Pese a los cambios notables en su servicio exterior, la República Dominicana sigue como uno de contados países en el mundo con un sistema consular basado en el clientelismo y fuente de enriquecimiento para unos privilegiados.
Además de funcionarios con salarios elevados, los cónsules dominicanos disfrutan de unos atractivos ingresos que, dependiendo de la plaza que les toque cubrir, les generará una millonada, sobre todo en países donde se asienta el grueso de la diáspora: Estados Unidos, España, Italia y, como excepción particular, Haití.
La riqueza procede del cobro de honorarios por encima de los marcados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). El cónsul dominicano en Nueva York, por ejemplo, tiene asegurado el ingreso al club de millonarios después de dos años y el actual, de la tendencia del expresidente Hipólito Mejía dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lleva ya casi tres años en el puesto.
Por disposiciones discrecionales que datan de la dictadura de Trujillo, sin fundamento legal claro, cada cónsul retiene un porcentaje de los recursos que recibe por los servicios. Dependiendo de las relaciones comerciales, flujo turístico necesitado de visados y carga migratoria que exista con el país anfitrión, ese porcentaje puede suponerle varias veces su salario o dotación del mes. Como el ingreso depende en gran medida de los dominicanos, los cónsules se enriquecen a costa de inmigrantes en su mayoría pobres que pagarían varias veces menos por los mismos servicios, por ejemplo, de expedición o renovación de pasaportes, si los solicitaran en el país de origen.
Tanto en este Gobierno como en los anteriores, los consulados más rentables se otorgan a políticos de acuerdo a su jerarquía en el partido, influencias o cercanía al poder. En Nueva York, por ejemplo, figura Eligio Jáquez, miembro de la dirección ejecutiva del PRM; en Madrid, Miguel Ángel Vásquez Peña, nieto de José Francisco Peña Gómez y quien fungió como asistente del presidente Luis Abinader.
En Miami la cónsul es Geanilda Vázquez, también miembro de la dirección ejecutiva del PRM; en San Juan, Puerto Rico, César Julio Cedeño Ávila, otro miembro de la comisión ejecutiva del partido oficialista; en Sevilla, Katherine Estela Peña Rodríguez, hermana de la vicepresidenta de la República Raquel Peña; en Hamburgo, Fausto Rafael Jáquez Hernández; en Barcelona, Antonio José Gómez Peña, que fue coordinador de campaña del PRM en Europa durante la campaña de 2020.
La discrecionalidad que cada cónsul aplica a su política de cobros dificulta establecer un monto exacto de cuánto puede llegar ser el monto extra que reciben, pero testimonios de exfuncionarios consultados apuntan hasta un 80 % por encima de las tarifas que fija Mirex.
“Imagínate tú que el cónsul te cobre una visa en 80 o 100 dólares. De esos tiene que enviar 20 dólares a Cancillería nada más”. La afirmación la hace, partiendo de su experiencia de más de 10 años como cónsul general, Rafael Hernández.
El restante, dice, se queda en los bolsillos del jefe de la misión consular, quien además de tener un salario base en nómina, disfruta también de una dotación para cubrir gastos administrativos.
Los 51 cónsules generales y 218 vicecónsules que representan a República Dominicana alrededor del mundo, conforme la nómina de servicio exterior que publica Mirex, tienen asignados sueldos bases que van desde los 2,000 a los 2,500 dólares para los primeros, y 1,750 dólares los segundos. Los fondos adicionales varían y no se reflejan en la nómina, pero Hernández recuerda que como cónsul general en Zurich, Suiza, tenía una dotación total de 12,000 dólares.
Aunque la cifra luzca atractiva, Hernández explica que puede ser insuficiente, tomando en cuenta el costo de vida. “Todo lo que quedaba de esa dotación era mío. Pero, todo eso el cónsul siempre lo usa, pues 2,500 dólares no te alcanzan. Yo pagaba de renta 2,500 dólares y el local (de la oficina) pagaba 5,000”. El excónsul agrega a esos gastos, los de mantenimiento de equipos, transporte y comidas. La historia es otra en San Juan de Puerto Rico, Nueva York, Miami, Madrid, Nueva Jersey y Milán, entre otros, donde residen miles de dominicanos.
El excónsul entiende que los ingresos directos, los que califica como un privilegio y un premio a compañeros de partido, se deben eliminar y, a cambio, que los cónsules tengan salarios dignos y los ingresos de sus oficinas se reporten todos al Estado.
Monto del «privilegio»
Para tener una idea, el pasado año, los servicios consulares y migratorios brindados alcanzaron 1,320,853, incluidos unos 220,917 trámites de legalización de documentos, 294 protecciones a ciudadanos y 23,540 visados a venezolanos mediante en proceso especial de regularización.
Los otros 1,079,496 fueron servicios generados por las misiones y secciones consulares en el exterior y, entre ellas, las más demandadas fueron la emisión de visados, emisión y renovación de pasaportes y actas de la oficialía civil.
De todos los consulados, el que más demanda recibió fue el de Nueva York, dirigido por Eligio Jáquez, cónsul general.
De acuerdo a las memorias de Cancillería, entre enero y octubre de 2022, en dicho consulado se ofrecieron 510,044 servicios, de los que 42,582 fueron trámites de pasaportes y 145 de visas. Los demás se identifican como otros servicios consulares.
De acuerdo con el tarifario de los servicios que publica el consulado en su página, el costo de la emisión o renovación de un pasaporte varía entre 130 y 170 dólares, dependiendo de si el solicitante es menor o mayor de edad. A esto se suman los precios de los documentos que son requisitos para obtener el pasaporte, con los que el trámite se puede disparar a más de 200 dólares.
Al calcular los 42,582 trámites de pasaporte que reportó el consulado de Nueva York el año pasado, por un costo promedio de 150 dólares, da como resultado 6,387,300 dólares de entradas en esa oficina, solo por ese concepto. Si al total se le descuentan los 20 dólares que, según Hernández, se debe reportar a Cancillería (serían unos 851,640), quedarían unos 5.5 millones de dólares a favor del cónsul.
Los demás servicios que se ofrecieron el año pasado en esa oficina no se especifican, pero una carta de ruta, por ejemplo, tiene un costo de 100 dólares; la emisión de una visa cuesta entre 150 y 175 dólares, dependiendo del tipo; la apostilla de un documento, 35 dólares y la solicitud de ciudadanía, 130.
33,551
Visas emitió un solo consulado haitiano el año pasado, según reporte de Cancillería.
Después de Nueva York, el segundo con más servicios brindados el año pasado fue el consulado de Puerto Príncipe, Haití, con un total de 95,324 trámites, de los que 33,551.00 correspondieron a servicios de visados. El costo de las visas no está consignado en la página del consulado, pero puede llegar a cientos de dólares por visa. El truco reside en que se trata de visados de una sola entrada.
Puede servir de referencia el consulado de Cabo Haitiano, que gestionó 13,902 visas en ese periodo, a 200 dólares, lo que supone ingresos de 2,780,400 dólares. Ese precio, según fuentes es mucho mayor y fluctúa. Esta semana, y como parte de un impase diplomático que enfrentan República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal en el río Masacre, en el lado haitiano de la isla, se suspendió temporalmente la emisión de visados a nacionales haitianos, afectando un servicio que, en los primeros seis meses de este año supuso la emisión de 27,123 visas.
Origen del privilegio
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El descuento por los servicios consulares se establece en el país mediante la Ley 3963, del 12 de noviembre de 1954, que regula la venta y uso de los formularios para facturas consulares. En su primer artículo, la legislación dictaba que los formularios para facturas consulares tendrían un costo de 5 pesos por juego y no requerirían otros sellos de servicios consular ni recargo. Luego, indicaba que el 25 % del producto de la venta de esos juegos de formularios será recibido por el cónsul “como todo derecho u honorario” y que el 75 % restante correspondería al Estado. También establecía que, si una factura consular podía ser sustituida por una comercial, ésta última debería ser legalizada y pagar un impuesto o recargo, por un sello de rentas internas destinado al servicio consular. El proceso valía cinco pesos, y de esos se destinaría el 25 % a los cónsules. Esos funcionarios eran los encargados, de acuerdo a la ley, de descontar sobre la base de los estados de venta que ellos mismos enviaban, su porcentaje. La medida era igual para los rentados y los honorarios.
1954
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La Ley 13, sobre Derechos Consulares , promulgada ese año, estableció los montos que debían cobrar esos funcionarios por los servicios que ofrecían, lo s que debían ser autorizados mediante sellos de rentas internas. La Ley indicaba que cada cónsul debía enviar un estado de los sellos vendidos y cancelados cada mes. En el caso de los rentados, éstos tenían que enviar un cheque a la Tesorería Nacional con el valor de los sellos vendidos, pero los cónsules honorarios retendrían para su provecho el 60 % del valor de los sellos vendidos. Un 35 % iba a la Tesorería Nacional y el 5 % a la caja de auxilios. Dicha disposición se varió después con la Ley 173-07 sobre Eficiencia Recaudatoria, de mayo de 2007.
1970
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Ese año, mediante el Decreto 512 se autorizó a cónsules rentados y honorarios a cobrar, independientemente del precio de venta de las facturas consulares, montos de 34 y 82 dólares, dependiendo de si esa factura era menor o mayor a los 1,000 dólares. El 25 % de los valores recaudados “será retenido por el cónsul, como derecho y honorario y el 75 % restante corresponderá al Estado”, planteaba. A partir de esas normativas, no queda claro cuál disposición estableció la retención en las proporciones inicialmente citadas. Se preguntó a Cancillería, pero no se ofreció respuesta.
1987
La excónsul y profesora en materia consular Alejandra Gutiérrez atribuye los porcentajes actuales de los honorarios al Decreto 90-02, emitido por Hipólito Mejía en enero de 2002, con el que se creó un fondo especial para cubrir los gastos de las actividades, servicios y eventos internacionales propios de la política exterior del Estado.
Con el decreto se establecía el precio por visas. Para la de turismo 35 dólares, la de negocio simple, estudiante y de dependencia, 50, y la de residencia y negocios múltiples, 60.
En su artículo 2, la disposición dice que cada cónsul debe remitir a la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores (hoy Mirex), un cheque certificado a favor de la Tesorería Nacional por valor de 15, 30 y 40 dólares, según los tipos de visas antes citados. Además, se ordenaba enviar otros 10 dólares por cada visa a favor del fondo especial.
Gutiérrez también es de los que entienden que los precios de los servicios consulares deben ser regulados y controlados por Cancillería que, también debería recibir todos los ingresos que ellos generen.
“En Europa tú tienes que hay varios consulados dentro de un mismo territorio. Tú ves en España: en Barcelona, Madrid, en Sevilla, Valencia… que son consulados de carrera. Yo trabajaba con los precios de carrera, y después tú te enterabas por ahí de que las otras misiones aumentaban 10 o 20 euros al servicio. Por eso, esa es una parte que debe de ser monitoreada y controlada por la casa, por la sede”, narra.
