La comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, efectuó ayer una consulta pública para recibir observaciones de la iniciativa donde resaltaron los planteamientos para que el Estado intervenga en la ley, además de aplicar sanciones legales para los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta.
En la consulta participaron 20 sectores interesados en el tema y, en general, propusieron a los diputados la mediación del Estado para que, en caso de retraso en el pago de alquiler, un propietario de vivienda no cargue con todas las responsabilidades legales y financieras, sino que tenga respaldo del Gobierno para obtener su dinero.
En ese sentido, Pedro José Álvarez, quien es estadista de profesión, dijo que la intervención del Estado en la ley de alquileres “es vital” para que haya un equilibrio entre los derechos del propietario y los derechos del inquilino.
El estadista precisó que debe existir un mecanismo propulsado por el Estado para equilibrar la relación de los inquilinos y los propietarios porque, como expuso, alrededor de un 32% de los dominicanos viven alquilados y gran parte reside en Santo Domingo.
Un propietario de viviendas de bajo costo que se identificó como Fermín Rodríguez, explicó que cuando al inquilino se le presentan situaciones de salud o desempleo que le impiden pagar un alquiler, es el dueño de la casa quien debe asumir las consecuencias, así como conciliar y resolver la problemática “sin ningún apoyo del Estado”.
En su ponencia, Fermín recordó que el Estado intervino durante la pandemia del covid-19, en el 2020, para facilitar el cobro y pago de las rentas, un aspecto que, a su consideración, debe ser replicado cuando un inquilino esté imposibilitado de pagar para así no afectar la inversión del propietario.
Este planteamiento también fue respaldado por Roberto Luna Castillo, representante del sector construcción, quien instó a los legisladores a agregar en el proyecto la creación de una nueva institución estatal que persiga a los inquilinos que incumplan el pago de la renta.
Sanciones severas para inquilinos
En las vistas públicas también surgieron propuestas para castigar a aquellos inquilinos que dejen de pagar el alquiler sin razones justificadas legalmente. La sugerencia fue expuesta por Ruth Muler, presidenta de la Fundación Madres Solteras y Jóvenes y por la abogada Mimelfis López.
Ambas propusieron que la nueva ley establezca sanciones más severas para los que no paguen renta, además de imponer obligaciones para pagar los alquileres en la fecha que se establezca en el contrato.
“Por ejemplo, yo tengo una inquilina que tiene 10 meses sin pagarme alegando que no tiene trabajo y eso no es justo porque no sería bueno perder el dinero invertido por la construcción del inmueble”, concluyó Muler.
Sin garantía para alquilar
La Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) también asistió a las vistas públicas y argumentó que actualmente en el país no existen garantías jurídicas para que los propietarios alquilen sus viviendas, por lo que valoró la iniciativa de la Cámara de Diputados
En ese orden, sostuvo que los dominicanos que pagan alquiler pueden vivir en casas con condiciones dignas, pero este aspecto no se cumple porque hay poca inversión inmobiliaria por la “pobre protección” legal y falta de garantías que impera en el país.
Pacheco dice “hay desastre” en rentas
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, admitió ayer que los alquileres de viviendas en República Dominicana actualmente «son un desastre» por los grandes vacíos legales y las faltas de garantías jurídicas en materia de rentas.
Pacheco participó de las vistas públicas que encabezó una comisión especial de diputados para escuchar observaciones del proyecto de ley de alquileres y allí garantizó que la pieza será aprobada antes del 26 de julio en la Cámara Baja.
Al hablar durante la consulta pública, Pacheco dijo que, si la ley es aprobada, en el país existirá una mejor oferta de bienes para alquilar a mejores precios porque, con el proyecto, se crea una mejor seguridad jurídica para las rentas.
Asimismo, destacó que otro de los enfoques del proyecto de inquilinato es establecer un equilibrio entre los derechos del propietario y los derechos del inquilino para respetar a ambas partes en los alquileres.
