El próximo viernes 15 de marzo la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, deberá comparecer por tervera vez ante la Suprema Corte de Justicia para responder al juicio de fondo aperturado en su contra por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La audiencia fue reenviada debido a que faltaba la composición de algunos testigos que no fueron trasladados y porque dos magistrados tenían condiciones de salud que les impedían iniciar el proceso.
Ante estos impedimentos procesales, tanto la defensoría de la imputada como el Ministerio Público, consensuaron que el inicio de la sesión debía ser aplazado.
Ante la posibilidad de que Pilarte pierda su inmunidad parlamentaria tras las elecciones de mayo, el abogado de la congresista, Luis Feliz precisó que no hay dilaciones en el proceso, pero que demostrarán la inocencia de su cliente en cualquier instancia.
“No ha habido intención de dilatar el proceso, por lo menos aquí en la Suprema, así que tenemos confianza de que se va a conocer y que saldremos victoriosos”, dijo.
En la próxima audiencia se realizará un cronograma de actividades y el MP trasladará a dos testigos a descargo que guardan prisión domiciliaria.
El Tribunal estuvo constituido por su presidente, Jerez Mena, y los magistrados Fran Soto, Francisco Ortega y María Garabito.
“No está imputada por drogas”
Feliz aseguró que la acusación contra la legisladora es sobre presuntas violaciones a leyes fiscales y no por concepto de narcotráfico. El jurista añadió que el Ministerio Público no ha sido sincero con la prensa sobre las acusaciones a Pilarte.
“La imputación que pesa en su contra no tiene como delito precedente la droga, sino una supuesta violación leyes fiscales”, expresó.
El Ministerio Público acusa a la diputada Rosa Amalia Pilarte de pertenecer a un conglomerado que se dedicaba presuntamente al lavado de activos y narcotráfico.
El expediente explica que Pilarte recibió sumas millonarias por parte de la empresa Serví Crédito Gloria Ivette, S.R.L., controlada por los acusados Micky López y José Miguel López Pilarte, quienes son su esposo e hijo, respectivamente.
La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo que no podría justificar con sus actividades laborales corrientes.
