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La Policía Nacional informó que apresado ayer jueves en una comunidad de La Vega un hombre que la mañana del mismo día amenazó con una escopeta a un ciudadano en lo que se presume ser por un accidente de tránsito. Un comunicado señaló que el detenido es José Odalis Paulino Santos (Daris), de 52 años […]
La escasez de agua en la República Dominicana ha llevado a las autoridades a evaluar posibles soluciones como la construcción de presas sobre los ríos Haina y Ozama, proyectos viejos o procesos de desalación o desalinización, que consisten en eliminar la sal del agua de mar o el agua salobre. Esta última alternativa, contemplada en el Pacto del Agua, “no está muy lejos”, de acuerdo a lo expresado por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, quien informó a Diario Libre los planes de esa entidad de desarrollar un plan piloto de desalación en varias demarcaciones del país.
Isla Saona, Oviedo (Pedernales) y Buen Hombre (Montecristi) son los tres espacios en donde se implementaría este plan piloto, cuya puesta en marcha estaría prevista para inicios del 2024.
La desalación es un proceso que ha sido descrito como costoso. Referente a esto, Arnaud indicó: “Nosotros tenemos un modelo de desalinización que no es tan costoso. Hay dos formas de desalinizar: una es la extracción directa desde el mar, que solamente se aprovecha el 50 % del agua y entonces el tratamiento es más costoso”.
Extraer agua salobre
El otro modelo abarca la construcción de pozos para la extracción de un agua que es salobre “pero no está tan cargada de sal, tú aprovechas el 95 % del agua y el tratamiento es más económico”.
El funcionario agregó que para fines del proyecto que se encuentra en “fase embrionaria”, el Inapa adquirió un código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) que implica que un proyecto de inversión pública ha sido formulado y evaluado bajo estándares de calidad establecidos.
Sostuvo que, tras este paso, sigue un proceso de licitación. “No es un tema complejo de buscar agua dulce, el tema de agua salobre es más fácil”, detalló, y manifestó, referente a la inversión, que aún no tienen mayores detalles, sin embargo, prevén menores costos que con el modelo de captación en el mar.
Consultados sobre si el proyecto presenta algunos desafíos en términos ambientales, José Aybar, director de Supervisión y Fiscalización de la entidad, indicó que ambientalmente no es complicado “porque voy a tener la misma extracción de las aguas subterráneas; voy a bombear hacia el sistema de tratamiento de desalinización y luego esa agua tratada se va a llevar a un depósito regulador”.
Añadió que parte de los estudios implican el manejo que se le dará al agua rechazada o que tiene un alto contenido de sal. Citó que, en Oviedo, por ejemplo, se determinó la realización de pozos que reciban ese líquido.
El personal del Inapa hizo referencia a estudios que han advertido sobre el peligro que representan las plantas de desalinización y su producción de salmuera. Uno de estos estudios fue realizado en 2019 por un organismo de Naciones Unidas que detallaba que las plantas desalinizadoras que operan en el mundo producen un 50 % más de la salmuera estimada, cuyo efecto es importante en el incremento de la temperatura del mar y la reducción del oxígeno en el agua “causando graves daños a la vida acuática”.
Referente a esto, Miguel Bachá, quien funge como asesor del Inapa, indicó que existen procedimientos y que todo puede hacerse bien con la ingeniería sanitaria. “Cuando tú desalinizas, si sacas un metro de agua, puedes sacar medio desalinizada, tienes que devolver el medio que te queda con más sal a un espacio más lejos del punto de extracción, en esa zona tendrás el agua más salada, pero por dilución, luego se integra al mar; eso se estudia bien y se hace correctamente”, indicó.
El funcionario agregó que esta clase de procesos se realizan en países como Chile o Arabia Saudita.
El presidente Luis Abinader reunió a decenas de ministros, directores y demás funcionarios de su gobierno en el Palacio Nacional para conocer los daños dejados por la tormenta Franklin y elaborar un plan de reparación.
El mandatario se retiró y dejó al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, a cargo de una comisión que coordinará los trabajos.
Paliza informó que cada una de las instituciones deberá presentar sus planes operativos y las metas para atender las necesidades que quedaron manifiestas.
El presidente Abinader encargó a sus funcionarios hacer una evaluación de daños por Franklin. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)
Se espera que hoy presenten los informes y den a conocer las acciones a tomar.
Dijo que el Gobierno hará, “dentro de la mecánica de la función pública y en el esfuerzo de los próximos días, todo el movimiento adecuado para que la mayor parte de los dominicanos afectados pueda sentir la mano amiga del gobierno dominicano”.
“En las próximas horas estaremos, no solamente participando, interviniendo de forma directa en la suerte de esos dominicanos, sino anunciando algunas acciones puntuales”, dijo.
Afirmó: “No quedará un dominicano que, de una forma u otra, directa o indirectamente, haya sido impactado por este fenómeno que el gobierno dominicano no vaya en su atención”.
Costo
Estas operaciones tendrán un peso en las finanzas del Gobierno. Paliza admitió que estos fenómenos generan una presión económica sobre el Gobierno que no estaba prevista y siempre las instituciones, por menores que sean, incurren en gastos extraordinarios no presupuestados.
Afirmó que primero deben conocer cuáles son las necesidades reales, sobre todo en materia de Obras Públicas, acueductos o de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que son los daños más significativos en cantidad de recursos.
Operativos
Por lo pronto, están haciendo una intervención inmediata, fundamentalmente en el gran Santo Domingo, con la entrega de raciones cocidas y crudas.
Se ha instruido para que las empresas distribuidoras de Electricidad, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y las corporaciones de acueductos en todo el territorio puedan poner en funcionamiento, lo más pronto posible, los circuitos y acueductos que han quedado afectados.
Paliza prometió ayudar a las personas que permanecían en albergues para que puedan retornar a su vida normal.
Garantizó el inicio del año escolar 2023-24 sin contratiempos, en vista de que las escuelas no fueron utilizadas para albergar a personas desplazadas por posibles inundaciones.
Fumigación
El Ministerio de Salud Pública inicia ahora un programa para tocar las puertas de las personas en las localidades más afectadas y darles las dosis de profilaxis de leptospirosis y E. Coli.
Esta medida está dirigida, sobre todo, a las personas que se bañaron en las aguas sucias que corrían en las calles.
El ministro Daniel Rivera advirtió que estos individuos se expusieron a contraer leptospirosis, diarrea, conjuntivitis y otras enfermedades.
Salud Pública también inició un plan de fumigación para las siguientes 48 a 72 horas para matar a los mosquitos que transmiten enfermedades.
Esto se hará en las ciudades en las que hubo más precipitaciones: Azua, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San José de Ocoa.
Rivera señaló que los hospitales estuvieron tranquilos durante el paso de la tormenta y que no hubo mayores datos de accidentes y heridos.
En alerta
A pesar de que Franklin ha abandonado la República Dominicana, las autoridades mantienen en alerta amarilla 19 provincias, y 13 están en alerta verde.
En alerta amarilla están la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Barahona, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Espaillat, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Vega, San José de Ocoa, Azua, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, y La Altagracia.
En tanto que hasta el momento se han reportado dos personas fallecidas en San Cristóbal y un desaparecido en Santo Domingo Este.
330.7 milímetros
La tormenta tropical Franklin dejó un acumulado máximo de 330.7 milímetros de lluvia en tres días, informó la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos.
Las autoridades trabajan para restablecer el funcionamiento de los acueductos y servicios eléctricos afectados por Franklin. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó ayer 91 acueductos fuera de servicio, lo que significó la interrupción del suministro para 1,289,083 personas. En el caso de la capital, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví «Fellito», informó que fue restablecido el servicio de agua potable para el Gran Santo Domingo.En la parte eléctrica, siete circuitos salieron de servicio, impactando a 27,329 personas. El porcentaje de recuperación a nivel nacional era de 93.44%. En el caso de la Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), su gerente general, Milton Morrison, aseguró que ya habían restablecido el servicio al 99.5 % de los usuarios. La cantidad de viviendas afectadas fueron 678, tres de ellas destruidas. Hasta ayer a las 11:00 de la mañana sólo quedaban 89 personas en nueve albergues. Unas 24 comunidades permanecían incomunicadas.
Este viernes vence el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para que los partidos políticos retiren las vallas, afiches y propaganda de los espacios públicos.
La advertencia fue hecha en un comunicado de admonición, firmado por el Pleno de la Junta, en el que advertían a las organizaciones políticas las medidas que se tomarían en su contra en caso de hacer caso omiso.
Desde que se dio a conocer el comunicado, los principales partidos de oposición han rechazado acatar las disposiciones de la Junta, alegando que ésta actúa por presiones del oficialismo.
La admonición de la JCE señala que, en caso de no cumplir con lo que se le ordena, se “impondrán las medidas cautelares pertinentes e impondrá las sanciones administrativas previstas por la legislación dominicana”.
Este órgano ordenó a los partidos parar en lo inmediato los actos proselitistas hasta que sea abierto el período de campaña electoral, acción que recibió el rechazo de esas organizaciones por considerar que se les vulnera los derechos.
Los partidos acusaron a la JCE de actuar fuera de la ley puesto que el marco que utilizan como referencia para hacer cumplimiento del comunicado el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional han declarado anulados varios de los numerales del artículo 44 por considerarlos violatorios.
Ante esto, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) se unieron y depositaron ante la JCE una instancia contra el comunicado de admonición.
Mostraron su preocupación en torno al comunicado y manifestaron que con estas acciones la JCE pierde credibilidad.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, dijo que tras recibir comunicaciones de los partidos y de precandidatos a puestos de elección popular estarán revisando las sentencias del Tribunal Constitucional y ver el impacto de estas tienen sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 33-18.
“La JCE oportunamente responderá y analizará desde luego, porque somos respetuoso del poder jurisdiccional y nuestra función es hacer respetar la Constitución, las leyes y la sentencias que se nos vinculan”, expresó.
Comunicado MAP
De cara a las elecciones del 2024 tanto el Ministerio de Administración Pública (MAP), como la Junta Central Electoral (JCE), han emitido resoluciones y circulares en torno a la participación de los funcionarios en la campaña política.
A través de la circular No. 013657 el MAP se refirió a la participación de los funcionarios y servidores públicos con aspiraciones a puestos de elección popular, donde el principal llamado se hace a las oficinas de recursos humanos para que realicen los movimientos a nivel interno y se les conceda licencia sin disfrute de sueldo a estos.
De acuerdo a lo establecido en la ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral en su artículo 145, todos los funcionarios públicos de los organismos autónomos y los ayuntamientos que se postulen a cargos de elección popular y le sea aceptada su candidatura por la JCE deberán tomar una licencia de sus funciones.
El llamado del MAP va dirigido específicamente a los ministros, la Contraloría General, Consultor Jurídico, directores generales y nacionales, administradores y subadministradores de los órganos y entes descentralizados.
“En virtud de este mandato legal, es obligatorio para todos funcionarios o servidor público de los organismos autónomos y descentralizados del Estado y los gobiernos locales, salvo los que ya ocupen algún cargo electivo, informar de manera inmediata a los responsables de las oficinas de recursos humanos de sus respectivas instituciones, sobre su postulación a algún cargo electivo, así como la eventual aceptación de su candidatura por parte de la JCE o la junta electoral correspondiente, de forma que quede informado de su suspensión sin disfrute de sueldo, lo cual operará de manera automática”, establece la circular.
De estas disposiciones están exentos los diputados, senadores y el presidente por ser funcionarios que ocupan cargos electivos.
Las licencias entrarán en vigencia en los plazos del 26 de noviembre del 2023 y hasta el 19 de febrero del 2024, para los niveles municipales; y desde el 10 de marzo del 2024 y hasta el 20 de mayo del 2024, para el nivel presidencial.
Oposición vigilante
El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, señaló que las organizaciones políticas opositoras deberán mantenerse vigilantes para denunciar ante la JCE si se incumple con los mandatos de las leyes.
Este señaló que la participación de los funcionarios en las elecciones lo reguló la JCE mediante una resolución, del 15 de agosto, que establece sanciones administrativas ante su incumplimiento. “Esta resolución regula la participación de los funcionarios públicos en la precampaña y la campaña electoral. Por lo que es una responsabilidad de la JCE velar por su cumplimiento”, dijo.
Después de mantener una baja ejecución de gastos de capital en los primeros ocho meses del 2021 -el primer año de un gobierno completo del PRM- en igual periodo de los dos años siguientes se duplicó el porcentaje devengado. Sin embargo, hasta pasada la mitad de agosto no ha llegado a superar el 50 % de lo presupuestado, según los reportes semanales de ejecución de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
En el 2021, para el 20 de agosto el gobierno había devengado apenas el 29.42 % de lo presupuestado para gastos de capital, pero al año siguiente había subido al 43.06 % al día 19 de ese mes y al 18 de agosto del preelectoral 2023 iba por el 49.11 %.
El gasto de capital incluye entre sus partidas lo destinado a obras de infraestructura en beneficio de la población. Al 18 de agosto, el gobierno había devengado el 57.6 % de los 37,994.4 millones presupuestados inicialmente en 2023 para la partida Construcciones en proceso.
La semana pasada el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, mencionó la ampliación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo como la obra con más recursos devengados de los 10 principales proyectos en ejecución por el gobierno.
Esta construcción del Metro comprende los tramos Alcarrizos–Luperón y está siendo ejecutada por la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (Opret). Su costo total está pautado en 29,353.5 millones de pesos, de los que se había ejecutado el 69.6 % a junio del 2023. Dicha obra se finalizaría a inicios del 2024.
En cuanto a las transferencias de capital, de los 56,593.3 millones de pesos presupuestados en el 2023 se había devengado en 55.3 % al 18 de agosto. Según Vicente, el mayor gasto dentro de este segmento está relacionado con la construcción del monorriel de Santiago.
Agregó que se realizaron transferencias de capital al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y a las corporaciones de acueductos y alcantarillados para mejorar el servicio, la calidad y el acceso al agua.
El gasto de capital del gobierno central durante enero-junio 2023, tuvo un incremento de 30.9 % si se compara con el mismo periodo del año 2022, lo cual representa un 1.8 % del producto interno bruto (PIB).
Impacto en el sector construcción
El gasto de capital tiene una incidencia importante en el comportamiento del sectorconstrucción, que el año pasado creció 0.6 %, y en el primer trimestre del 2023 su tasa ha sido negativa: -3.5 %.
A final de diciembre del 2022, el Banco Central de la República Dominicana informó que el gasto de capital público era menor a lo presupuestado en ese año y su ejecución más lenta de lo previsto, impactando a la moderación del ritmo de crecimiento del sectorconstrucción.
Pero el titular de la Digepres, José Rijo Presbot, dijo en una entrevista en abril pasado con Diario Libre, que no está de acuerdo con lo señalado por el banco en ese momento. Observó que, cuando se hizo ese análisis, aún no se había ejecutado todo el presupuesto de ese año.
Defendió al gobierno indicando que este ha gastado en un contexto de crisis económica por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.
El gasto de capital representó el 2.6 % del producto interno bruto (PIB) en el 2022. Pero había sido 6.9 % en el 1994, siendo el porcentaje más elevado entre 1991 y 2022, de acuerdo a datos analizados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
La entidad señaló en un artículo que la tendencia en el tiempo del gasto de capital como porcentaje del PIB “ha sido a disminuir” en República Dominicana. Indicó que desde el 2013, el promedio del gasto ha sido 2.7 %. Y la última vez que se verificó un nivel de gasto superior al 5.0 % fue en 2012, “un año en el que las finanzas públicas estuvieron marcadas por el ciclo electoral”.
