Categoría: actualidades

El Ministerio Público solicitó este miércoles a los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el archivo definitivo de la demanda en nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones presentada por el abogado Ángel Lockward.

“Concluimos solicitándole al tribunal que ordenara el archivo definitivo del expediente de la demanda en responsabilidad patrimonial en contra de los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General”, explicó la fiscal Rosa Alba García, adscripta a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en un comunicado enviado por el Ministerio Público.

Sostuvo que la solicitud realizada por el Ministerio Público se produce en ocasión al desistimiento formal depositado por los demandantes en fecha 3 de abril del 2023.

La jurista señaló que el proceso quedó en estado de fallo.

El informe rendido por la Unidad Antifraude de Contraloría General de la República en septiembre del 2021, establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos.

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El pasado 17 de marzo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó en estado de fallo el recurso contencioso administrativo presentado por Ángel Lockward, que busca la nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República y remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre el pago de expropiaciones hecho por el Ministerio de Hacienda. 

El 19 de marzo pasado y en el marco de la Operación Calamar fue detenido Lockward, luego de que acudiera a la sede de la Procuraduría General de la República a ponerse a disposición de la Justicia.

De los imputados en el supuesto entramado de corrupción, 14 negociaron con el Ministerio Público, entre ellos, Lockward.

El cuerpo del empresario Fausto Reyes Tejada, de 51 años, quien fue encontrado en una maleta en el interior del hoyo de una piscina en una casa del sector Villa Francisca II, en la provincia La Vega, será cremado y sus cenizas serán trasladadas a Estados Unidos.

La información fue confirmada a Diario Libre por la esposa de la víctima, Elva Arelis Batista, quien manifestó que la mayoría de sus familiares residen en Estados Unidos, por esta razón decidieron que lo mejor sería llevarlo hacia allá.

El cadáver de Fausto todavía se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa de muerte. Todavía las autoridades del Inacif no les han informado a sus familiares cuando le entregarían el cuerpo.

Fausto Reyes habría sido ultimado por uno de sus mejores amigos, a quien la Policía Nacional identificó como Edwin Alberto Holguín Robles, alias Piquete, y quien, supuestamente, declaró que junto a un empleado de la víctima ultimaron al empresario.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, Holguín Robles declaró que el pasado 3 de mayo en medio de una discusión con la víctima, éste, junto al otro implicado, Anderson Lorenzo Alcántara, ultimaron al empresario e introdujeron el cuerpo en una maleta.

La institución del orden precisa que el cuerpo «lo trasladaron a bordo de una camioneta, marca Nissan, modelo Frontier, propiedad del occiso, llevándolo hasta la casa donde finalmente fue encontrado».

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De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, Holguín Robles (Piquete) condujo a agentes de la Policía hasta la residencia donde fue encontrado el cuerpo sin vida, enterrado en el interior de una maleta en una construcción de una piscina.

El agregado de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. en la República Dominicana, Jonathan Mardo, indicó este miércoles que los dominicanos no están incluidos dentro del programa de permisos temporales que otorgará 30 mil visas a inmigrantes que busquen entrar al territorio americano.

Con el cierre del Título 42 que llega a su fin este miércoles, la frontera sur de Estados Unidos ha comenzado a abarrotarse de inmigrantes de distintos países que buscan ser admitidos. Los permisos están destinados para ciudadanos de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En un audiovisual publicado por la Embajada estadounidense en RD, Mardo aseguró que todo aquel que no tenga una base legal para permanecer en EE.UU. no serán elegibles para legalizar su estatus y estarán sujetos a la deportación.

Dijo que su país está comprometido con la migración legal, ordenado y humano, indicando que no es seguro entrar por canales irregulares.

“Los riesgos e inconvenientes de viajar a los Estados Unidos en yola a través del Canal de la Mona o caminando por los desiertos de México superan los beneficios percibidos de migrar a los Estados Unidos”, dijo Mardo.

“Cruzar ilegalmente la frontera entre los Estados Unidos y México es extremadamente peligroso. Cientos de personas mueren cada año intentando cruzar la frontera suroeste de los Estados Unidos. Los inmigrantes no solo se enfrentan a las inclemencias del medio ambiente, sino que caminan durante días por el desierto sin agua”, continuó el funcionario estadounidense.

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El secretario de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas, dijo este miércoles en una rueda de prensa que, a pesar de haber estado preparándose para este momento en los últimos dos años, las autoridades esperan grandes números de detenciones «en los días y semanas» después del levantamiento del Título 42.

«De hecho, ya estamos viendo cifras altas de detenciones en ciertos sectores» de la frontera, apuntó el responsable.

Destacó que el personal del DHS, las instalaciones y las comunidades en la frontera están «bajo una presión increíble» y auguró que el plan puesto en marcha por el Gobierno arrojará resultados, pero que llevará tiempo.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La iniciativa, propuesta por los senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez, fue estudiada por una comisión bicameral y ahora irá a una comisión para ser autorizada en segunda lectura.

El proyecto tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista, mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.

En su estructura, se incluyen varias disposiciones para que distintas entidades del Estado tengan responsabilidades con las personas que padecen este trastorno.

También, entre las novedades está la obligación del Estado de garantizar la cobertura del seguro médico a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde el primer nivel de atención integral, a todas las personas con autismo.

Otro aspecto relevante, es el otorgamiento de “permisos especiales” a personas que posean familiares con el trastorno, quienes dispondrán de permisos de 3 a 5 horas semanales dentro del horario laboral, para atender a sus allegados “siempre que no afecte el cumplimiento de sus responsabilidades asumidas en el contrato”.

Edwin Alberto Holguín Robles (Piquete), quien es acusado de acabar con la vida de su mejor amigo, Fausto Reyes Tejada, era popularmente conocido por su supuesta habilidad para hackear cuentas bancarias y teléfonos en la provincia La Vega. 

Varias personas consultadas por Diario Libre manifestaron que ese era uno de los oficios de Holguín Robles y con ese ilícito era que se ganaba la vida. 

A pesar de que muchas personas cercanas tenían conocimiento de las acciones a la que se dedicaba, nunca imaginaron que su ambición lo llevaría a terminar con la vida de su amigo. 

Fausto Reyes fue encontrado en el interior de la residencia de Piquete, en el sector Villa Francisca II, dentro de una maleta, con aparentes signos de violencia, según indica el reporte preliminar de la Policía Nacional.

El cuerpo de la víctima permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago, para determinar la causa de muerte del empresario. 

Sector en silencio

El sector Villa Francisca II, de la provincia La Vega, se mantiene en silencio y bajo el asombro ante el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario Fausto Reyes Tejada, dentro de una maleta en el interior de la casa de su mejor amigo. 

Diario Libre trató de conversar con los comunitarios del sector, sin embargo, hacían silencio y se alejaban de sus puertas con temor.

Una señora manifestó que todavía está en el asombro y que prefiere no decir nada sobre la situación. 

Las puertas de los pobladores que vivían allí, en su mayoría, están cerradas, y la zona se torna con poco movimiento.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la conformación de una comisión especial de 15 diputados para investigar durante 30 días la presunta ejecución de «faltas graves» en la Cámara de Cuentas tras las reveladoras afirmaciones de Janel Andrés Ramírez, quien aseguró que en la entidad se toman decisiones ilegales.

La comisión investigadora está conformada por los diputados Rogelio Genao, César Santiago Rutinel, Rosendy Polanco, Pedro Tineo, Elías Wessin Chávez, Ruben Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez, Saury Mota, Braulio Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino.

Con este nuevo equipo, la Cámara de Diputados busca abrir una investigación fiscalizadora para determinar si en realidad el Pleno de la Cámara de Cuentas ha incurrido en faltas graves para, posteriormente, usar la facultad constitucional de un posible juicio político.

Antes de integrar la comisión, el Pleno de los diputados acordó fusionar cuatro resoluciones que buscaban el mismo objetivo de investigar, por lo que los proponentes de los proyectos consensuaron unir las piezas y retirar las particulares para evitar retrasos en la indagatoria.

En ese sentido, los diputados Alfredo Pacheco, Gustavo Sánchez, Juan Dionicio Restituyo y José Horacio Rodríguez se unieron para presentar una sola resolución que investigue a los cinco funcionarios que se encuentran bajo la mira del Congreso.

Los diputados respaldan investigación

En medio de los debates, el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, expresó que la actuación de los cinco miembros titulares del órgano fiscalizador ¨ponen en peligro¨ la realización y publicación de importantes auditorías a instituciones públicas.

Durante la sesión, el diputado Tobías Crespo, político de la Fuerza del Pueblo, acusó a Janel Ramírez de tener ¨faltade liderazgo e incapacidad¨ para dirigir la Cámara de Cuentas ya que, a su juicio, las responsabilidades en la entidad son de carácter individual.

Como respuesta, el diputado Juan Dionicio Restituyo aclaró que la Cámara Baja no debe juzgar a los miembros de la Cámara de Cuentas porque ¨precisamente fue para investigar¨ que se aprobó la comisión, por lo que pidió el cierre de los debates.

En ese mismo teno se expresó el diputado José Horacio Rodríguez, quien coincidió al decir que ¨no se debe juzgar¨ porquela investigación es la que determinará si se hace una acusación formal en caso de que existan faltas graves y explicó que si no existen ilícitos, el mismo equipo deberá desestimar los señalamientos contra los cinco funcionarios. 

Tras esto, la comisión quedó aprobada con 122 votos a favor, teniendo una votación unánime. 

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En un programa televisivo, Janel Andrés Ramírez se autocalificó como «preso de confianza» del Pleno de la institución que dirige al revelar que en la entidad se han tomado decisiones ilegales, además de informar sobre otras falencias que afectan al órgano.

Ante esto, desde el Congreso Nacional surgió la iniciativa de utilizar la facultad constitucional de los legisladores para fiscalizar las instituciones públicas y, en consecuencia, se presentaron varios proyectos para investigar a los funcionarios.

Los primeros pasos fueron presentados en el Senado, desde donde el vocero del Partido de la Liberación (PLD), Yvan Lorenzo, sometió nuevamente una resolución para indagar las actuaciones del Pleno de la Cámara de Cuentas, pero su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.

Después, desde la Cámara de Diputados surgieron varias piezas legislativas para fiscalizar a la Cámara de Cuentas, por lo que ahora el organismo deberá realizar las investigaciones correspondientes y luego rendir un informe en el hemiciclo.

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