Los acusados de recibir 3.5 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña que suplió al país de ocho aviones Super Tucano adquiridos para combatir el narcotráfico, solicitaron al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción penal del caso por el vencimiento del plazo máximo.
Los imputados alegan que el proceso en su contra cumplirá seis años en los tribunales, pasándose del tiempo que estipula la Ley 10-15 que modifica la 76-02 del Código Procesal Penal.
A la solicitud, el Ministerio Público respondió que más del 90 por ciento de los aplazamientos han sido por los acusados “para pretender beneficiarse por una prerrogativa de la ley que es el vencimiento por el plazo máximo”
El inicio del nuevo juicio de fondo por las coimas fue aplazado este lunes por cuarta vez por el tribunal. Esta vez para el próximo 14 del mes de septiembre, día en el que dará a conocer su decisión sobre el pedimento de los abogados del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; del coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor .
El artículo 148 de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal establece que “la duración máxima de todo proceso es de cuatro años”, cuyo plazo “sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos”.
No obstante, el mismo artículo dispone que “los períodos de suspensión generados como consecuencia de dilaciones indebidas o tácticas dilatorias provocadas por el imputado y su defensa no constituyen parte integral del cómputo de este plazo”.
En ese sentido la procuradora adjunta Mirna Ortiz dijo que si el caso de corrupción no ha avanzado es por culpa de los mismos imputados, por lo que no pueden beneficiarse de una extinción.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), deploró las tácticas dilatorias utilizadas por las defensas de los acusados.
Peña Antonio, Piccini y los demás imputados enfrentan un nuevo juicio luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera la solicitud del Ministerio Público y anulara en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado, mediante la cual fueron descargados.
El pasado 4 de agosto el inicio del nuevo juicio fue aplazado para el 17 de este mismo mes, después para el 21 y posteriormente para este lunes 28 de agosto, luego de que el tribunal acogiera peticiones de las defensas.
El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano, en el año 2007.
El contrato para comprar las ocho aeronaves adquiridas por el Estado dominicano para combatir el narcotráfico tuvo un costo total de US$93,697,887 y se firmó el 6 de agosto del 2007.
El Congreso Nacional aprobó el contrato de préstamo para la compra de las aeronaves en noviembre del 2008, el cual había sido sometido por el Poder Ejecutivo que en ese entonces encabezaba el expresidente Leonel Fernández. El financiamiento se hizo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.
