Un grupo de partidos políticos elevará esta tarde en la Junta Central Electoral (JCE) un recurso de reconsideración contra la resolución que establece las reservas de candidaturas para las elecciones del 2024.
Las organizaciones políticas depositarán la instancia vía la secretaría general de la JCE, a las 4:00 p.m. y luego darán declaraciones a la prensa.
La instancia será elevada por un grupo de organizaciones encabezadas por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, que han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE.
El punto de la discordia se debe al 20 % de las reservas establecido por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, y que por resolución de la JCE, fue aplicado por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos. La JCE se acogió para el reparto a una sentencia del Tribunal Superior Electoral que dispone la modalidad.
El pasado viernes los partidos Fuerza Nacional Progresista y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), depositaron un recurso de reconsideración a la resolución 13-23 sobre la aplicación del 20 % de las reservas de candidaturas.
El pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluida a nivel global la pandemia provocada por el COVID-19, pero la presencia del virus Sars-Cov-2 seguirá entre nosotros por mucho tiempo en diferentes renglones de la vida diaria.
A corto plazo, en el mundo se lidiará con los efectos económicos que todavía se arrastran por el complejo proceso de cierre total de la economía planetaria. A mediano tiempo sufriremos por los daños provocados por los retrasos en la educación de millones de estudiantes, además de los efectos secundarios insospechados de la enfermedad.
A largo plazo, la presencia del virus se sostendrá, porque no desaparecerá y se mantendrá “vivo” enfermando personas por décadas, aunque jamás de la manera en que lo hizo, pues será otra forma de gripe en la extensa lista de males que sufrimos los humanos.
La OMS estima que murieron entre 7 y 20 millones de personas, aunque no descarta que hayan sido muchos más por las disparidades en los diagnósticos a nivel global. Mientras, los costos económicos por las medidas durante la pandemia se arrastrarán por décadas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la pandemia costará a la economía global unos US$12.5 trillones de dólares hasta el 2024.
Es impredecible el futuro, para bien o para mal, de los severos cambios sociales que trajeron los pocos más de tres años de duración de la emergencia, como el trabajo remoto, los servicios a domicilio, la educación digital, las citas médicas por videollamadas, las transacciones digitales a todos niveles, el entretenimiento en el hogar, entre muchos otros.
Tampoco han quedado claras las medidas globales para enfrentar a futuro lo que la pandemia dejó en evidencia, como la fragilidad de los servicios sanitarios, la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta para generar vacunas, la urgencia de recomponer el rol de la OMS, lo evidente de tener que generar y acordar mecanismos de contingencia a nivel mundial que sean rápidos y contundentes, entre otras.
Inicio en el país
El 1 de marzo de 2020 fue un día histórico, para mal. El turista italiano Claudio Pascualini, de 62 años, fue confirmado como el primer caso positivo al virus Sars-Cov-2 en la República Dominicana, lo que marcó el inicio de la pandemia por COVID-19, la cual, hasta el día de hoy, ha infectado a 661,131 pacientes, de los cuales, se recuperaron 656,711 y 4,384 fallecieron por la enfermedad en un periodo de tres años. A ellos se suman, sobre todo en los inicios, miles de dominicanos que abarrotaron los centros de salud y tuvieron que ser entubados para poder salvarles la vida.
Dieciséis días después, el 17 de marzo, mientras Pascualini recibía atenciones médicas en el Hospital Militar Ramón de Lara, el entonces presidente Danilo Medina anunció las primeras medidas restrictivas, que incluían el cierre de fronteras, la suspensión de actividades educativas y la cancelación de eventos públicos. Poco después, el Congreso decretó Estado de Emergencia y el 20 de marzo, Medina ordenó un toque de queda nocturno luego de que, en menos de un mes, 72 personas se infectaran en el país con el, hasta entonces, poco conocido y letal virus.
El plan nacional
Tras un cambio de gobierno y luego de casi un año de encierro, teletrabajo y pruebas nasales, el 14 de febrero de 2021, el nuevo presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña presentaron el Plan Nacional de Vacunación “Vacúnate RD”, una apuesta arriesgada y costosa que probó con el tiempo su eficacia. Los mandatarios explicaron que el Gobierno tuvo que hacer operaciones más allá de los acuerdos establecidos en un primer momento, debido a que las compras no se podían efectuar hasta que las vacunas AstraZeneca y Sinovac fueran aprobadas por los organismos reguladores de los países fabricantes, en este caso, India y China.
Estas compras fueron posibles gracias a alianzas público-privadas con donaciones de ocho millones de dólares por parte de empresarios dominicanos. La vicepresidenta Peña indicó que el programa de inmunización contemplaba aplicar las vacunas a 7.8 millones de personas mayores de 18 años, para lo cual se necesitaban 15.6 millones de vacunas, pero, para garantizar la cobertura, el Gobierno optó por ordenar 21 millones.
El 23 de febrero de 2021, la vicepresidenta Raquel Peña recibió un lote de 768 mil dosis de vacunas Sinovac, procedentes de la República Popular China. El 6 de abril de 2021 llegó la primera carga con 91 mil dosis de vacunas AstraZeneca, recibidas a través del Mecanismo Covax. Inicialmente, el esquema de vacunación contemplaba solamente dos dosis, aplicadas con un intervalo de 30 días entre una y otra. A final de junio, el Gobierno autorizó una dosis de refuerzo, siempre y cuando fuera de una vacuna diferente a la de las dos primeras dosis. Durante ese mismo mes se recibieron 228,150 dosis de Pfizer, abriendo el rango de vacunación, ya que adolescentes de 12 años en adelante y embarazadas podían inocularse con este biológico.
Doce meses después, 1 de junio de 2022, se habilitó una cuarta dosis de refuerzo de manera opcional para mayores de 18 años. El 20 de marzo de 2023, Salud Pública dio inicio a la jornada de vacunación Pfizer en niños de 5 a 11 años de edad, con 300,000 dosis.
Vacúnate RD vino a liquidar al COVID-19
VacúnateRD, el programa que permitió una vacunación agresiva y masiva, se concentró en cuatro objetivos fundamentales: primero, proteger la integridad del sistema de salud; segundo, reducir la mortalidad asociada al COVID-19; tercero, reducir la morbilidad severa y cuatro, reducir el riesgo de contagio. El plan se lanzó en tres fases, priorizando grupos de acuerdo a la edad, el riesgo de contagio y las condiciones de salud de las personas. La primera fase de vacunación incluyó al personal de salud que trabajaba directamente con los pacientes, luego el resto de los integrantes del sector, después siguieron los adultos mayores de 60 años con morbilidades, a quienes se les unieron los militares y docentes. En la Fase II fueron vacunados los adultos con edades entre 50 y 59 años con morbilidades, y luego el resto de las personas en ese rango de edad. Finalmente, en la Fase III, las personas entre 18 a 49 años con una condición previa de salud, encabezaron el plan y luego le tocó el turno al resto de esa población, incluyendo los niños.
El fin de las medidas
El 18 de octubre de 2021 entró en vigor la resolución 000048, mediante la cual, Salud Pública dispuso que para asistir de manera presencial a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo, los mayores de 12 años debían presentar su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra COVID-19 o, en su defecto, presentar una prueba PCR negativa de no más de 7 días de antigüedad.
En noviembre de 2021 se introdujo el formato digitalizado de la tarjeta, generado por un código QR. En diciembre, las autoridades anunciaron que a partir del 31 de enero se debía presentar una tarjeta con tres dosis, desatando incomodidades. Esta decisión fue revocada y el 16 de febrero de 2022, el presidente Abinader anunció el levantamiento de todas las medidas restrictivas, que además de la tarjeta, incluía el uso de mascarillas.
Reconocimiento de la OMS
En mayo de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó al presidente Luis Abinader por el manejo de su gobierno frente a la pandemia del COVID-19 y la rápida introducción de las vacunas a disposición de la población. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó el bajo índice de letalidad que registra el país por la enfermedad.
El personal médico sufrió un estrés severo en los primeros meses de la emergencia por la cantidad de casos. (ARCHIVO/DIARIOLIBRE)
Salud Pública pasa balance
Al 8 de mayo de 2023, de acuerdo al portal VacúnateRD, unas 16,296,552 dosis de vacunas se habían aplicado en el país: 7,320,363 vacunados con una primera dosis; 6,093,441 con la segunda y 2,552,043 con el tercer refuerzo.
Al pasar balance, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, elogió la estrategia de vacunación contra COVID-19 que se aplicó en el país, resaltando el estudio HeteroVac que “fue la diferencia en el mundo y nos permitió la tercera dosis”, al combinar vacunas de virus atenuado con vacunas de ARN mensajero.
Al ser consultado al respecto, Rivera aseguró que quedan vacunas suficientes e instó a los que no han completado su esquema a hacerlo para que queden protegidos del virus, que quedará endémico.
Por su parte, la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, Aída Lucía Vargas, confirmó que los puestos de vacunación contra COVID-19 seguirán abiertos y que se continuarán las tácticas de vacunación casa a casa y en centros educativos.
“Se levantó la alerta de emergencia, pero aún existe la circulación del virus, controlado, como se puede evidenciar en los boletines semanales que compartimos en la rueda de prensa”, comentó.
De acuerdo con el boletín más reciente, el 1,105, en el país solo hay 34 casos activos de Covid, con una positividad en las últimas cuatro semanas de 0.44 %.
El impacto en aprendizaje
Estudios publicados por el Banco Mundial estimaban antes de la pandemia de COVID-19, que ocho de cada 10 estudiantes dominicanos no lograba adquirir el mínimo nivel de aprendizaje esperado a nivel internacional para un joven de 15 años. De acuerdo con esas estimaciones, se esperaba que este número se incrementaría a nueve de cada 10 estudiantes por los efectos de la pandemia en la educación.
Una evaluación posterior, realizada en 2022, por el organismo internacional, reveló que los estudiantes dominicanos y de América Latina retrocederían más de 10 años en el aprendizaje de matemáticas y lectura debido a la pandemia, y que tendrían peores puntajes promedio que en las evaluaciones educativas de 2013.
Además, República Dominicana perdió 1.2 años de escolaridad por la pandemia, a pesar de los intentos de reapertura de las escuelas y proporcionar educación a distancia. Esta cifra se obtuvo de simulaciones, al analizar la longitud de los cierres de las escuelas durante el confinamiento y utilizando evaluaciones internacionales de aprendizaje.
Para el año escolar 2022-2023, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) enfoca sus esfuerzos hacia la innovación pedagógica para alcanzar mejores resultados de los aprendizajes en los primeros años de escolaridad, un currículo académico más diversificado y mayor formación de los docentes.
Esto para contrarrestar los estragos provocados por la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes, pues la cuantiosa inversión realizada por el Estado dominicano, a través del Ministerio de Educación, para la educación a distancia durante la pandemia de COVID-19 no logró llenar las expectativas, ni cumplir las metas propuestas de que no se profundizara la pérdida de aprendizaje en los estudiantes.
El informe del Registro Nacional de Incidencias de los centros educativos, correspondiente al mes de abril, registra la atención a 33,874 estudiantes con situaciones asociadas a dificultades de aprendizajes. El informe no especifica los grados de los alumnos.
«Es importante que el país diseñe una estrategia que guíe su uso (tecnología) como medio de acelerar los aprendizajes y como ancla para promover una equidad dentro del sistema»Banco Mundial Reporte sobre RD “
Limitaciones y retos
Los levantamientos del Minerd y del Banco Mundial dan cuenta de que la gran mayoría de los estudiantes dominicanos lograron tener acceso a los materiales educativos desarrollados para la educación a distancia y que existió un compromiso fuerte de parte de los docentes para implementarla.
En promedio, 8 de cada 10 estudiantes recibieron los cuadernillos y 7 de cada 10 tuvieron acceso a los programas de televisión educativa. Asimismo, 2 de cada 10 estudiantes de primaria y 4 de cada 10 de secundaria recibieron dispositivos tecnológicos para trabajar desde la casa. Con relación a los directores, 9 de cada 10 reportaron que todos o la mayoría de sus docentes recibieron equipos tecnológicos y capacitación y la mayoría de los docentes estuvo trabajando presencialmente desde su centro educativo de manera diaria o al menos 2 o 3 veces a la semana.
“Es necesario entender realmente qué y cuánto aprendieron los estudiantes durante la educación a distancia para diseñar e implementar lo antes posible programas de educación remediales. Por otro lado, para potencializar los esfuerzos llevados a cabo en la entrega de dispositivos tecnológicos, es importante que el país diseñe una estrategia sistémica que guíe su uso como medio de acelerar los aprendizajes y como ancla para promover una equidad dentro del sistema educativo dominicano”, dice el reporte.
Educación a distancia con desafíos y bajos “ratings”
A pesar de los esfuerzos, la implementación de la educación a distancia presentó enormes desafíos. Seis de cada 10 padres con hijos en primaria reportaron la necesidad de tener que involucrarse en forma permanente para apoyar a sus hijos.
Aunque la mayoría de los padres reportó haber tenido acceso a los cuadernillos, estos no recibieron el número total de cuadernillos que estaba disponible. Asimismo, los ratings de televisión sugieren que la audiencia de los programas educativos, así como el tiempo promedio que los televidentes le dedicaron a los programas educativos, cayó en forma permanente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en abril de 2021, solo 2 de cada 10 estudiantes prendió la televisión para ver uno de los programas educativos y el tiempo promedio que estos pasaron frente el televisor fue solo de un 11 % del que originalmente fue planeado.
Finalmente, 6 de cada 10 padres con hijos en primaria reportó que sus hijos estudiaron menos de tres horas diarias y casi todos los padres y directores tienen la percepción de que ellos aprendieron menos o mucho menos que cuando iban a la escuela en forma presencial.
Las conclusiones de los levantamientos realizados por el Banco Mundial son preocupantes y señalan que las bajas horas de estudio y la percepción de la baja calidad de los aprendizajes durante el cierre de escuelas resalta la importancia de generar mediciones objetivas de las pérdidas en los aprendizajes a raíz de la pandemia.
Inversión de 50,000 millones
Los fondos destinados para el programa “Educación a distancia preservando la salud” implementado durante el año escolar 2020-2021 se estiman en más de 50,000 millones de pesos, presupuesto destinado a la puesta en marcha de los medios tecnológicos necesarios para la educación a distancia, así como para la alimentación de los estudiantes.
El dato sobre la inversión fue ofrecido por el ministro Roberto Fulcar en la inauguración del año escolar atípico. “La implementación de todas estas políticas sociales, en lo referente tecnología, conectividad, capacitación docente, contratación de medios, acondicionamiento de planta física tendrán un costo para el Gobierno dominicano de aproximadamente 50,000 millones de pesos, sacrificio que se hará pese a la crisis económica”, dijo Fulcar el 2 de noviembre de 2020.
De acuerdo con datos levantados por Acción Empresarial por la Educación (Educa), el gasto más importante ha sido la adquisición de equipos y dispositivos tecnológicos por un valor de 19, 291 millones de pesos, seguido por 5,263 millones de pesos para los servicios de publicidad para transmisión de docencia por radio y televisión, y 1,999 millones de pesos para la producción de contenido digital para educación en línea. Un total 1,273 millones más se destinaron a la capacitación docente.
La alimentación de los estudiantes en sus hogares supuso una inversión de RD$26,655 millones, de acuerdo a las memorias del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
El golpe a la Economía
De registrar un crecimiento económico en el 2019 de 5.1 %, la República Dominicana decreció -6.7 % en el 2020. En el siguiente año, comenzó una senda de recuperación para expandirse 12.3 % y 4.9 % en el 2022.
En el primer año de la pandemia, se cerraron temporalmente las fronteras dominicanas y la actividad hotelera se detuvo entre marzo y junio. A pesar de que se comenzó una lenta reapertura del turismo a partir de julio, con medidas anticovid, la llegada de pasajeros no residentes vía aérea cayó -62.7 % en el 2020, para crecer 107.6 % el año siguiente y romper el récord de recibir 7.1 millones de turistas vía aérea en el 2022. La recuperación económica se hizo a base de teletrabajo, subsidios estatales para los trabajadores suspendidos por los cierres comerciales a raíz del confinamiento y medidas de apoyo al aparato productivo, como facilidades de pago de los compromisos anticipados y la liberación de recursos del encaje legal por hasta RD$30,133.4 millones, para ser canalizados como préstamos a los sectores productivos. Fueron 223,491 millones de pesos los destinados por el gobierno para un paquete de programas de subsidios al empleo, incentivos y otros gastos relativos a la pandemia, según reporta el Ministerio de Economía.
4,384
La cantidad de dominicanos que fallecieron a causa de la pandemia de COVID-19.
La población ocupada se había reducido de 4.7 millones en 2019 a 4.4 millones en el 2020. Con la reapertura de la economía llegó a recuperar los 4.7 millones el año pasado, aunque la informalidad se ubicaba al cierre del 2022 por encima de la formalidad, cuando antes de la pandemia era a la inversa.
En tanto que la deuda pública consolidada como porcentaje del producto interno bruto (PIB) se disparó de 50.5 % en 2019 a 69.1 % en el 2020. Se redujo a 62.6 % al año siguiente y a 58.6 % en el 2022, según cifras oficiales. El gobierno también ha tenido que tomar medidas de política monetaria, como el aumento de la tasa de interés hasta fijarla en 8.50 % anual, para contener la inflación que trajo consigo la crisis económica generada por la pandemia y la guerra en Ucrania, que tuvo un pico de 9.64 % interanual en abril del 2022.
Pandemia de préstamos
Durante el periodo de emergencia de la pandemia entre marzo de 2020 hasta el 2022, en el Congreso Nacional se aprobaron más de US$1,667 millones en préstamos para cubrir las necesidades generadas por el COVID-19. La partida engloba diversos préstamos asumidos para la compra de vacunas, la habilitación de hospitales, pago de personal médico, entre otros.
Los préstamos se pactaron con organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Gavi Alliance, así como las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Debido a la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno dominicano decidió utilizar un financiamiento por 150 millones de dólares previamente contratado en el 2017 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Grupo del Banco Mundial, para atender las necesidades de la población dominicana afectada por el coronavirus.
También, fueron sancionados en agosto de ese año dos contratos de préstamos suscritos con el BID por US$500 millones para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para atender la crisis sanitaria y económica, y el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal; y otro en septiembre con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por US$100 millones, para financiar el Programa de Política de Desarrollo, en apoyo a la respuesta a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Además, fue sancionado un préstamo por US$22,889,280 millones, pactado el 18 de septiembre de 2020 con Gavi Alliance, en Suiza, para asegurar el acceso del 10 % de la población a vacunas. También, un préstamo por US$236,080,000.00 se acordó en octubre de 2020, con la Agencia Francesa de Desarrollo para solventar la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19.
La compra de 10 millones de dosis de vacunas a AstraZeneca, por US$40 millones, también figura entre los préstamos aprobados. El contrato fue suscrito el 30 de octubre de 2020 por el Poder Ejecutivo y establece un precio estimado por dosis de US$4.00 y un total 10 millones de dosis, que servirían para cinco millones de personas. Un préstamo firmado con la JICA en julio de 2021 por US$200 millones, fue utilizado en el financiamiento del programa fortalecimiento de la política de gestión fiscal en respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19.
Asimismo, dos convenios fueron suscritos con la empresa farmacéutica Pfizer, para la compra de vacunas por 119,999,880.00 millones, en mayo de 2021.
A ello se suma, uno arribado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$300 millones para financiar el Programa de Apoyo a la emergencia generada por el COVID-19. Dicho préstamo, suscrito el 16 de marzo de 2021, fue promulgado el 5 de enero del 2022.
La vacuna, ¿evita este síndrome?
Desde la OMS aseguran que se están realizando investigaciones al respecto, pero aclaran que se debe tomar en cuenta que las vacunas que se aplican hoy en día contra el COVID-19 tienen como finalidad prevenir la gravedad y la muerte.
La protección que ofrezca la vacuna contra la afección posterior al COVID-19 depende, en primer lugar, de su capacidad para prevenir el virus. Como algunas personas pueden contagiarse, incluso después de haberse vacunado, y dado que cualquier persona que se haya infectado puede presentar secuelas, los científicos no aseguran que la inmunización reduzca las posibilidades de desarrollarlo.
Ante cualquier sintomatología que presente un paciente luego de haber tenido COVID-19, debe acudir a su médico, aseveró la internista Ramona Lappot. Esto, porque podría tratarse de otra enfermedad, y no necesariamente de efectos a largo plazo del virus.
“Cualquier cosa que se sienta fuera de lo normal, que note que no está funcionando correctamente, debe ir a su médico para ser evaluado. Así como puede ser efecto del COVID-19, puede ser una manifestación de alguna otra enfermedad que puede ser descubierta de forma oportuna”.
¿Y ahora qué?
Es importante entender que la pandemia ha finalizado, pero el virus seguirá entre nosotros. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que la institución continuará vigilando la enfermedad y recomendó a la población continuar con el proceso de vacunación, ya que el virus quedará como una enfermedad endémica.
“Han levantado la emergencia, pero, todavía hay gente sin vacunar. Deben usar los esquemas que tenemos”, afirmó Rivera.
El funcionario adelantó que se está estudiando si los que ya tienen cuatro dosis se pondrán un refuerzo, “porque nosotros creemos, personalmente, que al igual que la influenza, va a quedar como una enfermedad endémica… Es posible que se llame a aquellos que tenemos vacunas a un refuerzo, a una dosis anual”.
Salud Pública entiende que los padres con niños en las edades comprendidas entre los 5 y 11 años deben ponerse la vacuna Pfizer, que sigue disponible.
“Vamos a seguir vigilantes. Los que no tienen vacunas deben contemplar vacunarse, porque viene el otoño/invierno y puede ser que los cambios climáticos favorezcan a que el ómicron, que está ahora vigente, pueda variar, mientras tanto, seguir con los esquemas y aquellos que no se han vacunado, que se vacunen”, reiteró.
¿Podría atacarnos otro coronavirus? Eso siempre es posible, porque este no fue el primero ni será el último.
Los efectos a largo plazo de la enfermedad están por descubrirse. (ARCHIVO/DIARIOLIBRE)
Mujeres entre 30 y 55 años las más propensas a los síntomas a largo plazo
Como la pandemia de Sars-Cov-2 es tan reciente, todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes son más propensos a presentar síntomas a largo plazo. Sin embargo, diversos estudios parecen confirmar que las personas entre 30 y 55 años, en especial las mujeres, son más afectadas que el resto de la población. “Se ha visto que es más común en mujeres y en adultos en edad productiva entre 18 y 55 años, y mayor en el grupo de 35-55 años, pero esto es probable que sea debido a que son el grupo poblacional que es más frecuente que vaya al médico ante nueva sintomatología”, sostiene la doctora Ramona Lappot. Indicó que el covid prolongado es más común en quienes se han contagiado más de una vez, personas que tuvieron el virus y no se habían vacunado y quienes tenían enfermedades crónicas previas. “Un paciente que antes de tener el COVID-19 sufría una condición previa o alguna enfermedad crónica, tiene mayor predisposición”.
Habrá pasado la emergencia, pero el Sars-Cov-2 se quedará entre nosotros y no son pocas las personas que continúan con síntomas del virus. A esto se le conoce como el “covid persistente”, una enfermedad que incluso ha sido reconocida por la OMS y que se estima afecta entre el 10 y el 20 % de la población.
El síndrome post-COVID, como también se le llama, se diagnostica al menos tres meses después de que el paciente se contagió con el virus. Ese periodo permite descartar el proceso habitual de recuperación de un cuadro agudo de la enfermedad, que puede tardar hasta dos meses. Entre los síntomas más comunes se encuentran problemas relacionados al sistema muscoesquelético, como debilidad, dolores musculares y calambres, y falta de aire, tos persistente y dolor en el pecho a nivel pulmonar. Otras complicaciones se relacionan con el aparato circulatorio, como arritmia, palpitaciones y taquicardia.
También se habla de secuelas psicológicas, como ansiedad, depresión y alteraciones del sueño, aunque los expertos no han determinado si se debe a la respuesta inmunitaria desencadenada para combatir el virus, que puede afectar zonas del cerebro, o si es consecuencia del confinamiento y el aislamiento social.
“Los efectos a largo plazo del COVID-19 son variados y dependen mucho de cada paciente. Generalmente son más manifestaciones musculoesqueléticos, a nivel neurológico y cardíaco”, refiere la doctora Ramona Lappot, médico internista de Cemdoe. La galena agrega que los síntomas pueden durar días, semanas o meses, además de que pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente. De hecho, un mismo paciente puede tener diferentes síntomas en diferentes momentos.
David Collado, ministro de Turismo, informó ayer que el acumulado en la llegada de turistas al país aumentó un 35.7 % para el primer cuatrimestre del año con respecto al 2022, al pasar de 2,758,703 de enero-abril del año pasado a 3,745,475 este corriente 2023.
Al presentar los datos estadísticos del sector, precisó que es un “nuevo récord” al compararse con los periodos del 2018 en adelante. “República Dominicana acaba de tener el mejor cuatrimestre de la historia”, expresó.
Apuntó a que abril ha sido también un mes importante, que mantiene la tendencia de superación, con la llegada de 862,705 visitantes, de los cuales 681,567 llegaron vía área y 181,138 vía marítima.
En su mayoría, los turistas se hospedaron en hoteles tradicionales con un promedio de 81 % en ocupación, mientras que los complejos turísticos alcanzaron un 77 % en abril.
El segmento hotelero que ocupó el último lugar en el promedio de ocupación fue el de lugares de acogida corta estancia, con un 41 %.
Las proyecciones del sector para lo que resta de este año es poder alcanzar la llegada de 7.9 visitantes y superar así los 7.1 logrados en el 2022.
“Lo lograremos, superando la crisis económica que enfrenta Europa con vuelos de larga distancia, con los altos costos de combustible de avión para transporte aéreo y las altas tasas de inflación”, dijo.
“No vemos amenazas a corto plazo que afecten las proyecciones de crecimiento del turismo. Este es un país bendecido por Dios y seguimos siendo líderes en turismo a nivel internacional”, apuntó Collado.
El único tema que, según el ministro, ya está en agenda inmediata es el sargazo, asegurando que hasta ahora no ha afectado la estadía hotelera.
A pesar de no estar regulado, las estadísticas de alojamiento en lugares de renta corta que se alquilan a través de plataformas tecnológicas como el Airbnb sigue aumentando.
Collado detalló que el 60 % de la oferta habitacional en el país está siendo dominada por la plataforma Airbnb, la cual posee 40,850 propiedades registradas, con 99,609 habitaciones a marzo de este año.
“Esta alternativa de hospedaje ha ido creciendo aceleradamente”. “Es una realidad aquí y en otros países y hay que buscar la forma de integrarlas para que se desempeñen en conjunto con el sector”, consideró el ministro.
Tras su planteamiento adelantó la posibilidad de que para esta semana se realice la firma final de un acuerdo de regulación, con la que tendrán mayor control de su proliferación en el país y, por lo tanto, poder llevar seguridad a los visitantes que se hospeden en dichas propiedades.
Precisó que, desde el ministerio deben tener un control de calidad y seguridad por si a un turista le pasa algo. “Los vamos a regular como regulamos a los hoteles”, agregó.
Al hablar sobre el impacto de las ofertas de unidades inmobiliarias dijo que para las temporadas altas del turismo se van a necesitar mayores habitaciones de hoteles y los alquileres de renta corta son una alternativa para aumentar la oferta habitacional.
“Ya tenemos un memorándum de entendimiento, con Airbnb sobre todo, y esperamos la firma final. Es un acuerdo de regulación no de tasa impositiva, que eso le corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos”, aclaró.
Al respecto se pronunció el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre, quien consideró necesario que el tema de regulación avance en el país.
“Lo único que pedimos es que ese tipo de hospedaje sea regulado para que podamos competir de manera igualitaria en el sector”.
Explicó que aún esperan más informaciones sobre la regulación y el tema de los impuestos a las propiedades que son reglamentos distintos, pero que convergen en una línea de competitividad y desarrollo.
Los dos temas urgentes
Sargazo y regulación de renta corta son los desafíos más urgentes del sector turístico del país, según planteó el ministro de Turismo, David Collado, tras la presentación de los resultados del sector en abril y, en su acumulado, las del primer cuatrimestre del año, destacando un aumento de 35 % para el primer periodo.Pese a no ser elementos que impacten negativamente su dinamismo, Collado explicó a Diario Libre que son temas que tienen su atención en la agenda. “Tenemos un fondo de seis millones de dólares, pero no lo podemos gastar en algo irresponsable. Tenemos que gastarlo en algo que vaya a tener una solución”.Recordó el acuerdo que logró el país para unir esfuerzos con otros del Caribe para enfrentar el sargazo como una emergencia regional. “El martes iniciará un seminario sobre turismo sostenible, donde se debatirán posibles innovaciones y soluciones a temas de sostenibilidad y otros relacionados al sector”, dijo.
Bucanyé es un proyecto turístico propuesto por la empresa Oceanus Investment, de capital Dominicano y Español, y sus cerca de 14 millones de metros cuadrados se encuentran, en su mayoría, dentro de la parcel 40 de Pedernales, correspondiente al Área Nacional de Recreo Playa de Cabo Rojo – Pedernales, un área protegida categoría VI también conocida como Bucán Ye.
En las últimas semanas existe una polémica entre grupos ambientales, Oceanus Investment, la Dirección General de Alianzas Público Privadas (en representación del presidente Luis Abinader), el Ministerio de Medio Ambiente y el Estado, la cual tiene como origen un supuesto fraude en la adquisición de la Parcela 40 y sus respectivas subdivisiones por parte de particulares, quienes vendieron entre 2009 y 2015 los inmuebles a Oceanus Investment dentro de un área protegida.
La pasada semana Diario Libre publicó la posición de dos ambientalistas, pertenecientes a la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, expresando que lo que no les parece bien, en el caso de Bucán Ye, es que un inversionista se apropie de un área protegida de forma ilegal, entre otras declaraciones.
La respuesta de Oceanus Investment
Luego de la publicación, de este medio, el abogado Salvador Catrain, representante legal del proyecto Bucanyé se comunicó con Diario Libre para responder a algunos de los señalamientos de los ambientalistas.
Esta es íntegra la comunicación enviada por Oceanus Investment a Diario Libre titulada: “Bucanyé es sinónimo de un proyecto legal, viable medioambiental y socialmente positivo”.
“Quienes formamos parte de Oceanus Investment concebimos la idea de desarrollar un proyecto ecoturístico en la provincia de Pedernales, una zona del país en situación económica muy difícil, pero con un gran potencial de desarrollo turístico, como todo el mundo en nuestro país reconoce. De esta manera, la compañía espera contribuir a ese desarrollo y ofrecer una mejor calidad de vida de las personas de la provincia y alrededores”, afirma Salvador Catrain, representante legal de la compañía.
“Con nuestro proyecto, asegura Catrain, queda patente que estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y participativo de Pedernales”. En concreto, en el plan de desarrollo del proyecto existen programas de capacitación y educación en las comunidades locales para crear una base de conocimiento sostenible que permita la transformación positiva de una comunidad que se sentirá hasta responsables de su propio destino por ese factor de inclusión comunitaria con el que venimos trabajando.
“De tal manera, podemos reafirmar que Bucanyé es sinónimo de un proyecto legal, viable medioambiental y socialmente positivo”, garantiza Catrain.
Asimismo, Catrain explica: “La sentencia judicial que dejó fuera de la litis del caso Bahía de las Águilas la parcela 40, colindante con el pueblo de Pedernales, se vio como una oportunidad de materializar la idea originalmente concebida. Esa sentencia judicial se produjo porque, realmente, la parcela nunca estuvo en litis”.
Teniendo todo eso claro, añade: “Entendimos que quienes aparecían como propietarios de terrenos en el Registro Inmobiliario lo eran de verdad y por eso nos acercamos a ellos en 2009 y 2015 y les dijimos que nos interesaba comprarles”.
“Apoyándonos en un adecuado proceso de validación, dice Catrain, no existe prueba alguna de una supuesta apropiación de los terrenos del proyecto, toda vez que los mismos cuentan con su titularidad de carácter privada desde hace décadas, incluso previo a la promulgación de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (año 2000) y de la Ley sectorial de Áreas Protegidas (año 2004)”. De hecho, el párrafo del artículo 9 de esta última normativa reconoce la validez de derechos privados en áreas protegidas estableciendo una obligación del Estado para respetar el derecho de propiedad que pueda tener un particular con anterioridad a la promulgación de la Ley de Medio Ambiente.
Ante esto, Catrain enfatiza que “es totalmente falso que la entidad Oceanus Investment supuestamente se haya apropiado ilegalmente de terrenos en áreas protegidas. Por el contrario, esos terrenos han sido propiedad de particulares cuyos derechos han estado inscritos en el Registro de Títulos correspondiente desde la década de los 90’s”.
Catrain quiere transmitir a toda la sociedad dominicana que la entidad Oceanus Investment desde hace varios años ha adquirido los terrenos de manera legítima y de buena fe, realizando contrataciones directas con los titulares de los derechos, pagando los impuestos de lugar y los valores acordados con cada uno de los propietarios anteriores, cumpliendo en todo momento con el debido proceso y haciendo las debidas diligencias.
“Como prueba de la legitimidad del proceso, hoy en día contamos con certificaciones válidamente emitidas por el Registro de Títulos, en las cuales se hace constar que sobre los terrenos del proyecto Bucanyé en la Parcela 40 de Pedernales no existe litis interpuesta por el Estado Dominicano, lo que descarta toda afirmación de terceros alegando lo contrario”, agrega el asesor legal de la compañía inversora.
Respecto al compromiso con el medio ambiente, Catrain explica que “según las leyes de nuestro país en materia de áreas protegidas, los proyectos que se desarrollen en dicha categoría, la seis (VI), pueden ser desarrollados siempre y cuando demuestren que serán proyectos sostenibles y del ecoturismo dentro de un marco de condiciones”.
En este sentido, Catrain entiende que “el Proyecto Bucanyé ha sido especialmente diseñado para apegarse a los requerimientos de un área protegida flexible, para la cual se han realizado estudios ambientales que nos ayudan a entender la condición de la zona y sus necesidades. El proyecto ecoturístico Bucanyé cumple con todas las condiciones que exige la ley para desarrollarse”.
Adicionalmente, es una iniciativa sostenible que contribuye a preservar el medio ambiente y los recursos naturales de la comunidad de Pedernales, además de los beneficios económicos que aportará gracias a su operación ecoturística, añade.
La comunidad pedernalense tiene claro que Bucanyé es un proyecto turístico con el potencial de convertir a la provincia en uno de los destinos más populares y atractivos del país y del Caribe. Por ello, tanto Catrain como todo el equipo legal y ambiental que construyen este proyecto de Oceanus Investment aseguran que no van a permitir que intereses ajenos a ella impidan su desarrollo. Además, líderes del entorno han podido ver cómo en el diseño del proyecto se están tomando todas las medidas de lugar para conservar el patrimonio cultural y natural de la provincia, y eso para ellos tiene un gran valor y significado.
Los certificados del registro de títulos
Diario Libre solicitó a Catrain los certificados de la Jurisdicción Inmobiliaria que demuestran que las parcelas propiedad de Oceanus Investment no tienen litis actualmente con el Estado.
Catrain entregó a Diario Libre, a manera de prueba, dos certificaciones por el Registro de Títulos de Barahona, firmados por Nayibe Isabel Antigua Lara el 24 de abril de 2023. En las cuales consta que la parcela 40-SUB-26 se encuentra libre de derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales y la otra parcela tiene litis pero con un particular.
Catrain Asegura que todos sus títulos certifican que no tienen litis actualmente con el Estado Dominicano.
El abogado explicó que se trata de certificaciones de estado jurídico que acreditan que no existe litis interpuesta por el Estado Dominicano en sus inmuebles. Las expide la jurisdicción inmobiliaria, dependencia del Poder Judicial, que maneja el registro de la propiedad.
Esto en respuesta a las pasadas declaraciones de la Abogada del Estado, Laura Acosta, que asegura que estos inmuebles tienen litis abiertas por parte del Estado.
Un grupo de partidos políticos elevará esta tarde en la Junta Central Electoral (JCE) un recurso de reconsideración contra la resolución que establece las reservas de candidaturas para las elecciones del 2024.
Las organizaciones políticas depositarán la instancia vía la secretaría general de la JCE, a las 4:00 p.m. y luego darán declaraciones a la prensa.
La instancia será elevada por un grupo de organizaciones encabezadas por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, que han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE.
El punto de la discordia se debe al 20 % de las reservas establecido por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, y que por resolución de la JCE, fue aplicado por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos. La JCE se acogió para el reparto a una sentencia del Tribunal Superior Electoral que dispone la modalidad.
El pasado viernes los partidos Fuerza Nacional Progresista y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), depositaron un recurso de reconsideración a la resolución 13-23 sobre la aplicación del 20 % de las reservas de candidaturas.
La construcción y la explotación de minas y canteras fueron las dos actividades económicas que mayor caída presentaron durante el primer trimestre del 2023, con resultados negativos de 3.5 % y 3 %, respectivamente, en comparación con enero-marzo del 2022.
El alza del costo de los insumos para la construcción y, con ello, la merma en los niveles de producción de materiales afectaron a estos dos sectores, en un contexto en el que el producto interno bruto se contrajo 4.7 puntos porcentuales, de 6.1 % en enero-marzo del 2022 a 1.4 % en este trimestre.
En su Informe Preliminar de la Economía, correspondiente al período enero-marzo del 2023, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) indicó que la readecuación de los cronogramas de proyectos de infraestructura por mayores tasas de interés y una actitud conservadora en cuanto a inversión pública, repercutieron sobre el bajo desempeño de la construcción.
Los volúmenes de ventas de las estructuras metálicas (que habían cerrado en rojo con -0.6 % en enero-marzo del 2022) se retrajeron 5.6 puntos porcentuales más, para una baja del -6.2 %.
A estas le siguió el cemento, que decreció hasta -2.8 % en este primer trimestre, tras haber mantenido un ritmo de ventas de 2.9 % en el mismo período del 2022.
En el caso de la explotación de minas y canteras, la expansión de la producción de cobre en 70.8 % aminoró el resultado negativo de la actividad, de -18 % en enero-marzo del 2022 a -3 % en enero-marzo del 2023.
Asimismo, la venta de pintura decayó 17.9 puntos porcentuales, pasando de 19 % en los primeros tres meses del año pasado a solo 1.1 % en el primer trimestre de este año.
Mientras que la fabricación de yeso decayó hasta -32.5 %, luego de haber tenido un crecimiento de 21.8 % el año pasado, seguido de la producción de plata (-11.6 %), el oro (-5.4 %) y la arena, gravilla y grava (-2.8 %).
La enseñanza (-2.6 %), la manufactura de zonas francas (-2.4 %), la manufactura local (-2.2 %) y el comercio (-0.4 %) fueron otros de los sectores productivos que más se vieron impactados.
La terminación de contrataciones temporales para cubrir el déficit de profesores en los centros educativos públicos incidió en que la enseñanza decreciera hasta -2.6 %, en este primer trimestre, luego de haber tenido un desempeño positivo de 4.8 % en enero-marzo del año pasado.
En el caso de las zonas francas, su caída en -2.4 % se relaciona con la depreciación (de un 1.2 %) del dólar, afectando las exportaciones.
El constreñimiento de la manufactura local, de un 2.2 %, se explica en el descenso del valor agregado de sus principales subsectores, como otras manufacturas (-8.2 %), bebidas y productos de tabaco (-3.9 %), y la fabricación de productos derivados de petróleo y químicos (2.3 %).
Aunque esta última cerró con resultados positivos, este se ubica 7.3 puntos porcentuales por debajo de como estaba durante el primer semestre del 2022 (9.6 %).
En esa misma proporción, los bienes comercializables cayeron, lo que supuso un decrecimiento en la actividad comercial de un 0.4 % en enero-marzo del 2023.
Las que más crecieron
14.2 %
Hoteles, bares y restaurantes fue el sector económico que más agregó valor al crecimiento de este trimestre.
En términos de valor agregado, las actividades económicas de mayor incremento en su actividad durante enero-marzo del 2023 fueron hoteles, bares y restaurantes (14.2 %), salud (9.7 %), servicios financieros (6.6 %), administración pública (5.3 %), comunicaciones (5.2 %) y actividades inmobiliarias y de alquiler (4.9 %), entre otras.
Sin embargo, al comparar sus resultados con los obtenidos en los primeros tres meses del año pasado, solo el sector agropecuario (3.7 %), los servicios financieros (6.6 %) y las actividades inmobiliarias y de alquiler (4.9 %) superaron el crecimiento alcanzado en el trimestre del 2022.
Recuperación paulatina
Economía dominicana
En su informe, el Banco Central señala que el resultado acumulado de los primeros tres meses del año refleja la efectividad de las medidas implementadas para contener el alza de la inflación.
La entidad monetaria espera que la economía dominicana recupere su ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año.
La Corporación Minera Dominicana (Cormidom), que opera la mina Cerro de Maimón, anunció la suspensión de sus operaciones productivas y que entrará en un proceso solamente de mantenimiento.
La decisión fue tomada por los accionistas de la empresa a “raíz de la situación extrema y de fuerza mayor en que se encuentra la empresa y los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras”.
La información la ofreció Paul Marinko, presidente de Cormidom, quien indicó que, para tales fines, ya han iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes.
«Cormidom sigue apostando a la solución rápida por medio del diálogo y el respeto mutuo»Paul Marinko Presidente Cormidom“
En un comunicado la empresa informó a sus empleados: “Luego de trece años de trabajo incansable, donde hemos tenido altas y bajas, y juntos hemos creado esta familia minera, con gran tristeza y dolor, nos dirigimos a ustedes para informarles que, esta Corporación Minera Dominicana S.A.S (Cormidom) ha suspendido todas las operaciones de producción minera y entramos en fase de mantenimiento”.
Con los trabajadores
El presidente de Cormidom manifestó que, desde el inicio de sus operaciones, en el año 2009, ha puesto en el centro de cada una de sus acciones a los trabajadores y sus familias.
Paul Marinko indicó que «Cormidom apoya y respeta el derecho sindical de sus empleados, y por eso tiene una relación de larga trayectoria, abierta, cercana y de diálogo con el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema) con el cual han firmado convenios de mutua colaboración en las áreas de mejoras salariales, seguro médico, condiciones de trabajo, apoyo a educación, gastos funerarios, licencias de maternidad y paternidad, entre otros».
Sostuvo que desde el año 2010 existe un convenio colectivo con el sindicato que se renueva cada tres años. Citó que el más reciente data del año 2020, época en la que estábamos en medio de la pandemia y los accionistas, no solamente negociaron un convenio colectivo, sino que continuaron pagando el 100 % de los salarios a los empleados a pesar de que la mina estuvo cerrada durante ocho meses, pagando RD$304,906,718.38 en nómina en ese período.
Marinko explicó que, a la luz del convenio colectivo, en abril del año 2021 se pagaron RD$29,515,498.88 correspondientes a bonificaciones del año 2020. Indicó que durante el período 2018-2022, Cormidom ha pagado por concepto de bonificación un total de RD$154,365,967.49.
“En aras de seguir apoyando el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, en noviembre de 2022, Cormidom inició negociaciones con el sindicato para un nuevo convenio colectivo. No obstante, el año pasado la empresa estuvo cerrada aproximadamente cinco meses, lo cual obviamente tuvo un alto impacto financiero. Gracias al trabajo en equipo y la unión de todos, de los accionistas y los trabajadores, la empresa logró beneficios, pero no los aspirados por los accionistas y empleados”, dijo.
Marinko expresó que el 27 de abril del 2023 cumpliendo con lo establecido en el convenio colectivo, Cormidom pagó RD$18,245,214 por concepto de bonificación correspondiente al año 2022.
Situación financiera
Respecto a la situación financiera de la empresa manifestó: “De hecho, para que la empresa pudiera seguir operando, los accionistas tuvieron que enviar US$2,000,000.00 a la semana, lo que significa US$105,000,000.00 para el pago de salarios y otros costos de operaciones de la empresa ese año”.
Sostuvo que a esto cabe agregar que «el apoyo solidario de los accionistas de Cormidom se ha visto limitado por la crisis financiera a nivel mundial». Y al igual que muchas otras multinacionales, los accionistas de la empresa se han visto incluso en la obligación de cerrar dos minas en Australia.
Marinko dijo que Cormidom «siempre se ha caracterizado por conducir sus operaciones de forma honrada y transparente, cumpliendo con sus obligaciones conforme a las leyes, particularmente con aquellas contenidas en la Ley Minera No 146-71, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Código de Trabajo y el Convenio Colectivo».
Hace varios días que Sitracema paralizó las labores en reclamo de que la empresa pague la bonificación como está estipulado.
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