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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó ayer que el total de fallecidos por la explosión del lunes en esta provincia se elevó a 27, mientras que ya no hay personas desaparecidas.

El saldo de heridos se mantiene en 59, algunos de ellos ingresados en unidades de cuidados intensivos, por la severidad de sus lesiones.

El general retirado Juan Manuel Méndez, director del COE señaló que no han podido identificar todos los cadáveres.

“Hemos entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) 25 cuerpos para que establezca el protocolo de rigor para la identificación de estos y que sean entregados a los familiares”, indicó. 

Otro cuerpo fue levantado por el Inacif en horas de la noche. 

Las autoridades todavía no han abierto la investigación para determinar la causa del siniestro. 

Méndez explicó que primero deben extinguir el fuego y luego procesar la información e investigar. 

“Si resulta alguien culposo, pues ya sería la Procuraduría General de la República la que actuaría”, agregó. 

Manifestó que todavía deben esperar que tanto los bomberos como el J2 de las Fuerzas Armadas inicien las investigaciones y que eso tardará días.

Duelo nacional

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso que este jueves 17 de agosto sea de duelo nacional, por motivo de la tragedia.

Mediante el decreto 367-23, emitido el 15 de agosto, el 17 de agosto fue declarado día de duelo, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.

La medida establece que la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.

Fondo calamidades

Igualmente, Abinader anunció que el gobierno usará el fondo a disposición de la Presidencia  para calamidades, del presupuesto general del Estado, para responder ante los daños materiales ocasionados por la explosión. 

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“El Gobierno tiene un fondo para calamidades. Ese fondo para calamidades ya lo vamos a disponer para atender este tipo de cosas”, aseguró el mandatario. 

Este fondo asciende a RD$594 millones. 

Afirmó que el gobierno va a “responder proporcionalmente ante esta terrible tragedia” y que están “viendo las edificaciones que son un peligro para proceder a demolerlas, y ya se está preparando un plan de qué hacer con esa zona”.

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Reveló qué van a contribuir con los comercios y que otros bancos comerciales afectados harán lo mismo. 

“Atender económicamente a todos los negocios, ya, de hecho, el Banco de Reservas informó que va a tener un esquema de flexibilidad y también yo sé que los demás bancos comerciales van a seguir”, remarcó. 

Las autoridades de salud también brindan asistencia psicológica a las familias de las víctimas. 

Respuestas en COE

El jefe de Estado instó a los ciudadanos a que busquen respuestas a través del COE, tras considerar que se están enviando informaciones incorrectas y tremendistas.

Recalcó que este es un evento que ha impactado a todos. “Estamos muy impactados, dándole el pésame a todas las familias por los fallecidos y tratar, repito, de recuperar la normalidad en este municipio y para eso vamos a quedarnos, repito, en esta reunión a planificar todas las ayudas en las diferentes áreas que han sido afectadas”.

El presidente Abinader lamentó que esta tragedia la hayan politizado.

Externó su felicitación a las instituciones del Gobierno que han respondido inmediatamente como los Comedores Económicos del Estado, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y Defensa Civil, entre otras.

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En la mesa de trabajo, también se trató el proceso de la entrega de los cadáveres a los familiares en un tiempo de 24 horas.

De su lado, el alcalde de la provincia, José Montás, agradeció la ayuda y solidaridad del gobierno con su ciudad.

El índice global de salarios de los sectores económicos mostró un aumento interanual de 8.2 % a junio de este año. Mientras que la cantidad de trabajadores activos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) disminuyó 0.3 %, reflejado también en las personas que tenían dos empleos, con una disminución de 2.8 %. 

La información la detalla el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en su más reciente informe “Panorama Sectorial junio 2023”, en el que proporciona una comparación interanual sobre el estado actual del empleo.

El reporte, basado en datos actualizados hasta el 28 de julio de este año, revela cambios en el mercado laboral, experimentado principalmente por el sector público, con una baja de 1.9 puntos porcentuales y por el renglón otros servicios, con variación de 0.01 puntos porcentuales.

A diferencia del sector público y otros servicios, el grupo de hoteles, bares y restaurantes, manufactura y comercio presentaron un desempeño positivo a  junio, con incrementos de 0.6, 0.3 y 0.2 puntos porcentuales, respectivamente.

El documento resalta que al sexto mes de este 2023, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) registró un total de 2,262 millones de trabajadores activos en empresas formalizadas, marcando una disminución acumulada de 0.3% en comparación con los datos de diciembre de 2022, cuando habían 2,270 millones de empleados.   

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De acuerdo con las estadísticas recogidas por el MEPyD, si se compara la cantidad de trabajadores formales que había en junio del 2022, cuando se encontraban cotizando 2,211 millones de personas con los que estaban registrados a igual mes de este año, hubo un aumento de 2.3 %, lo que es igual a 51,000 empleados más en la SDSS en este año.

Los índices globales

En términos de salarios, el ministerio señala un aumento interanual del índice global del salario promedio real de los sectores económicos en un 6.0 %, pasando de 100.8 a 106.9. 

El índice global de trabajadores activos de los sectores económicos (Igtase) mostró un crecimiento del 2.1 %, mientras que el índice global de salarios de los sectores económicos (Igsase), en términos reales, experimentó un incremento aún mayor del 8.2 %. “Esto se traduce en un salario promedio real superior al observado en junio de 2022”, dice el informe.

• Nota: El Igtase e Igsase están ponderados en el estudio por el valor agregado de los sectores económicos.

El pluriempleo disminuyó

En casos donde una persona tiene dos trabajos, el Sistema de Seguridad Social considera a esta persona como un trabajador con doble cotización. Esta dinámica da lugar al concepto de “pluriempleo”.

Durante el período de análisis, el pluriempleo disminuyó en un 2.8 %, siendo notable en trabajadores cuya actividad principal correspondía a sectores como hoteles, bares y restaurantes (-30.0 %), comunicaciones (-22.3 %), minas y canteras (-11.7 %) y administración pública (-5.9 %). 

En contraste, el pluriempleo aumentó en trabajadores de actividades como manufactura (17.0 %), otros servicios (11.4 %) y agropecuaria (9.9 %). 

El secretario general de la ONU, António Guterres, insistió en su llamado «a los estados miembros para que desplieguen una fuerza multinacional no perteneciente a Naciones Unidas, compuesta por fuerzas especiales de policía y unidades militares de apoyo», en una carta de 12 páginas fechada el lunes, consultada por la AFP.

En su misiva, Guterres aboga porque dicha fuerza actúe de forma bilateral en cooperación con el Gobierno de Haití y cuente con el aval del Consejo de Seguridad.

«Para hacer frente a la situación de seguridad en Haití se requiere una serie de medidas coercitivas para hacer aplicar la ley, incluido el uso activo de la fuerza en operaciones policiales selectivas contra bandas fuertemente armadas», escribió el secretario general.

Guterres y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, llevan meses solicitando la intervención internacional para apoyar a la policía local, desbordada por las bandas armadas que controlan el 80 % de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

Las pandillas en el país aterrorizan a la población con secuestros, robos a mano armada y violaciones como arma de guerra.

A fines de julio, Kenia anunció su disposición a asumir el liderazgo de esta fuerza multinacional y enviar 1.000 policías para «ayudar a formar y asistir a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país y proteger las instalaciones estratégicas».

Aprobación del Consejo de Seguridad

No obstante, se trata de una propuesta que necesita la luz verde del Consejo de Seguridad, pese a que esta fuerza armada internacional no estará bajo el paraguas de la ONU.

Tras el anuncio de Kenia, Estados Unidos, que preside este mes de agosto el Consejo de Seguridad, se comprometió hace dos semanas a movilizar recursos y presentar «en un futuro cercano» junto con Ecuador, una resolución de autorización al Consejo.

Guterres agradece en su carta la iniciativa de Nairobi para liderar esta fuerza, que Haití necesita «de manera urgente», así como el apoyo manifestado por los estados del Caribe, como Bahamas, Jamaica y Antigua y Barbuda.

«Insto a otros Estados miembros, especialmente de las Américas, a que se sumen a este impulso», insiste.

Además de la inseguridad, el pequeño país caribeño vive una grave crisis humanitaria, económica y política, que se agravó en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moise. Desde 2016 no se han celebrado elecciones.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que, en Latinoamérica y el Caribe, 58 millones de niñas se casaron o se unieron a una pareja antes de cumplir los 18 años.

En el caso de República Dominicana, en el período comprendido entre los años 2014-2019, las uniones tempranas de menores de 18 años se redujeron de 37 % a 32 %. La encuesta Enhogar documenta en su edición 2021, que, de 6,830 personas entre 15 y 19 años consultadas, el 7.5 % vivía en unión libre, es decir, 512 adolescentes.

De acuerdo con los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de fecundidad adolescente en el país es de 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, la más alta de la región. Los datos disponibles indican que el 22 % de las mujeres entre 12 y 19 años ha estado embarazada, lo que es un 34 % más alto que el promedio de América Latina y el Caribe.

Los habitantes del batey Mata Mamón, en Santo Domingo Norte, han visto por generaciones cómo sus niñas dejan la escuela para convertirse en amas de casa y madres adolescentes.

El poblado compuesto por unas 600 casas, donde habitan cerca de 2,700 comunitarios, vivió su esplendor durante el apogeo de la industria azucarera cubierto de grandes sembradíos de caña. Hoy, una escuela que funciona a medio construir, un play sin luces ni dogout y una Unidad de Atención Primaria sin médico las 24 horas son los activos de la zona.

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Partiendo de esta realidad, el Centro para la Educación y el Desarrollo (Ceduca), con el apoyo de la ONG Girls First Fund, crearon el proyecto “Fomentando el Liderazgo de las Niñas para la Prevención del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas”, cuya meta es promover el liderazgo de las niñas y adolescentes, potenciando su participación activa en el entorno familiar, escolar y comunitario, trabajando en la prevención de embarazos adolescentes y matrimonio infantil.

Alba Reyes, directora de Ceduca, explicó que este programa piloto, se ejecuta también en la comunidad Los Jovillos, en Yamasá, impactando a un total de 56 niñas entre 12 y 17 años e igual número de familias, capacitadas en salud sexual y reproductiva, autoestima, proyectos de vida, embarazos en adolescentes, identidad y racismo.

“Es un programa de educación y sensibilización a las niñas y a las familias sobre la importancia de los derechos a la protección de la niñez en materia de matrimonio infantil, uniones tempranas y embarazo adolescente. La idea es desarrollar una estrategia que nos permita impactar de manera positiva en la vida de la niña y su familia y que esto sirva como una herramienta para prevenir matrimonio infantil y embarazo en adolescentes”, explicó Reyes.

Las adolescentes son captadas a través de visitas casa a casa y se les da seguimiento por dos o tres años. Al integrarse al programa, reciben talleres continuos, así como clases de danza y teatro.

“Quedan empoderadas y pueden multiplicar con otras niñas los conocimientos que tienen, sensibilizar a otras niñas para que también tengas herramientas para su autoprotección y que sean modelos para sus comunidades”, agregó la ejecutiva de Ceduca.

Amada, el corazón del programa

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Amada Olivo es una joven de 23 años, nacida y criada en Mata Mamón, conocedora desde las entrañas de la realidad de esta comunidad rural.

Amada es la instructora de danza y teatro, así como encuestadora y coordinadora de talleres. Basta con verla recorrer casa por casa, donde todos la saludan y le dan la bienvenida. Algunos comunitarios dijeron que aceptaron que sus hijas participaran en el programa de Ceduca por la confianza que ella les inspira.

Explicó que esa presión social es tal, que las adolescentes que no tienen pareja son objeto de burla y terminan cediendo. Otras, lo hacen porque ven en las uniones tempranas una salida a sus precariedades económicas.

“Desde que la niña ve que el papá no le puede comprar un teléfono, no le puede comprar unos tenis o no le puede comprar una ropa y un novio se lo ofrece, ella dice con este hombre está la solución y sin embargo, es mentira porque se da un círculo de violencia”, detalló Olivo.

“La mayoría se casa con hombres adultos”, destacó.

Asimismo, comentó que el agravante para estas niñas, que acuden a ella como consejera, es que “se van porque quieren salir de la casa o porque las maltratan, pero vuelven con un muchacho. Entonces es peor, se quedan en una casita pasando trabajo, a veces siguen teniendo hijos. A ninguna adolescente de 14 o 15 años le van a dar trabajo”.

Integrar a más niñas

“Ojalá y el programa tuviera capacidad para 100 niñas e integrar a los varones. No hacemos nada con capacitar a las niñas y a los niños no”, solicitó Angelo Linares, de 41 años, padre de una adolescente de 16, participante del proyecto.

Linares se mostró satisfecho porque ve a su hija enfocada en los estudios y no en tener pareja.

En su testimonio, confesó que él mismo fue de las personas que se unió tempranamente cuando la madre de su hija era adolescente. 

“Eso era lo normal, (casarse) a los 14 o 15 años”, admitió.

Una niña con otro niño

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Juana Mercedes es una madre de siete hijos, de los cuales dos, de 15 y 18 años, pertenecen al proyecto de Ceduca.

Cuando tenía 13 años, Juana vivió en carne propia lo que implica involucrarse en una unión temprana.

“Fue por un rumor, a mis padres les dijeron que yo había estado con ese chico y por más que les expliqué que no pasó nada, no me creyeron y tuve que irme con él”, contó.

A los 14 años ya estaba embarazada de su primer hijo, lo que la obligó a abandonar los estudios.

“Era una niña con otro niño”, dijo con lágrimas en los ojos.

“Yo soy un espejo en el que ustedes tienen que mirarse. Tienen que esperar el tiempo exacto”, agregó, mientras se dirigía a tres de sus hijas, presentes al momento de la entrevista.

Tras años de sufrir abusos verbales y físicos durante su relación, Juana se empleó como doméstica, concluyó su bachillerato y a sus 41 años, emprende vendiendo sábanas y colchas.

“Todo el proyecto ha sido muy positivo en las niñas. Todavía se casan dos o tres, pero han sido menos”, comentó.

Mejor comunicación

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Una de las adolescentes entrevistadas, quien inició en el proyecto cuando tenía 13 años, aseguró que lo mejor que le ha pasado es que ahora tiene mejor comunicación con sus padres luego de haber tomado los talleres, permitiendo apertura para abordar cualquier tema que le inquiete. Las clases de teatro la han ayudado a vencer la timidez.

“Después del trabajo de Ceduca, me llevo mejor con mis padres. Soy estudiante meritoria y ese esfuerzo que hago es para que ellos se sientan orgullosos de mí”, aseguró la joven que ya cumplió 16 años y es la mayor de cinco hermanos.

La contienda electoral en el país se intensifica con aspirantes de todos los partidos y la proliferación de propaganda. Al ruedo se lanzó Yván Lorenzo, senador de Elías Piña, que ahora quiere representar a la capital. Conversó con Diario Libre sobre su candidatura, a pesar del rechazo que ha despertado a lo interno de su propio partido.

—¿Considera que tiene posibilidades para llegar a senador del Distrito Nacional en 2024?

Yo voy a ganar las elecciones en el Distrito Nacional. Tengo más de 136 iniciativas legislativas que procuran normalizar y eficientizar la administración pública. Yo fui procurador general adjunto, diplomático, subsecretario de Estado de la Juventud, subsecretario de Estado de Trabajo y director de Medio Ambiente en el Distrito Nacional.  Yo no tengo dudas que voy a ganar porque soy, entre mis competidores, el que tiene mayor experiencia de Estado y mayor coherencia.

—¿Hay incoherencia política cuando se llega a los puestos?

Hay quienes enarbolaban un discurso anti préstamos y ahora los aprueban, pero tenga por seguro que yo no voy a ser un sello gomígrafo de Abel Martínez. Yo lo hice cuando planteé el desorden en mi gobierno que había con el otorgamiento de los visados dominicanos a ciudadanos haitianos. 

—¿Qué piensa de la alianza opositora?

Yo valoro como positivas las alianzas y más si van encaminadas al bienestar de la República Dominicana. Eso debe hacerse de conformidad con el espíritu y la naturaleza de cada demarcación, que sean los mismos actores que pidan que podamos ir juntos. Yo no creo en alianzas que se puedan imponer.

—¿Usted cree que esa alianza pueda derrotar a Luis Abinader?

Claro que sí porque ningún país va a reelegir el alto costo de la canasta familiar, ninguna sociedad va a reelegir el alto costo de los combustibles ni la inseguridad ciudadana que está como nunca antes la habíamos visto. Vivimos en un pánico colectivo y en una prisión domiciliaria constante porque no podemos salir de las casas. Entonces, esto conllevará a una derrota aplastante del candidato reeleccionista del PRM.

—Entonces, ¿cómo ve el panorama político a partir del 2024?

Lo primero que quiero contar es que el presidente ha demostrado ser el político más incoherente en los últimos años porque dijo estar opuesto a la reelección y ahora se presenta como candidato. No cumple con su palabra y eso llevará a su derrota. Eso llevará también a que haya un nuevo escenario en el Congreso y alcaldías a partir del 2024 y estamos seguros que no van a gobernar más.

—Como senador, ¿qué pasa con los proyectos que quedan engavetados?

Falta de voluntad e incoherencia de la mayoría del PRM. Yo he sometido alrededor de 40 iniciativas que buscan interpelaciones e invitaciones para que funcionarios expliquen acusaciones, sin embargo, irresponsablemente la mayoría mecánica que tiene el PRM en el Senado hace imposible que eso se pueda cristalizar. Yo invito a que se pueda ser más transparentes.

—¿Y los demás proyectos?

Quedan engavetados porque el PRM es un sello gomígrafo de Abinader. Todavía tenemos proyectos como el Código Penal o la seguridad social. Él mismo sometió leyes, como la de Hidrocarburos, pero nunca ha cumplido, como ha incumplido con resolver la inseguridad ciudadana, los altos costos de los alimentos o el colapso de la educación en el país.

Los esfuerzos de la Junta Central Electoral (JCE), por frenar el proselitismo a destiempo cada día pierden más fuerza ante los partidos políticos debido a que ese organismo utiliza un marco que ha sido desmembrado por las altas cortes en sus articulados y numerales. 

Desde hace casi dos años, la JCE viene advirtiendo a los partidos sobre el proselitismo precoz y el último de sus intentos fue a través de un comunicado de admonición, el cual desató reacciones adversas entre las organizaciones opositoras que culminaron en una instancia depositada ante el organismo comicial.

Al respecto, el abogado constitucionalista Amaury Reyes Torres explica que el comunicado de admonición habla de dos cosas: del proselitismo a destiempo, durante la precampaña, y del uso de símbolos patrios en estos eventos. 

  

“El problema viene porque la JCE se basa en el artículo 44, párrafo III, de la Ley 33-18 que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en las Sentencias TC/0441/19 y TC/0052/22”, refirió el jurista.

El comunicado 

El comunicado de admonición publicado por la JCE el 10 de agosto señala que de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hasta que no quede abierto el período de campaña electoral, está prohibida «la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión».

El jurista indica, además, que el tema de la libertad de expresión, sobre todo en política, es muy fuerte y las limitaciones o regulaciones, si no son razonables, entonces, son contrarias a la Constitución. 

“Por ello, que esta regulación, implica que la JCE esté determinando qué campaña o expresión de precampaña realmente es de precampaña o proselitista, lo que supone una injerencia fuerte en la expresión política de los partidos en razón de su contenido. Esto con independencia de las regulaciones por razones medioambientales que puedan acontecer”, explicó.

Legisladores

El senador Franklin Rodríguez, del partido Fuerza del Pueblo, se opuso a las advertencias de la JCE al decir que es la propia Constitución la que da la libertad de asociación y reunión, un mandato que no puede ser inobservado por el máximo órgano comicial.

El congresista de San Cristóbal explicó que el mismo Tribunal Constitucional ya estableció que la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, promulgada en el 2018, contiene artículos violatorios a la Carta Magna, por lo que manifestó que “la Junta no tiene razón” al intentar limitar la propaganda política.

Mientras que el senador Yván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, dijo que la actitud de la institución electoral “pone en tela de juicio” la imparcialidad que debe mostrar la entidad ya que, a su parecer, la JCE debe dar señales de confianza porque administrará el próximo torneo electoral.

El senador de Elías Piña criticó que el partido gobernante “tiene el país sembrado de vallas gigantescas” y que la JCE no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que se evidencia un supuesto uso de los fondos públicos para campañas reeleccionistas.

De su lado, el senador Pedro Catrain, representante de Samaná y militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que la Ley 33-18 establece los plazos de la precampaña, por lo que la JCE sólo cumple con su rol al detener la propaganda a destiempo. Dijo que, en los momentos actuales, la población “se merece un descanso” del proselitismo hasta octubre, que es cuando arranca oficialmente la campaña electoral.

“En todas partes del mundo las campañas no pasan de 60 días y aquí tenemos la más larga a nivel mundial”, dijo Catrain al negar que el presidente Luis Abinader esté enfrascado en el proselitismo, como asegura la oposición.

Las sentencias

Una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que el numeral 7 del artículo 44 de la Ley de Partidos que prohíbe «la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva», no era conforme con la Constitución, por lo que procedió a declarar su nulidad, en razón de que esta prohibición se traducía «en una restricción del derecho a la libertad de expresión, al impedir que los precandidatos pudieran exponer en los medios radiales y televisivos sus propuestas».

Otra de las sentencias, pero del Tribunal Superior Administrativo (TSA), del año 2019, declaró específicamente inaplicable, entre otros, el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, sobre la prohibición de «vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos» (como refiere el comunicado de la JCE), pues vulnera el derecho de igualdad, al crear una situación de desigualdad entre diferentes medios de comunicación.

El TSA igualmente estableció que con el artículo se violaba la libertad de empresa, «excluyendo de manera discriminatoria los letreros y vallas publicitarias como medios de propaganda política en el período de precampaña electoral, privilegiando irrazonablemente a los medios de comunicación digital, televisiva y de prensa escrita; creando así privilegios injustificados y desiguales como consecuencia de esta distinción, a favor de un sector empresarial particular, en detrimento de otros, por lo que dicha prohibición no cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de la República, en cuanto a la justicia y utilidad de la norma».

En otro aspecto de los contenidos del comunicado de la JCE, referente a la retención de los fondos, el Tribunal Constitucional ya estableció mediante su sentencia TC/0441/19, del 10 de octubre de 2019, que el Párrafo III del artículo 44 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que establece esta retención, no es conforme con la Constitución, por lo que procedió a declarar su nulidad, ya que vulnera los artículos 40.8 y 40.14 de la Constitución que consagran el principio de la personalidad de la pena, al establecer que «nadie puede ser sometido a medida de coerción, sino por su propio hecho»; y que «nadie es penalmente responsable por el hecho de otro», respectivamente.

Al fin la Junta Central Electoral desenvaina el poder que le confiere la ley para sancionar a funcionarios públicos de todos los niveles por el uso de recursos y potestades oficiales para terciar en política y elecciones; un usufructo transgresor y flagrante que en la historia ha borrado con insistencia la frontera que debe separar […]

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