Iván Vladimir Féliz Vargas, titular de la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales, indicó la denuncia sobre el uso de recursos públicos es atribución de la Junta Central Electoral (JCE) y no de ese organismo.
El fiscal indicó que, desde el punto de vista penal, el Ministerio Público tiene sus atribuciones y que la denuncia realizada por los partidos políticos de oposición le compete a la JCE.
«Ese tema entendemos nosotros que le corresponde a la JCE y ya el presidente (Román Jáquez Liranzo) lo ha dicho que ha abierto una indagación respecto a esa situación», declaró.
Explicó que conforme al artículo 210 de la ley de Régimen Electoral la investigación es atribución de la JCE.
El numeral 1 del artículo 210 sobre publicidad en los actos de gobierno establece que: “No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular”.
Indicó que existen dos denuncias interpuestas por el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre el uso de los recursos del Estado y también sobre lo que definió como un «término incorrecto», el supuesto hackeo a una impresora lo cual a su parecer es imposible, pero que se está investigando.
La JCE dice lo contrario
Aunque Féliz Vargas indicó que la denuncia hecha por los partidos es competencia de la JCE, en días recientes el presidente del órgano de elecciones, Román Jáquez Liranzo indicó que la persecución de los delitos electorales es una función del Ministerio Público.
«La Junta Central Electoral no tiene competencia para investigar, perseguir y acusar en materia de delitos y crímenes electorales», explicó el presidente del órgano de elecciones, Román Jáquez Liranzo.
Sobre la reciente investigación por el presunto uso de fondos públicos en campaña, Jáquez reiteró que se trata de un caso que, por sus competencias, debe perseguir la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales.
«La ley es muy clara y señala que la competencia para persecución e investigación de delitos electorales es del fiscal electoral«, agregó el presidente del pleno.
Delitos electorales
Féliz Vargas recordó que se consideran delitos electorales la exhibición del voto, la compra de cédulas, la compra de votos.
Indicó que de cara a los comicios se realizó una estrategia que incluye el nombramiento de fiscales electorales y la capacitación de 175 fiscales a nivel nacional y una gran cantidad de abogados.
«El tema de que una persona por su relación de superioridad dentro del propio Estado le diga a otro que tiene que votar en tal o cual dirección también es un delito electoral», explicó el fiscal electoral.
Indicó que en la ley 2023 de Régimen Electoral se establecen las violaciones electorales.
Asimismo, precisó que parte de esa estrategia establece que para el día de las elecciones antes, durante y después la Policía, el Ministerio Público y jueces de la Instrucción para procesar los delitos electorales.
Distribución de fiscales
Indicó que los 175 fiscales fueron distribuidos a nivel nacional en las 35 fiscalías y que de igual manera serán acompañados por 35 abogados de apoyo.
«Estamos listos, de hecho, los fiscales a nivel nacional, los fiscales titulares han desarrollado toda su estrategia como si fuese cualquier delito», precisó.
