Una diferencia de RD$538,488,319.96 fue identificada por la Contraloría General de la República entre el Plan de Compras y Contrataciones y el monto ejecutado durante el periodo que auditó al Ministerio de la Presidencia (Minpre).
De acuerdo con el informe del análisis, que se realizó entre el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto del 2021 durante la administración de Lisandro Macarrulla, esta disparidad no fue aclarada por el Minpre y es señalada como una de las limitaciones del alcance de la auditoría.
«Existe una diferencia entre el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y el monto ejecutado acorde a cada umbral bajo el período de auditoría, por un monto de RD$538,488,319.96».
La Contraloría General de la República no detalla cuáles son los montos examinados del PACC en el lapso que fue auditado.
En la página web del Minpre, en su apartado de Transparencia, se encuentran los PACC desde el año 2013 al 2023. El PACC del año 2020 asciende a un monto estimado total de 218,349,297.01; mientras que el del año 2021 alcanza un monto estimado total de 94,707,693.86.
Dentro de este aspecto, la auditoría indica que el Minpre no envía el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) a la Dirección General de Presupuesto (Digepres),»siendo esto un riesgo de que el presupuesto asignado no sea coherente con la planeación de los procesos ejecutados, así como también un incumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de Segundo Grado».
Otras limitaciones en la auditoría
En el informe también se indican una serie de limitaciones al alcance de la auditoria. Entre ellas se señala que «11 de 97 adquisiciones solicitadas no fueron suministradas por la institución, siendo estas por la suma de RD$5,047,011.94»; tampoco fue suministrada «evidencia de aprobación del Plan Anual y Contrataciones por la Máxima Autoridad (no aclaran si este término hace referencia al ministro de la Presidencia).
Además, se señala que «la institución no posee una analítica de las variaciones presupuestarias durante el período 2016-2021, así como tampoco posee un análisis en base al monto asignado por el Congreso Nacional en comparación con lo ejecutado durante el período».
Finalmente se indica que «de ciento veinte (120) empleados seleccionados a través de la nómina, cinco (5) expedientes no fueron suministrados y veintidós (22) de estos empleados no han podido ser contactados».
Anomalías en empleados y nómina
Parte de las anomalías señaladas por la Contraloría General de la República al Ministerio de la Presidencia están enfocadas en la nómina de los empleados.
Se apunta que «existen 58 empleados devengando sueldos bruto mensuales por RD$2,499,000.00, a través de departamentos y divisiones no aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP)».
Los departamentos y divisiones no aprobados son: Departamento Catastral, con 4 empleados que devenga al mes RD$109,200.00; División Mensura, con 22 empleados que suman un sueldo mensual de RD$889,000.00; División de Instrumentación de Expedientes Catastrales, con nueve empleados y un monto de sueldo mensual total de RD$432,000.00. También el Departamento de Asuntos Comunitarios, con 11 empleados y un monto de salario mensual total de RD$373,800.00.
Mientras que dentro del Departamento de Gestión Legal existen dos divisiones no aprobadas: la de Asuntos Judiciales, con cinco empleados que cobran un salario total mensual de RD$249,000.00; y el de Asuntos Registrales, con seis empleados que devengan mensualmente RD$346,000.00.
Por último está el Departamento Políticas y Estrategias de Titulación Terrenos del Estado, con un empleado que recibe un salario mensual de RD$100,000.00
Esta irregularidad incumple, indica la Contraloría, la Ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 30, que indica que “No podrá disponerse pago alguno por el desempeño de un cargo que no estuviera debidamente clasificado e incluido en el presupuesto de gastos y aprobado en la estructura de cargos del órgano o entidad respectiva.”
«Mediante nuestra revisión de las políticas y manuales del Ministerio de la Presidencia, observamos que la entidad no posee controles internos asociados al proceso de elaboración y revisión de nómina, que sirvan como soporte a la Ley de Función Pública 41-08, siendo esto un riesgo de que la institución no cumpla con el ordenamiento jurídico y técnico».
