Dentro de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucionaldesacatadas por la Policía Nacional figura el incumplimiento del pago de pensión a dos niñas huérfanas, hijas de Miguel Ángel Morel Cuevas, un agente de la institución que resultó muerto en un atraco, en el año 2011.
Mediante la sentencia TC/0606/17 el Tribunal Constitucional declaró la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional, en materia de amparo, interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional, contra una decisión previa emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en el año 2014, que ordenaba el pago de la pensión a las menores.
“Una vez el Tribunal ha advertido que la parte recurrente incurrió en una omisión procesal –atribuible a su propia persona–, como es no interponer el presente recurso en el plazo previsto por la ley, sino más bien, estando ventajosamente vencido el mismo, ha lugar a declarar la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional el veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015), contra la Sentencia núm. 00359-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014)”, expresa la sentencia.
Inicio del Proceso
La acción de amparo fue incoada ante el TSA en el año 2014 por la señora Andrea D’olio Vicente, en calidad de tutora de sus hijas y la decisión del tribunal fue recurrida por la Policía Nacional ante el Tribunal Costitucional.
La institución del orden alegó durante la audiencia que “Morel Cuevas no falleció en el cumplimiento del deber, sino que éste falleció en el momento en que perpetraba un atraco, y consideró que por esta situación no se les había otorgado la pensión a sus hijas”. Actualmente las menores tienen 17 y 9 años.
Durante el proceso la Policía alegó que el artículo 118 de la Ley 96-04 establece que para que los familiares puedan ser beneficiados de la pensión por fallecimiento, su pariente debe haber fallecido en el cumplimiento de su deber.
La sentencia del Constitucional refiere que si bien es cierto el alegato de la Policía Nacional“no menos cierto es que en virtud del artículo 1315 del Código Civil, todo aquel que alega un hecho en justicia, debe de probarlo, cuestión ésta que no hizo la parte accionada”.
En virtud de esto, el TC acogió la acción constitucional de amparo incoada por la señora Andrea D’olio Vicente, en calidad de tutora de sus hijas, las niñas P. A. M. D. y M. M. D., en fecha 22 de septiembre del 2014, contra el Comité de Retiro de la Policía Nacional, por ser justa en cuanto al fondo.
El Alto Tribunal declaró que, «contra la accionante, las niñas P. A. M. D. y M. M. D., se han vulnerado derechos fundamentales relativos a la seguridad social y protección de las personas menores de edad», y en consecuencia ordenó al Comité de Retiro de la Policía Nacional, pagar desde el 24 de enero de 2011, fecha en que murió su padre, los beneficios de la pensión que le correspondían a dicho señor, en su calidad de ex miembro de la Policía Nacional.
Ordenó, además, que el pago fuera ejecutado en un plazo no mayor de un mes, a contar de la notificación de esta sentencia, acto que se realizó el dos de febrero de 2015.
Otros casos
El Tribunal Constitucional también ha fallado contra la Policía Nacional instancias sobre retiros forzosos de sus miembros, desalojos arbitrarios y otros sin ejecutar y pago de pensiones por debajo de lo establecido en la Ley de la Policía.
La Policía Nacional es la institución que más ha desacatado el cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Según datos publicados por el TC, Incumple 22 de 81 sentencias publicadas. A esta se suman la Presidencia de la República, la Procuraduría y varios ministerios, de acuerdo a la publicación que hizo el tribunal en su página web.
Los agentes de la Policía Nacional que ultimaron a la pareja de pastores evangélicos Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, la noche del 30 de marzo del 2021 en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, dispararon inmediatamente se detuvo el vehículo en que estos se desplazaban.
Así lo aseguraron este viernes los dos hombres que acompañaban a las víctimas en el mismo vehículo, al testificar ante el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia en la segunda audiencia del juicio de fondo que se sigue a los procesados por el caso.
El tribunal lo integran los magistrados Massiel Ivette Alonso Rodríguez, Dante Ozuna Mercedes y Ana Hernández Méndez.
Claudio Alberto Ramírez Lamaís, quien resultó herido en el incidente, y Carlos José Pérez Páez, dijeron que lo único que pudieron ver es que había un retén policial, que fueron mandados a detener y cuando lo hicieron comenzó una ráfaga de disparos que impactó a Joel y a Elisa, conductor y copiloto, respectivamente.
Relataron que dejaron de escuchar disparos unos instantes, pero que ante un leve movimiento que hizo el vehículo al parecer porque el conductor herido aún tenía accionada la marcha y perdió resistencia para mantener el freno aplicado, volvieron a escuchar otra ráfaga de disparos, que se detuvo cuando el automóvil tras moverse unos metros, se volvió a detener al impactar con uno de sus retrovisores a otro vehículo detenido delante.
«Inmediatamente ellos (los agentes policiales) ven el carro comenzaron a apuntar y a franquear el carro. Yo nunca voy a pensar que es a nosotros, porque nosotros venimos de una actividad, yo vengo hasta de predicar», dijo Claudio Alberto al relatar que su primera impresión fue que los habían detenido a ellos con la finalidad de que algún vehículo que viniera detrás se viera forzado a pararse.
«Al momento que termina de pararse Joel, ahí empiezan los disparos. Comienza una lluvia de disparos desenfrenados e inmediatamente sentimos que les estaban impactando al vehículo, pero no sabíamos lo que estaba pasando«, narró Carlos José.
Ambos hombres dijeron que desde que empezaron las detonaciones, hasta que concluyeron las dos rondas de disparos, permanecieron agachados en la parte trasera, hasta que los propios agentes abrieron las puertas, los sacaron, los esposaron y los trasladaron en dos motocicletas a la dotación policial de Villa Altagracia, desde donde tras largo rato, los llevaron a un centro de salud para atender la herida de bala que tenía Claudio en su espalda y porque pensaban que Carlos José también estaba herido.
Contaron que una vez allí fue cuando les comunicaron que Joel y Elisa habían muerto y fueron devueltos al cuartel policial, donde se inició un interrogatorio que duró hasta la tarde del día siguiente.
Defensa de cabo
En tanto que el cabo de la Policía Nacional, Norquis Rodríguez Jiménez, uno de los procesados, al hacer uso de su defensa material ante el tribunal, dijo que el retén estaba dirigido por el coronel César Maríñez Lora, entonces comandante de la dotación de Villa Altagracia y que se había montado en base a información servida por el operador de radio de Bonao que indicaba que un vehículo con varios ocupantes fuertemente armados y con características similares a las del que viajaban los religiosos se dirigía desde ese municipio hacia Santo Domingo por la autopista Duarte tras haber cometido un asalto en esa zona, versión que ha sido dada desde el principio. Sostuvo no haber disparado, ni visto a quienes lo hicieron porque no integraba el grupo que hizo el alto.
Otros acusados
Por la muerte de Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, están siendo procesados también el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, el cabo Ángel de los Santos y los rasos Anthony Castro Pérez, así como los agentes Juan Samuel Ogando Solís, Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Martes.
Los esposos y sus acompañantes se trasladaban hacia Santo Domingo a bordo de un carro marca Kia, modelo K5, color blanco, luego de haber participado en un evento religioso en el paraje Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia.
La noche del 19 de julio, un sicario asesinó a dos expositores extranjeros que esperaban un taxi en las afueras de Corferias, donde se celebraba la Agroexpo 2023, la feria agropecuaria más importante de Colombia. Según testigos, el desconocido siguió tiroteando a los dos cuerpos que yacían sobre el asfalto y no les robó los morrales ni sus relojes de lujo.
El hombre huyó con un cómplice que le esperaba en una moto. Las víctimas fueron Andry David González Hernández, venezolano, y Ruby Alexander Moráis Layme, con pasaporte portugués. El primero era gerente general de Agropecuaria La Vía Láctea SAS, y el segundo era entrenador de caballos en el Criadero La Victoria SAS.
El suceso puso nuevamente los focos sobre Netrex, el grupo comercial colombiano del que ambas empresas forman parte. En enero de este año, otra de sus compañías, la exportadora de ganado Frontera Vacana, había enfrentado el decomiso de 4,5 toneladas de cocaína en un barco con 1,750 vacas, cuyo destino final era Líbano, en un caso bautizado como el de las narcovacas.
Una pieza angular de Netrex es Raúl Andrés Orozco. Oriundo de Maracaibo, la golpeada capital petrolera de Venezuela, en el fronterizo estado Zulia, ha logrado construir una extensa estructura empresarial, primero en su país de origen y ahora en Colombia, donde hasta ahora había esquivado los reflectores, a pesar de los escándalos mediáticos que siguen surgiendo alrededor de sus negocios.
Esta investigación de Armando.info, Runrun.esyCONNECTAS sigue la pista de un modus operandi basado en la creación de complicadas estructuras empresariales del sector aurífero y ganadero que le han ayudado a pasar inadvertido. Un equipo de periodistas logró establecer las conexiones de Orozco con una fundación de caridad y al menos 24 compañías –algunas de corta duración– en cinco países. Varias muestran un patrón atípico: son de corta duración, otras se “activan y desactivan” y cambian continuamente de directiva y de accionistas para entrelazarse en un esquema corporativo difícil de desenredar.
Para esta cobertura, el equipo de periodistas visitó cuatro ciudades en Venezuela, revisó registros mercantiles de Aruba, Colombia, Curazao, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, y solicitó información a todos los nombres involucrados, así como a la Fiscalía General de Colombia.
Orozco ha construido la mayor parte del entramado empresarial con su esposa Rocío Landazabal y sus tres hijos (Marco Antonio, María Paula y otra menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales), a través de una red dispersa en cinco países de la que sobreviven ocho compañías colombianas y una emiratí, dedicadas a la cría, exportación y comercialización de ganado. En Colombia lograron unas respetables ganancias de más de 12,000 millones de pesos (unos 3,23 millones de dólares) en 2022, según documentos mercantiles revisados para esta investigación.
El stand de agropecuaria Vía Láctea acordonado luego del sicariato ocurrido a las afueras de Corferias, en Bogotá. (FUENTE EXTERNA)
El origen de Orozco
Antes de hacerse ganadero, el principal negocio de Orozco era el oro. Lo que empezó como una modesta venta de bisutería, platería y relojería, se convirtió años más tarde en una joyería y distribuidora de oro a pequeños comerciantes en su natal Maracaibo. Luego se transformó en una estructura de alcance internacional que garantizó una de las rutas aéreas comerciales del oro proveniente del Arco Minero del Orinoco hacia Emiratos Árabes Unidos, con escala en el Caribe neerlandés.
El rasgo más distintivo en Raúl Andrés Orozco ha sido su discreción. Su casa de Maracaibo, en el sector pudiente de la ciudad, contrasta con el empresario que recuerdan quienes le conocieron hace un década en el circuito de compra-venta de oro marabino. “Ese venía para acá como un pobrecito. Sus escoltas estaban mejor vestidos que él”, relatan.
De sus empresas en esa ciudad, el único vestigio que sobrevive es la marquesina oxidada de La Gran Dorarte, una pequeña joyería en el centro de la ciudad, cuyas puertas llevan años cerradas. Su hijo mayor, Marco Antonio Orozco, abrió esa empresa en agosto de 2011, y la esposa de Raúl Andrés Orozco, Rocío Landazabal Arias, es la vicepresidenta.
En febrero de 2018, la compañía pasó de vender bisutería, plata,y relojes a comercializar y distribuir oro y otros metales y piedras preciosas. Un mes antes, Raúl Andrés Orozco había comprado la pequeña joyería Jewerly Monterrey C.A en Maracaibo, cuya sede mudó dos días después de la compra al sector Las Tres Cruces de El Dorado, en el estado Bolívar, a más de 1.600 kilómetros de distancia y en el corazón del Arco Minero del Orinoco, según consta en el expediente mercantil de la empresa.
Por esa época, Andry González, el gerente de La Vía Láctea que fue víctima de sicariato, registró la joyería Sapphire Jewerly C.A también en el estado Bolívar. Se desconoce si él y Orozco se conocían entonces.
Uno de los vestigios que sobrevive de los antiguos negocios de Raúl Andrés Orozco en Maracaibo es la marquesina oxidada de La Gran Dorarte. (FUENTE EXTERNA)
La ruta quemada
La primera vez que sonó el nombre de Raúl Andrés Orozco fue el 9 de febrero de 2018, cuando las autoridades neerlandesas incautaron 46 lingotes de oro en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba. Paoro Armored Transport era la encargada de trasladarlos y custodiarlos desde Maracaibo hasta su destino final en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Dos venezolanos vinculados a esa compañía permanecieron durante meses detenidos en la “isla feliz”, pero fueron liberados por falta de pruebas.
La verdadera propietaria de los lingotes venezolanos logró escabullirse: la homónima Paoro International Free Zone, fundada en 2010 por Orozco en Curazao. Así lo evidencia una factura de la empresa Oro Azul CA, que forma parte del expediente del caso que manejaba la Fiscalía de Aruba y que fue revelado en una investigación de Runrun.es y CONNECTAS.
En 2014, Paoro International apareció en los reportes de movimientos bancarios sospechosos del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Red de Control de Delitos Financieros, adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La trader de oro –que operó entre 2014 y 2018 desde Curazao como enlace para la comercialización internacional del oro venezolano, según un informe de la aduana de Aruba– realizó ese año 14 transacciones sospechosas por más de cuatro millones de dólares con tres empresas (dos en Venezuela y una en Miami) de actividades muy diferentes a la aurífera (construcción y ventas de automóviles) y con escasos rastros de haber registrado operaciones reales. Así lo expuso la investigación periodística global FinCEN Files.
La desactivación de Paoro International y el declive de los negocios de Orozco en Venezuela coincidió con el decomiso en Aruba, pero también con la operación Manos de Metal, que el gobierno de Nicolás Maduro aplicó en 2018 para acabar con los contrabandistas del oro venezolano y que llevó a la detención temporal de su exsocio en Curazao, el trader de oro Archarck Bedrossian. Como colofón, en marzo de 2019 Estados Unidos dictó sanciones contra el sector aurífero venezolano.
Pero a Orozco la situación no le tomó desprevenido. Llevaba años consolidando una nueva red empresarial en Colombia. Ya en 2014 había registrado la compañía tecnológica Bizconexión, con su hijo, Marco Antonio, al frente. Un año después, fundó la Agropecuaria La Vía Lactea SAS.
Pero su momento de expansión en Colombia fue en 2019. Los Orozco abrieron otras seis compañías (Gyrlife SAS, Vacana Esperanza SAS, Frontera Vacana SAS, Netrex Colombia SAS, Comercializadora VL SAS y Centro de Recría La Victoria SAS) –todas a nombre de María Paula Orozco Landazabal, hija de Raul Andrés– con las que saltaron del oro a la ganadería, pero a un nivel muy exclusivo: trabajan con ganado wagyu y gyr, de las razas más apreciadas y caras del mercado. Posteriormente, todas las compañías pasaron a ser parte del Grupo Netrex junto a La Vía Láctea.
El conglomerado se posicionó en el mercado ganadero colombiano premium a alta velocidad. A un comerciante que conoció a Orozco en su época dorada en Curazao no le extraña ese vuelco en los negocios. “Siempre quiso ser ganadero. Siempre tuvo ganado. Quería meter las botas en el lodo, pisar bosta de vaca, ese era su verdadero sueño, más que el oro”.
En eventos del sector ganadero, Netrex coincide con otra empresa llamada Wagyu Prime, una firma que nació en 2014 como una constructora que varias veces cambió su nombre y su razón social hasta llegar a la actividad ganadera. Hasta 2019 sus accionistas fueron otras compañías registradas en paraísos fiscales y su domicilio fue la hacienda La Primorosa, propiedad de Carlos Gutiérrez Robayo, esposo de la cuñada del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este concuñado ha sido vinculado por coberturas previas de Armando.info a Alex Saab, el proveedor predilecto del gobierno de Nicolás Maduro, que hoy aguarda juicio mientras continúa detenido en Miami.
En junio de ese año, Wagyu Prime pasó a llamarse Wagyu Quality Meats. El cambio de nombre es el último documento de la compañía disponible en los registros mercantiles. En reseñas periodísticas posteriores, Marco Antonio Orozco, el hijo de Raúl Andrés, aparece como su gerente general.
En el mismo momento en que la familia Orozco consolidó su red empresarial en Colombia, abrió una empresa en Dubai, de nombre Godwana Food Trading LLC. Filial de Gondwana General Trading, fue registrada en 2019 como una extensión de Frontera Vacana en el Medio Oriente. Según documentos del Registro Mercantil de Emiratos Árabes Unidos obtenidos para esta investigación, Marco Antonio Orozco fue el gerente de la compañía desde agosto de 2019 hasta agosto de 2021.
Así, los negocios colombianos de Orozco hacia Oriente Próximo se expandieron. A partir de 2020 La Vía Láctea y Frontera Vacana anunciaron exportaciones de bovinos a Jordania y Arabia Saudita. Esa nueva ruta fluyó hasta el escándalo de las narcovacas en enero de 2023. Advertidas de una posible carga contaminada en el buque Orion V, que había zarpado con vacas desde el puerto de Cartagena, Colombia, las autoridades españolas detuvieron en las Islas Canarias al barco, que llevaba 1.750 cabezas de ganado en pie de Frontera Vacana hacia Líbano, pero también 4,5 toneladas de cocaína escondidas en la comida de los animales.
En aquel momento, Frontera Vacana señaló en un comunicado que no era responsable y que la droga habría sido cargada luego de zarpar la embarcación, una versión reafirmada por las autoridades. Las pesquisas continúan. Se consultó a la Fiscalía de Colombia por la investigación de este caso, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Otro stand de Agropecuaria Vía Láctea junto a Wagyu Prime y Recría La Victoria. (FUENTE EXTERNA)
Medios colombianos reportaron supuestas vinculaciones entre Frontera Vacana y Gutiérrez Robayo, pero el empresario colombiano rechazó cualquier nexo con el caso. En una entrevista a El Tiempo de Bogotá, aseguró que no era el propietario del barco ni de la carga; tampoco accionista ni parte de la compañía exportadora del ganado.
Tras el episodio, los negocios de los Orozco siguieron operando con normalidad hasta el reciente caso de sicariato contra dos de sus empleados en la Agroexpo 2023. Este suceso ha llamado la atención de agencias extranjeras de inteligencia, según reportó el diario El Tiempo.
Al día siguiente del crimen, un precinto amarillo impedía el paso a los stands, ya vacíos, de las empresas de los Orozco en Agroexpo. Los logos de La Vía Láctea, Wagyu Prime y Centro de Recría La Victoria seguían allí. Ningún representante de Netrex se quedó para el cierre de la feria. “Después del asesinato, recogieron sus cosas y no volvieron”, comentó un empleado entre fotos de bueyes de origen japonés wagyu, cuyos cortes se consideran entre los más caros y exquisitos del planeta.
El presidente de la República, Luis Abinader, volvió a instruirles a sus ministros y directores a que se inhiban de tomar el dinero del Estado para la campaña de las elecciones del 2024, porque de lo contrario podrían ser sancionados.
Durante el Consejo de Ministros la noche de este viernes, el mandatario fue enfático en que habrá penalidad si se comprueba que un servidor tome el dinero público para realizar proselitismo político.
En ese sentido, el Ministerio de la Administración Pública (MAP) emitirá una resolución, en la que establecerá las pautas que deben seguir los funcionarios que optarán cargos públicos.
José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, quien sirvió de vocero en la asamblea del Consejo de Ministros, manfiestó que el pueblo dominicano «puede tener la tranquilidad de que se generará un antes y un después en estos temas».
Además del comunicado del próximo lunes, más adelante se emitirán otras medidas sobre la participación de los servidores en la campaña electoral, dijo Paliza.
En mayo pasado, Abinader también había reiterado que vigilaría los gastos públicos en los actos proselitistas. En adición a eso, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha informado que también será prudente en la escogencia de sus candidatos. Para tales fines, envió su lista de aspirantes a los organismos antinarcóticos e internacionales para su depuración.
Informe económico
En el Consejo de Ministros, que se extendió por una hora en el Palacio Nacional, también se pasó balance al desempeño económico de la República Dominicana en el 2023.
Joel Santos, ministro de la Presidencia, explicó que revisaron los temas de la inflación, el turismo, inversión extranjera y las calificaciones de riesgos otorgadas por entidades extranjeras.
Dijo que se continuará con las inversión pública en los diferentes proyectos del Gobierno, como las obras pendientes. Para eso, se facilitará la aprobación de las inversiones privadas.
Para este año, Santos reiteró que el crecimiento económico será entre un 3 % y un 4 %.
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