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La Dirección General de Aduanas (DGA), informó este martes que más de 45,133 contenedores han sido despachados en 24 horas o menos en los dos años de implementación del programa Despacho en 24 horas (D24H).  

La entidad dijo que esa reducción en los tiempos de despacho ha beneficiado a 6,388 importadores, de los cuales el 68% son Pymes.

En ese sentido, destacó que eso ha sido posible porque se han puesto en ejecución más de 100 mejoras tecnológicas al D24H que han contribuido a mejorar un 30% en los procesos y tiempos de Aduanas y un 300% en la prestación de carga anticipada.

Además, afirmó que en ese período se despacharon más de 92,408 contenedores de un día para otro y 64,158 manifiestos se presentaron de forma anticipada.

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Los datos fueron ofrecidos durante la celebración del «Premio a la Excelencia», que entrega la institución a las empresas que mayores mejoras han hecho en sus tiempos de despacho.

«Esta no es una labor de la Dirección General de Aduanas. Es una labor, primero del presidente Luis Abinader y luego de un grupo de instituciones donde tenemos que mencionar al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Medio Ambiente», dijo el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón al pronunciar las palabras centrales de la premiación.

También afirmó que, la eficiencia que se ha puesto en marcha ha logrado que el país haya pasado de promediar 7 días en los tiempos de despacho a dos días y 24 horas en todo lo que sale de República Dominicana.

Lovatón aseguró, que esas son parte de las medidas que han hecho que en los últimos tres años, Republica Dominicana promedie más de 5,000 millones de dólares de inversión extranjera y más de 1,000 millones en exportación mensual solamente en el sector de zonas francas.

El premio a la excelencia le fue entregado a las empresas RH Mejía & Co y a Cutler Hammer Industries.

Otras empresas fueron premiadas en categorías como Ahorro en Costos, Procesos Anticipados, Eficiencia en VUCE, Mayor Volumen de Contenedores D24H y Mayor Volumen de Contenedores Importados.

El diputado Pedro Martínez, del partido Alianza País, expresó este martes que pedirá a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que investigue al Superintendente de Pensiones, Francisco Torres, por la compra de acciones de César Iglesias.

La transacción a la que se refiere el diputado fue ejecutada por tres Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y totalizó el monto de RD$3,492,190,033.56, una operación que convierte a más de tres millones de afiliados en accionistas directos de la empresa.

El diputado Martínez dijo que la Cámara de Diputados investigará al Superintendente de Pensiones porque la acción monetaria «expone los fondos» que pertenecen a los trabajadores y se convierte en «un riesgo evidente».

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«Por eso exigimos del ente regulador una explicación pormenorizada acerca del efecto posible que puede tener esta acción sobre los fondos y su rentabilidad futura», sostuvo Martínez.

También, el diputado hizo un llamado a los representantes de los trabajadores en los diferentes órganos de la Seguridad Social, a quienes exhortó que expresen sus puntos de vista en el Congreso para que los empleados puedan conocer más detalles de la millonaria transacción que involucra sus ahorros.

El congresista explicó que, aunque este tipo de inversiones no es ilegal, las transacciones deben garantizar una rentabilidad real y no perdidas.

CARD pide acciones legales

En ese sentido, el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) pidió a la Procuraduría General de la República tomar acciones legales por la operación que calificó como «ilegal» y exigió más claridad en el caso, de manera que los trabajadores tengan explicación de sus fondos.

La explosión ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal afectó a unas 83 edificaciones en un perímetro de seis cuadras, según un levantamiento realizado por la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

De estas edificaciones –destinadas en su mayoría a la actividad comercial–, poco más de una docena estarían aseguradas, informó el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), James García. Según un levantamiento preliminar, los daños causados por el incendio a estos negocios oscilan entre los 100 y los 200 millones de pesos.

García lamentó la cantidad de negocios en la zona que quedaron desprotegidos ante la catástrofe, que ya ha costado la vida de 33 personas, y dijo que algunos de ellos contemplaban sumas «relativamente importantes».

«Ya se han trabajado los siniestros; hemos trabajado con la Superintendencia de Seguros, porque ellos están muy interesados en que nosotros atendamos rápido los siniestros, como debe ser», explicó García en un encuentro hoy con la prensa para hablar sobre la realidad y desafíos del seguro de viviendas en la República Dominicana.

Impacto de la explosión

Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, la explosión y el incendio ocurridos el pasado 14 de agosto fueron provocados por la emanación de gases combustibles sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast.

El epicentro de la explosión ocurrió en la calle Padre Ayala casi esquina Jacinto J. Peynado, y las ondas expansivas afectaron las edificaciones y los vehículos del entorno debido a la gran cantidad de calor generado por el siniestro.

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La evaluación realizada por Onesvie el pasado 22 de agosto determinó que el 6 % de las edificaciones de viviendas tuvo daños estructurales, el 27 % no tuvo daños estructurales y el 67 % de las edificaciones en general no sufrió daños en sus estructuras.

En ese informe se recomendó la demolición de tres edificaciones comerciales que resultaron afectadas: la tienda Toledo, Agro Veterinaria La Esperanza y un edificio en el que funcionaba una oficina de Gestión del Banreservas.

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Daños por Franklin fueron menores

En cuanto al paso de la tormenta Franklin, ahora convertida en huracán, García explicó que las pérdidas en las edificaciones aseguradas fueron «muy bajas». Sin embargo, señaló que la junta directiva de Cadoar está trabajando en un informe preliminar al respecto, que se emitirá la próxima semana.

García afirmó que la mayoría de las viviendas afectadas por inundaciones carecían de seguro, lo cual refleja una cultura del seguro «muy baja» en República Dominicana. Indició que solo hay 17,600 viviendas aseguradas de las 3.7 millones que están ocupadas cuantificadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022.

Calificó esta situación como «dramática», ya que los efectos del cambio climático están haciendo aún más vulnerable a una isla que es susceptible a huracanes y terremotos.

• García mencionó que solo por el paso del huracán Fiona el 19 de septiembre del año pasado, las aseguradoras pagaron más de 6,000 millones de pesos, y solo Seguros SURA, compañía que preside, reportó 372 viviendas afectadas.

Dos hombres que guardaban prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria se fugaron este martes mientras eran trasladados desde el referido penal a un tribunal de San Pedro de Macorís. Durante el suceso resultó herido un agente policial.

El hecho se produjo cuando los privados de libertad Jony Oscar Charles, Johnny Alexander Castro y Enrique Valerio, quienes se encontraban bajo la custodia policial del sargento mayor Modesto Ignacio Jiménez y el sargento José Ramón Sánchez, de la Policía Nacional, se dirigían a un tribunal y fueron interceptados por desconocidos en las inmediaciones de la carretera Mella, a la altura de la zona de Los Chinos.

Un comunicado de Prensa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) explica que un camión Mitsubishi, placa L004960, bloqueó el tránsito, impidiendo que el minibús que transportaba a los reos avanzara. Mientras, desde un vehículo marca Ford Explorer color negro, con placa de exhibición, se realizaron múltiples disparos, logrando raptar a los los internos Jony Oscar Charles, Johnny Alexander Castro, acusados en un mismo expediente. 

En medio del incidente, resultó herido de bala el chofer Joel Peralta que trasladaba a los privados de libertad, el cual fue dejado abandonado en el cruce de Guerra. 

En la zona donde se produjo el secuestro fue encontrado una radio de comunicación, dentro del camión que fue abandonado. 

La DGSPC informó que las autoridades penitenciarias y los organismos de seguridad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria persiguen a los dos privados de libertad.  El comandante Operativo I, del Departamento Penitenciaría Nacional de La Victoria, coronel Ezequiel Reyes, inmediatamente dio instrucciones para activar el protocolo de búsqueda de los internos fugados. 

La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, mediante el cual las autoridades informaron que continúan con las investigaciones.

La emanación de gases combustibles sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast provocó la explosión e incendio ocurrida la tarde del lunes 14 de agosto en San Cristóbal, que ha dejado al menos 33 muertos.

De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmosfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que estos fueron consumidos por el mismo fuego desapareciendo su rastro.

“En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales al estar encerrados y no poder ventilar creando una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida”, dice el informe que no menciona por su nombre a la empresa.

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el epicentro de la explosión fue localizado en la calle Padre Ayala casi esquina Jacinto J. Peynado, información que fue corroborada por imágenes y videos.

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A la explosión le siguieron varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas que afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando gran cantidad de energía calorífica que alcanzó las propiedades que resultaron afectadas, lo que, según el informe, evidencia la gran cantidad de combustibles acumulada en dicho lugar.

La investigación destaca en marzo de este año en el referido local se generó un siniestro y se reportó el hallazgo de un producto llamado Peróxido Orgánico 5.2, el cual tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas y requiere almacenamiento a temperatura menor a 20 grados Celsius.

Responsabilidad penal

El 18 de agosto el Ministerio Público informó que el origen de la explosión se ubicaba en la empresa Vidal Plast, registrada como «una fábrica dedicada al reciclaje y la compra y ventas de materiales plásticos en general».

El organismo adelantó en una nota de prensa que tenía a varias personas bajo investigación y dijo que poseía evidencias que «comprometen la responsabilidad penal de responsables que, con sus acciones, causaron daños irreparables en la población cristobalense».

Sobre el siniestro de marzo, el Ministerio Público dijo que tiene prueba de que en la recicladora se registró un fuego «ocasionado por el contacto entre chispas y un químico y los responsables de Vidal Plast no tomaron ninguna medida, a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones».

El Ministerio de Educación inició el martes la distribución de los libros de texto a las escuelas públicas para el año escolar 2023-2024 en la provincia Santiago.

Lázaro Jiménez, en representación de la institución estatal en el distrito 08-05, encabezó el reparto.

El funcionario destacó que los libros están adecuados al nuevo diseño curricular, con las transformaciones y competencias necesarias, para que los niños y niñas de los centros educativos puedan interactuar.

Informó que en la regional 08-05 se entregarán los textos de las diferentes asignaturas a 31,648 estudiantes en los niveles primario y secundario.

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La distribución se lleva a cabo durante el segundo día del inicio del año escolar 2023-2024, que tuvo lugar el lunes 28 de agosto.

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Además, la entrega se realiza de manera simultánea en todas las regionales del Ministerio de Educación a nivel nacional.

Los fugitivos Jony Oscar Charles y Johnny Alexander Castro, los hombres que se fugaron este martes 29 de agosto cuando eran trasladados desde la cárcel La Victoria hacia el palacio de justicia de San Pedro de Macorís, están implicados en el asesinato de Cristian Miguel González Ramírez, apodado Nicky Loco, y Enmanuel Batista Herrera (Romanita) en el año 2017.

Los que hoy están prófugos eran, alegadamente, miembros de la banda de El Ganso en San Pedro de Macorís y son acusados de matar a Romanita y Nicky Loco como venganza.

En el año 2016, el enfrentamiento entre las bandas de Nicky Loco y El Ganso dejó al menos seis muertos.

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El Ganso habría mandado a matar a Bombón, hermano de Nicky, y este habría mandado a matar a El Ganso, lo que provocó una persecución que terminó con los dos muertos en San Pedro de Macorís.

Nicky Loco, como era conocido, era propietario de una banca de apuestas y se le atribuían, a sus 37 años de edad, unidades en el transporte urbano de San Pedro de Macorís, así como otras inversiones.

Pedro Núñez, procurador fiscal de entonces en San Pedro de Macorís, confirmó que Romanita murió en el lugar de la balacera, mientras que Nicky Loco habría llegado muerto al hospital regional Antonio Musa, donde fue trasladado.

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