Categoría: Noticias

El presidente Luis Abinader ordenó la extradición de una dominicana solicitada por el Gobierno de Italia para que cumpla una condena por tráfico de estupefacientes en ese país, delito que se le sindica por un hecho ocurrido hace 16 años, informó la noche de este miércoles la Presidencia.

Para hacer efectiva su decisión, el mandatario emitió el decreto 384-23 con fecha del 29 de agosto de 2023.

En dicho documento, se establece que la justicia italiana solicitó el pasado 21 de abril de este año la extradición de la dominicana María Isabel Gutiérrez Reynoso para que cumpla una pena de siete años, siete meses y 29 días de prisión.

A Gutiérrez se le sindica “el delito de asociación para delinquir dirigida al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, cometido en Osimo y otros lugares hasta el 4 de abril de 2007, así como por delitos de tenencia ilícita, transporte y cesión en participación de sustancias estupefacientes de tipo cocaína, cometidos en provincia de Macerata, Montecassino, Falconara Marittima, Osimo entre el 14 de febrero de 2007 y el 5 de abril de 2007″.

El pasado 6 de noviembre de 2014, el Tribunal de Apelación de Ancona le impuso la referida condena a la dominicana mediante la sentencia núm. 3796/2017.

Condicionantes de la extradición

Así como otras extradiciones, el presidente Abinader condiciona el traslado de Gutiérrez Reynoso al país receptor para que «bajo ninguna circunstancia» se le juzgue por infracciones diferentes a las que motivan su extradición, ni se le aplique una pena mayor a la máxima establecida en la legislación penal de la República Dominicana, ni la pena de muerte.

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El alcalde de San Cristóbal, José Montás, defendió y validó este miércoles el informe del Cuerpo de Bomberos de ese municipio en el que detalla las posibles causas de la explosión que dejó 34 muertos, más de 50 heridos, varios comercios destruidos y una población consternada.

«Respaldamos en todo su contenido el informe que ha hecho el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, porque sabemos que es un informe apegado a los principios a los hechos que se produjeron el pasado 14 de febrero (quiso decir 14 de agosto)», dijo Montás. 

El edil se refirió al tema al ser consultado sobre las declaraciones de la defensa de Vidal Plast, la empresa que tenía el local donde se originó el siniestro, y cuyos dueños fueron detenidos la madrugada del miércoles. El local estaba ubicado en un antiguo mercado entre la calle Padre Ayala casi esquina Jacinto J. Peynado, en la zona céntrica del municipio de San Cristóbal.

Horas antes, el abogado Norberto Rondón dijo que el inmueble ya estaba en manos de la Alcaldía. En ese sentido, Montás expresó que desde noviembre del 2021 se comenzó a pedir los locales para alistar el terreno donde se construiría un parqueo municipal, cuyo primer picazo sería el día siguiente al de la explosión.

Sin embargo, Vidal Plast era el único que no había entregado el local. Dijo desconocer las razones, aunque aclaró que no se oponían, sino que fueron lentos en abandonar el lugar. 

«Yo pienso que ustedes tienen que preguntarles a ellos por qué permanecían ahí», expresó Montás tras cuestionamientos de los periodistas.

Y agregó que el impasse no está centrado en determinar en quién salió y quién no salió del lugar, sino que en el lugar donde ocurrió una explosión que dejó 34 muertos.

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Ante la posibilidad de una demanda de Vidal Plast contra la Alcaldía de San Cristóbal, Montás respondió que ningún de los locales estaba regulados por la entidad. Por lo tanto, «si hay que tiene que demandar a alguien somos nosotros». 

El documento del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal señala que en el local donde se originó la explosión se encontró peróxido orgánico, un químico que pudo generar el estallido. 

El informe fue remitido al Ministerio Público, órgano que comenzó el proceso legal con la detención de los propietarios de la pyme.

El Episcopado Dominicano manifestó este miércoles su solidaridad con la «perseguida» y «violentada» Iglesia católica en Nicaragua y expresaron su «dolor» por la «condena injusta» al monseñor nicaragüense Rolando José Álvarez Lago, a quien un tribunal impuso 26 años de prisión en febrero pasado.

«Nos duele la condena injusta a monseñor Rolando José Álvarez Lago, a los sacerdotes, agentes de pastoral y laicos prisioneros, la situación de las diócesis de Matagalpa y de León privadas improcedentemente de sus pastores», afirmó en un documento la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la de Estelí, fue sentenciado por supuestamente «traicionar a la patria», después de rechazar irse al exilio junto a otros miembros de la Iglesia católica de su país y tras permanecer en prisión desde agosto de 2022.

La Iglesia católica dominicana destacó que causan «indignación» las amenazas y expulsiones de congregaciones religiosas, así como la confiscación de universidades católicas, la anulación de la nacionalidad a los que se oponen al sistema establecido y el impedimento de expresar la fe en las calles en Nicaragua.

También lamentó la persecución a las comunidades eclesiales y grupos sociales, al igual que «la pretensión de silenciar el liderazgo eclesial y nacional por parte del régimen de Daniel Ortega».

«En un momento de nuestra historia nos tocó pasar por hechos similares al final de una férrea dictadura», señaló el documento, en referencia a la tiranía que impuso en República Dominicana Rafael Trujillo Molina (1930-1961).

La Conferencia del Episcopado Dominicano transmite «a nuestros queridos hermanos obispos de la Iglesia católica en Nicaragua y a todo el pueblo, como lo hicimos en la carta enviada a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en agosto de 2022, nuestra cercanía espiritual, solidaridad en el sufrimiento y la promesa de nuestras plegarias al Dios de la vida, al Príncipe de la Paz y al Señor de los Señores».

Esto, según los obispos, «para que les regale la perseverancia, la libertad, la serenidad, y la confianza en Aquel que nos asegura su victoria a pesar de las dificultades».

«Les encomendamos, de manera especial, a nuestra madre María, la Purísima, que tanto aman los nicaragüenses», añadieron.

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Universidades dominicanas «repudian» la «intervención» contra la jesuita UCA en Nicaragua

El ministro de Educación, Ángel Hernández, recibió este miércoles en su despacho la visita de representantes de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP), donde intercambiaron propuestas para lograr los cambios cuantitativos y cualitativos que demanda la educación del país.

El Minerd informó que durante la reunión, el ministro escuchó los planteamientos señalados por la entidad, entre ellos la inclusión de los maestros de colegios privados en los programas de capacitación que ofrece el Minerd a sus docentes, así como readecuación de las fechas en las que el Ministerio de Educación realiza las convocatorias a los concursos de oposición para que la migración de maestros no les afecte su desempeño. 

De acuerdo con una nota del Ministerio de Educación, Hernández reconoció el esfuerzo y los aportes que realiza ese sector a la educación del país y se comprometió a dar seguimiento a cada una de sus inquietudes, a la vez que puso a su disposición el uso de los nuevos libros de texto, que pueden ser descargados, de manera gratuita, a través de la plataforma del Minerd.

Asimismo, Amelia Espaillat, presidenta de la UDIEP, al hablar en nombre de la comisión, agradeció al ministro que haya incluido al sector educativo privado en las actividades del Ministerio, lo que consideró como «significativo y simbólico», y dijo que espera que esto se mantenga para que los colegios no sean olvidados.

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“Estamos agradecidos del apoyo brindado y del gesto de hacer visible al sector privado para darnos fuerzas, porque hacemos un gran trabajo y somos un soporte para la educación y lo hacemos con mucho compromiso”, sostuvo Espaillat.

La jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, rechazó este miércoles el pedimento de variación de medida de coerción a Carmen Magaly Medina y Fernando Rosa, imputados por el Ministerio Público en el supuesto entramado de corrupción Antipulpo, que tiene como principal implicado a Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.

Las barras de las defensas de Medina Sánchez y Rosa solicitaron el cese de arresto domiciliario que pesa contra ambos acusados, y que en cambio se le permita continuar el juicio de fondo de este caso en libertad.

Lo que sí tuvo a bien acoger la magistrada titular del tribunal fue la solicitud de que le sea retirado el localizador electrónico a Fernando Rosa Rosa, dispositivo que lleva puesto hace un año en su hogar de la provincia Santiago.

La presidenta de la sala alegó que los presupuestos presentados por las defensas no fueron relevantes en el momento procesal de este caso para que se materialice una variación del arresto domiciliario.

En ese sentido, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, declaró a su salida del tribunal que el próximo 11 de septiembre continuará el juicio de fondo contra los encartados en la Operación Antipulpo.

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Carmen Magalys Medina y Fernando Rosa Rosa tienen ya más de 30 meses bajo medidas de coerción. La primera fue prisión preventiva y ahora siguen en arresto domiciliario.

Según el órgano acusador, estos forman parte de un supuesto entramado de corrupción que desfalcó al Estado, malversó fondos y lavó activos por más de 5,000 millones de pesos.

Además de Mirna Ortiz, el órgano persecutor estuvo representado en esta audiencia por los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Yoneiby González y Héctor García.

La Policía Nacional identificó la noche de este miércoles a dos nacionales haitianos como los supuestos responsables de ultimar de un tiro a un teniente de la institución, cuyo cuerpo fue hallado atado en las inmediaciones de la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este.

Diego Pesqueira, encargado de Comunicaciones de la Policía Nacional, señaló a Adrixon Dpestre Sene (Anderson), de 33 años y Tomy Tulisse Desarmes, de 43 años, por la muerte del oficial José Joaquín Encarnación Montero, de 42 años.

Dijo que el llamado Tomy residía en una propiedad del hoy occiso.

“Existen pruebas, hasta ahora, fehacientes y concluyentes que evidencian que estas dos personas, nacionales haitianos, son los responsables de este hecho y cuyas pruebas serán presentadas en el proceso investigativo”, acotó Pesqueira durante una rueda de prensa ofrecida en el destacamento Felicidad, ubicado en el sector Los Mina.

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La Policía dijo que alias Anderson, es residente en el sector de Piedra Blanca, en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, y Tomy Tulisse Desarmes, en Boca Chica, provincia Santo Domingo. 

El presidente Luis Abinader ordenó la extradición de una dominicana solicitada por el Gobierno de Italia para que cumpla una condena por tráfico de estupefacientes en ese país, delito que se le sindica por un hecho ocurrido hace 16 años, informó la noche de este miércoles la Presidencia.

Para hacer efectiva su decisión, el mandatario emitió el decreto 384-23 con fecha del 29 de agosto de 2023.

En dicho documento, se establece que la justicia italiana solicitó el pasado 21 de abril de este año la extradición de la dominicana María Isabel Gutiérrez Reynoso para que cumpla una pena de siete años, siete meses y 29 días de prisión.

A Gutiérrez se le sindica “el delito de asociación para delinquir dirigida al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, cometido en Osimo y otros lugares hasta el 4 de abril de 2007, así como por delitos de tenencia ilícita, transporte y cesión en participación de sustancias estupefacientes de tipo cocaína, cometidos en provincia de Macerata, Montecassino, Falconara Marittima, Osimo entre el 14 de febrero de 2007 y el 5 de abril de 2007″.

El pasado 6 de noviembre de 2014, el Tribunal de Apelación de Ancona le impuso la referida condena a la dominicana mediante la sentencia núm. 3796/2017.

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Los ciudadanos de Santo Domingo pudieron observar la noche de este miércoles la «más grande y brillante luna» del año, un fenómeno que fue anunciado por agencias internacionales, y del cual muchos estuvieron atentos para no perderse «la superluna azul». 

Sin embargo, el color con que el apareció el satélite en el cielo no fue como se esperaba y decepcionó. 

Una nota del medio alemán DW explica que cuando se habla de superluna, esto significa que el satélite terrestre posicionará su órbita más cerca de la Tierra de lo habitual, específicamente a 357.344 kilómetros de distancia, el punto más cercano a nuestro planeta en 2023, y destacará por su gran tamaño y su intenso brillo.

Se trata de la segunda luna llena en un mes -la primera fue el 1 de agosto-, razón por la que recibe el nombre de azul, aunque nada tiene que ver con el color, así que quien pretenda observar una luna teñida quedará probablemente decepcionado, detalla. 

«Será una superluna. Las publicaciones utilizan diferentes umbrales para decidir qué lunas califican como ‘súper’, pero todas coinciden en que en 2023 las dos lunas llenas de agosto califican», afirmó la NASA en un comunicado, agrega la publicación. 

El alcalde de San Cristóbal, José Montás, defendió y validó este miércoles el informe del Cuerpo de Bomberos de ese municipio en el que detalla las posibles causas de la explosión que dejó 34 muertos, más de 50 heridos, varios comercios destruidos y una población consternada.

«Respaldamos en todo su contenido el informe que ha hecho el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, porque sabemos que es un informe apegado a los principios a los hechos que se produjeron el pasado 14 de febrero (quiso decir 14 de agosto)», dijo Montás. 

El edil se refirió al tema al ser consultado sobre las declaraciones de la defensa de Vidal Plast, la empresa que tenía el local donde se originó el siniestro, y cuyos dueños fueron detenidos la madrugada del miércoles. El local estaba ubicado en un antiguo mercado entre la calle Padre Ayala casi esquina Jacinto J. Peynado, en la zona céntrica del municipio de San Cristóbal.

Horas antes, el abogado Norberto Rondón dijo que el inmueble ya estaba en manos de la Alcaldía. En ese sentido, Montás expresó que desde noviembre del 2021 se comenzó a pedir los locales para alistar el terreno donde se construiría un parqueo municipal, cuyo primer picazo sería el día siguiente al de la explosión.

Sin embargo, Vidal Plast era el único que no había entregado el local. Dijo desconocer las razones, aunque aclaró que no se oponían, sino que fueron lentos en abandonar el lugar. 

«Yo pienso que ustedes tienen que preguntarles a ellos por qué permanecían ahí», expresó Montás tras cuestionamientos de los periodistas.

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El documento del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal señala que en el local donde se originó la explosión se encontró peróxido orgánico, un químico que pudo generar el estallido. 

El informe fue remitido al Ministerio Público, órgano que comenzó el proceso legal con la detención de los propietarios de la pyme.

El caso en contra del torpedero dominicano Wander Franco parece seguir complicándose para el jugador, de acuerdo a un reporte de ESPN, citando fuentes de la Procuraduría General de la República.

Según el reporte, habría una segunda querella formal en contra del jugador que se encuentra en licencia administrativa hace ocho días, luego de agotar siete en la lista restringida, desde que la Major League Baseball comenzó la investigación en su contra.

Diario Libre reportó originalmente que el pasado 17 de julio se interpuso una querella de una joven de 17 años contra Franco, de 22 años.

Según ESPN Digital, la segunda querella se interpuso posterior al reporte de Diario Libre.

Esta menor de edad, cuya edad no se especificó le habría dicho a las autoridades que ella también tuvo una relación con Franco. 

También se reportó que existe una tercera menor de edad sujeto de investigación, pero no existe una querella.

La investigación de Grandes Ligas contra el jugador comenzó el domingo 13 de agosto, luego que unas fotos de una joven que decía tener 14 años publicó en redes sociales mensajes acusando a Franco de pedófilo.

Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes

La pesquisa penal contra el pelotero está siendo llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, que preside Olga Diná Llaverías.

Fuentes de la PGR le indicaron recientemente a Diario Libre que el proceso se ha tomado más tiempo del anticipado originalmente por la cantidad de información que están manejando actualmente.

De acuerdo a las leyes dominicanas, específicamente la 136-03 o Código del Menor, no es necesario que los tutores de las menores depositen una querella formal para que las autoridades actúen.

Aunque formalmente existe una querella contra Franco, ningún abogado se ha presentado ante la fiscalía dominicana para representar los intereses del jugador, reportó la cadena estadounidense.

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En Estados Unidos, Franco contrató los servicios del penalista Jay Resinger, quien en el pasado defendió al venezolano Felipe Vázquez, condenado a cuatro años de prisión por tener relaciones sexuales con una menor en la Florida.

El lanzador tiene también un caso pendiente por otra acusación, en el estado de Pennsylvania.

Un mes para fin de temporada

La temporada regular de las Grandes Ligas finaliza el 30 de septiembre y se espera que Franco se mantenga fuera de juego mientras se encuentre en el proceso de investigación.

Generalmente, cuando existen procesos criminales abiertos, la oficina de MLB no decide sanciones contra jugadores para que esas decisiones no influyan en los resultados de los mismos.

Por eso, se duda que Franco regrese este año.