La Cámara baja de Florida aprobó este martes un polémico proyecto de ley que obtuvo luz verde en el Senado estatal y que contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados.
La iniciativa se dirige ahora al despacho del gobernador estatal, el republicano y posible aspirante presidencial Ron DeSantis, promotor de la medida y de quien se espera su inminente firma.
El proyecto llegará al escritorio de DeSantis tras su aprobación el pasado viernes en el Senado estatal y luego de que el lunes la Cámara de Representantes floridana, controlada por el Partido Republicano, desestimara 19 enmiendas propuestas por la oposición demócrata.
«Este proyecto de ley de inmigración no resuelve ningún problema; simplemente deshumaniza a las personas en función de cómo llegaron a este país», criticó la representante demócrata Rita Harris.
La iniciativa que ha aprobado el Legislativo estatal, de mayoría republicana en ambas cámaras, impone hasta 15 años de prisión a quien transporte a Florida a inmigrantes indocumentados, así como multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren la legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
Establece además la obligatoriedad de los hospitales y centros médicos del estado de recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, e invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
El texto aprobado hoy impedirá igualmente que los abogados amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), conocidos como «soñadores», puedan ejercer a partir de noviembre del año 2028.
«Casi el 20 por ciento de los floridanos son inmigrantes. Un proyecto de ley que daña directamente a una quinta parte de nuestra población no tiene cabida en nuestro estado. En pocas palabras, este proyecto de ley es vergonzoso», dijo hoy Kirk Bailey, director político de la filial en este estado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Bailey agregó que el proyecto incentiva la elaboración de perfiles raciales de una variedad de floridanos y crea una cultura de «muéstrame tus papeles», además de perjudicar a las empresas, la economía local y el sistema de sanidad pública.
Señaló que una ley similar en Arizona condujo a una pérdida de 141 millones de dólares en gastos directos y ocasionó 253 millones de dólares en «producción económica perdida», entre otros apartados.
«No está destinado a brindar la protección que reclaman, y no brindará una solución al sistema federal de inmigración que no funciona. La crisis fronteriza es propaganda que fomenta el miedo y se utiliza como excusa para aumentar la extralimitación del Gobierno», dijo por su parte Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés).
La semana pasada, un grupo de 80 médicos y profesionales de la salud remitieron cartas a los titulares de ambas cámaras del Legislativo floridano, es decir, a la senadora Kathleen Passidomo y al congresista Paul Renner, para advertir que la propuesta conlleva un poderoso riesgo de socavar las políticas sanitarias.
Recordaron que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha establecido en una guía las llamadas «áreas protegidas», las cuales se hallan lejos de los alcances de las leyes migratorias, entre las que figuran de forma explícita los hospitales y centros médicos.
«Un hospital no es un lugar apropiado para involucrar a una persona en asuntos privados de inmigración», señalaron los firmantes de la carta.
