La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró este jueves inadmisible un recurso de apelación del mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, quien intentaba que se le levantara la prisión domiciliaria y el uso de grillete que tiene impuesta, como medida de coerción, por su presunta implicación en el caso de alegada corrupción administrativa en el caso Operación Coral.
La corte acogió la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) de que se rechazara el recurso del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), alegando que fue sometido fuera del plazo que contempla la ley para hacerlo.
La decisión fue cuestionada por Romel Jiménez, abogado del militar, quien la calificó como “una decisión equivocada del tribunal y que violenta un precedente constitucional”
Sostuvo que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación irrespetó “un criterio claro que establece que los plazos son francos y, como plazos francos, no se cuentan ni el día de la notificación ni el día de su vencimiento”.
Dijo que la ley le da distintas alternativas y que decidirán en los próximos días el siguiente paso que darán ante la “evidente vulneración al derecho a la libertad” que tiene su cliente desde hace casi tres años.
La coordinardora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que el Código Procesal Penal establece en los procesos ordinarios un plazo de 10 días y que en los casos complejos, como el Coral, se duplican a 20.
“Son días que se deben contar de manera corrida, o sea, que todos los días calendarios cuentan a los fines del cómputo de este plazo”, dijo.
El Ministerio Público y la defensa dijeron que la medida de coerción fue ratificada en diciembre.
Pepca dice cuida testigos puedan declarar
La coordinardora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que no han variado los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión, como medida coercitiva, al exjefe del Cusep, y dijo que de que estar en libertad, por su alto rango, podría afectar los testimonios de los testigos que tienen rangos inferiores.
“Para salvaguardar el proceso, el juicio que se lleva en su contra y que estos testigos puedan llegar a declarar en juicio, es necesario que se mantengan en todas sus partes las medidas que pesan sobre éste (Adán Cáceres)”, dijo Ortiz.
El Primer Tribunal Colegiado es el que lleva en estos momentos el juicio de fondo a los más de veinte policías, militares y allegados acusados en Operación Coral por presuntamente estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
El exfuncionario y militar cumple la medida de coerción desde diciembre de 2022, luego que se le variara la prisión que tenía impuesta en Najayo-Hombre, donde duró recluido 18 meses.
Además del arresto domiciliario y el uso de grillete, Cáceres pagó una garantía económica de 100 millones de pesos, a través de una aseguradora.
