Un joven murió la noche del miércoles durante un accidente de tránsito ocurrido en un tramo de la avenida Joaquín Balaguer, supuestamente en medio de una competencia de motocicletas clandestina.
El occiso fue identificado como Ronald Rafael Cruz, residente en Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.
El joven recibió golpes en distintas partes del cuerpo a causa del impacto.
Según el reporte preliminar, el fallecido fue embestido por una camioneta de una empresa de venta de números de lotería, mientras estaba parado en medio de la referida vía de comunicación terrestre para iniciar la supuesta competencia.
El conductor del vehículo, cuyo nombre no ha sido ofrecido, está detenido en la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), para los fines legales correspondientes.
Las competencias clandestinas de motocicletas en la avenida Joaquín Balaguer son comunes, específicamente en horas de la noche y durante los fines de semana.
Autoridades informaron que confiscaron 194 paquete de droga, que se presume es cocaína, en una labor conjunta de más de 12 horas desarrollada en las costas de Barahona.
La Dirección General de Control de Drogas (DNCD) dijo que se activaron los protocolos para atrapar a varios individuos a bordo de una lancha rápida, quienes pretendían introducir al país una cantidad considerable de sustancias narcóticas, por la zona costera de Paraíso.
De acuerdo con la información de la institución, los ocupantes de la embarcación de unos 23 pies de eslora, al percatarse del dispositivo de vigilancia aceleraron la marcha y tras la persecución la lancha encalló en las inmediaciones de la playa La Punta, del referido municipio.
Los individuos lograron evadir la persecución y dejaron abandonada la embarcación, con dos motores fuera de borda, donde ocuparon ocho sacos conteniendo en su interior los 194 paquetes de la sustancia.
También, se incautaron dos motores fuera de borda, 13 garrafones, una lona, una brújula y un celular, aparato electrónico que permitirá profundizar la investigación sobre la frustrada operación de narcotráfico.
«El Ministerio Público y la DNCD informaron que en toda la zona se mantiene un amplio operativo de búsqueda y rastreo para apresar a posibles implicados, así como recolectar nuevas evidencias para poder judicializar el caso», destaca la nota de prensa de la DNCD.
El operativo se realizó en conjunto con la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, apoyados por agencias de Inteligencia del Estado y miembros del Ministerio Público.
Los 194 paquetes decomisados en esta nueva operación fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.
Autoridades informaron que confiscaron 194 paquete de droga, que se presume es cocaína, en una labor conjunta de más de 12 horas desarrollada en las costas de Barahona.
La Dirección General de Control de Drogas (DNCD) dijo que se activaron los protocolos para atrapar a varios individuos a bordo de una lancha rápida, quienes pretendían introducir al país una cantidad considerable de sustancias narcóticas, por la zona costera de Paraíso.
De acuerdo con la información de la institución, los ocupantes de la embarcación de unos 23 pies de eslora, al percatarse del dispositivo de vigilancia aceleraron la marcha y tras la persecución la lancha encalló en las inmediaciones de la playa La Punta, del referido municipio.
Los individuos lograron evadir la persecución y dejaron abandonada la embarcación, con dos motores fuera de borda, donde ocuparon ocho sacos conteniendo en su interior los 194 paquetes de la sustancia.
También, se incautaron dos motores fuera de borda, 13 garrafones, una lona, una brújula y un celular, aparato electrónico que permitirá profundizar la investigación sobre la frustrada operación de narcotráfico.
«El Ministerio Público y la DNCD informaron que en toda la zona se mantiene un amplio operativo de búsqueda y rastreo para apresar a posibles implicados, así como recolectar nuevas evidencias para poder judicializar el caso», destaca la nota de prensa de la DNCD.
El operativo se realizó en conjunto con la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, apoyados por agencias de Inteligencia del Estado y miembros del Ministerio Público.
Los 194 paquetes decomisados en esta nueva operación fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) constató “irregularidades graves” en el contrato entre el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y la empresa Valdez Professional Training, SRL (PTS) para el programa “Bachilleres Bilingües Productivos”, con una inversión de 598 millones de pesos.
También, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta por Valdez Professional Training Systems S. R. L. contra la DGCP, para impedir que el organismo realizara una investigación de oficio sobre el contrato otorgado a la empresa, como proveedor único.
El propósito del programa era formar y capacitar a 700 docentes del sector público y 297,732 estudiantes y el tiempo de duración era de tres meses, de acuerdo al contrato.
Contrataciones Públicas emitió la Resolución Ref. RIC-24-2023 que cita como irregularidades graves que se violó el principio de igualdad y libre competencia, y principio de participación.
También que se violó el Artículo 4 numeral 3) del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, en atención a que el procedimiento de excepción por proveedor único no fue iniciado con una resolución motivada del Comité de Compras y Contrataciones de Inafocam, fundamentada en un informe pericial previo que justifique el uso de la excepción.
Al respecto, Carlos Pimentel, director de la DGCP, dijo que la Resolución Ref. RIC-24-2023 que declara las irregularidades de la contratación «evidencia el objetivo y por qué de oficio iniciamos de dicha investigación y muestra una vez más que actuamos respetando el debido proceso y apegado a derecho».
«Había sido cuestionado personalmente por el inicio de una investigación de oficio en torno al proceso de supuesto proveedor único del programa de inglés de la empresa de Valdez Professional Training Systems S. R. L. por INAFOCAM-CCC-PEPU-2022-0002. La empresa ilegalmente beneficiaria alegaba falta de imparcialidad, sin embargo, el TSA consideró que @ComprasRD actuó basada en sus atribuciones legales y que no se demostraron circunstancias que ameritaran tomar alguna medida.
En tanto que el TSA, en su sentencia 0030-01-2023-SSMC-00020, consideró que la DGCP, al investigar en proceso INAFOCAM-CCC-PEPU-2022-0002, actuó basada en sus atribuciones legales y que la parte demandante durante el proceso no demostró circunstancias que ameritaran tomar alguna medida para impedir la indagatoria.
Contrato fue rescindido
El Inafocam rescindió el contrato y explicó dicho programa no estaba contemplado en la programación operativa del año 2022 y que para su adjudicación fue necesaria una modificación presupuestaria donde fueron desviados 598 millones de pesos, equivalentes al 94% de los fondos previamente destinados a la capacitación de los docentes en diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.
El titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud Pública (Digemaps), Leandro Villanueva, aseguró este miércoles que muchos de los propios entrenadores de béisbol son quienes importan al país las sustancias que luego utilizan para inyectar a jóvenes prospectos y así mejorar su rendimiento.
“Muchas veces son los propios scouts que los traen de contrabando”, afirmó al ser consultado sobre el uso de esteroides en jóvenes atletas que, de acuerdo a reportes del cardiólogo pediatra Richard Medina, ha desencadenado en fallos cardíacos y renales en al menos 15 de sus pacientes peloteros.
Villanueva explicó que, como la mayoría de los esteroides son productos de venta libre, el deber del Ministerio de Salud es concienciar a la población de que son sustancias para un uso médico definido y no para ser consumida indiscriminadamente.
“Son medicamentos, todos tienen un uso real médico, hay gente que tiene tal problema y necesitan tomar esa sustancia. El problema está en el mal uso que le dan para otras cosas”, destacó.
“Es un medicamento, tiene un fin. Hay gente que tiene deficiencia de una hormona y tiene que tomarlo. Si tú estás bien de esa hormona y te la tomas, tú consigues un resultado, pero, te estás haciendo un daño también”, prosiguió.
Villanueva entiende que esa labor de concientización debe hacerse en conjunto al Ministerio de Deportes y las diferentes federaciones.
“Donde más se da este problema es en el tema del deporte, que los atletas lo usan para mejorar el rendimiento. Esa es la parte que hay que tratar de atacar, tal vez en conjunto con el Ministerio de Deportes y las federaciones de atletas”, indicó.
El encargado de Digemaps aseguró que la mayoría de estas sustancias sí deberían comercializarse con su debida indicación médica.
“La mayoría son de venta ética, eso quiere decir bajo receta médica, no una receta controlada”, especificó.
Villanueva reconoció que con las recetas hay oportunidad de mejoras, ya que algunas farmacias te venden el producto y no se encargan de reclamar el papel firmado y sellado por el médico que certifica la indicación.
Admitió que también “hay productos de ganadería, para usos en caballos que se los ponen a la gente”, pero aclaró que la parte veterinaria excede las competencias del departamento.
Portal informativo
El funcionario comentó que, bajo el auspicio de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad), se está trabajando en un portal informativo donde se podrá consultar el nombre de cualquier sustancia y conocer su estatus de regulación y uso en el deporte.
“Este portal es para concientizar a la gente para qué se usa, para qué no debe de usarse, los efectos secundarios de ese mal uso, qué te puede causar, si te agranda el corazón, si te daña los riñones”, detalló.
En medio de la crisis de “ingobernabilidad” a lo interno del Pleno de la Cámara de Cuentas, como lo reconoció este martes su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez, la institución entregó ese mismo día al Congreso Nacional el Informe de Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado.
La compra de bienes en tránsito por 78.4 millones de pesos, inconsistencias entre el Sistema de Información de Gestión financiera (Sigef) y el Sistema de Administración de Bienes del Estado (SIAB) por 120,897 millones de pesos y un déficit acumulado de 624,824 millones por el Banco Central son algunos de los nueve puntos de mejora señalados respecto a los estados financieros del Gobierno Central y Consolidado.
Estos hallazgos son resultado de una auditoría sobre el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) durante 2022, que incluye otras acotaciones realizadas al Estado de Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (CAIF) del Gobierno Central, así como al estado de la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF).
De igual manera, el informe da cuenta del uso que se le dio a los recursos públicos a través del análisis de la formulación y ejecución del presupuesto de las distintas entidades del Gobierno.
Al analizar los estados financieros, la auditoría reveló que, en la cuenta “inventarios de bienes y consumo”, el Programa de Medicamentos y Central de Apoyo Logística (Promese/Cal) registra unas compras en tránsito por 78,359,774 MM de pesos.
Al respecto, la entidad explicó que se trata de pagos de anticipo a proveedores desde 2015 que se han ido amortizando con las recepciones de los bienes, y que quedan solo pendientes el 28.9 % de este monto, equivalente a 22,700,891 pesos.
“Esta situación evidencia que esta cuenta no ha sido actualizada con los registros pertinentes, conforme a los informes remitidos”, señala el informe, que recomendó sanear estar partidas, para que reflejen el estado actual.
Inconsistencias
Por su parte, al revisar las cuentas de activos no financieros, propiedad, planta y equipo neto, la Cámara de Cuentas advirtió que existen inconsistencias entre los datos del Sistema de Información de Gestión Financiera (Sigef) y el Sistema de Administración de Bienes del Estado (SIAB), ambas herramientas del Ministerio de Hacienda.
Se trata de adquisiciones y valuaciones de bienes que ascienden a los 120,897 millones y que se encuentran sumados al total de los registros por unidad ejecutora y cuentas contables del Sigef (310,434 millones de pesos), pero no así en el SIAB, cuyo total reportado es de 189,537 por el mismo concepto. A esto, la Cámara de Cuentas señala que hay 26,304 millones en activos que no están registrados en el Sigef y que, por tanto, están excluidos de la recaudación y de las rentas del Estado.
Cuando se evalúan los costos reportados en ambos sistemas por tipo de activo, se detectaron diferencias valoradas en 100,759 millones de pesos.
A esto, la Cámara de Cuentas señala que hay 26,304 millones en activos que no están registrados en el Sigef y que, por tanto, están excluidos de la recaudación y de las rentas del Estado dominicano.
Estas imprecisiones también se señalan en el Estado de Flujos de Efectivo del Gobierno Central, en la que se dan casos de agrupaciones y partidas “presentadas en actividades incorrectas y partidas diferentes con relación a los registros contables”.
También, hubo partidas cuya documentación requerida se encuentra incompleta, caso que se detectó en las cuentas por cobrar, tanto a corto como largo plazo.
Pasivos
Los pasivos contingentes—aquellos que se derivan de hechos específicos del pasado— presentes en los estados financieros del Gobierno dominicano totalizan 664,333 millones de pesos. De esta cantidad, el 94.05 % corresponde al déficit acumulado del Banco Central Dominicano (624,824 millones de pesos).
Esto indica que el déficit de la entidad monetaria se ha triplicado desde el 31 de diciembre del 2005, cuando se calculó que sus pérdidas acumuladas desde el 2005 hasta ese año ascendían a 202,141 millones de pesos, monto establecido en la Ley 167-07 para la Recapitalización del Banco Central.
Este déficit constituye “un pasivo real del Estado dominicano, reconocido por la entidad como una cuenta por recibir en sus informes financieros”, razón por la cual figura como pasivo contingente y no como real, lo que la entidad sugirió indagar y rectificar.
Rendición de la propia Cámara
El Análisis entregado al Congreso Nacional incluye la propia rendición de la Cámara de Cuentas, que contó con un presupuesto de 1,474 millones asignados. De esa cantidad, se ejecutó el 67.82 %. En la ejecución por “Centro de costos”, la dirección de auditoría recibió 319 millones de pesos, seguida del pleno, con 219.34 millones de pesos.
El presidente Luis Abinader externó ayer su preocupación en torno a la situación interna de la Cámara de Cuentas (CC), que ha llevado a senadores y diputados a coincidir en la necesidad de una investigación que culminaría con un juicio político.
El mandatario destacó que la Cámara de Cuentas es una institución independiente y refirió que el Senado ya tiene idea de qué hacer.
“Ese es un tema preocupante, es un poder independiente y veremos qué se hace. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso”, señaló Abinader.
Janel Andrés Ramírez, presidente de la CC, ha revelado que las luchas internas entre los miembros del pleno han impedido la finalización de varias auditorías y la designación de nuevo personal técnico.
Ramírez dijo sentirse un preso de confianza en ese cargo y que se realizó un pleno sin su presencia en el que -dijo- se dejaron sin efecto decisiones aprobadas previamente.
En el Senado
Ante la situación interna, han aumentado las demandas de congresistas para que se realice una investigación a los funcionarios de la entidad.
El tema acaparó ayer los turnos de ponencia de los congresistas durante la sesión en el Senado de la República.
La discusión comenzó cuando el senador y vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, presentó una resolución para que sea invitado el Pleno de la Cámara de Cuentas, a fin de que explique las situaciones de irregularidades en el órgano, la cual fue rechazada.
El legislador presentó un video con unas declaraciones de Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, hablando de que “era un preso de confianza”.
“Por eso yo planteaba en su momento que lo investiguemos, yo no voy a plantear en este hemiciclo lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el pasado que lo interpelemos porque eso no es procedente el interpelar un órgano extrapoder, yo lo que estoy planteando es que se cree una comisión para que se investigue”, fue el pedimento de Lorenzo.
Alegó en que en los dos años que lleva el Pleno de la Cámara de Cuentas solo se han auditado cinco «chorritos» del Gobierno de Luis Abinader, lo que catalogó como una «vergüenza».
Las respuestas de los perremeístas no se hicieron esperar y, en ese sentido, la senadora Ginette Bournigal calificó los conflictos en la Cámara de Cuentas como “muy delicados” y opinó que todos los miembros del órgano debieron renunciar cuando se hizo pública una carta en la que se acusaba a Ramírez de supuesto acoso laboral.
En ese sentido, dijo que la Cámara de Diputados debe iniciar “rápidamente” una investigación contra los funcionarios ya que “la alta responsabilidad” recae sobre la Cámara Baja por su nivel de representatividad.
Como respuesta, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, precisó que es “una irresponsabilidad” de los legisladores oficialistas dejar todo el trabajo de un juicio político a la Cámara de Diputados ya que el artículo 94 de la Constitución también faculta a la Cámara Alta a realizar las indagatorias.
En ese orden, hizo la propuesta de que los miembros de la Cámara de Cuentas sean interrogados por la Comisión de Justicia, para que el Senado “no eluda su responsabilidad”, pero su pedimento fue rechazado con 18 votos en contra.
La también senadora del PRM Faride Raful refirió estar a favor de un juicio político para los funcionarios, siempre que haya argumentos válidos para la investigación y respaldó su inhabilitación absoluta por diez años, si se confirman faltas graves.
Mostró su desacuerdo con una posible renuncia de los miembros titulares porque “primero ellos tienen que venir aquí a explicar la situación”.
“Yo quiero consecuencias y hago un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un juicio político”, puntualizó la senadora del Distrito Nacional al decir que en la Cámara de Cuentas hay una “catarsis”.
Rogelio Genao, senador del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC), indicó que en los últimos tiempos el marco legal que sirve de base a la Cámara de Cuentas le ha generado un problema concurrente y constante de gobernabilidad al interior de los plenos de ese órgano fiscalizador. Calificó lo que sucede actualmente en la Cámara de Cuentas como una especie de “programa de la guerra de los sexos” donde hay un “tres para dos” que impide que ese órgano haga su rol.
Aseguró que la Cámara de Diputados debe ser el ente encargado de dar el paso para investigar a la Cámara de Cuentas.
Legisladores han pedido un juicio político a miembros CC.
Los diputados
El tema también fue objeto de discusión en la Cámara de Diputados, donde el representante de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, manifestó que Ramírez “no está apto” para dirigir la entidad fiscalizadora y respaldó un juicio político para todo el pleno de la Cámara de Cuentas.
“Espero que la Cámara de Diputados conozca rápido ese asunto y llame a un juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas”, sostuvo Maldonado al responsabilizar al Gobierno de los conflictos ya que, a su entender, todo el pleno fue instalado por el Senado, donde existe una mayoría perremeísta.
A este pedido también se sumó la diputada Rafaela Alburquerque, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien precisó que, respecto a la Cámara de Cuentas, “la Cámara de Diputados está dispuesta a todo”, por lo que también apoyó la solicitud de un juicio político.
«Yo quiero consecuencias y hago un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un juicio político»Faride RafulSenadora del PRM“
La expresidente de la Cámara de Diputados sostuvo que Ramírez y los demás titulares “están en el ojo del huracán” por sus constantes desacuerdos que “empañan” su trabajo.
Aunque fue más escueto y neutral en sus opiniones, el diputado Rogelio Alfonso Genao, quien preside la comisión permanente de Cámara de Cuentas, dijo que el Congreso “debe tomar acción” e iniciar las investigaciones contra Janel Andrés Ramírez y los demás titulares.
En ese sentido, explicó que para efectuarse un juicio político, la comisión que dirige debe ser apoderada del caso por parte de cualquier diputado en particular o del mismo pleno de la Cámara Baja y agregó que antes de señalarlos, los miembros de la Cámara de Cuentas deben acudir al Congreso Nacional para escuchar sus versiones sobre los enfrentamientos internos.
Pacheco promete fijar posición este jueves
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, señaló que a partir de este jueves fijará una posición “contundente” sobre la problemática que envuelve al organismo fiscalizador del Estado. Pacheco fue cuestionado con insistencia por decenas de periodistas sobre a quién corresponde fiscalizar la crisis que se vive en la Cámara de Cuentas, a lo que respondió citando a Napoleón Bonaparte: “Vísteme despacio que voy de pronto”. Continuó diciendo: “Yo no puedo fijar posición sobre algo que dijeron hoy los senadores, sino que, yo lo voy a ponderar y les prometo que a partir de mañana tendremos una posición sobre esto”. Agregó que dará su versión y visión sobre el particular.
El pedido de Finjus
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que el Senado debe aprovechar la situación para revisar la ley de Cámara de Cuentas ya que, a su juicio, la estructura de la normativa permite que los conflictos surjan.
“Hay un problema de estructura funcional”, destacó Castaños al sugerir que la ley sea revisada para que las luchas internas en la Cámara de Cuentas no progresen.
También, el jurista sostuvo que el Congreso Nacional debe invitar a todos los miembros de la Cámara de Cuentas para que, en comisión general, se escuchen las explicaciones e inquietudes que afectan a la institución.
Al calificar la situación como “preocupante”, Castaños expuso que antes de abocarse a un juicio político, la Cámara de Diputados debe invitar al pleno completo de la Cámara de Cuentas y posteriormente, si existen razones, profundizar las investigaciones.
Asimismo, dijo que la delicadeza e importancia de los datos financieros que maneja el órgano fiscalizador lleva a que los conflictos sean solucionados para evitar un “estado de ingobernabilidad” en la entidad.
Proceso de juicio político
El artículo 83 de la Constitución permite a la Cámara de Diputados abrir un juicio político contra funcionarios electos y da la facultad al Senado para ratificar o sustituir después de juzgar según las faltas halladas.
Janel Andrés Ramírez, Elsa María Catano, Elsa Peña, Tomasina Tolentino y Mario Fernández fueron instalados en la Cámara de Cuentas en abril del 2021 y según la ley que rige la institución, sus cargos y funciones pueden ser revisadas a dos años de su establecimiento.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Imputaciones a Janel Ramírez
Se recuerda que, en septiembre del pasado año 2022, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, designó los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte para investigar la denuncia de acoso sexual contra Janel Ramírez Sánchez, que hacen dos abogadas empleadas de ese organismo fiscalizador. Las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, “actuando por sí mismas” y representadas por otros ocho abogados, hicieron la formal denuncia ante Germán Brito y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Germán Brito hizo la designación de los procuradores mediante “auto número 000089, de fecha 21 de septiembre de 2022.
Ese día, Angie llegó a trabajar dos horas antes de lo acostumbrado. Sería una jornada intensa, pues aún no había logrado los objetivos del mes y la preocupación le quitó el sueño la noche anterior. Tiene 39 años y ha dedicado los últimos tres a una entidad financiera en la que cumple en teoría horario de oficina, pero en la realidad trabaja más horas por el mismo dinero. Confiesa que, en ocasiones, no puede evitar mirar el reloj con la esperanza de que el tiempo avance más rápido.
“Sé que nadie es imprescindible, y muchas veces eso se usa en un discurso de… ‘debes agradecer que tienes un trabajo, una fuente de ingreso, hay muchos que no tienen esta posibilidad y que quisieran estar en tu lugar’, y demás. Por eso, aceptamos horas extras sin paga porque hay el miedo de que te puedan botar y eso es agotador, eso hace que el trabajo ya no sea agradable, sea una carga”, relata esta trabajadora asalariada.
En América Latina se trabaja duro. El informe Perspectivas del Empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que en promedio los mexicanos son los que más horas anuales trabajan, unas 2.128 por persona, seguidos de los costarricenses, con 2.073, los colombianos con 1.964 y los chilenos con 1.914. La media recomendada por este organismo internacional es de 1.716 horas anuales.
Pese a esas largas jornadas, en Latinoamérica no está plenamente comprendido el concepto de “horas vs productividad”, aunque sí se avanza hacia esa tendencia. Un reciente ejemplo es Chile, cuyo presidente, Gabriel Boric, celebró la aprobación de la ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas como «un paso hacia el buen vivir».
La pandemia reconfiguró muchos aspectos de la estructura y la dinámica del trabajo, dice el subdirector de contenidos del Instituto Res Publica, Álvaro Iriarte. Pero en el caso de Chile además hubo un debate profundo sobre varios aspectos, uno de ellos la aplicación gradual de la normativa de 45 a 44 horas al primer año, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Estos son plazos máximos, pero un empleador puede anticiparse.
Una buena noticia, con matices. Como dice a CONNECTAS el experto, “las grandes empresas, sean de capitales nacionales o internacionales, tienen interiorizado el impacto de una reducción de la jornada de trabajo porque pueden considerar en su presupuesto los turnos, otras contrataciones y en general hacer ciertos ajustes. Pero si pensamos en las pequeñas y medianas empresas, o los emprendimientos donde están contratadas dos personas, entonces la reducción va a repercutir porque no se cuenta con más recursos, y por eso es importante que se haya optado por la gradualidad”.
Ecuador fue pionero en reducir las horas laborales, lo que implicó introducir varios cambios en el Código de Trabajo de 1938, en un proceso arduo. Como explica el abogado constitucionalista André Benavides, “en nuestro país está considerado que la jornada laboral sea de manera semanal hasta un máximo de 40 horas y de manera diaria 8 horas, está dispuesto en la normativa. También es importante aclarar que está prohibido en la Constitución el trabajo por horas, lo que sí existe es el trabajo que uno puede tener de manera parcial. Por ejemplo, un trabajador que labore no las ocho, sino cuatro horas diarias, 20 horas a la semana, siempre y cuando se pague el proporcional de su sueldo que en este caso sería del salario básico unificado y evidentemente también tenga la afiliación al Seguro Social”.
Sin embargo, aún hay mucho por conquistar en ese país, como dice la presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Marcela Arellano. “Siento que en el Ecuador no existe voluntad política, los asambleístas de ninguna tendencia no logran entender la importancia de desarrollar leyes que nos permitan mejorar las condiciones y eso no se está dando. Se maneja el discurso de que los trabajadores son privilegiados porque tienen trabajo y no se está pensando en otras fuentes, por ejemplo para los jóvenes (…) Lo que está ocurriendo es un incremento de la precarización laboral”.
México también va por el camino de Chile, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó esta semana una iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana para que los trabajadores “disfruten los días de descanso por cada cinco días laborales”.
Y Colombia, aunque en medio de controversia, también transita por ese rumbo pues el gobierno de Gustavo Petro anunció que a partir del 15 de julio de 2023 habrá cambios en la jornada laboral. Este año pasará a 47 horas semanales, en 2024 a 46 y luego se descontarán dos horas por año hasta alcanzar la meta de 42 en 2026.
Pero la mayoría de los países de la región aún tienen, por ley, las 48 horas semanales sin contar las horas extras. Ahí están Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Y en el caso de Uruguay existen dos alternativas: 48 horas para las actividades industriales y 44 para las comerciales.
Desde hace décadas la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea reducir las jornadas hasta 40 horas por semana y encarar un debate urgente sobre la productividad y la calidad de vida, algo que especialmente en Europa ha venido tomando fuerza. Pero, ¿por qué es tan importante cuánto se trabaja? En Bélgica —donde los empleados laboran cuatro días si así lo desean— el primer ministro, Alexander Croo, dejó una respuesta contundente: “El objetivo es dar más libertad a las personas y a las empresas para organizar su tiempo de trabajo”. Esa flexibilidad es la que puede garantizar poco a poco, y previo acuerdo entre empleadores y empleados, mejores condiciones laborales, por las que tanto se lucha en Latinoamérica.
Pero no todo es auspicioso sobre este tema, pues la reducción implica cambios en las estructuras laborales, y también decisiones que podrían resultar contraproducentes. Por ejemplo, algunos trabajadores podrían verse tentados a ‘aprovechar’ ese tiempo libre para ganar ingresos extra en otros empleos, lo que desvirtuaría el propósito original de estas iniciativas.
Por otro lado, como herencia de la pandemia, incorporar la virtualidad también demanda desafíos y un sistema de planificación más riguroso para que los procesos sean más efectivos y contribuyan a una mejor relación de las partes.
El ansiado “empleo digno”
No existe unanimidad entre los países acerca del significado de tener un “empleo digno”. Pero hay algunos aspectos irrenunciables, como explicó a CONNECTAS el experto laboralista, Luis Ayala: “Por ejemplo, el cumplimiento de un salario mínimo que está establecido en cada Estado y que se entiende debe servir para vivir dignamente y cubrir las obligaciones, la cobertura de las cajas de salud del sistema social de corto plazo, un aporte real y efectivo a las aseguradoras de largo plazo que permitan garantizar una jubilación conveniente. Pero además un trabajo que no tenga sobrecarga y un clima laboral adecuado. Aunque lamentablemente en Latinoamérica por la compleja situación económica, muchos derechos laborales están menoscabados”.
Resulta un poco difícil pensar en este escenario ideal cuando en la región crecen cada vez más las actividades informales como recurso de subsistencia inmediato. Según el informe de la OIT “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023”, el insuficiente aumento del empleo a escala mundial y la dificultad para fomentar el empleo decente pueden poner en riesgo la justicia social.
Entonces, ¿dónde queda la calidad del trabajo? Según explica el informe, “la crisis del COVID-19 mermó los avances logrados a lo largo de un decenio para disminuir la pobreza. Pese a la leve recuperación registrada en 2021, cabe esperar que la compleja situación actual para encontrar empleo de mejor calidad se vea agravada”.
Cuando la necesidad apura, las decisiones son desesperadas y así millones de personas en el mundo, arrinconadas por la desaceleración económica, aceptan empleos mal pagados, sin contratos o con contratos leoninos, en fin, trabajos de calidad muy baja. Inevitablemente este ambiente termina por deteriorar la salud física, mental y emocional del trabajador, lo que también tiene efectos negativos en la empresa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el «burnout» laboral como un síndrome en el lugar de trabajo derivado de un estrés crónico no gestionado con éxito, algo que los empleados tienen muy presente en el día a día, incluso inconscientemente, hasta que resulta demasiado abrumador. Alguien como Angie, que vive presionada por el tiempo, muchas veces con la carga de problemas personales o familiares, pero aun así esforzándose para mantener un trabajo que le permita sobrevivir, aunque no vivir con calidad.
Con los cambios abruptos, sobre todo desde la tecnología y la Inteligencia Artificial, quedan muchas preguntas sobre el futuro del trabajo. ¿Qué tanto cambiarán las rutinas, quiénes quedarán paulatinamente excluidos, cómo encararán las empresas las transformaciones, será posible hacer frente a la precarización? Hay muchas predicciones, pero no respuestas concretas que permitan materializar para todos el sueño de un trabajo disfrutable, que pague lo correcto y que aporte al desarrollo del país. Un deseo, pero también una meta.
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.
El presidente Luis Abinader externó ayer su preocupación en torno a la situación interna de la Cámara de Cuentas (CC), que ha llevado a senadores y diputados a coincidir en la necesidad de una investigación que culminaría con un juicio político.
El mandatario destacó que la Cámara de Cuentas es una institución independiente y refirió que el Senado ya tiene idea de qué hacer.
“Ese es un tema preocupante, es un poder independiente y veremos qué se hace. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso”, señaló Abinader.
Janel Andrés Ramírez, presidente de la CC, ha revelado que las luchas internas entre los miembros del pleno han impedido la finalización de varias auditorías y la designación de nuevo personal técnico.
Ramírez dijo sentirse un preso de confianza en ese cargo y que se realizó un pleno sin su presencia en el que -dijo- se dejaron sin efecto decisiones aprobadas previamente.
En el Senado
Ante la situación interna, han aumentado las demandas de congresistas para que se realice una investigación a los funcionarios de la entidad.
El tema acaparó ayer los turnos de ponencia de los congresistas durante la sesión en el Senado de la República.
La discusión comenzó cuando el senador y vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, presentó una resolución para que sea invitado el Pleno de la Cámara de Cuentas, a fin de que explique las situaciones de irregularidades en el órgano, la cual fue rechazada.
El legislador presentó un video con unas declaraciones de Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, hablando de que “era un preso de confianza”.
“Por eso yo planteaba en su momento que lo investiguemos, yo no voy a plantear en este hemiciclo lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el pasado que lo interpelemos porque eso no es procedente el interpelar un órgano extrapoder, yo lo que estoy planteando es que se cree una comisión para que se investigue”, fue el pedimento de Lorenzo.
Alegó en que en los dos años que lleva el Pleno de la Cámara de Cuentas solo se han auditado cinco «chorritos» del Gobierno de Luis Abinader, lo que catalogó como una «vergüenza».
Las respuestas de los perremeístas no se hicieron esperar y, en ese sentido, la senadora Ginette Bournigal calificó los conflictos en la Cámara de Cuentas como “muy delicados” y opinó que todos los miembros del órgano debieron renunciar cuando se hizo pública una carta en la que se acusaba a Ramírez de supuesto acoso laboral.
En ese sentido, dijo que la Cámara de Diputados debe iniciar “rápidamente” una investigación contra los funcionarios ya que “la alta responsabilidad” recae sobre la Cámara Baja por su nivel de representatividad.
Como respuesta, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, precisó que es “una irresponsabilidad” de los legisladores oficialistas dejar todo el trabajo de un juicio político a la Cámara de Diputados ya que el artículo 94 de la Constitución también faculta a la Cámara Alta a realizar las indagatorias.
En ese orden, hizo la propuesta de que los miembros de la Cámara de Cuentas sean interrogados por la Comisión de Justicia, para que el Senado “no eluda su responsabilidad”, pero su pedimento fue rechazado con 18 votos en contra.
La también senadora del PRM Faride Raful refirió estar a favor de un juicio político para los funcionarios, siempre que haya argumentos válidos para la investigación y respaldó su inhabilitación absoluta por diez años, si se confirman faltas graves.
Mostró su desacuerdo con una posible renuncia de los miembros titulares porque “primero ellos tienen que venir aquí a explicar la situación”.
“Yo quiero consecuencias y hago un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un juicio político”, puntualizó la senadora del Distrito Nacional al decir que en la Cámara de Cuentas hay una “catarsis”.
Rogelio Genao, senador del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC), indicó que en los últimos tiempos el marco legal que sirve de base a la Cámara de Cuentas le ha generado un problema concurrente y constante de gobernabilidad al interior de los plenos de ese órgano fiscalizador. Calificó lo que sucede actualmente en la Cámara de Cuentas como una especie de “programa de la guerra de los sexos” donde hay un “tres para dos” que impide que ese órgano haga su rol.
Aseguró que la Cámara de Diputados debe ser el ente encargado de dar el paso para investigar a la Cámara de Cuentas.
Legisladores han pedido un juicio político a miembros CC.
Los diputados
El tema también fue objeto de discusión en la Cámara de Diputados, donde el representante de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, manifestó que Ramírez “no está apto” para dirigir la entidad fiscalizadora y respaldó un juicio político para todo el pleno de la Cámara de Cuentas.
“Espero que la Cámara de Diputados conozca rápido ese asunto y llame a un juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas”, sostuvo Maldonado al responsabilizar al Gobierno de los conflictos ya que, a su entender, todo el pleno fue instalado por el Senado, donde existe una mayoría perremeísta.
A este pedido también se sumó la diputada Rafaela Alburquerque, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien precisó que, respecto a la Cámara de Cuentas, “la Cámara de Diputados está dispuesta a todo”, por lo que también apoyó la solicitud de un juicio político.
«Yo quiero consecuencias y hago un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un juicio político»Faride RafulSenadora del PRM“
La expresidente de la Cámara de Diputados sostuvo que Ramírez y los demás titulares “están en el ojo del huracán” por sus constantes desacuerdos que “empañan” su trabajo.
Aunque fue más escueto y neutral en sus opiniones, el diputado Rogelio Alfonso Genao, quien preside la comisión permanente de Cámara de Cuentas, dijo que el Congreso “debe tomar acción” e iniciar las investigaciones contra Janel Andrés Ramírez y los demás titulares.
En ese sentido, explicó que para efectuarse un juicio político, la comisión que dirige debe ser apoderada del caso por parte de cualquier diputado en particular o del mismo pleno de la Cámara Baja y agregó que antes de señalarlos, los miembros de la Cámara de Cuentas deben acudir al Congreso Nacional para escuchar sus versiones sobre los enfrentamientos internos.
Pacheco promete fijar posición este jueves
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, señaló que a partir de este jueves fijará una posición “contundente” sobre la problemática que envuelve al organismo fiscalizador del Estado. Pacheco fue cuestionado con insistencia por decenas de periodistas sobre a quién corresponde fiscalizar la crisis que se vive en la Cámara de Cuentas, a lo que respondió citando a Napoleón Bonaparte: “Vísteme despacio que voy de pronto”. Continuó diciendo: “Yo no puedo fijar posición sobre algo que dijeron hoy los senadores, sino que, yo lo voy a ponderar y les prometo que a partir de mañana tendremos una posición sobre esto”. Agregó que dará su versión y visión sobre el particular.
El pedido de Finjus
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que el Senado debe aprovechar la situación para revisar la ley de Cámara de Cuentas ya que, a su juicio, la estructura de la normativa permite que los conflictos surjan.
“Hay un problema de estructura funcional”, destacó Castaños al sugerir que la ley sea revisada para que las luchas internas en la Cámara de Cuentas no progresen.
También, el jurista sostuvo que el Congreso Nacional debe invitar a todos los miembros de la Cámara de Cuentas para que, en comisión general, se escuchen las explicaciones e inquietudes que afectan a la institución.
Al calificar la situación como “preocupante”, Castaños expuso que antes de abocarse a un juicio político, la Cámara de Diputados debe invitar al pleno completo de la Cámara de Cuentas y posteriormente, si existen razones, profundizar las investigaciones.
Asimismo, dijo que la delicadeza e importancia de los datos financieros que maneja el órgano fiscalizador lleva a que los conflictos sean solucionados para evitar un “estado de ingobernabilidad” en la entidad.
Proceso de juicio político
El artículo 83 de la Constitución permite a la Cámara de Diputados abrir un juicio político contra funcionarios electos y da la facultad al Senado para ratificar o sustituir después de juzgar según las faltas halladas.
Janel Andrés Ramírez, Elsa María Catano, Elsa Peña, Tomasina Tolentino y Mario Fernández fueron instalados en la Cámara de Cuentas en abril del 2021 y según la ley que rige la institución, sus cargos y funciones pueden ser revisadas a dos años de su establecimiento.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Imputaciones a Janel Ramírez
Se recuerda que, en septiembre del pasado año 2022, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, designó los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte para investigar la denuncia de acoso sexual contra Janel Ramírez Sánchez, que hacen dos abogadas empleadas de ese organismo fiscalizador. Las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, “actuando por sí mismas” y representadas por otros ocho abogados, hicieron la formal denuncia ante Germán Brito y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Germán Brito hizo la designación de los procuradores mediante “auto número 000089, de fecha 21 de septiembre de 2022.
El ruido ocasionado por el aluvión reciente de casos de jóvenes beisbolistas cuya salud se ha visto afectada por el uso de esteroides ha llegado hasta el Palacio Nacional y el Gobierno hace gestos para tratar de enfrentarlo.
El martes, una delegación liderada por Benny Metz, viceministro de la Presidencia; Junior Noboa, comisionado Nacional de Béisbol; y Yerik Pérez, representante de la MLB en el país, visitó a la procuradora Miriam Germán para plantearle la necesidad de un mayor apoyo en los casos denunciados y un involucramiento en la persecución.
Metz explicó a Diario Libre que ha habido casos denunciados con elementos para aplicar condenas por su violación a la Ley del Deporte (356-05), que así establece las penas por colocación de sustancias prohibidas a menores, pero se caen, no obstante, se identifica a la persona agresora al carecer de un catálogo que determine cuáles productos son penados.
«Nos comprometimos como Gobierno a darle apoyo, a perseguir los temas ilícitos relacionados con el béisbol. Empezamos en Procuraduría porque necesitamos el brazo de la procuradora»Benny Metzviceministro de la Presidencia“
Ante ese escenario, se ha solicitado un fiscal especializado y un departamento para procesar las denuncias que ayude en las investigaciones.
“Fue la motivación principal, que la Procuraduría se involucre”, dijo Metz, que adelantó que también visitarán a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con el fin de integrarla para trabajar el tema en lo preventivo.
Sin embargo, en el cronograma de agentes por tocar no se menciona al Ministerio de Salud Pública y el papel que puede jugar en la regulación y combate de la distribución de fármacos hoy sin licencia, pero que apaecen en las pruebas.
Metz planteó lo complejo que resulta el combate en ocasiones cuando la sustancia aplicada es vendida para colocarse en animales, lo que facilita su compra.
De momento no se ha abordado lo concerniente al castigo a los infractores, uno de los puntos críticos que señalan algunos actores.
En el encuentro también estuvieron Nelson Tejada, el jefe de investigación de la MLB en el país, y los abogados Carlos Solano y Diego Crespo, consultores del comisionado y la MLB, respectivamente.
El castigo
La ley del Deporte establece en su artículo 129 prisión entre un mes y tres años al preparador físico o síquico, entrenador o médico vinculado a la preparación de deportista que se compruebe haya facilitado sustancias dopantes de forma irregular.
La ley del Béisbol, que ya superó el Senado y está en agenda en la Cámara de Diputados, no plantea penas mayores.
“Debería de haber un castigo mayor, claro que sí. No nos vamos a llevar por la ley del béisbol, sino por la que rige a los menores”, dijo Noboa, optimista por lo tratado en el encuentro en la Procuraduría.
“Fue muy positivo porque la procuradora estuvo muy optimista en trabajar en contra de ese flagelo que es el uso de sustancias prohibidas en menores de edad”, indicó Noboa, vicepresidente internacional de los Arizona Diamondbacks.
Para Noboa, que los padres y jóvenes que se les han puesto estas sustancias prohibidas hablen, que identifiquen a los responsables, cómo se hizo, es clave para erradicar esas prácticas de la cultura beisbolera.
“Queremos que si los familiares requieren de cualquier ayuda, que se sientan que tienen el apoyo, que se va a trabajar con eso”, dijo Noboa.
