El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes su informe anual sobre las prácticas de Derechos Humanos alrededor del mundo, donde aseguran que en la República Dominicana se vieron cambios significativos en la situación de los derechos humanos del país, incluyendo la expulsión masiva de nacionales haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus peticiones de estatus legal.
En el documento, la nación americana sostiene que la decisión del gobierno dominicano de proceder a cerrar la frontera dominico-haitiana en septiembre, la suspensión de la emisión, renovación de permisos de residencia, visados y certificados para solicitar asilo de los migrantes haitianos y personas de descendencia haitiana, incluidos los indocumentados, puso en mayor riesgo a poblaciones que de por sí ya eran vulnerables.
Dentro de las cuestiones de importancia en cuanto a los derechos humanos, el documento expresa que figuraban informes verídicos de devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros maltratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos, así como también, delitos que implican violencia y amenazas contra personas de ascendencia haitiana.
De acuerdo al Movimiento Social de Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, residente legal documentado, tras intentar extorsionarlo durante un control de tráfico rutinario, llevándolo a una zona apartada donde lo golpearon y le dispararon, para luego confiscar sus documentos, dinero, celular y motocicleta.
El reporte sostiene que recibieron informes de muertes sin explicaciones, que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes. Durante otra operación migratoria en el área de Cap Cana, la policía y los agentes de migración presuntamente dispararon contra un grupo de trabajadores de una construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas, incluyendo personas que fueron enviadas a ser deportadas a pesar de sus heridas.
Aunque la ley contempla la prohibición de tortura, golpizas y el abuso físico, la Oficina de democracia, Derechos Humanos y Trabajo, recibió informes de que miembros de la Dirección General de Migración y otras fuerzas del orden gubernamentales sometieron a personas, principalmente de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico.
A raíz de esos reportes, organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil expresaron su preocupación por el trato duro y degradante por parte de los agentes de migración y otras fuerzas del orden a migrantes haitianos indocumentados durante las operaciones de detención y deportación y en los centros de detención de la Dirección de Migración en Haina y Santiago.
Las preocupaciones incluyen las detenciones arbitrarias, abuso físico de los detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales, extorsión, violencia sexual, acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante todo el proceso de deportación, la deportación ilegal de niños, madres embarazadas o lactantes y ancianos, y otros tratos hostiles o abusivos.
