El ministro de Educación, Ángel Hernández, recibió hace aproximadamente dos semanas el documento sobre la propuesta de modificación a la Ley General de Educación, 66-97.
Dicha propuesta fue desarrollada por una Comisión Revisora designada por el propio Minerd, para la discusión de los puntos y posterior aprobación de los cambios.
En la entrevista, Hernández ofrece su perspectiva sobre la propuesta.
P: ¿En qué aspectos usted entiende que el borrador modifica la ley?
R: Hay muchas cuestiones que están ahí pautadas, entre ellas el tema que tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación, hay algunos aspectos interesantes en términos de sus funciones. También todo lo que tiene que ver con el tema de la apertura del sistema educativo a las innovaciones que se presentan en la sociedad, y la participación de las entidades descentralizadas.
En la ley que tiene que ver con la función pública hay una definición muy específica de lo que es la descentralización y la desconcentración, por lo que, en mi opinión, al Ministerio lo que le conviene es que los llamados institutos descentralizados, como Infodosu, Inafocan, Inabima, entre otras, pasen a ser más bien institutos desconcentrados, no descentralizados, porque la función de descentralización le da una autonomía muy grande, que en realidad tiende a atomizar la función del Ministerio.
Creo que en ese nivel de descentralización solamente deberían estar Infodosu, que es una universidad y por lo tanto tiene una autonomía plena, tanto en términos administrativos como funcionales. También el Inabima, que en realidad es una AFP, debido a que tiene que ver con las pensiones de los docentes, en las demás instituciones hay que definirlo más para ver cuál sería su rol y la mejor forma de organizarlo.
P: ¿Qué tan importante es la educación laica en el país?
R: En el sistema educativo actual se respetan todas las religiones, en la práctica, aunque el Concordato orienta a que se asuma a la religión católica como la religión oficial. Entiendo que lo que hay que fortalecer es la perspectiva de ver la educación como una integralidad.
Aquí realmente hay una diversidad religiosa y cultural que es lo que realmente ha predominado en el sistema educativo dominicano, no se impone una religión a nadie. De hecho, en la misma ley de educación actual está previsto que si los padres quieren pedir que sus niños no sean expuestos a una determinada religión, pueden solicitarlo.
No creo que sea una gran novedad en ese campo lo que hay. Yo creo que en la práctica el sistema educativo funciona con una gran pluralidad de ideas y es lo que se ha preservado en la propuesta de ley.
P: Vivimos en un mundo que actualmente está muy influenciado por la tecnología, pero en el borrador no se menciona extensivamente en qué aspectos se incluiría la tecnología en la educación, ¿cómo se desarrollaría esto?
R: Eso no tiene ni siquiera que estar en la ley, hoy día es muy difícil que una sociedad se pueda abstener de lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico. De hecho, nosotros tenemos un programa llamado Escuela Conectada, en el cual se han vinculado más de 3200 escuelas por fibra óptica y se le ha establecido un campo virtual de aprendizaje.
Eso significa que más del 80 % de los estudiantes van a asistir el próximo año en escuela donde la tecnología tendrá una presencia sustancial. Asimismo, para los docentes hay un programa que se va a iniciar ahora, para formar dentro de las escuelas al director, al coordinador pedagógico, al animador y dos docentes más por cada uno de esos 3,200 centros a nivel nacional, para que el próximo año escolar todos puedan utilizar el campo virtual que tienen cada escuela.
De modo que el que esté eso en la ley o no, no es significativo, lo importante es que, en la práctica, las escuelas tienen un campo virtual.
P: ¿Cuál es su opinión respecto a lo que propone la ley de aumentar progresivamente el presupuesto de educación a un 6 % del PIB?
R: Es una propuesta que debe ser objeto de discusión y que tiene mucho que ver con los organismos financieros del gobierno. Yo creo que el 4 % hasta ahora se ha estado administrando de una manera razonable, de hecho, el año pasado tuvimos un buen porcentaje de aplicación de ese 4 %, pero es obvio que los recursos deben seguir creciendo para el sector de educación y seguir utilizándose de una manera eficiente.
Para mí es inexplicable que hoy día todavía existan escuelas que no tienen agua o no tienen un sanitario adecuado, porque el dinero no siempre se ha utilizado en las prioridades del sistema, entonces el año pasado, por ejemplo, se invirtieron casi trece mil millones de pesos en preparación de infraestructura escolar y a partir del próximo mes vamos a iniciar un programa de reparación de escuelas rurales con mil quinientos millones de pesos, porque realmente nunca se le ha puesto la mano a esas escuelas, las han dejado abandonadas. Entonces de lo que se trata es de que el dinero se ha utilizado bien para los propósitos institucionales.
«Para mí es inexplicable que hoy día todavía existan escuelas que no tienen agua o no tienen un sanitario adecuado» Ángel Hernández Ministro de Educación “
P: Con relación al Consejo Nacional de Educación se destacó el hecho de que en el borrador se le resta autoridad, pasa de ser la autoridad suprema a nivel educativo a ser un órgano asesor, ¿Qué opina al respecto?
R: Ocurre que eso está relacionado con la Ley de Administración Pública que establece que los consejos son órganos asesores, sin embargo, en la ley actual es un órgano ejecutivo, toma decisiones, pero (según) la Ley de Administración Pública, deben ser órganos consultivos más que decisorios.
Es una discusión que realmente llevó mucho tiempo en la comisión que estuvo trabajando el tema, pero hay una ley que hace ese mandato, entonces hay que ver cómo se concilian ambas leyes en lo que concierne al futuro de la educación.
P: ¿Qué cambios se harían en el borrador respecto a la responsabilidad de los padres como actores en la educación?
R: Lo fundamental es que los padres participen en todos los procesos educativos. Hay tres sectores que intervienen en el proceso educativo, que son los docentes, los propios alumnos y los padres. Si esos tres sectores cumplen con las atribuciones, las funciones que están establecidas y previstas en la ley y en el proyecto, sin duda alguna la escuela nuestra va a cambiar positivamente.
En todos los lugares donde se ha evidenciado éxito en las escuelas, sobre todo en PISA, es porque ha habido una gran participación de docentes y padres que apoyan el trabajo de los niños, en verdad la alianza escuela-familia es fundamental para el éxito del aprendizaje de los niños.
Entonces lo que hay es potencializar el rol de los padres en el proceso educativo y es lo que se consigna en el proyecto de ley. Creo que es un buen enfoque, pero no basta con el enfoque, hay que llevarlo a la práctica.
P: El borrador habla de evaluar a los distintos actores de la educación, a excepción del Ministerio de Educación ¿Esto será contemplado en la ley?
R: En verdad todos los actores deben ser evaluados, incluido el Ministro de Educación, y deben ser evaluados de una manera rigurosa en relación al cumplimiento de sus funciones.
Yo creo que en la medida que la cultura de evaluación se establece, en esa misma medida se mejora la calidad de cualquier proceso. Los enfoques de evaluación tienen que definirse en su momento, pero lo importante es que esté precisado que hay que evaluar a todo el mundo para garantizar que cada quien cumpla con su papel.
P: ¿Se tomaría en cuenta lo de la reducción de años de servicio para los maestros al momento de jubilar?
R: Es una propuesta que está ahí, debe ser objeto de discusión y obvio, también ver desde el punto de vista del financiamiento cómo se soportaría eso.
Hay que ver esto en términos contextuales, en función de la esperanza de vida de las personas, si antes la esperanza de vida era de 60 años, jubilar a una persona a los 50 te daba la oportunidad de tener 10 años de jubilación, pero hoy día la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Jubilar a una persona a una edad temprana, un docente que entra a los 25 años al sector de educación y dura 25 en el sistema, se jubila a los 50, pero esa persona puede durar 40 años disfrutando de una pensión, entonces, hay que ver cómo eso se maneja financieramente.
Por eso yo pienso que debe haber un análisis económico de esa propuesta y cómo eso va a impactar al sistema de pensión de los docentes.
P: ¿Cuándo tiene pautado la discusión con la Comisión revisora de la ley para determinar cuáles puntos del borrador serán tomados en cuenta?
R: Ahora mismo enviamos el documento a todas las organizaciones sociales que tienen que ver con el sector de Educación, para que lo lean, lo analicen y den sus opiniones.
Tenemos todo el mes de abril para recibir la opinión de la población en relación a esa propuesta de ley. Una vez se logre esa recolección de información, entonces se procederá a hacer un análisis de los aportes recibidos y hacer un borrador definitivo, el cual también será objeto de discusión interna (en junio aproximadamente) y se enviará al Poder Ejecutivo, posteriormente, para que lo analice y lo sometan al Congreso con fines de aprobación.
Entendemos que lo importante es que haya la mayor cantidad de opiniones, que todos los sectores que tengan algún interés en educación, como la iglesia, los sindicatos, los empresarios, los padres de familia, los propios alumnos, el sector magisterial, opinen sobre la ley.
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