago de cubicación, es decir, de recursos”, comenta el dirigente comunitario Jesús López, para quien la estancia infantil es una necesidad para la zona turística de Verón Punta Cana, pues, en esa localidad hay “cientos de niños que sus padres no tienen quien se los cuide para irse a trabajar”.La edificación es habitada por nacionales haitianos, quienes afirmaron a Diario Libre llevar más de cuatro años viviendo en el lugar y que el ingeniero a cargo de la obra no les ha pagado hace varios años.
Un nido de delincuentesTambién abandonada y a punto de terminar se encuentra una estancia en Quisqueya, La Romana. Según narra la presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos del municipio María Peña, la comunidad se ha sentido impotente porque han solicitado la terminación y no logran respuestas, excepto la queja del arquitecto a cargo que les alega no recibir los fondos para continuar. “Al dejar esto paralizado, esto se ha convertido en un nido de delincuentes, pues, allí se hacía de todo lo indebido, tuvimos que intervenir con la Policía para que sacaran a personas que ya hasta dormían en ese lugar”, dice Peña.Al contactar al encargado de la obra, arquitecto César Hunt, informó que justo la semana pasada firmó la adenda de su contrato con el Ministerio de Educación que le asegura el presupuesto de terminación, que es de unos 24 millones de pesos.
Todavía rellenando el solar
“CAIPI detenido por cubicación. Antes de detenerse el contratista se encontraba realizando movimiento de tierra (relleno y compactación), espera pago de cubicación”, indica el informe del Propeep respecto a otro centro ubicado en el Sector Palma Real, en Los Girasoles, Distrito Nacional. La obra aún sigue en fase de relleno del solar y, aunque personas cercanas al lugar dicen que hace unos dos meses que reiniciaron los trabajos, también señalan que hace casi un mes que se volvieron a paralizar.
Con el agua hasta el techo
En la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional, también se inició otro Caipi, que se evidencia con más de un 80 % en el levantamiento de obra gris. La maleza y las aguas que ha dejado la lluvia sobre el techo de una de las edificaciones sustituyen a los obreros en la construcción. Personas que pernoctan en la zona desde hace años, aseguran que la construcción lleva mucho parada y que, hace más de un mes que ingenieros fueron al lugar a inspeccionar y no volvieron.Ni con protestas pueden
En demanda de la terminación de un Caipi y una escuela paralizados, en el sector Villa Verde, al norte de Santiago, han suspendido docencia y realizado vigilias en la parte frontal de la obra.La construcción está avanzada en más de un 80 por ciento, pero le falta la instalación del piso, puertas y ventanas, de acuerdo a lo informado a Diario Libre por una persona ligada a la empresa contratista.Residentes del lugar, como Yenny Domínguez, lamentan la situación y externan la necesidad que tienen de que pongan en funcionamiento el espacio. La señora se queja de que adolecen de un lugar donde puedan dejar a sus hijos y nietos cuando van a sus trabajos.Un campo de juego
En Villa Hermosa, en La Romana, el solar que una vez se ideó para una estancia infantil es usado como cancha de juego. Cuando arrancó la obra, hace unos seis años, solo se llegó a levantar la verja perimetral.Sandy Mercedes, presidenta de la junta de vecinos Zona de Dios, recuerda lo contenta que estaba la comunidad cuando se anunció la construcción. “Pero pararon el proyecto porque, al parecer, hubo un desacuerdo con los dueños del terreno y el presupuesto de la obra, lo que hizo, aparentemente, que la detuvieran”, comenta. Mercedes cuenta que, tras esta situación, detuvieron todos los trabajos y se llevaron las maquinarias y los materiales.
Reducir los plásticos, transformar el sargazo, incentivar el turismo comunitario y organizar la gestión de los destinos son algunos de los retos que República Dominicana debe superar para que su industria sea amigable con el medioambiente y resiliente ante el cambio climático.
Estos desafíos fueron abordados ayer en el marco del Foro Internacional del Turismo Sostenible de la República Dominicana.
El evento, que se desarrolló en la víspera del décimo octavo Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) -a celebrarse hoy en Punta Cana-, contempló cuáles son los pasos que tiene que dar el sector para desarrollar una estrategia público-privada que dé respuesta a esas tareas pendientes.
Bajo ese foco de acción, el ministro de Turismo, David Collado, y el secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili, firmaron ayer una declaración de intenciones con el fin de alcanzar, en los próximos 90 días, una resolución que dictará medidas a corto, mediano y largo plazo.
“Estamos plenamente decididos a que República Dominicana va a dar el paso hacia el turismo sostenible y amigable con el medioambiente”, remarcó Collado durante el evento.
Reducción del plástico
Una de las primeras medidas que contemplará la resolución consiste en proponer un plan para eliminar gradualmente el plástico en toda la cadena de valor del sector hotelero.
Al respecto, el secretario de la OMT adelantó que República Dominicana sería de los primeros países en contar con la iniciativa, de hacer esto dentro del sector turismo.
Consideró que esta acción sería una demostración de “resultados tangibles” de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa a la que se espera se sume todo el Caribe.
En ese sentido, durante el panel “Retos y beneficios presentes y futuros de un desarrollo sostenible”, la gerente de Sostenibilidad del Grupo Iberostar, Luz Lantigua, explicó el caso de esta cadena hotelera, que en 2020 logró erradicar el uso de plásticos de un solo uso, y sustituirlos con materiales reutilizables, como una muestra de que puede ser un método replicable para otros centros y, además, fomenta la conciencia ambiental entre los turistas.
La sobreproducción de sargazo durante el verano es, actualmente, uno de los principales problemas medioambientales que impacta directamente el modelo económico del sector turístico.
Sin embargo, existen alternativas para convertir el alga en materia prima para generar desechables biodegradables.
“El sargazo puede ser transformado en compuestos para producir bioplásticos”, sostuvo la directora de Investigación y Desarrollo para la empresa SOS Carbón, Elena Martínez.
A través del panel “Sostenibilidad medioambiental”, la ejecutiva expuso sobre la importancia de la investigación para generar innovaciones, como el aprovechamiento de esta alga en otras industrias, por ejemplo, la farmacéutica y la cosmética.
De igual manera, República Dominicana cuenta con iniciativas pioneras en tecnologías que permitan transformar el sargazo para extraer beneficios.
Está la presentada por Brenden Godfrey, estudiante del colegio Carol Morgan. Durante su intervención en el panel “Sostenibilidad medioambiental”, el joven habló sobre la creación del primer reactor para convertir el sargazo en plástico, hito que lo llevó a ganar el Premio Internacional de Robótica en Granada.
Expositores en el foro de sostenibilidad ambiental. (FUENTE EXTERNA)
Sin embargo, todas las iniciativas dependen de una mayor inversión pública para poder materializarse, remarcó el vicepresidente del Grupo Puntacana, Jake Kheel.
Durante una disertación sobre el futuro del turismo dominicano, el empresario consideró que el sargazo, más que un tema, debe verse como “una crisis” para el sector turístico, equiparable a la del COVID-19.
Gestionar los destinos
El financiamiento también es una parte transversal para lograr una gobernanza que permita organizar los destinos turísticos como entes independientes de los hoteles y asequibles a todos los visitantes.
“Necesitamos dinero para tener buenas gerencias y eso se paga sólo: con buenos turistas que llegan a un territorio que está organizado y sostenible”, puntualizó el director del programa del Consejo Global de Turismo Sostenible de Latinoamérica, Jorge Moller, en el panel “La gestión, pilar clave para la sostenibilidad”.
En ese sentido, el experto en inteligencia turística, Rafael Fuentes, explicó que el desarrollo de un turismo de calidad requiere de visitantes que cuenten con capacidad de gasto para apoyar iniciativas con un impacto medioambiental positivo.
Planteó la posibilidad de “ecotasas”, con un costo “de uno o dos dólares” por pernoctación para que los turistas contribuyan al financiamiento de una gestión integral e inteligente de los destinos turísticos.
Estas iniciativas turísticas pueden tener mayor éxito con la integración de las comunidades, para así lograr que la derrama económica que produce este sector beneficie a los habitantes de las zonas donde se produce y ayude a generar un crecimiento económico de calidad.
El director de Jamao Ecotours, Jairo Morillo, y el director del monumento natural de Los 27 Charcos de Damajagua, Roberto Gómez, compartieron con los asistentes al foro su experiencia al frente de dos modelos de turismo comunitario que se consideraron como “casos de éxito” en el país.
En el caso de Jamao Ecotours, el emprendimiento beneficia de manera directa a 80 familias que lo suplen con alimentos, insumos y guías de expedición, atrayendo a más de 400 visitantes “sin un centavo de inversión extranjera”.
Por su parte, los Saltos de Damajagua representan un ejemplo de cómo se puede gestionar eficientemente un área protegida para que aporte a la economía local, en este caso de Puerto Plata, que ha recibido hasta 100,000 dólares para proyectos de desarrollo social. El destino atrajo a 145,000 visitantes en 2022 y ya para abril del 2023 lo habían visitado 85,000 turistas.
Los exministros Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta Fernández serán trasladados hoy miércoles a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual conocerá la solicitud de ambos de que se revoque la prisión que se les impuso en abril de este año, como medida de coerción, por el caso Operación Calamar.
La audiencia del recurso de apelación a la medida coercitiva impuesta por la jueza Kenya Romero se conocerá a las 10:00 de la mañana.
Guerrero Ortiz y Peralta Fernández, ministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia de la República, respectivamente, guardan prisión en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo Hombres desde el 5 de abril de este año, acusados de presuntamente liderar una red que se habría apropiado de más de 19,000 millones de pesos del Estado en la compra de terrenos declarados de utilidad pública.
El expediente, sometido a la justicia por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, involucra también al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien, según la imputación, se benefició como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020 con parte del dinero producto de la estafa.
Asimismo, se señala a otros 17 exfuncionarios y abogados, entre ellos Ángel Lockwrad, Roberto Santiago Moquete Ortiz, el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
Están tras las rejas Peralta Fernández y Guerrero Ortiz, casi todos los demás, incluido Gonzalo Castillo, tienen arresto domiciliario.
A un año de las elecciones presidenciales y congresuales, los partidos tratan de doblarle el pulso a la Junta Central Electoral (JCE) para que varíe su decisión en torno a las reservas de candidaturas, al tiempo de pedir extender los plazos legales destinados a cumplir con esa prerrogativa.
Tres recursos de reconsideración han sido sometidos en la JCE por 16 partidos para lograr que el 20 % destinado para las reservas se realice en la universalidad de los cargos y no se aplique por cada nivel de elección.
Las organizaciones buscan una variación de la resolución marcada con el número 13-23, y tienen hasta hoy a las 8:00 de la noche para formular por escrito sus consideraciones y/o reparos en torno a los recursos elevados y que les fueron notificados.
Conforme a la resolución 13-23 de la JCE, los partidos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores solo podrán hacerlo con seis puestos.
A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.
Ante ese escenario, y de cara a los venideros comicios, representantes de los partidos aseguran que si la Junta mantiene la resolución irían a los tribunales Constitucional y Superior Electoral a impugnarla.
Detrás de la variación de la medida están los partidos: de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD), Demócrata Popular (PDP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Humanista Dominicano (PHD) antiguo aliado del PRM, Demócrata Institucional (PDI), de Acción Liberal (PAL), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Generación de Servidores (PGS), Unidad Nacional (PUN), Verde Dominicano (PVD) y Nacional Voluntad (PNVC).
También Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Al tomar su decisión, la JCE se acogió a una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone el 20 % de las reservas de candidaturas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos se aplique por cada nivel de elección.
En ese tenor, las organizaciones políticas argumentan que “ni la ley ni la Constitución fijan carácter vinculante, obligatorio y erga omnes (Para o frente a todos) del precedente electoral”.
“Las sentencias del TSR no constituyen precedentes vinculantes y, por ende, esa JCE no se encuentra atada a dichos criterios al momento de desplegar sus competencias”, refiere el recurso de reconsideración.
Los partidos políticos también solicitaron a la JCE extender el plazo para hacer las reservas y su notificación hasta el 2 de julio próximo.
De acuerdo al artículo 57 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el 2 de junio es la fecha límite para la determinación de las reservas de candidaturas para alianzas o fusiones, correspondientes a las primarias simultáneas.
El 17 de junio los partidos deberán comunicar por escrito a la JCE, los cargos, posiciones y demarcaciones que corresponden al 20 % de las candidaturas reservadas por la alta dirección de los partidos.
El día 2 de julio, se inicia el periodo de campaña interna o precampaña para la selección de precandidatos a puestos de elección popular.
Amparándose en el artículo 58 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y en la sentencia 027-2019 del Tribunal Superior Electoral (TSE), que en un conflicto por una candidatura en 2019, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido la resolución 13-2023, donde indica que las reservas para alianzas se establecerán en un […]
El Ministerio de Educación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) firmaron un memorándum de entendimiento con la finalidad de realizar proyectos, actividades y asesoramiento en políticas educativas, en el marco del programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Steam) del organismo internacional.
Según una nota de prensa, la capacitación empezó con un taller de formación en micro ciencias para docentes, el cual forma parte de Steam.
Durante la jornada serán capacitados de forma práctica 44 profesores, cinco coordinadores regionales, 18 técnicos regionales y 22 distritales del área de Ciencias de la Naturaleza.
El acuerdo fue firmado entre el ministro de Educación, Ángel Hernández, y Anne Lemaistre, directora regional de la Unesco para República Dominicana.
Hernández agradeció el apoyo de la Unesco para la realización de esta capacitación, que fomentará el enfoque de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas de los niños en las escuelas para que se vinculen más en estas áreas del saber.
“Creo que el resultado de este taller permitirá que en breve plazo estemos compitiendo en el ámbito de las micro ciencias, y eso al país le conviene, porque seguirá fortaleciendo la formación en este enfoque de la tecnología y la ciencia”, expresó el funcionario.
Al hacer referencia a los estudiantes del sistema público que recientemente participaron y fueron premiados en una competencia de robótica de la NASA, destacó que la formación Steam contribuirá a cambiar el sistema educativo.
Asimismo, Anne Lemaistre, directora regional de la Unesco para República Dominicana, en representación de la directora general del organismo, Audrey Azoulay, manifestó que la alianza entre el Minerd y la Unesco movilizará los recursos, el talento humano para el diseño de políticas y planes de estudios Steam en beneficio del programa de la Jornada Escolar Extendida. También se llevarán a cabo acciones en las escuelas para impulsar el interés de las niñas por las carreras de ciencia.
“El programa Steam de la Unesco se ha ideado con el propósito de avanzar en la integración de la ciencia con un enfoque pedagógico basado en la interdisciplinabilidad y aplicabilidad de los conocimientos científicos y de las matemáticas en la educación preuniversitaria, y también para impulsar las ciencias para el desarrollo sostenible, que es el motor de la Unesco”, dijo Lemaistre.
Al hacer uso de la palabra, Milagros Germán, ministra de Cultura, resaltó que la principal herramienta para construir un futuro de equidad, igualdad, inclusión y de oportunidades es la educación, ya que es fundamental para alcanzar un mundo mejor, construyendo a la paz y al desarrollo sostenible.
“Para el Ministerio de Cultura constituye una prioridad garantizar oportunidades de aprendizajes inclusivas, gratuitas, accesibles y de calidad para todos los ciudadanos, y saludamos este esfuerzo del Minerd y la Unesco para el estudio y la aplicación de la ciencia para garantizar la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en entornos seguros promoviendo su bienestar social”, manifestó Germán.
De su lado, Andrés L. Mateo, embajador y delegado permanente en el país ante el organismo, expresó su deseo de inundar República Dominicana del conocimiento de la robótica, del sistema de ciencia abierta que funciona en la Unesco, tal y como desea el ministro de Educación.
“Hay que aprovechar todos los recursos que la Unesco tiene para optimizar la oferta educativa y poner al servicio de la sociedad todo lo que la inteligencia artificial trae consigo y no esconder nuestros miedos y aprehensiones a estas nuevas posibilidades del saber”, dijo Mateo.
Entre tanto, Rubén Silié, embajador y viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Política Exterior, destacó la oportunidad que tiene el país de insertar a la Jornada Escolar Extendida la enseñanza de la robótica, la ciencia e impresión 3D, junto al acompañamiento de la Unesco en el diseño de las políticas públicas que permitan encaminar la educación en la dirección correcta.
“Este aporte de la Unesco al Minerd va a permitir el avance, la aplicación y la formación y el empoderamiento del conocimiento y estamos seguros que se continuarán realizando esfuerzos para que no solamente contemos con estos soportes, sino que podamos mantenernos lo más actualizados posible”, dijo Silié.
El joven Wesly Vicent Carmona, conocido como el Dotolcito, hijo del youtuber Vincent Carmona, popularmente conocido como el Dotol Nastra, fue apresado por la Policía Nacional al ser vinculado en un presunto atraco que terminó con la muerte del Joshua Omar Fernández Decena el pasado 16 de abril de este año en el ensanche Naco del Distrito Nacional.
El Dotolcito, como es conocido en las redes, se encuentra apresado en la «carcelita» del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en espera de que se conozca la medida de coerción.
El Ministerio Público solicitó orden de arresto contra el joven de 18 años, quien supuestamente se asoció a los investigados Chiquito, Luis para cometer asalto en perjuicio de las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménezy Misael Morel Encarnación, producto de lo cual resultó muerto la víctima Joshua Omar Fernández Decena.
Orden judicial de arresto a los implicados. (FUENTE EXTERNA)
El hecho trágico ocurrió a las 02:55 de la mañana del 16 de de abril en la calle José Amado Soler, sector ensanche Naco, D.N.
El MP solicitó prisión preventiva contra el Dotolcito y los demás implicados.
El órgano persecutor establece en la orden de arresto el relato que «el Dotolcito se encontraba compartiendo en la discoteca «Bar Kiss» y contactó al taxista Danil Ramírez Santana, quien se desempeña como Indrive, desde su número, ya que son conocidos del sector y le solicitó que busque al investigado Chiquito, quien también es un conocido de éstos, para que lo lleve a dicho bar.
Una vez al taxista lo recoge el investigado Chiquito, éste le informa que busquen al también investigado Luis, por lo que el taxista Danil Ramírez Santana, lo recoge, dejando a ambos investigados en el Bar Kiss en compañía del Dotolcito».
Pasado un rato, en el documento se lee que el Wesly Vicent Carmena (a) el Dotolcitovuelve a contactar al taxista Danil RamírezSantana manifestándole que los vaya a buscar, por lo que el taxista se traslada a dicha discoteca.
«Acto seguido los nombrados Chiquito, Luis y Wesly Vicent Carmona (a) El Dotolcito abordan el vehículo marca Hyundai, modelo Sonta N20, color blanco, conducido por Danil Ramírez Santana y éste procede a dar la vuelta para irse, siendo en ese momento que los investigados le dicen que se pare, desmontándose Chiquito y Luis, quienes proceden a encañonar a las víctimas Isanel Morel Encamación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, quienes se encontraban saliendo también de la discoteca, manifestándole que era un atraco».
Tras esto, de acuerdo con la orden judicial de arresto No. 0051-2023, despojaron de sus pertenencias a los jóvenes.
«En ese momento las demás personas que se encontraban saliendo de dicha disco empezaron a vociferar que estaban atracando, por lo que los investigados Chiquito y Luis hacen cada uno un disparo, abordan el vehículo y emprenden rápidamente la huida del lugar, yéndose en vía contraria hacia la avenida Lope de Vega. Producto de los disparos realizados por los investigados Chiquito y Luis, la víctima Joshua Omar Fernández Decena, quien también se encontraba saliendo de la indicada discoteca, resultó impactado con un disparo en la cabeza mientras se disponía abordar el vehículo en que se trasportaba, siendo trasladado al Hospital Salvador B. Gautier, donde falleció».
En un video que circula en las redes sociales se ve al Dotolcito siendo conducido hasta el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ante el juez titular Rigoberto Sena Ferreras.
El Dotol Nastra no se ha pronunciado hasta el momento de la situación de su hijo.
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