Operación Gavilán: otorgan plazo al MP para terminar la investigación
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud realizada por el Ministerio Público y le otorgó un plazo de dos meses para culminar las investigaciones y depositar la acusación formal contra los imputados en el caso de la Operación Gavilán.
A su vez, al extenderse el plazo de las indagatorias, el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez decidió variar la medida coerción contra los únicos imputados que guardaban prisión por este caso, que involucra a exempleados de la Procuraduría acusados de pertenecer a una red dedicada al borrado de más de 16 mil registros de personas con antecedentes penales a cambio de sobornos.
El juez impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una empresa aseguradora, impedimento de salida y prisión domiciliaria a los imputados Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana.
Además, están implicados Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, por lo que se les impuso medida de coerción de impedimento de salida del país y garantía económica.
Otra imputada es Pilar Yrenes Medina Trinidad, la cual cumple prisión domiciliaria.
Mas sobre el caso
Los miembros de la presunta red utilizaron su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento y antecedentes penales.
El expediente detalla que los imputados en la red eliminaron registros penales de personas procesadas, así como de condenados provisionalmente y definitivamente por delitos graves como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros.
De acuerdo con el Ministerio Público, los miembros de esta red crearon un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificaciones a nivel nacional, que funcionaba bajo el siguiente esquema: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y «franqueo» o colocación de sellos para salir del país.
Según el organismo persecutor, los implicados en la red integraron a parejas, familiares y personas relacionadas a quienes utilizaban para realizar movimientos financieros con el dinero producto del soborno recibido y así evadir la persecución.
