Baja la población carcelaria, no la prisión preventiva
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, asegura que ha bajado la población carcelaria pero no los requerimientos y/o las solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, en contraposición de lo establecido en el artículo 40-9 de la Constitución y del artículo 14 del Código Procesal Penal, que establecen que la imposición de la prisión preventiva es excepcional.
De acuerdo con Santos, la reducción de la población carcelaria se debe a las salidas de privados de libertad que cumplen sus penas, variación de la medida de coerción, por suspensión condicional de la pena y de procedimiento, cambio de modalidad de la penal, fallecimientos y salidas alternas.
“Realmente, existe un incremento de la imposición de la prisión preventiva en el país, con toda firmeza lo aseguramos, puesto que la Defensa Pública maneja del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional, sin ningún interés particular de inflar o disminuir datos, pues contamos con bases de datos que se alimentan diariamente por las ejecuciones y actividades que realizan los defensores públicos”, afirmó.
En el primer semestre del año 2022, el número de prisión preventiva impuesta a usuarios de la institución fue de 3,427; esto incluye fianzas de imposible cumplimiento, en el mismo plazo de tiempo.
Para el presente año, la cantidad de prisión preventiva impuesta ha sido de 3,758, es decir, ha habido un incremento de un 10 % en la jurisdicción de adultos.
En ese mismo orden, para la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, el primer semestre del año 2022 se impusieron 170 prisiones preventivas. En 2023, para ese mismo periodo, se han impuesto 188, para un incremento de un 11 %. Estos datos expresan que ciertamente se ha incrementado la prisión preventiva.
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“El Poder Judicial ha venido desarrollando un plan para optimizar el proceso penal, a través de una justicia humana, restaurativa, accesible y sobre todo de reinserción. De la misma manera, se ha pronunciado la Procuraduría General, no todos los casos deben ser judicializados. Sin embargo, hay jueces y fiscales que hacen casos omisos a ese llamado, pues hay jueces cobardes, temerosos, y que responden a los dictámenes del ministerio público, también hay ministerios públicos a los que es necesario fortalecer las competencias para que sean verdaderos árbitros, conciliadores, mediadores ante conflictos sociales de sus respectivas jurisdicciones, para evitar que hagan un flaco servicio a favor de la progresividad de la armonía social, y no solo piensen en prisión preventiva como mecanismo resolutivo”, opinó Santos.
Agregó que “si bien los procesos de reforma de la justicia penal concretaron cambios y ciertos avances en materia judicial y penitenciaria, no han podido reducir de fondo el problema de los presos preventivos; aún siguen sin ser respetados los presupuestos de la aplicación de la prisión preventiva funcionales a un estado de derecho”.
Santos pide mantener las reuniones de mesas interinstitucionales, a los fines de garantizar un verdadero estado social y de derecho, mostrando los operadores del sistema, la búsqueda de la paz y armonía social, ésta sólo se logra si razonablemente buscamos alcanzar una justicia restaurativa y no retributiva.
“Debemos replantear el problema, los números no resuelven, es clave revisar los criterios aceptados internacionalmente para la imposición de esta medida, a la luz de las protecciones que formulan los pactos y convenios de derechos humanos”, solicitó.
