Un abogado fue asesinado a tiros la noche pasada mientras viajaba en su automóvil por la carretera La Ciénega, al norte de Santiago. La víctima fue identificada como Santiago Reyes, conocido como «Changuito».
Reyes, un reconocido jurista, fue declarado muerto en un centro hospitalario después de recibir múltiples disparos. Según informes, desconocidos interceptaron su vehículo, un Hyundai Sonata blanco, y le dispararon.
Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), y miembros del Ministerio Público se presentaron en el lugar del incidente.
«Changuito» estuvo involucrado en varios conflictos a lo largo de los años debido a embargos compulsivos. Su asesinato marca el quinto caso de un abogado asesinado en Santiago en los últimos años.
Cabe destacar que Santiago Reyes sobrevivió a un intento de asesinato en abril de 2021, cuando también fue atacado a tiros mientras viajaba en su automóvil por la carretera principal de Los Cocos de Jacagua.
Miembros de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas (BSAP) de Haití se rebelaron contra el primer ministro de ese país, Ariel Henry, luego de que el gobernante despidiera al comandante de esa entidad.
El despido se habría producido luego de que ayer miembros de la BSAP expresaron que están apoyando al pueblo en su reclamo contra el gobierno.
“Nosotros como miembros militares iniciamos hoy y estamos saliendo a las calles disparando tras el despido de nuestro comandante. Hoy inicia una nueva etapa hemos desertado, esta lucha no papará”, indicó uno de los agentes.
Nombramiento de nueva comisión
El Gobierno despidió a Jeantel Joseph al frente de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas (ANAP) y designaron una comisión técnica de reestructuración.
Las detenciones de estas personas fueron publicadas este martes en Monitère Métronome.
Jeantel Joseph fue destituido de su cargo de Director General de la ANAP por orden adoptada durante el Consejo de Ministros el lunes.
Designaciones
El gobierno de Ariel Henry designó una comisión técnica encargada de reestructurar la ANAP.
Los miembros de esta comisión son Frantz Daniel Pierre, coordinador; Prénor Coudo, miembro; el Inspector General Jean Lyonel Trécil, miembro; el teniente Verby B. Jean, de las Fuerzas Armadas de Haití, miembro, y Jean Neslie Élie.
El decreto que nombra a estas personalidades fue publicado en el diario oficial Le Moniteur este martes.
Abogados de los acusados de Operación Medusa solocitaron el martes al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, reiniciar la preliminar del caso de corrupción desde cero, petición que fue rechazada por el magistrado.
Al argumentar su solicitud, las defensas de los encartados Ramón Burgos, Alfredo Alexander Solano y Johannatan Loanders Medina, dijeron que el estancamiento del proceso se prolongó por casi un mes, mientras otras jurisdicciones conocían la recusación a Martínez.
Los togados Ybo René Sánchez, representante de Alexander Solano, y Enrique Valleejo Garib, del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes afirmaron que en el tiempo de casi un mes sin audiencias se violaron los principios de inmediación y concentración del proceso.
La actual etapa del juicio preliminar del expediente de corrupción lleva más de un año conociéndose y solo en su lectura el Ministerio Público tardó casi seis meses. El caso completo cumplirá tres años en los tribuales a final de junio.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepa), Mirna Ortiz, y otros fiscales representantes del Ministerio Público, pidieron al juez rechazar la solicitud porque, a su entender, los principios de inmediación, concentración fueron respetados por el magistrado, quien a pesar de estar recusado se reunía todos los viernes con las partes para tratar como iba el proceso de recusación y ofrecer un resumen de lo que había ocurrido en audiencias anteriores.
La decisión del juez
Amauri Martínez rechazó reiniciar el proceso del juicio preliminar desde cero al alegar que la petición de las defensas es “producto a la recusación«, la que calificó como «una situación en derecho porque el tribunal justamente en tutela y en garantías del mismo juicio provoca esta recusación«.
“El tribunal debe observar que en cada una de las audiencias se realizaba a lo relacionado, un resumen de la actuación en cuanto a la audiencia anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 316 (del Código Procesal Penal). Esto es una recusación que surge pues del mismo proceso y con situaciones particularísimas una recusación al juez del primer grado y posteriormente una recusación a todo los jueces del pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional», argumentó.
MP dice estar preparado para lograr envío a juicio de fondo
El Ministerio Público aseguró anoche que está preparado para lograr que sean enviados a juicio los más de 60 acusados en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Medusa, por el que es procesado como principal acusado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
El fiscal litigante Melbin Romero Suazo, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, declaró ante representantes de medios de comunicación, que el órgano acusador logró que la audiencia continuara a pesar de que las defensas trataron de incidentar nuevamente el proceso.
“Ustedes saben que tanto las defensas de Jean Alain Rodríguez como otras defensas de la cual él tiene el control han tratado de incidental este proceso para que no se conozca; primero, recusaron al juez que está dirigiendo esta audiencia preliminar; luego, recusaron a todos los jueces de la corte, y fue la Suprema que tuvo que decir que no había motivo para sustentarse esa recusación”, dijo.
Romero Suazo agregó “es por eso que, en el día de hoy, luego de recorrer todo un proceso en cascada que llegó a la corte y luego ahora de nuevo aquí, que estamos conociendo y dándole continuidad a la audiencia preliminar”.
Según la acusación del Ministerio Público, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020, el cual fue desmantelado en mayo del año 2021.
En este proceso se señala a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Abogados de los acusados de Operación Medusa solocitaron el martes al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, reiniciar la preliminar del caso de corrupción desde cero, petición que fue rechazada por el magistrado.
Al argumentar su solicitud, las defensas de los encartados Ramón Burgos, Alfredo Alexander Solano y Johannatan Loanders Medina, dijeron que el estancamiento del proceso se prolongó por casi un mes, mientras otras jurisdicciones conocían la recusación a Martínez.
Los togados Ybo René Sánchez, representante de Alexander Solano, y Enrique Valleejo Garib, del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes afirmaron que en el tiempo de casi un mes sin audiencias se violaron los principios de inmediación y concentración del proceso.
La actual etapa del juicio preliminar del expediente de corrupción lleva más de un año conociéndose y solo en su lectura el Ministerio Público tardó casi seis meses. El caso completo cumplirá tres años en los tribuales a final de junio.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepa), Mirna Ortiz, y otros fiscales representantes del Ministerio Público, pidieron al juez rechazar la solicitud porque, a su entender, los principios de inmediación, concentración fueron respetados por el magistrado, quien a pesar de estar recusado se reunía todos los viernes con las partes para tratar como iba el proceso de recusación y ofrecer un resumen de lo que había ocurrido en audiencias anteriores.
La decisión del juez
Amauri Martínez rechazó reiniciar el proceso del juicio preliminar desde cero al alegar que la petición de las defensas es “producto a la recusación«, la que calificó como «una situación en derecho porque el tribunal justamente en tutela y en garantías del mismo juicio provoca esta recusación«.
“El tribunal debe observar que en cada una de las audiencias se realizaba a lo relacionado, un resumen de la actuación en cuanto a la audiencia anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 316 (del Código Procesal Penal). Esto es una recusación que surge pues del mismo proceso y con situaciones particularísimas una recusación al juez del primer grado y posteriormente una recusación a todo los jueces del pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional», argumentó.
MP dice estar preparado para lograr envío a juicio de fondo
El Ministerio Público aseguró anoche que está preparado para lograr que sean enviados a juicio los más de 60 acusados en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Medusa, por el que es procesado como principal acusado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
El fiscal litigante Melbin Romero Suazo, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, declaró ante representantes de medios de comunicación, que el órgano acusador logró que la audiencia continuara a pesar de que las defensas trataron de incidentar nuevamente el proceso.
“Ustedes saben que tanto las defensas de Jean Alain Rodríguez como otras defensas de la cual él tiene el control han tratado de incidental este proceso para que no se conozca; primero, recusaron al juez que está dirigiendo esta audiencia preliminar; luego, recusaron a todos los jueces de la corte, y fue la Suprema que tuvo que decir que no había motivo para sustentarse esa recusación”, dijo.
Romero Suazo agregó “es por eso que, en el día de hoy, luego de recorrer todo un proceso en cascada que llegó a la corte y luego ahora de nuevo aquí, que estamos conociendo y dándole continuidad a la audiencia preliminar”.
Según la acusación del Ministerio Público, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020, el cual fue desmantelado en mayo del año 2021.
En este proceso se señala a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Después de casi un mes de inactividad, la audiencia preliminar del sonado caso de presunta corrupción contra el Estado denomindao Operación Medusa ha vuelto a discutirse bajo la tutela de Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien fuera recusado sin éxito por parte de varias defensas de los encartados.
El proceso se estancó desde el 15 de diciembre de 2023, luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación rechazara una recusación contra el magistrado Martínez presentada por el defensor público Dukaski Payano Taveras, representante del imputado Félix Antonio Rosario Labrada, exencargado de la oficina de acceso a la información y exmiembro del Comité de Compras de la Procuraduría.
Este martes los defensores del imputado, Alfredo Augusto Solano, ex subdirector financiero de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez, presentaron varios incidentes, respecto a la alegada ruptura de la inmediación y la falta de calidad por parte la Fundación Alfredo Nobel, entre otros aspectos.
«Le hemos solicitado a la Fundación Alfredo Nobel que presente sus credenciales y sus autorizaciones. La Fundación, el Estado y el Ministerio Público piden los mismo montos, que son nueve mil y pico de millones de pesos para los sesenta acusados, sin individualizar quién se llevó cien y quién se llevó diez», planteó el abogado de Augusto Solano, Manuel Sierra.
Respecto a la supuesta ruptura de la inmediación, Sierra indicó que las suspensiones no pueden ser más allá de diez días y hoy se cumplen unos 28 días desde aquella pausa del 15 de diciembre, lo que es contrario a los artículos 315 y 316 del Código Procesal Penal.
Pese a los incidentes, la audiencia avanzó con la presentación de la acusación por parte de los abogados del Estado y de la Fundación Alfredo Nobel contra los imputados en el proceso judicial Medusa, en el que es señalado como cabecilla el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Ministerio Público
El Ministerio Público reiteró su posición de estar preparado para llevar a juicio de fondo a los más de 60 acusados en el expediente del caso Medusa.
El fiscal Melbin Romero Suazo declaró que estos incidentes tienen la intención de retrasar el proceso judicial.
«Primero recusaron al juez (Amauri Martínez), luego a todos los jueces de la Corte y fue la Suprema Corte de Justicia que tuvo que decir que no había motivos para sustentar esas recusaciones», argumentó el representante del Ministerio Público.
Romero defendió que «nunca se dejó de celebrar audiencias, siempre estuvimos acá y siempre se respetó el calendario».
Según lo planteado por el expediente acusatorio de 12,274 páginas, Jean Alain Rodríguez encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020 que estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos. El caso Medusa está en los tribunales desde mayo del año 2021.
En este proceso, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Vecinos de El Millón apelaron a las autoridades para que sea cerrado un negocio de servicio de impresión que, alegadamente, produce contaminación química y sónica, pero el propietario lo niega y afirma que cumple con todas las normas exigidas por los organismos competentes.
Residentes afirman que ese lugar es residencial y que el negocio no reúne las condiciones para operar, debido a las repercusiones que tiene en la saludmental de lo vecinos sus operaciones. Se trata de la empresaDocugreen SRL, ubicada en la calle Paseo de Los Indios esquina Hermanas Roque Martínez. Se dedica a la confección de letreros e impresiones, como afiches paraguas, bultos y T Shirts, entre otros.
De acuerdo con reportes de vecinos, del negocio salen tóxicos que penetran a las viviendas, pero que, además, se hacen cortes de metales y tienen maquinarias que causan contaminación sónica.
Reacción de la empresa
Sin embargo, el gerente general de Docugreen, Chritian Cala, asegura que trabajan con estándares de calidad que no afectan al medio ambiente y menos a la salud de las personas.
Manifestó que son proveedores de instituciones del Estado y del sector privado y que dentro de sus exigencias está que sus productos sean elaborados en condiciones de respeto a las leyes nacionales. Indicó que es una empresa que paga todos sus impuestos y cuenta con los permisos de operación de las autoridades correspondientes.
Manifestó que tienen una empleomanía de 12 personas, pero que otras personas también se benefician del negocio de manera indirecta, por lo que entiende que aportan a la sociedad en vez de afectarle.
“El tipo de material que se usa aquí es papel, MDF, acrílico y PVC, que son materiales nobles. Ninguno afecta al medio ambiente”, dijo durante una entrevista de Diario Libre en el establecimiento.
Explicó que tienen unas impresoras que funcionan dentro de las oficinas, con aire acondicionado, y que en la parte externa cuenta con una máquina que no genera ruido.
Sin embargo, vecinos mostraron sustancias aparentemente químicas que caen en cubetas, razón por la cual tienen que vivir trancados y que aun así sufren afecciones en su salud de manera permanente.
“Es tanta la contaminación que tenemos que cerrar las ventanas y las puertas y, en ocasiones, nos tenemos que ir de la casa por la contaminación”, dijo una de las afectadas.
Precisó que han dado parte a las autoridades de Salud Pública, Medio Ambiente y la Alcaldía, pero que aún así no se hace nada para evitar el problema.
Junta de Vecinos
Clemente Melo, presidente de la Junta de Vecinos El Millón I, informó que han dado todos los pasos correspondientes para denunciar el caso y que se han hecho investigaciones sin resultados para que el negocio sea trasladado a otro lugar.
Manifestó que como junta de vecinos ofrecen su apoyo a las familias afectadas y recordó que esa parte de El Millón es de vocaciónresidencial, no industrial.
“Yo fuera autoridad les creyera a los contribuyentes, no es un taller de sastrería, no es de hacer fonografía, no es una oficina de abogados, nada de eso, hay que créele a los vecinos. La junta de Vecinos respaldamos a los vecinos y le pedimos a las autoridades que, por favor, resuelvan, que por la simple sospecha debían ya intervenir”, sostuvo el dirigente comunitario.
Residentes de la torre Da Silva 3, en el Ensanche Piantini, del Distrito Nacional, donde una mujer y su bebé fallecieron tras ser afectados por un plaguicida durante una fumigación, todavía no pueden regresar a sus domicilios.
Los habitantes de este edificio deben esperar a que las autoridades de Salud Pública autoricen que el lugar está apto para ser ocupado, sin riesgo alguno.
Ayer en la mañana un equipo del Ministerio de Salud Pública se presentó para realizar un levantamiento y hablar con el administrador de la torre. Un personal del Área de Salud V, integrado por unas 10 personas, llegó al edificio a las 9:55 de la mañana y no ofreció declaraciones.
Buscan pertenencias y se van
Diario Libre conversó con un trabajador del edificio, quien dijo que los residentes solo van a sus apartamentos a recoger algunas pertenencias, después que las autoridades emitieran una orden de evacuación.
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional todavía no ha presentado detalles sobre la evaluación que hizo en la zona.
Por el caso, el Ministerio Público apresó al ciudadano francés Georges Antoine Thevenet, a quien le solicitó medida de coerción.
De acuerdo con el órgano acusador, el imputado fumigó el pasado 19 de enero, exponiendo y afectando con los componentes químicos a Adelle Ruiz Leen y a su hija menor de edad, al igual que a su esposo José Luis Acra y a otro menor de edad de un año y tres meses de nacido, hijo de ambos, quienes también se encontraban en la residencia.
Llevan niño a EE. UU.
Anoche se informó que el niño afectado iba a ser trasladado a un centro médico de Miami, para ser atendido allí.
Según establece el Ministerio Público, el mismo día de la fumigación, el 19 de enero, la familia decidió ir al médico luego de que comenzaran a sentirse mal y sospecharon que podría tratarse de una intoxicación por alimentos, siendo todos atendidos en un centro de salud de la capital y recibiendo el alta médica el mismo día.
Posteriormente, el pasado sábado 20 de enero, como las víctimas continuaban sintiéndose mal, decidieron nuevamente ir al médico, siendo ingresados de emergencia en la unidad de cuidados intensivos, donde fallecieron el 21 de enero la madre y su hija, a causa de envenenamiento y exposición al producto de fumigación.
El abogado Óscar de León, quien asistió a un interrogatorio realizado al imputado, manifestó que no era la primera vez que su cliente ofrecía servicios en el lugar.
De León afirmó que Thevenet lleva varios años dedicándose a la fumigación y utilizó el mismo insecticida que en ocasiones anteriores, el cual contiene fosfuro de aluminio, un componente considerado «altamente» peligroso por expertos.
Asociación Nacional de Manejo de Plagas Urbanas pide regular ventas
La Asociación Nacional de Manejo de Plagas Urbanas (Anmpu) hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Agricultura para fortalecer las regulaciones que rigen la venta y distribución de estos productos, garantizando que solo sean comercializados bajo receta profesional como lo manda el artículo 75 del Reglamento 322-88.
Además, aseguran que es un error el no permitir la entrada del fosfuro de aluminio debido a que este se utiliza como lo instruye su documentación en los granos almacenados y la industria del tabaco en todo el mundo.
República Dominicana se acerca cada vez más al primer proceso electoralde 2024, en un contexto de montaje que se intensificará en las próximas semanas. De cara a las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, en solo 10 días la Junta Central Electoral (JCE) publicará el modelo de boleta que se utilizará en estos comicios.
La divulgación de esta réplica de la carta de votación será realizada a través de diversos medios de comunicación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo tres de la ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral.
El 10 de febrero cierra otro plazo importante en la carrera municipal, ya que la referida norma en su artículo 216, prohíbe la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales desde ocho días antes de las votaciones.
De manera paralela, los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, tienen hasta ese mismo día para depositar el presupuesto no desglosado de todas las actividades que desarrollarán durante el año.
El límite para la realización de proselitismo, manifestaciones o reuniones de carácter político es el 15 de febrero y en las próximas 24 horas se cerrará la campaña electoral, incluso en medios de comunicación.
El sábado 17 de febrero, se prevé una de las fechas más peculiares del calendario electoral. Un día antes de los comicios generales está prohibido en todo el territorio nacional el expendio y distribución de bebidas alcohólicas.
¿Qué más queda por delante?
El montaje de unas elecciones conlleva una serie de implicaciones técnicas y logísticas que requieren de un amplio esfuerzo e incontables horas de trabajo. Considerando que a mediados del próximo mes se escogerán 3,849 cargos públicos, las primeras semanas de febrero estarán cargadas de diversas actividades para garantizar la materialización del evento electoral.
Estos son los plazos legales relativos al ensamble de las elecciones:
3 de febrero. Límite para la designación de funcionarios y funcionarias de los Colegios Electorales.
4 de febrero. Notificación de la designación de funcionarios y funcionarias de los Colegios Electorales a todas las organizaciones políticas.
10 de febrero. Límite para la entrega de credenciales a funcionarios/as de Colegios Electorales.
13 de febrero. Entrega de materiales electorales a Juntas Electorales.
14 de febrero. Inicio retiro de materiales electorales a cargo de presidentes/as y secretarios/as de Colegios Electorales.
16 de febrero. Límite para la recogida de materiales por presidentes/as y secretarios/as de Colegios Electorales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rindió un informe en el que describe la persistencia de la violencia, la inseguridad y el desgaste de las instituciones policiales y de justicia en Haití.
En el documento presentado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres que engloba, además, la experiencia de trabajo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), se establece que en el 2023 los homicidios aumentaron en un 119.4 %.
Unas 4,789 personas perdieron la vida, entre ellas 465 mujeres, 93 niños y 48 niñas, lo que equivale a una proporción de 40.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a los 2,183 registrados en 2022 (18.1 homicidios por cada 100 mil habitantes).
«El número sin precedentes de agentes de la policía nacional que abandonaron la institución en 2023 es un sombrío indicador de los problemas de la seguridad que afectan al país»Antonio GuterresSecretario general ONU“
Además, establece que el número de personassecuestradas subió de 1,359, en 2022, a 2,490, en 2023, lo que representa un aumento de un 83 %.
“Estoy consternado por el alarmante grado de violencia cada vez mayor de los actos perpetrados por las bandas, que devastan la vida de los haitianos, en particular en Puerto Príncipe”, deploró Guterres.
Prosiguió: “Las bandas siguen cometiendo homicidios, secuestros y actos de violencia sexual con total impunidad, sobre todo contra mujeres y niñas, entre otros abusos. Otro motivo de gran alarma es la rápida extensión de la violencia de las bandas a zonas rurales antes consideradas seguras, en particular en el departamento de Artibonito”.
Eliminación de la presenciapolicial
El informe detalla que las bandas han propiciado ataques contra las comisarías con el propósito de eliminar la presenciapolicial en las comunidades para continuar la extensión de su dominio.
Señala que producto de estos ataques consecutivos han quedado inutilizadas y destruidas por incendios más de 45 comisarías de las 412 existentes en el país.
Desgaste de la Policía Nacional
Pese a las ayudas que ha recibido Haití para reformar, reclutar y capacitar a sus soldados, incluidos recursos económicos y armas, la ONU ve con preocupación el desgastepolicial. Este organismo “sigue teniendo capacidad limitada para iniciar sus operaciones contra las bandas”, cita el informe.
El año pasado, además, el número de policías siguió disminuyendo. 1,636 oficiales abandonaron el servicio.
En el mismo período, 48 policías resultaron muertos y 75 terminaron heridos.
Hasta el 31 de diciembre, la policía haitiana contaba con 13,196 oficiales, de los cuales 1,588 eran mujeres.
Guterres señaló que es de vital importancia que la Policía y el sistema de justicia haitiano estén fortalecidos para el éxito de la misión que le ayudará a combatir a las bandas.
“Para que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad tenga un efecto duradero, es preciso buscar soluciones que permitan resolver con rapidez el desgaste de la policía. La labor de la Misión de Apoyo y el refuerzo de las operaciones de la policía deben ir acompañados del fortalecimiento de los sistemas judicial y penitenciario”, advirtió.
Petición a la comunidadinternacional
Guterres finalizó su informe con unas observaciones, tanto para el pueblo haitiano como para la comunidadinternacional. Manifestó que nada de lo expuesto es una exageración sobre la gravedad actual de la situación política y humanitaria en Haití.
“En esta coyuntura crítica de la historia de Haití -alertó- es primordial que las partes interesadas haitianas se unan para construir un amplio consenso sobre una solución duradera e inclusiva y que los haitianos consideren propia, que permita celebrar elecciones creíbles, participativas e inclusivas para restituir las instituciones democráticas del país una vez que lo permitan las condiciones de la seguridad”.
Solicitó a los países miembros de la ONU que aumenten su apoyo a las respuestas humanitarias y de desarrollo en Haití para proteger a las personas más vulnerables, sin dejar de invertir para resolver las causas profundas de la inestabilidad”.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, presentó el informe el 15 de enero.
RD deportó 118 mil haitianos, según la ONU
La ONU reseñó que la situación volátil dentro de Haití afecta cada vez más a la frontera con la República Dominicana. Indicó que, desde julio de 2023, las autoridades dominicanas “devolvieron por la fuerza” a 118,228 haitianos (65 % hombres, 22 % mujeres, 7 % niños y 6 % niñas).
Además, indica que, en menor magnitud, pero igualmente, otros países deportaron haitianos: 406 desde los Estados Unidos, 596 desde las Bahamas, 1,649 desde las Islas Turcas y Caicos y 505 haitianos desde Cuba, Jamaica y Turquía.
Señaló que esta situación suscitó preocupaciones humanitarias urgentes, “ya que las personas son deportadas abruptamente y deben afrontar un futuro incierto y quizá también riesgos para su bienestar”. Aduce que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha observado un aumento del número de haitianos que piden orientación sobre cómo solicitar asilo o servicios esenciales, como asistencia humanitaria. En toda la región de América, las solicitudes de asilo presentadas por haitianos ascendían a 194,774 a mediados de 2023, reportó Acnur.
Aunque en principio acordaron que la obligatoriedad de entregar informaciones debía ser previa autorización de un juez, un cambio de última hora eliminó esa prerrogativa y varió en la Cámara de Diputados la esencia del cuestionado artículo 11 de la ya promulgada ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La situación se registró en la sesión extraordinaria del 29 de diciembre del pasado año 2023, donde el presidente de la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, el oficialista Ramón Antonio Bueno Patiño anunció ante el pleno que tenía una modificación al texto del artículo 11.
De inmediato, y cuando se procedía a la lectura del texto de la modificación, el presidente de la Cámara de Diputados, el perremeísta Alfredo Pacheco, frenó el proceso y dijo que se le daría lectura por secretaría.
«“Hemos consensuado la redacción nueva de este artículo y la vamos a depositar, nosotros, la comisión en pleno ha trabajado fuerte y duro en consensuar un proyecto de ley, una ley que es difícil por lo que ella envuelve»Ramón Antonio Bueno Patiñodiputado“
Sin dar lectura a la propuesta de modificación se procedió al pase de los turnos. Habló primero la diputada por Fuerza del Pueblo, Lourdes Aybar de Serulle, a seguida tomó la palabra el peledeísta Elpidio Báez y luego Juan Dionicio Restituyo del Frente Amplio. Los diputados coincidieron en la necesidad de crear un nuevo organismo, sujeto a las disposiciones de la Constitución y las leyes, de cambios en el texto, sin tocar en ningún momento el artículo 11.
El vocero de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, tomó un turno y refirió que hicieron observaciones de tipo técnico jurídico en 5 artículos, no incluían el artículado 11.
Luego, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, llamó a sus colegas a dar el voto favorable para sancionar el proyecto.
De las modificaciones
Culminados los turnos se dio paso a conocer las modificaciones, una del diputado Restituyo y la de Bueno Patiño.
Alfredo Pacheco llamó a los diputados a atender las modificaciones planteadas y procedió a su lectura y posterior votación.
“Artículo 11, se plantea, el colega Ramón, esta modificación también fue más o menos consensuada para que, donde el artículo 11, entrega de información, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, entonces se le añade, sin perjuicio de la formalidades legales para protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que esta requiera relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones, inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional, lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, constitucional que señala nuestra Constitución bajo cuales criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas, entonces lo que estén de acuerdo pulsen si y los que no estén de acuerdo pulsen no por favor, a votación”, motivó Pacheco para continuar señalando que “en otras palabras esta modificación da más garantía”.
La modificación se sometió a votación y fue aprobada con 125 votos a favor, 2 en contra, 8 no votaron, 55 estuvieron ausentes de una matrícula de 135 diputados.
Tres proyectos de la DNI
Los diputados fusionaron tres proyectos, Se trata del que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, del senador Milciades Franjul, el que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la RD, de la diputada Lourdes Aybar y el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de los diputados Julito Fulcar y Braulio Espinal. Fue aprobado con su informe y modificación con 125 a favor, 1 en contra, 10 no votaron y 54 ausentes. Pasó al Senado.
