Azua, RD.- El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), realizó un recorrido por las obras en ejecución en la provincia de Azua, las cuales buscan garantizar un servicio de calidad en esa demarcación. Wellington Arnaud, inspeccionó los trabajos de la obra de toma del acueducto del municipio de Padre Las Casas, […]
Comerciantes y dirigentes de la junta de vecinos de la calle 42, de Capotillo aseguraron este jueves que esa vía está tranquila y desmintieron que en ella se haya producido una balacera que dejó dos muertos y un herido. Manifestaron que el hecho ocurrió en la calle 4, pero se ha divulgado que fue en la calle 42 para hacerle daño.
Jeury Antonio Ortiz indicó que los comerciantes se han unido para buscarle una solución al tema del tránsito en la 42 e indicó que contratarán a dos personas del sector para que regule el tema de los vehículos de cuadro ruedas y las motocicletas a fin de que la gente puedan usar las aceras.
Aseguró que la calle 42 está muy tranquila. Si embargo, reconoció que los jóvenes siguen con los teteos, pero sin molestar a nadie.
“La Fiscalía tiene más de un año sin caso de atracos ni robo, hay un muchacho que busca lo que se roban, el barrio está tranquilo, que no nos involucren con esa gente. Hay que poner orden con la música desde la 1:00 de la mañana en adelante, que sea de un 30 % del sonido, pero eso hay que coordinarlo”, planteó Ortiz.
Un joven que no se identificó dijo que lo que se hace en la 42 es que los jóvenes, después de trabajar toda la semana, se toman sus tragos, pero que todo está tranquilo en esa parte de Capotillo.
“El fin de semana se toman una cervecita, pero aquí se terminó balacera y muertes, no hay problema, 10 años atrás todo el mundo estaba consciente que la 42 era pura balacera por segundo, pero ya no, estamos tranquilos”, afirmó.
Tommy Sánchez es dirigente comercial de la zona y dijo que realmente se está trabajando para controlar los ruidos y aunque reconoció que en algún momento ocurren algunas cosas negativas, en sentido general la zona está tranquila.
“En la 42 se organizan los teteos, gracias al trabajo que se hace, ha sido difícil, se canalizan acciones para el orden en el tránsito y los ruidos y sobre todo colaboramos con las autoridades”.
También desligó a los moradores de la calle 42 de los hechos de violencia ocurrido el pasado lunes en la calle 4 que dejó un saldo de dos personas fallecidas.
Demandan obras
Los comerciantes también demandaron este jueves de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) resolver un problema de aguas residuales y del Ministerio de Educación la terminación de una escuela.
Explicaron que esos males tienen preocupados a los moradores en la zona, debido a la contaminación que causan las aguas residuales y la escuela porque los niños no pueden aprovecharla.
demandaron este jueves de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) resolver un problema de aguas residuales y del Ministerio de Educación la terminación de una escuela.
Explicaron que esos males tienen preocupados a los moradores en la zona, debido a la contaminación que causan las aguas residuales y la escuela porque los niños no pueden aprovecharla.
Ciento cuarenta y tres asociaciones sin fines de lucro (ASFL) aún no han reportado a la Cámara de Cuentas el uso dado a las asignaciones presupuestarias que se les designó durante el 2022.
En conjunto, a estas entidades se les aprobó 386 millones de pesos, el 18.65 % del presupuesto reformulado para este sector, que totalizó 2,069.6 millones de pesos.
Así lo hizo constar el órgano auditor en el Informe de Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado, un estudio entregado al Congreso Nacional que muestra la disposición de los recursos públicos y pasa balance a los estados financieros del Gobierno durante el año pasado.
Al analizar los montos por los ministerios que los asignaron, 28 asociaciones sin fines de lucro quedaron de reportar al Ministerio de Salud Pública qué uso se le dio a los 222.84 millones de pesos que les fueron aprobados como presupuesto.
Mayores montos
La Asociación Dominicana de Rehabilitación obtuvo la mayor asignación presupuestaria por parte de Salud Pública (151.93 millones de pesos), representando el 68.18 % de las 28 entidades sin fines de lucro con fondos designados de ese ministerio.
De igual forma, la institución encabeza la lista de las 143 entidades sin fines de lucro que no entregaron sus ejecuciones presupuestarias en 2022, como lo hace constar la Cámara de Cuentas en los anexos del informe.
Las cinco asociaciones con los mayores montos asignados representan el 55.64 % (214.76 millones de pesos) del total de las que no reportaron lo ejecutado.
59.69 %
Asociaciones con mayores montos en cada Ministerio
Las 143 entidades sin fines de lucro que no entregaron sus ejecuciones presupuestarias se encuentran clasificadas en 14 ministerios. Las ASFL con más partidas de cada institución reúnen 230.4 millones de pesos, el 59.69 % del total de fondos de los cuales se desconoce su uso.
Ordenanza
La Ley 345-21 que establece el Presupuesto General del Estado para 2022, en su artículo 57, ordena a todas las asociaciones sin fines de lucro rendir un informe trimestral detallado sobre el uso mensual de los fondos transferidos.
Este documento debe ser entregado al Centro Nacional de Fomento y Promoción que para estas entidades tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), así como a los entes y órganos a los cuales estén adscritas “durante los primeros 15 días posteriores al cierre de cada trimestre”.
Además, se les solicita que demuestren su existencia y su funcionamiento regular, y envíen copia del informe tanto a la Cámara de Cuentas, como a la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
La citada normativa también establece que una falta a estas obligaciones hará que las asociaciones sin fines de lucro pierdan el derecho a recibir fondos públicos.
Asociaciones con más montos asignados que no entregaron ejecuciones en 2022
Montos en pesos dominicanos
Institución
Ministerios
Montos asignados
Asoc. Dominicana de Rehabilitación
Salud Pública
151,928,167
Asoc. de Promotores y Export. de Mango
Agricultura
41,304,500
Parroquia San Antonio De Padúa (Tamayo)
Educación
9,974,000
Clúster Ecoturístico de Espaillat
Turismo
6,432,600
Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos
Presidencia
5,136,660
Sociedad Ornitológica de La Hispaniola
Minmarena
2,920,000
Fundación Evangélica Universitaria
Mescyt
2,794,000
Un Techo Para Mi País
Vivienda
1,958,200
Casa de la Mujer Villaltagraciana
Mujer
1,838,720
Fund. para la Educación, Capacitación e Innovación
MICM
1,825,000
Asoc. de Jóvenes Líderes y Est. Constanza, Tireo y la Sabina
Juventud
1,500,000
Fundación Educativa Dom. Rep. Jazz
Cultura
1,000,000
Best Buddies República Dominicana
Presidencia
880,000
Liga Deportiva Medina
Deportes
360,000
Club Deportivo y Cultural Rómulo Reyes
Deportes
360,000
Fund. Dom. De Protección a la Niñez y Vejez Desvalida
Presidencia
150,000
Total
230,361,847
Fuente: Cámara de Cuentas
Las que sí entregaron
El presupuesto designado en 2022 para las entidades de este tipo fue de 2,056.45 millones de pesos, distribuidos por 14 ministerios entre 757 instituciones. Pero luego subió a 2,069.6 millones, tras ser incrementado en 13.16 millones de pesos. Se adicionaron 110 asociaciones, aumentando a 867 las beneficiadas.
Las que sí remitieron sus informes a la Cámara de Cuentas reportaron ingresos por 3,158.65 millones de pesos y gastos por 3,538.95 millones de pesos.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ha logrado agilizar los procesos para pagar a los varios cientos de trabajadores del X Censo Nacional de Población y Vivienda que todavía no han recibido su salario, gracias a la colaboración de las instituciones que intervienen en la burocracia de los procesos y a la consignación de la partida para los honorarios.
El director del X Censo, Víctor Romero, explicó a Diario Libre que después del encuentro con la vicepresidenta Raquel Peña todas las instituciones involucradas hicieron un compromiso de priorizar esos procesos para hacerlos más expeditos.
En el encuentro con la vicemandataria también se logró la asignación que correspondía a la cuenta de viáticos, ya que hasta la fecha se contaba solamente con la partida de los honorarios. De no haberse hecho así, la ONE iba a tener que concluir todos los pagos de honorarios para empezar con los viáticos.
Peña había convocado al personal de la ONE para que pedir explicaciones luego de que una de las colaboradoras del Censo a la que no habían pagado se gravó hincada en la institución implorando porque se le pague. Este video se hizo viral en las redes sociales.
La ONE afirma que en los últimos días pagó los honorarios de 325 personas de las 538 que faltaban. Una vez pagos los honorarios, procedieron a procesar los viáticos. Para los 223 restantes se están preparando las nóminas.
“Se han agilizado los pasos y la gente está viniendo aquí a retirar sus cheques o se les están llevando los cheques. Ahora mismo hay una comitiva de la ONE pagando en Santiago, en Dajabón y Montecristi, por decir. Hay otra comitiva que va a salir a los temas del Sur, de Barahona, también en Ocoa”, sostuvo Romero.
La ONE hizo el compromiso con la vicepresidenta de resolver el problema de las remuneraciones atrasadas antes de que termine el mes de mayo. Tienen hasta el final de esta semana para generar todas las nóminas, parte del proceso que corresponde a ellos.
Burocracia y presupuesto
Víctor Romero indicó que la mayoría de las personas con pagos pendientes trabajaron como encargados de polígono y soporte técnico, y que en esos casos se deben procesar los pagos de nómina como si fuera un empleado público normal, lo cual implica un proceso burocrático que ha ayudado al retraso. También, porque tuvieron que esperar el presupuesto del 2023 para cumplir con los colaboradores que no cobraron al finalizar el 2022.
El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, junto a especialistas de salud mental y reproductiva, participaron este jueves en un acto en ocasión de conmemorarse por primera vez en el país el Día Mundial de la Salud Mental Materna, concebido para brindar apoyo a la madre en su proceso de gestación y que pueda lograr el estado de bienestar junto a su bebé.
Durante su discurso, Rivera resaltó la necesidad de intensificar las acciones de promoción y orientación integral con campañas educativas con especialistas del área perinatal y psicológica para sensibilizar a la población acerca de la importancia de la salud mental en las madres y brindarles apoyo en esa etapa.
El ministro destacó que, con el ritmo de vida acelerado, redes sociales y compromisos laborales, “el reposo mental no está ocurriendo. El estrés y la carga emocional es muy alta”.
Asimismo, aseguró que, con un buen acompañamiento durante el embarazo, muchas situaciones que llevan a una depresión postparto pueden ser evitadas.
El titular de Salud resaltó algunos avances, como la instalación de la primera sala de acompañamiento en la Maternidad San Lorenzo de Los Minas, para esas madres que sufren el duelo de perder a su bebé.
“El reto es poner una sala de acompañamiento en cada hospital”, aseguró.
Abordar la salud mental como la física
El evento, coordinado por el Departamento de Salud Mental de Salud Pública, contó con el apoyo de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, dirigida por Angy Estévez.
Estévez indicó que el objetivo de esta acción es “sensibilizar a la población, eliminar el estigma y optimizar los recursos destinados para la prevención, detección y tratamiento de los trastornos del estado de ánimo y ansiedad durante el embarazo y en la etapa postparto”.
El ministro Rivera presidió el acto. (FUENTE EXTERNA)
De igual modo, “ser la voz de tantas mujeres que sufren en silencio y además, motivar programas que posibiliten una gran experiencia en torno a la maternidad y proteger a la primera infancia desde el vientre materno”.
“La salud mental prenatal es necesaria para el desarrollo y crecimiento de los niños”, insistió.
La especialista se quejó de que en el país no se aborda la salud mental como se hace con la salud física durante la gestación. Pidió incluir la asignatura de Psicología Perinatal en las carreras de medicina, psicología y enfermería.
El presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, César López, señaló que la salud mental impacta a las mujeres desde su nacimiento, con las expectativas creadas desde el seno familiar, continuado con su escolaridad, adolescencia y decisiones en cuanto a su sexualidad al llegar a una edad más madura.
López explicó cómo la presión social afecta a las mujeres en cada etapa de sus vidas, sobre todo al llegar a una edad reproductiva, donde el 33 % de las damas logran un embarazo sin esfuerzo; otro 33 % lo hace con asistencia médica y el 25 % nunca llega a concebir.
El ginecólogo indicó que cada decisión (casarse o no casarse, embarazarse o no, ser ama de casa o integrarse a la vida laboral) va creando una carga, que ligada al machismo, muchas veces solo recae sobre la mujer. También se evidencia ese peso cuando la mujer tiene un aborto espontáneo, un bebé que nace prematuro o sufre la pérdida de un neonato.
“Esas pérdidas duelen mucho más que las tempranas, porque ya la mujer creó un hábito y un apegamiento con ese bebé que está en su vientre”, destacó López, recordando que esas damas son las que más apoyo del personal de conducta requerirán.
Otro gran problema que cita es la gran cantidad de mujeres de todos los estratos sociales dependientes de alcohol y estupefacientes.
“Eso lleva a efectos deletéreos en el embarazo, en el parto y puerperio”, puntualizó.
Una especie de tapete verde brillante de hojas de tabaco se aprecia desde un terreno en Estelí, en el norte de Nicaragua. A casi 200 kilómetros de distancia de allí, en San Marcos, en el oeste del país, un desnivelado portón de láminas rojas y un techo de nicalit es lo único que se puede observar de una propiedad. Ambas son del mismo dueño, aunque ninguna tenga un letrero que lo indique.
A diferencia de estos dos terrenos, otras propiedades —también del mismo propietario— en sus cercas de malla o alambre de púas advierten: “¡Prohibido el paso. Zona Militar!”. Las más comunes tienen letreros y custodios en sus portones; y las más populares son punto de referencia en sus comunidades o barrios. Todas han sido donadas por el presidente Daniel Ortega al Ejército de Nicaragua.
En sus 16 años consecutivos de Gobierno, el caudillo sandinista ha regalado a la institución castrense 184 lotes de terrenos —que totalizan al menos 97 propiedades—, según esta investigación de CONFIDENCIAL y CONNECTAS.
Las donaciones van desde un pequeño lote de 5.45 metros cuadrados (m2) hasta una sola propiedad de 13.6 millones de m2. En total, los terrenos cedidos suman 41.2 millones de m2 —4100 hectáreas—, que equivalen a más de 5,778 campos de fútbol.
Para la investigación, se elaboró, procesó y analizó una base de datos con todas las propiedades donadas por Ortega en sus cuatro períodos presidenciales desde que volvió al poder en 2007, así como las donaciones durante las anteriores administraciones de Enrique Bolaños (2002-2006), Arnoldo Alemán (1997-2001) y Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996). Se revisaron además 11,048 acuerdos presidenciales, publicados en 8,097 Gacetas, entre el 26 de abril de 1990 y el 28 de abril de 2023.
Por un amplio margen, el Ejército ha sido la institución más beneficiada con las donaciones de propiedades durante los gobiernos de Ortega, de acuerdo con los datos obtenidos. Solo en los años 2007 y 2009 no le dio ninguna propiedad a las Fuerzas Armadas.
En sus cuatro períodos, el líder sandinista ha donado 435 lotes de terrenos, de los cuales casi la mitad (42.2%) han sido para el Ejército. Lejos en el ranking están la alcaldía de Pueblo Nuevo, Estelí, con el 8.7% (38 propiedades) y la alcaldía de Managua, con el 5.5% (24 lotes). De ahí para abajo, las donaciones se distribuyen en mínimas cantidades entre decenas de municipalidades e instituciones públicas y privadas.
“Hay un tratamiento preferencial con el Ejército, del que se beneficia –obviamente– el Ejército, pero también el Gobierno. Es un quid pro quo, es un dame que te doy”, señala uno de los analistas en temas de seguridad nacional consultados para esta investigación. En ese intercambio, según los expertos, los militares reciben tierras y un elevado presupuesto estatal, y Ortega obtiene la “sumisión militar”.
De hecho, desde 2007 hasta 2023, el presupuesto del Ejército se ha engrosado en más del 380%, al pasar de 717 millones de córdobas a 3,455.8 millones, según los presupuestos aprobados por el orteguismo.
Para esta investigación, CONFIDENCIAL y CONNECTAS entrevistaron a exmilitares, abogados especializados en temas inmobiliarios, corredores de bienes raíces e investigadores y expertos en seguridad nacional. Todos solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias del régimen, que en los últimos meses ha desnacionalizado y confiscado a al menos a 317 nicaragüenses críticos con el Gobierno.
¿Necesita el Ejército las propiedades a su nombre para el cumplimiento de sus funciones? Los expertos coinciden que no. “La misión principal del Ejército es el resguardo de la soberanía nacional; si esas tierras no se ubican en lugares estratégicos para cumplir esa función, significa que no son para fortalecer esa función”, destaca uno de los analistas.
De acuerdo con los datos, las propiedades donadas al Ejército se encuentran distribuidas, principalmente, en áreas urbanas de 14 departamentos (de los 15 del país) y de las dos regiones del Caribe nicaragüense; solamente en el departamento de Boaco no se registra ninguna donación. La mayoría de los lotes están localizados en el departamento de Managua: 118 en total.
“Por la ubicación no son funcionales, tienen otro tipo de interés u objetivo. Las quieren para incrementar su patrimonio y su capital, que los hace cada vez más fuertes, pero en el sentido de grupo empresarial más que en capacidades militares”, explica el mismo experto.
“El Ejército se maneja hoy —prosigue— como una gran empresa, incluso transnacional, porque tiene fondos en el extranjero. Con estas propiedades, adquiere una mejor posición como administrador de activos, porque las tierras se vuelven activos económicos que pueden beneficiar negocios en el extranjero”.
El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que es el brazo empresarial del Ejército, tenía en 2012 unos fondos que rondaban entre 90 millones y 100 millones de dólares, de estos al menos un 35% estaban invertidos en bonos en Estados Unidos, afirmaron en ese entonces fuentes de la entidad castrense a Confidencial.
Sin embargo, uno de los analistas reveló que el Ejército retiró todas sus inversiones de la Bolsa de Valores de Nueva York, después de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y a dos generales integrantes de la Junta Directiva del IPSM —el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor, y el general de brigada Bayardo Pulido Ortiz, jefe de Personal y Cuadros—. “Ellos recibieron una fuerte advertencia y ya tienen todas sus fondos fuera de Estados Unidos”, afirmó la fuente.
Vista de un letrero “Alto Zona Militar” colgado en la cerca de una base militar en Mateares, al occidente de Managua. (CONFIDENCIAL)
El IPSM posee también inversiones en el sector de las urbanizaciones, bienes raíces, financieras, seguros, servicios de seguridad y resguardo de valores, supermercados, servicios médicos y universidades.
Pero ese poderío económico no coincide con una mayor capacidad en defensa y seguridad. El Ejército nicaragüense es uno de los más débiles del mundo, según el índice estadounidense Global Firepower 2023. Las Fuerzas Armadas nacionales se sitúan en el puesto 117 de una clasificación de 145 ejércitos del mundo. Para elaborar el ranking se analiza información pública de los ejércitos, como por ejemplo el número de efectivos, los equipos utilizables y los recursos financieros disponibles.
Tierras sin presencia militar y con potencial inmobiliario
A simple vista, el tapete verde de hojas de tabaco que se observa en una propiedad de 978 m2, donada al Ejército el 10 de octubre de 2018, podría pasar por una propiedad cualquiera en manos de algún privado. En ella no hay ninguna estructura ni equipo militar; únicamente se levanta una pequeña construcción de piedras canteras y bloques. El terreno está localizado a mitad de una colina en la zona de “Residencial Villa de la Riviera”, en el noroeste de la ciudad de Estelí.
Una propiedad con la extensión y características de ese lote tiene un valor mínimo de 30,000 dólares (un millón de córdobas) en el mercado inmobiliario nacional, según un corredor de bienes raíces consultado para esta investigación.
Algo similar sucede con la propiedad del portón rojo en San Marcos, de 618 m2, donada al Ejército el 29 de junio de 2020. Como en la de Estelí, no hay presencia militar en el lote, rodeado de viviendas familiares y ubicado en la comarca Las Cuatro Esquinas, cerca de un empalme de las carreteras que llevan a San Marcos y Diriamba, dos ciudades de Carazo. Su valor mínimo en el mercado de bienes raíces es de 13,000 dólares (unos 470 mil córdobas).
Acceso a una propiedad donada por el Gobierno al Ejército. Está localizada en la comarca Las Cuatro Esquinas, en San Marcos, Carazo. (CONFIDENCIAL)
CONFIDENCIAL y CONNECTAS verificaron in situ 69 propiedades donadas al Ejército por Ortega, que suman en total 152 lotes. Las restantes 28 propiedades —compuestas por 32 lotes— no se identificaron porque los acuerdos presidenciales no especificaron las ubicaciones o los linderos de las parcelas. Además, por razones de seguridad —ante la persecución de la dictadura contra la prensa independiente— se evitó viajar a zonas alejadas de los cascos urbanos, principalmente en las regiones del Caribe nacional.
De las 69 propiedades revisadas, al menos 22 no se utilizan para fines exclusivamente militares, ya que no hay efectivos ni instalaciones del Ejército. En ellas se observaron viviendas vacías, terrenos o solares baldíos y zonas boscosas. Estas últimas se encuentran cercanas a sitios turísticos como Catarina, en Masaya, o el Volcán Mombacho, en Granada.
El 22 de mayo de 2015, Ortega donó once “bienes inmuebles” al Ejército. De estos, nueve lotes —que suman 102,201.01 m2, más de diez hectáreas— pertenecen a cuatro propiedades localizadas en Catarina, uno de los puntos turísticos más importantes del departamento de Masaya, al oriente del país.
En la zona no existe ninguna base militar ni hay caseta de vigilancia. Son tierras con abundante naturaleza. Se puede acceder en motocicletas y camionetas porque son caminos de tierra. En las cercas de alambres de púas no tienen ningún letrero que indique que su propietario es el Ejército.
Otra propiedad sin presencia militar está en el Volcán Mombacho y fue donada el 10 de octubre de 2018. Tiene una extensión de 2,055 m2 y está localizada en “comarca Las Flores, empalme Guanacaste carretera hacia El Progreso Santa Ana”, según La Gaceta 204, publicada el 23 de ese mes. Un equipo de CONFIDENCIAL y CONNECTAS estuvo en esta ubicación pero no encontró presencia militar; igualmente pobladores y trabajadores de negocios turísticos aledaños afirmaron que no existe una base militar en la zona.
A ella se puede acceder en cualquier tipo de vehículos porque el camino está adoquinado. Asimismo, destaca su abundante naturaleza. Una propiedad como esta tiene un valor superior a los 29,000 dólares (cerca de un millón de córdobas) en el mercado nacional de bienes raíces, según el mismo agente inmobiliario.
Para los investigadores, la entrega de propiedades sin función aparente al Ejército está relacionada con su plan de desarrollo institucional y de inversiones, en el que los terrenos sirvan, en un futuro, como “prendas” en algún préstamo. “Si fueran propiedades con un alto potencial productivo, tendría sentido que las usen para la producción y autoabastecimiento de granos de las unidades militares; de lo contrario funcionan para hipotecas”, subraya uno de los especialistas.
El Código Militar establece que “en cumplimiento de sus funciones de organización y administración el Ejército podrá adquirir derechos y contraer obligaciones, todo de acuerdo con las normas generales del Estado sobre la materia”. Un abogado inmobiliario explica que “(el Ejército) al ser una persona jurídica, puede contraer obligaciones legales como préstamos e hipotecas”.
Uno de los investigadores resalta que el Ejército nicaragüense ya tenía patrimonios y empresas antes del regreso de Ortega al poder, en 2007, pero el caudillo sandinista les “puso en bandeja” una oportunidad de “apuntalar sus negocios privados” y “reforzar su papel” como empresarios. “La entrega de terrenos es parte de la alianza que Ortega comenzó a construir con ellos. En un primer momento, entre 2007 y 2008, fue un proceso de cooptación a través de prebendas, privilegios, tráfico de influencias, participación en las actividades y en las empresas que se generaron alrededor de la cooperación venezolana que se recibió en esos primeros años”, detalla.
Indica que, de 2014 en adelante, la alianza entre Ortega y el Ejército “es mucho más formal e institucional, porque hay elementos que son incluidos en la ley que le dan al Ejército una posición preeminente”. El experto en seguridad pública se refiere a una reforma a la Ley 181, que permitió la reelección continua del jefe del Ejército y el nombramiento de militares activos en altos cargos ministeriales o en empresas del Estado.
El presidente Daniel Ortega sonríe con el general de Ejército Julio César Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas, en septiembre de 2022. (TOMADA DE EL 19 DIGITAL)
Una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto, publicada en octubre de 2021, desveló que hasta 2013 “había al menos 47 exmilitares que ostentaban cargos en el Estado y en consorcios como los de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), creada con fondos de la cooperación petrolera venezolana”.
De acuerdo con la base de datos elaborada para esta investigación, las propiedades que no tienen un uso militar han estado en manos del Ejército por varios años. La primera identificada fue donada en agosto de 2010: un lote de 4,659.45 m2, localizado en el kilómetro 6 ½ de la Carretera Sur, una de las principales vías de entrada y salida hacia los departamentos del centro y occidente del país.
La propiedad está localizada a mitad de camino entre los pasos a desnivel de Las Piedrecitas y el Siete Sur, que son las principales obras de infraestructura vial de los últimos años de la Alcaldía de Managua, gobernada por el oficialista Frente Sandinista.
Uno de los expertos en temas de seguridad apunta que la falta de infraestructura militar muestra que esas propiedades, en el futuro, pueden tener un destino diferente al militar. Señala que, posiblemente, las donaciones en las zonas de Catarina y Mombacho van dirigidas “a potenciales inversiones en el área turística”, que es uno de los sectores en los que tiene negocios el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército.
El IPSM participa además en empresas diversas, unas con capital propio y otras con inversiones asociadas, que ofrecen servicios de construcción y comerciales diferenciados, detalló en 2019 un reportaje de CONFIDENCIAL.
El analista resalta que, si en algún momento se pensara hacer un desarrollo urbanístico, “algunas de las propiedades del Ejército pueden ser traspasadas legalmente al IPSM”, que sería la entidad pública que “haría la inversión”.
Uno de los investigadores aclara que las tierras “mientras estén a nombre del Ejército y no cambien de dueño, o si están desocupadas o son utilizadas para fines militares, ahí realmente no hay mayor cuestionamiento”. Sin embargo, una de las fuentes destaca que el secretismo del Estado y el Ejército impide analizar el uso exacto de las propiedades. “Como no se conoce el plan de desarrollo de inversiones del Ejército o del IPSM no sabemos para qué más utilizan las tierras”.
Los dos fiscales que legalizaron las donaciones
El proceso de donaciones de terrenos con el que Ortega ha beneficiado al Ejército ha incumplido la Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos. Y ha sido avalado por dos procuradores cercanos al sandinismo: Hernán Estrada Santamaría y Wendy Carolina Morales Urbina, ambos señalados de legitimar las confiscaciones de propiedades a ciudadanos, empresas y organizaciones, para favorecer al régimen.
Uno de los expertos detalla que el Ejército define cuáles son las propiedades que requiere para sus proyectos y luego hace la solicitud al Poder Ejecutivo, que la concede. “Al Gobierno le conviene hacerlo porque mantiene satisfechas las necesidades y requerimientos del Ejército, y este se beneficia porque obtiene las propiedades”.
Un soldado resguarda una sede militar construida en un terreno donado en 2019 por Ortega al Ejército. La base está en la entrada de la ciudad de Rivas, al sur de Nicaragua. (CONFIDENCIAL)
La misma fuente explica que los militares trabajan directamente junto a la Procuraduría General de la República (PGR) para concretar las donaciones. Los equipos jurídicos del IPSM y del Ejército se encargan de apuntalar los aspectos legales de la solicitud inmobiliaria al Ejecutivo; y luego supervisan el traspaso y legalización con los procuradores.
El primero de ellos, Estrada, fungió como procurador desde el 10 de enero de 2007 hasta el 7 de mayo de 2019, cuando renunció argumentando “motivos de salud”. Era un abogado y notario de confianza de la pareja presidencial nicaragüense; tanto que fue quien los casó en 2005.
A Estrada se le recuerda también por legalizar la adquisición de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). En 2009, las operaciones de esta compañía fueron compradas al consorcio suizo-británico Glencore, con fondos del acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, investigaciones periodísticas del diario La Prensa revelaron en 2012 que las operaciones de la DNP no pertenecían al Estado, sino que estaban bajo control de personeros y miembros de la familia Ortega-Murillo.
Para reemplazar a Estrada fue nombrada Morales Urbina el 9 de mayo de 2019. Ella entró a la PGR como secretaria, en 2017, y luego ascendió rápidamente para encargarse de temas administrativos hasta ostentar el puesto de asistente del exprocurador Estrada.
El papel de la procuradora ganó notoriedad en 2022, cuando se encargó de legalizar las expropiaciones de los edificios confiscados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al diario La Prensa, respectivamente.
Ambos procuradores han aceptado sin excepciones la violación de la mencionada Ley de Disposiciones de Bienes del Estado en las casi 200 donaciones de terrenos al Ejército. Esta legislación, vigente desde 1994, establece que para disponer de los bienes del Estado, cuyo valor supere los 200,000 córdobas, deberá hacerse mediante una “autorización de ley” de parte de la Asamblea Nacional.
Ortega cumplió con esta ley solo en sus primeras dos donaciones. El 16 de octubre de 2007 autorizó al procurador general donar a la Alcaldía de Granada el terreno donde se encuentra el Hospital San Juan de Dios. Para su segunda donación, solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación para donar tierras a favor del Fondo de Crédito Rural (FCR), lo que fue ratificado por el Parlamento el 29 de mayo de 2007.
Vista del edificio del Hospital Militar, en Managua, construido en un terreno donado por Daniel Ortega al Ejército de Nicaragua. (CONFIDENCIAL)
Siete meses después, el 10 de septiembre, el caudillo sandinista autorizó —ya sin acatar la Ley 169— su primera donación para el Ejército de Nicaragua: un terrero de 30,857.2 m2, unas tres hectáreas. En la propiedad tendrían “su asiento las instalaciones físicas de un Nuevo Hospital Militar”, según el acuerdo presidencial 451-2008, publicado el 20 de octubre de 2008. Una propiedad como esa tiene un valor mínimo de 3.5 millones de dólares (más de 127 millones de córdobas) en el mercado nacional de bienes raíces.
A diferencia de sus primeras donaciones, el Ejecutivo no informó del valor de la propiedad inmueble. Esta tasación ha sido omitida en todas las donaciones hechas al Ejército, según el análisis de CONFIDENCIAL.
Un abogado especializado en temas inmobiliarios advierte que “en la práctica, el régimen puede donar lo que quiera, independientemente de lo que diga la ley”. Y opina que “el monto de 200,000 córdobas es simbólico, porque al final el Estado es el que tasa las propiedades y dice a su conveniencia cuál es el valor de los terrenos”.
Para las cesiones de propiedades, el Gobierno ha utilizado las figuras de “donación”; “desmembración y donación”; y “traspaso”, que persiguen la misma finalidad.
La “obediencia militar” a Ortega fue puesta a prueba durante las protestas cívicas de 2018, cuando la jefatura del Ejército se negó a desarmar —pese a las peticiones de la sociedad civil— a los grupos de choque y paramilitares que, junto a la Policía Nacional, asesinaron a más de 350 nicaragüenses e hirieron a otros 2,000 ciudadanos, según organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En marzo pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU concluyó que Ortega, Murillo y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezadas por la Policía, han cometido crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses desde abril de 2018 hasta la fecha.
Los expertos no identificaron una participación directa del Ejército en la ejecución de los crímenes, aunque recomendaron una pericia aparte. “El nivel de participación del Ejército de Nicaragua en los actos de represión de la protesta social merece una investigación adicional”, determinó el informe.
El jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, fue sancionado por Estados Unidos a finales de mayo de 2020 y uno de los argumentos del Departamento del Tesoro estadounidense es que “los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense (en 2018)”.
Vista de la fachada del Polígono Nacional de Maniobra General de División Francisco Estrada, en el municipio de La Paz Centro, León. (CONFIDENCIAL)
Hoy,una imagen de Avilés, uniformado, en posición de firme y a su lado una frase atribuida a él (“Trabajamos día a día como hermanos para construir la patria que soñamos”), es lo único que contiene un pequeño mural, pintado en uno de los costados de la entrada al Polígono Nacional de Maniobra General de División Francisco Estrada.
Esa propiedad fue donada al Ejército en marzo de 2012. Tiene una extensión de 13.6 millones de m2 (casi 1400 hectáreas), equivalentes a 1,915.9 campos de fútbol. Es el lote de mayor extensión donado a través de un solo acuerdo presidencial.
No existen comunidades o caseríos a los alrededores. Es una zona despoblada, aunque por su vasta extensión colinda con al menos siete comarcas. El Ejército la utiliza para entrenamiento y para la detonación de municiones en mal estado.
Entre las 47 propiedades que sí tienen un uso exclusivamente militar hay varias sedes de comandos, bases y centros de entrenamiento militar, así como oficinas administrativas —cercanas a la sede del Estado Mayor, en Managua— que estaban en poder del Ejército desde los años 80 pero eran propiedad del Estado, aunque los terrenos comenzaron a ser traspasados con la llegada de Ortega a la presidencia.
Los terrenos de uso militar incluyen también lotes para instalación de antenas, puestos de control y fronterizos, áreas de repostaje, casas de protocolo, bodegas o zonas para la Naval, según lo observado por CONFIDENCIAL y CONNECTAS en la verificación in situ.
Una de las propiedades más extensas es el aeropuerto de Punta Huete —llamado popularmente “Panchito”—, localizado en el municipio de San Francisco Libre, a más de 70 kilómetros al noroeste de Managua.
La carretera entre Managua y San Francisco Libre está pavimentada, pero los accesos a la zona del aeropuerto son por caminos de tierra, que preferiblemente se tienen que transitar en vehículos todo terreno o motocicletas. El lugar colinda con el Lago Xolotlán (o Lago de Managua).
Una cerca de alambre de púas, con un letrero de “Zona militar. Prohibido el Paso”, impide el acceso hacia el aeropuerto de Punta Huete, conocido como “Panchito”. (CONFIDENCIAL)
La propiedad ha sido donada en pedazos: lote por lote. En total, 64 parcelas que suman 15.5 millones de m2 (1550 hectáreas), equivalentes a 2,183 campos de fútbol. “El Ejército y el Gobierno deben explicar por qué la donación se ha hecho así. Creo que, posiblemente, no querían un escándalo sobre que el Gobierno le regaló un aeropuerto a los militares”, comenta uno de los analistas de Seguridad.
En mayo de 2013, Ortega donó al Ejército los primeros cuatro lotes correspondientes al “Panchito”. Sin embargo, el 84% de los lotes (54 de 64), fueron donados a través de dos acuerdos presidenciales firmados y publicados en diciembre de 2017 y febrero de 2018.
La última donación del caudillo sandinista al Ejército fue un lote de 1,160.48 m2, localizado en San Francisco Libre, del que no detallan su localización, según el acuerdo presidencial 155-2022, firmado el 31 de octubre de 2022.
Para uno de los investigadores, además de la infraestructura del aeropuerto, la importancia de esos terrenos es “su valor potencial”, ya que están a la orilla del lago y tienen recursos hídricos permanentes. “Son tierras fértiles, volcánicas y donde probablemente haya energía geotérmica”.
Según un corredor de bienes raíces, una manzana de tierra en San Francisco Libre tiene un valor mínimo de 2,500 dólares en el mercado inmobiliario nacional. Basado en ese cálculo, los lotes donados suman una propiedad cuyo valor ronda los 5.5 millones de dólares (más de 202 millones de córdobas).
Desde 2010 hasta 2022, Ortega cumplió 12 años consecutivos donando propiedades al Ejército. Los dos períodos de más cesiones fueron entre 2012-2015, con 71 lotes; y 2017-2019, con 76 parcelas.
En este último lapso, 2018 fue el año que más donaciones de tierra recibió el Ejército, con 34, aunque la mayoría ocurrieron antes de la Rebelión de Abril. Mientras, 2020 fue el año en que menos lotes le donó Ortega, con solo tres.
La “generosidad” del mandatario sandinista contrasta con los tres gobiernos que se establecieron en Nicaragua entre 1990 y 2006, cuyos presidentes no le donaron ninguna propiedad al Ejército.
Violeta Barrios solo donó, vía acuerdo presidencial, siete propiedades en todo su Gobierno.
Arnoldo Alemán aprobó 118 acuerdos presidenciales para donar propiedades, en su mayoría desmembraciones de una misma propiedad para pequeños productores
Enrique Bolaños donó 15 propiedades y transfirió el dominio de otras diez, principalmente a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
Uno de los analistas en temas de seguridad recuerda que en los gobiernos de Barrios, Alemán y Bolaños las relaciones entre las autoridades civiles y el Ejército eran “bastante conflictivas” y hubo momentos de crisis, como en septiembre de 1993, cuando la presidenta Barrios de Chamorro anunció la intención de pasar a retiro al general Humberto Ortega, quien se negó a abandonar la jefatura del Ejército porque, según dijo, la orden presidencial obedecía a presiones de Estados Unidos. Sin embargo, el hermano menor de Daniel Ortega dejó las Fuerzas Armadas en febrero de 1995.
“Con Alemán se manejaron situaciones de tensión, y también en el caso de Bolaños. En ninguno de esos tres gobiernos hubo un intento de cooptación, como ha ocurrido durante todo este periodo de Daniel Ortega; esa es la gran diferencia”, subraya la fuente.
Este reportaje es parte de la serie “Los militares de Daniel Ortega”, una investigación especial de CONFIDENCIAL, con el apoyo de CONNECTAS, sobre la relación de Daniel Ortega con el Ejército de Nicaragua.
De ser sancionado en el Congreso Nacional un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo, la República Dominicana contaría nueva vez con un Ministerio de Justicia, en busca de fortalecer el sistema.
El organismo quedaría integrado por cinco viceministerios y un ministro que será designado por el presidente de la República, a quien deberá dar cuenta de sus actuaciones.
La propuesta legislativa fue depositada el pasado miércoles por el Poder Ejecutivo y conforme al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sería sometido a vistas públicas y a varias consultas.
Pacheco informó que la pieza será presentada ante el hemiciclo en la próxima sesión de los diputados y, desde allí, será enviado a una comisión que evaluará y consultará cada artículo del proyecto para “armar” los debates necesarios.
También, dijo que pueden “lucir precipitadas” las críticas al proyecto ya que el mismo acaba de llegar a la Cámara de Diputados, por lo que primero debe ser evaluado y depurado para luego desmenuzarlo.
De su lado, los diputados Gustavo Sánchez y Mercedes Rodríguez, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestaron que revisarán el proyecto para evitar la multiplicidad de instituciones estatales.
Sánchez sostuvo que se enfocará en revisar las limitaciones del Ministerio de Justicia para que la nueva institución no sea “la mano derecha del Poder Ejecutivo, como lo ha sido el actual Ministerio Público”.
Así también lo consideró la diputada Rodríguez, quien expresó que el Congreso debe evitar “la burocracia” en las entidades estatales. La legisladora enfatizó que el proyecto debe ser bien socializado para que no se repitan -entre sus funcionarios- acontecimientos como los últimos sucedidos en la Cámara de Cuentas.
Del proyecto de ley
Con forme a la propuesta, el nuevo Ministerio de Justicia podría gestionar la atención y colaboración brindada desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia y ejercer, en los casos que corresponda, la representación y defensa del Estado y la Administración Pública, así como en los foros arbitrales y de otros medios para la solución de conflictos.
De igual modo, coordinaría el Sistema Nacional de Derechos Humanos y las políticas públicas en esa materia, así como instrumentaría respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales.
El Ministerio se encargaría también de coordinar el Sistema de Servicios Penitenciarios y Correccionales, sus políticas públicas; y de ejecutar la administración y certificación de los asuntos asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo.
Deberá, además, regir las políticas públicas destinadas a desarrollar y ejecutar los organismos autónomos y descentralizados adscritos al Ministerio de Justicia, así como las funciones de coordinación y control de tutela correspondientes.
Consultas tras críticas
La propuesta que fue anunciada por el presidente Luis Abinader en octubre del pasado 2022, se sometió a un proceso de consulta con varios actores de la sociedad dominicana, luego de críticas suscitadas con la iniciativa.
“La propuesta que ahora presento ha sido concebida y elaborada en el seno del Poder Ejecutivo, ha sido enriquecida tras rondas sucesivas de diálogo con los aportes de los órganos del sistema de justicia y otras instituciones públicas, las escuelas de derecho de las distintas universidades del país, los representantes de gremios empresariales y la organización civil organizada, así como de un amplio grupo de abogados especialistas”, precisó Abinader en la presentación del proyecto al Congreso Nacional.
El Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, y hasta la promulgación de la Ley 485, el 10 de diciembre de 1964, última ocasión en la que se suprimió la referida institución.
El Ministerio de Justicia estaría integrado por los viceministerios de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Procesal, de Derechos Humanos, de Políticas Penitenciarias y Correccionales y de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.El ministro será designado por el presidente de la República, de quien hará cumplir sus instrucciones y deberá dar cuenta de su actuación. Para ser ministro se requiere ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años y ser licenciado o doctor en Derecho. Las personas naturalizadas pueden ocupar el cargo solamente 10 años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana. Entre otros recursos, el Ministerio podrá financiar sus operaciones de la cooperación internacional y donaciones del sector privado, de conformidad con las disposiciones de transparencia e institucionalidad que regulen la materia.
El Gobierno haitiano decidió sacar al embajador de ese país en Estados Unidos, Edmond Bocchit, luego de un escándalo por el que, según medios haitianos, se le vinculó a la venta de pasaportes de ese país por un valor de 10 mil dólares.
Tras una investigación realizada en abril pasado, se dispuso la salida de Bocchit y otros funcionarios de sus respectivas posiciones diplomáticas, aunque no se ha dispuesto por el momento acciones legales en su contra.
Bocchit confirmó a Diario Libre la decisión del Gobierno de terminar su tiempo frente a la embajada y en su sustitución quedará designado el encargado de negocios. Reveló que entre los días 18 y 21 de abril una comisión visitó la delegación en Washington para realizar una investigación sobre las denuncias de venta de documentos haitianos y el lunes se le llamó para que retornara a Haití.
El periódico haitiano Le Nouvelliste indica que los rumores contra la embajada de Haití en EE.UU. se remontan a 2022 y cita entre las acusaciones supuestos «contratos problemáticos, incluidos los de cabildeo, que están en la mira de la Cancillería haitiana y el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo».
La versión de Bocchit
Según Bocchit, el primer ministro Ariel Henry y el canciller haitiano le llamaron para comunicarle que tras la investigación no habían encontrado implicaciones en su contra; pero también para decirle que debido al contexto de las acusaciones no podía retornar a Washington como embajador. «Ariel Henry envió una comisión del 18 al 21 de abril en Washington. La comisión concluyó su reporte el lunes y el reporte dice que no encontró ninguna prueba contra el embajador», cuenta Bocchit.
«Yo estoy en Haití, porque la Cancillería me llamó y después de haber hablado con el canciller, el primer ministro y haber recibido el reporte de la comisión. Porque el reporte de la comisión dice que no han encontrado nada. Sin embargo, me informan que entienden que en el contexto actual con todos los mensajes (en redes sociales) que afectan mi imagen sería muy difícil para mí retornar a Washington», dice Bocchit y añade que lo más importante para él es su reputación «yo quiero cuidar mi imagen. Mi moral, mi reputación».
La revancha de Joseph
Bocchit argumenta que su salida de la embajada es la culminación de una “revancha” ejecutada por el exministro de Asuntos Externos y Cultos de Haití, Claude Joseph.
Bocchit asegura que en junio de 2021 fue informado por las autoridades estadounidenses de que, al encargado de la sección consular en Washington, Gélorme Juste, primo de Joseph, se le ocuparon 50 mil dólares que fueron enviados por correo desde Santiago de Chile junto a documentos.
«Esto es una venganza», dijo el diplomático. Narra que después de reportar a la Cancillería la información suministrada por el gobierno estadounidense, Claude Joseph envió una comisión a Washington en agosto de 2021 para investigar la denuncia. Pero esta comisión, compuesta por personas que actualmente pertenecen a su partido, investigó una situación distinta a la denunciada.
Acusaciones graves
Las investigaciones que realiza la comisión sobre denuncias de corrupción en delegaciones diplomáticas en Haití incluyen corrupción, enriquecimiento ilícito, prestar inteligencia al enemigo y diplomáticos que en su mayoría habían sido considerados de carrera.
Con el depósito de cuatro proyectos de resolución que buscan investigar a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados ha dado desde este jueves los primeros pasos para un posible juicio político a los miembros de la institución por los escándalos en que están envueltos.
Las cuatro piezas de resolución buscan crear equipos especiales de investigación y fueron depositadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y los legisladores José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionicio Restituyo.
En sus proyectos, los diputados buscan que el pleno de la Cámara de Cuentas acuda al órgano legislativo para que, en comisión general y de manera personal, se escuchen los detalles de los conflictos internos en la institución, expuestos por su presidente, Janel Andrés Ramírez.
En específico, el proyecto de Pacheco contempla la creación de una comisión especial para indagar en las “actuaciones recurrentes” de los funcionarios auditores y fue respaldado por el vocero del Partido Revolucionario (PRM) en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar y el congresista Ramón Bueno.
«Si se aprueba, la comisión hará sus recomendaciones al pleno y tendrá 15 días para rendir un informe ante el hemiciclo»Alfredo Pachecopresidente de la Cámara de Diputados“
Según Pacheco, las denuncias y críticas a la Cámara de Cuentas han sido “recurrentes”, por lo que su iniciativa busca que se “investigue todo lo relativo a lo que está aconteciendo en la institución”.
Sin embargo se mostró esperanzado en que la situación se resuelva para evitar la toma de medidas más drásticas contra el pleno de cinco titulares.
Es por esto que el congresista no aseguró que las investigaciones conlleven a un juicio político, pero destacó que “se están dando los primeros pasos” para ejecutar la facultad constitucional, en caso de ser necesario.
También, dijo que el hecho de que varios diputados sometan resoluciones similares, expone el “buen ánimo” de la Cámara Baja para que se investiguen las actuaciones de la institución fiscalizadora.
Intentaron conciliar
Asimismo, Pacheco recordó que el liderazgo congresual intentó conciliar las relaciones entre los funcionarios dirigentes de la Cámara de Cuentas, pero no se obtuvieron resultados y lamentó que las conversaciones “privadas” que se dieron en ese encuentro fueran filtradas y manipuladas por los mismos miembros del pleno.El presidente de los diputados precisó que, tras las reuniones, la situación de pugnas se calmó, pero ahora ha vuelto a resurgir con las últimas declaraciones de Ramírez, por lo que decidió asumir las facultades constitucionales dadas al Congreso Nacional para fiscalizar a la institución.
Otros que también siguieron los mismos pasos de Pacheco fueron los diputados José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionicio Restituyo, quienes también propusieron la creación de comisiones especiales para desentrañar los líos en el organismo de control financiero.
Los diputados Rodríguez y Sánchez coincidieron en que sus proyectos persiguen que un equipo de congresistas investigue las denuncias que giran en torno a la institución y que, si se confirman hechos graves, el Congreso pueda usar otras facultades para ejecutar un juicio político.
Mientras que Restituyo tomó acciones más fuertes al sugerir una interpelación para todo el pleno de la Cámara de Cuentas, una propuesta que, junto a las tres anteriores, podría ser presentada en las sesiones ordinarias de la próxima semana.
En el Senado
En su última sesión, el Senado, por mayoría de votos, rechazó una iniciativa de Yván Lorenzo para que se invite al pleno a la entidad, lo que llevó a Pacheco a depositar una nueva iniciativa para no dejar al Congreso “mal parado”.
Al ser cuestionado sobre las faltas graves que pudieran ser tomadas en cuenta para efectuar un juicio político, puntualizó que prefiere limitarse al curso de la resolución que depositó y permitir así que una comisión trabaje en la investigación y conclusiones en torno a la Cámara de Cuentas.
Modificar ley
En sus declaraciones a la prensa, Alfredo Pacheco también urgió una modificación a la ley de Cámara de Cuentas ya que, como explicó, la capacidad para poder sustituir al pleno cada dos años, trae situaciones de conflictos internos entre los mismos miembros titulares.
«Las dos veces que hemos tenido problemas con esa institución es por ese precepto legal que permite renovar el pleno cada dos años, por eso yo espero que la ley venga con esa modificación»Alfredo Pachecopresidente de la Cámara de Diputados“
Es en tal sentido que manifestó que el órgano fiscalizador no puede tener aspiraciones internas que posibiliten que algunos miembros titulares “metan piedras” en el desempeño de los demás para obtener el cargo más alto dentro de la entidad.
El movimiento cívico Participación Ciudadana explicó que el esquema de gobernabilidad de la Cámara de Cuentas propicia la “paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación” de la entidad ya que, a su parecer, Janel Ramírez ejerce su presidencia “sólo de nombre” porque no cuenta con la autoridad para tomar determinaciones administrativas. Tras citar los problemas neurálgicos de la institución, el movimiento consideró que la situación en la entidad auditora se hace “insostenible” y explicó que los conflictos son producto de la corrupción e impunidad que ha afectado a varias instituciones en las últimas décadas y señalaron que el país “necesita asegurarse” que los que sean designados en posiciones titulares no tengan intereses partidarios o sectoriales y sólo estén apegados a la ética.
De ser sancionado en el Congreso Nacional un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo, la República Dominicana contaría nueva vez con un Ministerio de Justicia, en busca de fortalecer el sistema.
El organismo quedaría integrado por cinco viceministerios y un ministro que será designado por el presidente de la República, a quien deberá dar cuenta de sus actuaciones.
La propuesta legislativa fue depositada el pasado miércoles por el Poder Ejecutivo y conforme al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sería sometido a vistas públicas y a varias consultas.
Pacheco informó que la pieza será presentada ante el hemiciclo en la próxima sesión de los diputados y, desde allí, será enviado a una comisión que evaluará y consultará cada artículo del proyecto para “armar” los debates necesarios.
También, dijo que pueden “lucir precipitadas” las críticas al proyecto ya que el mismo acaba de llegar a la Cámara de Diputados, por lo que primero debe ser evaluado y depurado para luego desmenuzarlo.
De su lado, los diputados Gustavo Sánchez y Mercedes Rodríguez, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestaron que revisarán el proyecto para evitar la multiplicidad de instituciones estatales.
Sánchez sostuvo que se enfocará en revisar las limitaciones del Ministerio de Justicia para que la nueva institución no sea “la mano derecha del Poder Ejecutivo, como lo ha sido el actual Ministerio Público”.
Así también lo consideró la diputada Rodríguez, quien expresó que el Congreso debe evitar “la burocracia” en las entidades estatales. La legisladora enfatizó que el proyecto debe ser bien socializado para que no se repitan -entre sus funcionarios- acontecimientos como los últimos sucedidos en la Cámara de Cuentas.
Del proyecto de ley
Con forme a la propuesta, el nuevo Ministerio de Justicia podría gestionar la atención y colaboración brindada desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia y ejercer, en los casos que corresponda, la representación y defensa del Estado y la Administración Pública, así como en los foros arbitrales y de otros medios para la solución de conflictos.
De igual modo, coordinaría el Sistema Nacional de Derechos Humanos y las políticas públicas en esa materia, así como instrumentaría respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales.
El Ministerio se encargaría también de coordinar el Sistema de Servicios Penitenciarios y Correccionales, sus políticas públicas; y de ejecutar la administración y certificación de los asuntos asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo.
Deberá, además, regir las políticas públicas destinadas a desarrollar y ejecutar los organismos autónomos y descentralizados adscritos al Ministerio de Justicia, así como las funciones de coordinación y control de tutela correspondientes.
Consultas tras críticas
La propuesta que fue anunciada por el presidente Luis Abinader en octubre del pasado 2022, se sometió a un proceso de consulta con varios actores de la sociedad dominicana, luego de críticas suscitadas con la iniciativa.
“La propuesta que ahora presento ha sido concebida y elaborada en el seno del Poder Ejecutivo, ha sido enriquecida tras rondas sucesivas de diálogo con los aportes de los órganos del sistema de justicia y otras instituciones públicas, las escuelas de derecho de las distintas universidades del país, los representantes de gremios empresariales y la organización civil organizada, así como de un amplio grupo de abogados especialistas”, precisó Abinader en la presentación del proyecto al Congreso Nacional.
El Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, y hasta la promulgación de la Ley 485, el 10 de diciembre de 1964, última ocasión en la que se suprimió la referida institución.
El Ministerio de Justicia estaría integrado por los viceministerios de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Procesal, de Derechos Humanos, de Políticas Penitenciarias y Correccionales y de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.El ministro será designado por el presidente de la República, de quien hará cumplir sus instrucciones y deberá dar cuenta de su actuación. Para ser ministro se requiere ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años y ser licenciado o doctor en Derecho. Las personas naturalizadas pueden ocupar el cargo solamente 10 años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana. Entre otros recursos, el Ministerio podrá financiar sus operaciones de la cooperación internacional y donaciones del sector privado, de conformidad con las disposiciones de transparencia e institucionalidad que regulen la materia.
