Categoría: actualidades

Las elecciones municipales se llevarán a cabo el 18 de febrero y las presidenciales el 19 de mayo según el calendario de actividades administrativas y plazos legales para el 2024 que la Junta Central Electoral (JCE) presentó este lunes a los delegados de los partidos.

El calendario presentado prevé que el 1 de octubre del 2023 se realicen las primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y para el 29 de octubre las convenciones y asambleas de esas organizaciones. 

De igual forma contempla que, en caso de una segunda vuelta, si fuese necesario, se estaría realizando el 30 de junio del 2024. 

La presentación del calendario fue realizada por Mario Núñez, director de Elecciones de la JCE, quien explicó a los delegados de los partidos políticos que el calendario es un conjunto de acciones y cumplimientos de plazos para la organización y desarrollo de los procesos electorales.

El resumen, la JCE llevará a cabo 485 actividades administrativas y legales entre el 2021 y 2024, lo que corresponde a 34 meses de ejecución adicionales entre el 2022 y 2024.

Las actividades administrativas en total serán 376, que corresponden a un orden administrativo que se distribuyeron en 46 meses desde el 2021 y hasta el 2024.

Las 109 actividades restantes corresponden a plazos legales que son responsabilidad tanto de la JCE como de las organizaciones políticas y en ese sentido estos se subdividen en 14 plazos de primarias y convenciones, 45 relativos a las elecciones de febrero y 50 programados para ejecutarse de cara a las elecciones del 2024, lo que en total asciende a 485 actividades.

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Elecciones presidenciales se realizarán el 19 de mayo del 2024

«Las elecciones de 2024 se pagan en el 2023”

Tras la presentación del calendario por parte del director de elecciones, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, agotó un turno donde reiteró a las autoridades de Gobierno que los fondos asignados a ese organismo para el presupuesto del próximo año son insuficientes, ya que el proceso y montaje de las elecciones del 2024 se organiza y se paga en el 2023.

«Hay que hacer la salvedad de que las elecciones de 2024 se organizan y se pagan en el 2023 y no en el 2024. Es un riesgo para la organización de las elecciones del 2024 que el Estado piense que se pagan en el 2024; el presupuesto que ha presentado la JCE es un presupuesto razonable y prudente, pero debe ser ejecutado en el 2023 para que se organicen las elecciones», dijo Liranzo.

Para el 2022, el presupuesto de la JCE fue de RD$5,511 millones de pesos, y el proyectado para el 2023 es de RD$8,011 millones de pesos.

El 2 de septiembre del presente año Jáquez Liranzo envió una comunicación al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, donde solicitaba la asignación al presupuesto de la JCE para el año 2023 por un monto de RD$18,742,756,561.62.

Este monto incluía el desempeño de las funciones ordinarias de la JCE por RD$8,364,554,101.06; cubrir las necesidades preelectorales y electorales en razón de las elecciones a realizarse en febrero del 2024 por RD$7,717,637,447.08; la realización de unas eventuales elecciones primarias a nivel nacional de los partidos políticos que lo requieran en el año 2023, por el monto RD$2,139,537,522.82.

También incluye el funcionamiento de las oficinas de servicio en el exterior para el año 2023, las actividades relativas a la organización del voto exterior y el empadronamiento de 500,000 nuevos electores por la suma de RD$521,027,490.65.

El presidente del órgano electoral precisó que no se detendrán en la organización de las elecciones del 2024 ya que todas las acciones que han realizado «han sido con tiempo» el cual ha sido su eslogan.

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Partidos políticos abogan por un mayor presupuesto para la JCE en el 2023

Partidos apoyan a la JCE

Tanto el director de elecciones de la Junta Central Electoral (JCE) y los delegados de los partidos políticos estuvieron de acuerdo con el presidente del organismo electoral en que el presupuesto del año 2023 para ese organismo debe ser mayor debido a que las elecciones del 2024 se organizan en el 2023 y no en el 2024.

Los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo, País Posible y de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción abogaron por hacer causa común para ser escuchados por el gobierno y otorgar al órgano electoral el presupuesto necesario.

Señalaron que un presupuesto bajo atenta contra la organización de las elecciones del 2024.

El escenario que desde hace meses no se apreciaba, ha resurgido. 

En la mañana de este lunes, cerca de un centenar de personas se encontraban organizados en filas en las instalaciones del Instituto Nacional de la Aguja (Inaguja) esperando un turno, del lado derecho, los que serían dirigidos hacia la toma de muestras, y del izquierdo, los que esperaban resultados por Covid.

La demanda de pruebas fue tan vertiginosa que, a las 11:00 de la mañana, el personal que allí labora ya estaba contemplando el cierre de la puerta.

El más reciente boletín publicado por el Ministerio de Salud Pública, el 984, indica que los contagios de COVID-19 mantienen la tendencia a incrementarse con 216 nuevos pacientes detectados; 1,948 casos activos y una positividad en 16.04 %.

Diario Libre conversó con el epidemiólogo y médico salubrista Carlos Féliz, quien destacó que, anteriormente, las autoridades de Salud habían dicho que no tenían «mayor importancia los casos que se están presentando y que aquí lo que había era (aumento de casos de) influenza”.

“Estamos ante un agudo proceso de ascenso de la Covid en República Dominicana”, afirmó Féliz.

El galeno comparó el incremento actual de casos con las cifras de boletines de hace 45 días, como el número 949, cuando la tasa de positividad estaba en 2.38 %, se reportaban 24 nuevos casos y de los activos se contabilizaban 249.

“Al boletín de ayer, el 983, ya la situación había cambiado con una positividad en 12 % y más de 1,400 casos activos”, observó.

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Subvariantes

Féliz dijo que alrededor de nueve subvariantes están circulando en el país, donde tres de ellas son las que están incidiendo en los brotes a nivel mundial: BQ.1,  BQ.1.1 y la XBB.

Asegura que en Europa y Estados Unidos estas son las variantes dominantes, por lo que llama a las autoridades a no decir que simplemente “estamos ante la presencia de aumentos de casos sin mayores trascendencia”, sobre todo, en antesala de las celebraciones navideñas.

“Es un elemento de preocupación, pero no de alarma”, aclaró.

El epidemiólogo reiteró la importancia de mascarillas en lugares públicos y en actividades de Fin de Año, “porque lejos de disminuir, esto va en aumento de manera persistente como se ha demostrado en el último mes y medio”. 

Vacunas

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El repunte que están evidenciando los casos positivos de Covid ha motivado a algunas personas a completar sus vacunas.

Rafael Montero, supervisor del puesto ubicado en Plaza Lama Churchill, explicó que se ha incrementado la demanda, en especial de tercera y cuarta dosis, considerando que “en días anteriores, llegábamos a las 12:00 (del mediodía) y no habíamos puesto ni una. Hoy, ya llevamos cuatro”.

Asimismo, señaló que ha notado que los ciudadanos están retomando el uso de mascarillas.

En el puesto de vacunación en Plaza Central, que opera en horario de 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, en la mañana de este lunes ya se habían inoculado seis personas con Pfizer, dos de tercera dosis y cuatro completando su esquema de cuatro dosis.

Durante la visita de Diario Libre al puesto de vacunación del Hospital Infantil Santo Socorro, se pudo observar una mayor demanda de vacuna contra la influenza que las propias contra el coronavirus.

El doctor Féliz destacó que “el país apenas lleva 16 millones de dosis aplicadas, según el portal VacúnateRD, y se compraron más de 30 millones de dosis. Eso significa que el país no está vacunado, ni siquiera el 70 % que ellos se trazaron como meta”.

Con un 10 % de la población que no esté vacunada, el galeno asegura «es suficiente para conformar un nicho y generar nuevas variantes o subvariantes».

Inmigrantes haitianos en la República Dominicana se quejaron este lunes del tiempo que está durando la renovación del permiso temporal de trabajo por parte de la Dirección General de Migración (DGM).

Wilson, un conductor de camión, calificó como «un abuso» que ya tendrá un año el próximo dos de diciembre que hizo el proceso y aún no obtiene el carné con la renovación. «Eso es un abuso que están haciendo con nosotros«, se quejó. 

El residente en el sector María Auxiliadora de la capital contó que no ha tenido inconvenientes con los operativos migratorios, pero sí le preocupa, por lo que tiene que llevar siempre consigo los documentos que avalen que está realizando el proceso. 

El inmigrante mostró que su carné venció el 26 de noviembre del año pasado y que siete días después sometió los documentos ante la Dirección General de Migración y hasta el momento no le han devuelto la renovación del permiso y no le explican motivos. 

Wilson dijo que entiende el retraso durante la pandemia del COVID–19, pero ahora debería ser más rápido.

También está en proceso Michael, quien tiene un negocio de reparación de teléfonos en Haina. Tiene dos años esperando la renovación del permiso temporal de trabajo y hasta ahora no ha podido completar el proceso.

Mostró al equipo de Diario Libre que comenzó con la renovación del permiso en septiembre de 2020 y hasta la fecha no ha obtenido el documento. Aseguró que ha gastado alrededor de 15,000 pesos por los documentos y al abogado que contrató.

«Yo lo que quiero es estar legal aquí», expresó Michael, de 36 años, quien dijo que está desde 2004 en la República Dominicana, yendo y viniendo desde Haití, pero ahora, con el permiso vencido, tiene dos años que no va a su país y sin ver a su madre.

Ahora con los incrementos de los operativos migratorios como ordenó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, Michael dijo que no se está caminando mucho para evitar inconvenientes con los agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

La Asociación de Colonos Azucareros del Central Romana manifestó su indignación ante la medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de detener en los puertos el azúcar sin refinar y otros productos de la empresa Central Romana.

En un comunicado, la asociación dijo que dicha medida no solo afectará a su conglomerado sino a todos los productores de caña de azúcar de las cuatro provincias del Este, trayendo consigo “severos daños económicos permanentes” al campo dominicano y a más de cien mil personas que viven de este cultivo.

La asociación aseguró que el estudio en el cual se basa la CBP para tomar esta medida es “impreciso”, “incierto” y “ajeno a la realidad”, ya que gran parte de las riquezas que se produce con la caña “vuelve a los empleados en forma de salarios justos y acorde a la labor ejecutada, de pactos colectivos revisados periódicamente, construcciones de casas para empleados, cada vez más en número y lugares, servicios médicos y de vacunación en bateyes, servicios de atención primaria y hospitalización, y hasta comida subsidiada”.

De acuerdo con la asociación, la organización Colectivo ProTierra inspecciona la industria desde hace varios años y certifica la sustentabilidad ambiental y responsabilidad social de la empresa.

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En el comunicado la asociación dijo que no se debe confundir el trabajo forzado con trabajo realizado con esfuerzo “en procura de la superación personal y colectiva del trabajador, atraído por beneficios marginales como retribución”.

Calificó la medida como “abusiva” en su fondo y solicitó a las autoridades de Estados Unidos a realizar un nuevo estudio para confirmar la realidad.

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La cantidad de casos de adolescentes desaparecidas que terminan cerrándose de la siguiente manera: “la menor se escapó con su novio”, ha creado un estigma, al punto de que algunas familias con parientes con edades que oscilan entre los 13 y 17 años sienten que las autoridades minimizan sus denuncias.

En una nota de mayo pasado, la Policía Nacional dio cuenta del hallazgo de 53 personas que habían sido reportadas desaparecidas y dijo que, de esa cantidad, “la mayoría eran niñas adolescentes que se van de sus casas para vivir en concubinato y personas que padecen problemas de salud”.

Por esta situación, doña Santa Florentino y su hija mayor Andreina Morillo, confesaron que recibieron el consejo de que esperaran a que Santa “Yissel” Morillo Florentino, en esa ocasión de 17 años, se comunicara con la familia.

“Nos dijeron: ‘estén tranquilos, que lo más seguro es que ella esté casada, algún día ella se comunicará, vamos a darle tiempo’”, dijo Andreina que esa fue la respuesta que recibió de la Policía de Baní en los primeros días de la desaparición de su hermana. A esto, agregó que respondió: “Le dijimos: ‘no le vamos a dar tiempo porque una persona que se case y tenga conocimiento no va a dejar a su familia en una angustia así’”.

Yissel lleva ocho meses desaparecida. Fue vista por última vez el pasado 13 de marzo. Ese día avisó a su familia que visitaría a una amiga en horas de la tarde, pero cambió de planes y se quedó en el parque Matanzas, ubicado en el municipio que lleva ese mismo nombre en la provincia Peravia. Se desplazó en un motoconcho e informó a su hermana Andreina donde se encontraba. “Fue lo único que supe de mi hermana”.

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En conversación con Diario Libre, la familia de Yissel dijo que no cree que la joven se haya ido a vivir con un hombre, puesto que no le conocían novio. Además, por el tiempo sin noticias de ella, «esa hipótesis se cae».

“Hablé con sus amigas del liceo y con sus profesores, todos me dijeron que ella era una niña sana, simpática y estudiosa”, expresó Andreina, quien aseguró que tenía una buena relación con su hermana y que esta siempre estaba activa con su teléfono y se reportaba.

“Después que se me desapareció esa muchacha yo no he servido para nada”, dijo quebrada en llanto la señora Florentino, que dejó que fueran sus hijos quienes continuaran con la entrevista.

Cámara de vigilancia

Una cámara de vigilancia captó que, efectivamente, Yissel se encontraba en el referido parque, se le observó hablando por teléfono y posteriormente llegó un vehículo azul en el que se montó. Es la única información que posee la familia sobre la desaparición de la adolescente que hace unos meses cumplió la mayoría de edad.

“Después de ahí no se supo nada más de ella, la llamé por su teléfono, sonaba y sonaba y nadie lo cogía y después de las 11:00 dejó de sonar”, detalló Andreina.

Reveló que las autoridades llegaron a rastrear el teléfono, pero no se identificó la ubicación de su hermana. Luego, denunció que el personal designado para la investigación era cambiado constantemente y que esto ha ralentizado su búsqueda.

Yissel cursaba el último año del bachillerato, si no hubiera desaparecido estaría quizás en la universidad o trabajando en su primer empleo.

Actualmente, su caso fue remitido a la Fiscalía de Baní. El fiscal Ángel Darío Tejeda Fabal es quien tiene asignada la investigación.

Diario Libre trató de comunicarse con el servidor judicial, pero no ha sido posible.