El Ministerio Público recordó a la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez que el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) es un órgano de gobierno corresponsable de una determinada administración, “jamás un órgano de investigación o un tribunal que juzgue delitos cometidos por un determinado gerente” que tiene que responder ante un juez del Poder Judicial.
El órgano de persecución explicó que es “totalmente natural” que, al recibir informes de carácter administrativos, el Consejo certifique que recibió esos informes, que es una forma de dar constancia de “que el que hizo las ejecutorias tenía facultades legales para encaminar esas gestiones”.
El Ministerio Público responde a las declaraciones de los abogados de Rodríguez, de que el CSMP libró a su cliente de una posible condena por el manejo irregular de los recursos de la institución durante el período 2016-2020.
“Defensa de Jean Alain Rodríguez miente, sin reparos, aplastada por la contundencia de las pruebas”, afirmó el Ministerio Público en una comunicación de prensa.
El conocimiento del expediente en la fase preliminar del proceso contra el exfuncionario está a cargo del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien tiene la responsabilidad de decidir si lo envía o no a juicio junto a los demás señalados por desfalcar más de 6,000 millones del dinero de todos los contribuyentes, en una red investigada con el nombre de Operación Medusa.
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“Es penoso que la defensa de Jean Alain Rodríguez trate de confundir a la opinión pública, olvidando que toda la población sabe que lo único que hizo el Consejo Superior del Ministerio Público, que el propio acusado presidía, fue recibir su rendición de cuentas”, sostiene.
Junto al exprocurador Rodríguez Sánchez son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa, y Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. Además, el exasesor del imputado Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso contra 41 personas físicas y 22 empresas.
